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martes, 4 de septiembre de 2018

Torturada y asesinada por un grupo de falangistaas


Público

Memoria Histórica 'A Capirota', la lavandera gallega que se enfrentó sola a la manada fascista

La localidad pontevedresa de Marín conmemora el asesinato de Carmen Pesqueira Domínguez, una madre soltera de 29 años que murió torturada, apaleada y tiroteada a manos de un grupo de falangistas con quienes se encaró cuando apaleaban a un hombre en agosto del 36



Carmen Pesqueira Domínguez

A CORUÑA


 JUAN OLIVER

Si lo que le pasó a Carmen hace 82 años hubiera sucedido hoy, este país se habría levantado entero para exigir castigo para la manada de criminales que la asesinaron. Ni un sólo líder político se atrevería a no honrarla públicamente para reconocer en su valentía un ejemplo de dignidad democrática. Ninguna institución, ningún partido, ningún medio de comunicación, habrían dejado de catalogar su muerte como una execrable muestra de la peor violencia machista.

Pero sucede que a Carmen, trabajadora de un pequeño pueblo de la costa gallega, la mataron en agosto de 1936 pocas semanas después del levantamiento militar. Y Sus asesinos eran falangistas. Por eso su historia, de algún modo, sigue manchada. Porque todavía hay quien ampara crímenes como el suyo negando su recuerdo, en la absurda creencia de que las víctimas de la injusticia están obligadas a confundir perdón con olvido, desmemoria con reconciliación.

La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín (Pontevedra) homenajeó ayer a Carmen Pesqueira Domínguez, a quien todo el mundo en su pueblo conocía como A Capirota. Murió el 18 de agosto de 1936 a manos de una banda de falangistas a quienes tuvo la osadía de enfrentarse, ella sola, cuando estaban dándole una paliza a un pobre hombre.

Esa misma noche la secuestraron, la vejaron, la torturaron, la apalearon y la mataron a tiros. Al día siguiente, pasearon su cadáver por el pueblo y por otras localidades cercanas, hasta dejarlo abandonado en la calle como macabra advertencia de lo que podría sucederles a quienes, como ella, se atrevieran a cuestionar la barbarie que acababa de llegar a España.

Galicia fue uno de los primeros territorios que cayó en manos de los golpistas. Y en las primeras semanas posteriores al 18 de julio se sucedieron centenares de asesinatos, secuestros, violaciones, detenciones ilegales y juicios sumarísimos. Se paseaba y se asesinaba no sólo a políticos y políticas, funcionarios y funcionarias, sindicalistas, líderes agrarios, escritores y escritoras, intelectuales, médicos, jueces y juezas, maestras... A cualquier persona que se hubiera significado a favor de la República, del Frente Popular o, sencillamente, de la democracia, los derechos de los trabajadores y la justicia social. Y no sólo a ellos. También a quien osara no bajar la voz y la mirada ante el fascismo, o a quien lo desafiara negándose a alzar la mano y cantar el Cara al sol. Sus cadáveres aparecían cada mañana en las cunetas, en las playas, en los pozos, en las minas... Por las noches sonaban tiros de gracia en los montes, en los caminos y junto a las tapias de los cementerios.

En ese contexto de guerra y de violencia atroz, en el que el bando franquista emprendió un plan sistemático para aterrorizar a la población, la reacción de Carmen ante la manada fascista tiene un mérito inusual. Porque todos sabían que no esconderse del terror podía costarte la vida. Más aún si eras mujer y, como ella, estabas sola.

Carmen había nacido en una humilde familia de pescadores que no pudo proporcionarle más formación que la que la llevó a ser costurera y lavandera de ropa ajena. Solía lavar para los religiosos de un priorato cercano y para las familias pudientes de Marín. Con eso se ganaba la vida y mantenía a su hijo, quien por entonces tenía cuatro años. Era madre soltera. Otro estigma para una mujer en aquella Galicia que se volvería negra a partir del verano del 36.

A Carmen no se le conocía filiación política. Algunas fuentes aseguran que tenía un punto contestatario y que simpatizaba con quienes defendían los derechos de los humildes. Pero nadie lo ha probado y no existen registros ni documentos que certifiquen su pertenencia a organización política o sindical alguna. Tampoco su trabajo de lavandera se desarrollaba en un sector donde se hubiera conformado un movimiento asociativo pujante con mujeres proletarias, como sí existía en la industria conservera, en los puertos, en la pesca y en la actividad agraria y campesina.

