Dos cineastas se enfrentan a penas de cárcel
por rodar un documental sobre un monumento franquista de Pamplona
La Hermandad de Caballeros de la
Cruz los acusa de revelación de secretos por colocar presuntamente una cámara
oculta apuntando a la cripta del edificio
El grupo de nostálgicos del
franquismo celebra todos los días 19 de cada mes una misa por los caídos ‘por
Dios y por España’
Eldiario.es
13/11/2018
España. Noviembre de 2018. Cuando apenas quedan unos
días para que sus nostálgicos infrinjan una vez más la ley de Memoria Histórica
celebrando el 43 aniversario de Francisco Franco Bahamonde, dos cineastas se
enfrentan a una petición de pena de cárcel por realizar un documental sobre el
monumento a los Caídos de Pamplona. El presunto delito de “revelación de
secretos” se lo imputa la Fiscalía por investigar los ritos que la Hermandad de
Caballeros de la Cruz celebra todos los días 19 de cada mes en la cripta del
edificio para conmemorar a los muertos de un solo bando, los de la cruzada por Dios y por España.
Esos añorantes de tiempos
pretéritos han conseguido sentar en el banquillo de los acusados los próximos
14 y 15 de noviembre a Clemente Bernad y Carolina Martínez por filmar el edificio
de Pamplona, el segundo más grande del franquismo tras el valle de los Caídos.
Los dos cineastas procesados son los autores de A sus muertos,
que se proyectó en unas jornadas celebradas en enero de 2017 por el colectivo memorialista ZER
bajo el título “¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?”.
ClicClic
https://vimeo.com/289446380
“El documental se pregunta qué
hacer. Y se lo preguntamos a un montón de ciudadanos del entorno y de la
ciudad. Qué les parece, si saben algo sobre cómo se creó o qué rememora. Lo
grabado evidencia una gran ignorancia sobre la historia”, apunta Carolina
Martínez, que subraya que no es un trabajo realizado “como activistas” de la
memoria, sino "como profesionales” de la comunicación audiovisual.
La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra
aprobó este lunes una declaración institucional por la que manifiesta su
"solidaridad" con Carolina Martínez y Clemente Bernad. La propuesta,
presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, ha
provocado que el Legislativo Navarro censure que "la labor de investigación
se ha visto criminalizada, anteponiendo la protección de la intimidad de los
verdugos al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, la Historia, así como
la sociología de la ciudad de Pamplona". El Partido Socialista apoyó ese
punto, pero los regionalistas de Unión del Pueblo Navarra y el PP votaron en
contra.
Asimismo, el Parlamento se opone "a la
persecución judicial de quienes realizan su trabajo de investigación sobre
episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho
constitucional y la libertad de expresión". El PSN se abstuvo esta vez y
UPN y PPN siguieron votando en contra.
En un tercer apartado, el Legislativo ha reiterado
su "rechazo a la politización de la justicia, que avala la legitimación
activa de La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, creada en 1939 por
excombatientes requetés para 'mantener íntegramente y con agresividad si fuera
preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España' y
por cuyo objeto debería estar ilegalizada en una sociedad democrática, tal y
como ha denunciado la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica". El PSN se abstuvo y UPN y PPN votaron en contra.
Por último, el Legislativo expresa su
"compromiso con el cumplimiento de las leyes de memoria histórica que garanticen
la verdad, justicia y reparación de la ciudadanía navarra y la no connivencia
con cualquier tipo de acto de enaltecimiento del franquismo que suponga un
ataque de la dignidad de sus víctimas". Este punto fue aprobado por
unanimidad.
“Un atropello judicial”
La Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica considera “un
atropello” la “persecución judicial” que se lleva a cabo contra ambos cineastas
y su “intento de sacar a la luz un acto de exaltación franquista que trata de
camuflarse como de oficio religioso”. Para Emilio Silva, presidente de la
asociación, “es evidente el interés informativo y social que conlleva el hecho
de que un acto de enaltecimiento de la dictadura franquista se celebre dentro
de un edificio de propiedad municipal y amparado por la Iglesia Católica. La
conmemoración del golpe de Estado de 1936 podría tratarse de un delito de odio
y discriminación el que lleva a cabo la Hermandad todos los meses”.
Silva considera que la apertura de este juicio “es
un acto de humillación, denigración y desprotección de las víctimas de la
dictadura y de un enorme ejercicio de doble moral de la justicia, que en caso
de que el rito de exaltación de los asesinos franquistas consistiera en el
enaltecimiento de cualquier miembro de un grupo violento terrorista la justicia
actuaría de oficio y tendría muy claro quiénes son las personas que deben ser
perseguidas judicialmente por el incumplimiento de la ley”.
Cientos de personas -más de 1.700 al cierre de
este artículo- han firmado un
manifiesto en apoyo a los dos cineastas, quienes han tachado de
“fundamental” el apoyo. “Estamos emocionados y agradecidos, nos hacen sentir
que no estamos solos, que no somos los únicos que pensamos que lo que hemos
hecho no está mal. Vamos al juicio con la cabeza alta”, asegura Carolina. También
apunta que esto “le puede pasar a cualquiera. Es muy serio que no se pueda
investigar para informar”.
Emilio Silva denuncia además que las declaraciones
del prior de la Hermandad “son profranquistas puras”, y asegura que el caso
“tiene similitudes con el valle de los Caídos: es una propiedad pública,
convertida en parte en una basílica”. En su opinión, “aunque las actividades
que se desarrollen dentro puedan ser constitutivas de delito, se realizan casi
en suelo diplomático, por los acuerdos Iglesia-Estado en España”.
Tal y como denuncia la asociación memorialista, la
Hermandad celebra misas los días 19 de cada mes para conmemorar el golpe de
Estado en Navarra de 1936 y en honor de los militares golpistas Mola y
Sanjurjo, cuyos cuerpos estuvieron enterrados en la Cripta del Monumento a los
Caídos hasta su exhumación
en noviembre de 2016 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El Parlamento de Navarra se pronunció al respecto el
5 de febrero de 2015, cuando instó al Arzobispado a que “impida cualquier tipo
de celebración, religiosa o de cualquier otra índole, que guarden relación con
actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la cripta de su propiedad”.
Efectivamente, el monumento a los Caídos es un espacio público, que fue donado por
el Arzobispado al Ayuntamiento de Pamplona en 1997, pero en el preacuerdo, la
Iglesia se reservó el derecho de la cripta central, precisamente para cederla
en usufructo a la Hermandad de los Caballeros de la Cruz.
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