LA UCO NO QUIERE INVESTIGAR A MONTORO.
El futuro de la causa contra el exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro sigue pendiente de la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Tarragona sobre la marea de recursos presentados por las defensas tras levantarse el secreto del sumario. En un nuevo escrito, la fiscal del caso se opone a que la causa sea archivada y, sobre la acusación de que el procedimiento responde a intereses espurios, Carmen García Cerdá contesta que lo que se investiga son “actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna”.
Los abogados contratados por la treintena de imputados alegan varios motivos para el archivo de la causa de corrupción. Los principales son el “hallazgo casual” de la prueba que dio origen a la investigación, la falta de competencia del juez de Tarragona para investigar los hechos y el prolongado periodo que ha permanecido la causa bajo secreto.
Las defensas acusan incluso al magistrado de oscuras intenciones al “atribuirse el conocimiento de unos hechos, evidentemente de notorio cariz político y especial relevancia mediática”. Algunos abogados han llegado a acusarle en sus escritos de que tiene “especial interés en alejar el procedimiento de terceras personas por todos los medios”. La fiscal les reta a que precisen a quién o quienes se refieren.
En octubre de 2017, un grupo de investigación local de los Mossos d’Esquadra en Tarragona investigaba un presunto delito urbanístico relacionado con la construcción y posterior ampliación de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell, propiedad de la empresa Messer. En el registro ordenado por el juzgado, los agentes clonaron el contenido de los ordenadores. Al revisar todo el material incautado encontraron un intercambio de correos entre dos directivos que abrirían una nueva línea de investigación. Los Mossos de Tarragona dieron traslado a sus compañeros de Anticorrupción y en abril de 2018 estos presentaron un atestado al juzgado.
En ese informe se recogía cómo en diciembre de 2013 los dos directivos de Messer Ibérica de Gases S.A. se habían intercambiado seis correos bajo el epígrafe “Oferta de EQUIPO ECONÓMICO”. En uno de correos, Rubén Folgado explica a Karl Hauck que se ha servido de su puesto directivo en la asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para contactar con “parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid” lo que considera “una discriminación” contra el sector gasístico, aunque advierte de que esa vía “llevará tiempo”. Y entonces añade: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”.
Las empresas del lobby gasístico no habían conseguido ser incluidas en una ley, adaptación de una normativa comunitaria, para que aquellas cuyo consumo eléctrico suponía más del 50% del coste del producto fueran beneficiadas con una exención de impuestos del 85%. La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) no se dio por vencida y recurrió a Equipo Económico, el despacho creado por Montoro en 2006 y del que el titular de Hacienda se había presuntamente desvinculado. En pocos meses cambió su suerte y la ley 28/2014 incluyó finalmente que las gasísticas se beneficiaran de la citada exención. Con posterioridad conseguirían una intervención en los Presupuestos Generales del Estado, igualmente a favor de los intereses del lobby.
El despacho alega igualmente que nunca pagó una retribución, comisión o dádiva a funcionarios para que beneficiaran a las gasísticas. Equipo Económico se basa en un informe de la Guardia Civil que no encuentra flujos de fondos hacia las cuentas de los sospechosos. De nuevo, como ya hiciera en un documento interno de Anticorrupción desvelado por elDiario.es, la fiscal se queja del trabajo realizado por la Unidad Central Operativa y, concretamente, por el Departamento que dirige el teniente coronel Antonio Balas (sí, el mismo que dirigió la investigación contra el Fiscal General del Estado, y solo contra él, aunque hubiera varios cientos de personas más que habían accedido antes que el al buzón en el que estaba el correo filtrado, y ello porque determinó que tenía que haber sido el el autor de la filtración por la que al final fue condenado sin una sola prueba).
El informe policial, afirma la fiscal, solo incluye el análisis realizado a 10 cuentas bancarias de “entre las más de 200 que fueron entregadas”. “Ninguna conclusión puede extraerse del mismo”, añade García Cerdá.
La fiscal ya se había quejado de que la UCO, al igual que sus jefes en Anticorrupción, no tenían interés por la línea que indicaba la utilización por Montoro y su equipo de datos fiscales confidenciales para atacar a adversarios políticos y rivales personales. “Los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Balas y el Comandante del grupo, no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”, se quejaba la fiscal en una nota interna.
García Cerdá recuerda que la Agencia Tributaria ha encontrado pagos de Equipo Económico a Miguel Ferre Navarrete en 2008 y 2009, en el periodo del Gobierno socialista, justo el que media entre sus responsabilidades en el Ministerio de Hacienda con los Gobiernos de Aznar y Rajoy. Igual ocurre con Santiago Menéndez, quien llegó a director de la Agencia Tributaria, y que cobró de la consultora en 2010 y 2011, estando fuera del Gobierno y antes de que fuera contratada por las gasísticas.
En su nuevo escrito, la Fiscalía apunta que los informes de los Mossos d’Esquadra y de la Agencia Tributaria “constatan la indiciaria existencia de una organización”, así como “los pagos efectuados por las empresas gasistas a Equipo Económico, previos a cada actuación administrativo de favor”.
Las defensas alegan que la causa ha estado bajo secreto siete años, a lo que la Fiscalía replica recordando “las dificultades para obtener la información requerida, precisando su resultado de la reiteración del requerimiento”. Tampoco los bancos han colaborado, añade la fiscal, “al no atender alguna de ellas en todos los términos interesados la petición de cuentas de los investigados”.
“Nos llama la atención que la única finalidad que se persiga con la presentación de ingentes escritos y recursos por las partes no sea la averiguación de la verdad, la petición de diligencias para práctica de prueba de descargo, etc… sino conseguir la nulidad de unas actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales”, escribe la fiscal.
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