Juan Carlos I defraudó millones al Estado que juró representar. Recibió 100 millones de dólares del rey saudí Abdalá, los escondió en Suiza y lo llamó “donación”.

Si lo hubiera declarado, habría pagado 51 millones en impuestos. Pero no lo hizo.

Y, aún así, sigue libre.

Cuando en 2018 se filtró la grabación entre Corinna Larsen y Villarejo donde se hablaba de sus cuentas secretas, la Audiencia Nacional archivó el caso en solo 56 días.

Sin testigos. Sin registros. Sin citaciones.

El Estado decidió proteger al monarca.

Justicia exprés, pero para los de arriba.

En 2020, con la investigación ya en marcha, Juan Carlos huyó a Abu Dabi.

No exiliado, sino protegido.

El Gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio y la Fiscalía evitó citarlo.

En lugar de un juicio, le bastó pagar 638.393 € y luego 4,4 millones más para “regularizar” su fraude.

La ley dice que si hay una investigación abierta no puede hacerse una regularización fiscal.

Pero la Fiscalía y Hacienda miraron hacia otro lado.

Esa “regularización” fue su indulto encubierto.

Ningún ciudadano podría hacerlo.

Solo un rey.

En 2021, la Fiscalía archivó tres causas abiertas: fraude, blanqueo y cohecho.

La excusa: inviolabilidad, prescripción y arrepentimiento pagado.

Todo legalizado por una reforma exprés de 2014 impulsada por Rajoy y el PSOE, que blindó su impunidad ante el Supremo.

El texto de aquella reforma decía que “todos los actos del rey, de cualquier naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad”.

Traducido: delinquir desde el trono no tiene castigo.

Y el Tribunal Constitucional nunca se ha atrevido a aclarar si esconder dinero en Suiza entra en sus funciones.

Juan Carlos I no se libró “por falta de pruebas”. Se libró por exceso de poder.

El Estado lo blindó porque condenarlo habría sido condenarse a sí mismo.

Porque admitir el delito habría abierto la puerta a cuestionar la propia monarquía.

Hoy, el emérito pasea por O Grove, firma libros y culpa al Gobierno de “caza de brujas”.

Mientras tanto, ningún juez, fiscal ni ministro ha respondido por encubrirlo.

Su impunidad no es una anomalía: es el mecanismo natural del sistema.

Un pensionista puede ir a prisión por un error en la declaración.

Un rey que defraudó millones sigue libre, escribiendo sus memorias.

Y así, España demuestra que no hay igualdad ante la ley,

sino jerarquía ante el delito.

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Por qué sigue libre Juan Carlos I: el blindaje del Estado a su propio delincuente

https://spanishrevolution.net/por-que-sigue-libre-juan...

Nota: En su época gloriosa como amante provocó a un lejano pariente, un tal Conde Lequio, un parásito que frecuentaba la TVE, para ver quien tenía la pilila mas grande, más larga. Parece ser que el monarca salió dé la contienda muy satisfecho. Antes como nadaba en la abundancia por todo lo que había robado y pese a ser muy poco dadivoso obsequiaba a sus amantes con grandes cantidades de dinero. Se compro una maquinita que hemos visto infinidad de veces en las películas para contar los billetes.