Carmen solía ir a lavar la ropa junto a otras compañeras a un lavadero bajo un puente al que se llegaba andando por la rúa da Ponte, una avenida que aún hoy sigue existiendo en Marín. Dejaba allí la ropa a secar al sol de verano, y volvía a recogerla más tarde. Cuando fue a hacerlo aquel día, se topó con un grupo de falangistas que apaleaban a un hombre en mitad de la calle, que se había quedado desierta ante la atemorizadora presencia de la manada. Entre ellos estaba Bruno Schweiger, el capitán Bruno, jefe de la Centuria de Zapadores de Falange en Marín y uno de los más temidos líderes de la represión en la comarca.


Los falangistas la secuestraron esa misma noche. Se la llevaron al Pozo da Revolta, en el lugar de Bagüí, en la parroquia de Mogor, donde la violaron, la torturaron y la molieron a golpes. Allí dejaron su cadáver, tiroteado.

Volvieron a la mañana siguiente. La muerte de Carmen tenía que ser el ejemplo de lo que les sucedería a quienes se atrevieran a desafiarles. Más aún si era mujer, y trabajadora, y madre, y soltera. Así que montaron su cuerpo en una camioneta y lo exhibieron por los pueblos cercanos. Al final lo abandonaron en una calle de Bueu, a doce kilómetros. En el registro civil de esa localidad certificaron su defunción, pero quien redactó el documento ni siquiera se atrevió a constatar que había muerto a tiros. El certificado saldó la causa del deceso con un escueto resumen: “Herida en el corazón”. El paso del tiempo ha convertido la frase en poética metáfora de las secuelas del franquismo en Galicia, y en España.

Desde hace diez años, un monumento recuerda en el Pozo da Revolta a todos los represaliados de la zona que, como Carmen, fueron paseados, ejecutados, secuestrados, torturados, encarcelados o sancionados por la manada. La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de la localidad los homenajea cada 18 de agosto, todos los años.

 Daniel Pereira Figueroa, Dolores Cea Montenegro, Dolores Macías González, José Barreiro Núñez, Elsa Omil Torres, Armando Iglesias Pérez, Adelina Otero Martínez, Ramona Otero Martínez, Eugenio Dopazo Calviño, Antonio Blanco Solla, Ramón Fondevila Martínez, Santiago Ramos Ramos, Elena Prol Peña, Manuel Sayar Orellano, Bernardino de la Torre Fernández...

Marineros, pescadores, agricultoras, canteros, albañiles, obreras, maestras de escuela... Según el proyecto Nomes e Voces, que en el 2006 unió a las tres universidades gallegas con el Gobierno de la Xunta del PSOE y el BNG para investigar la represión franquista en Galicia, 156 vecinos de Marín la sufrieron en los primeros años de la guerra. En toda Galicia se contabilizan cerca de 15.000 víctimas.

En mayo pasado, el Ayuntamiento de Marín, que gobierna María Ramallo, del PP, aprobó una moción iniciada por el Bloque Nacionalista Galego para dar el nombre de Carmen Pesqueira a una céntrica plaza de la localidad, junto a la calle de A Roda, en el antiguo camino al puerto y a unos centenares de metros de donde ella se enfrentó a la jauría. 82 años después de su muerte, descubrieron una pequeña placa que demuestra que las heridas que acabaron con su vida y con las de miles de personas de bien como ella sólo cicatrizan cuando el pueblo unido le deja bien claro a la manada que no olvidará nunca el dolor que produjeron.

Aberraciones sexuales con niños y niñas de repugnantes pedófilos criminales católicos, obispos y curas, de EE.UU


INTERNACIONAL

19/08/2018

Las estremecedoras historias de abusos encubiertos por la iglesia católica

Un gran jurado de Pensilvania ha identificado a más de 300 presuntos "sacerdotes depredadores". Estas son solo algunas de las historias.



Durante décadas, todas las historias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos de Pensilvania (EE UU) permanecieron guardadas bajo llave en los archivos secretos de la iglesia.

Estos viejos secretos salieron a la luz este martes con la publicación del informe de un gran jurado en seis de las ocho diócesis católicas romanas de Pensilvania.

El informe de 884 páginas del jurado permitió a los católicos de Pensilvania comprender la magnitud del abuso y el encubrimiento en seis diócesis: Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton. Durante dos años, los jurados identificaron a 301 "sacerdotes depredadores" y a más de 1.000 víctimas.

Los miembros del jurado oyeron historias de niños y niñas que afirmaban que les habían manoseado, casos de niños víctimas de pornografía infantil, obligados a masturbarse con sus agresores y violados por vía oral, vaginal y anal.

Para respaldar los presuntos terribles crímenes del informe, hay cientos de páginas de documentos de los archivos secretos de la iglesia que, según el jurado, demuestran que los altos cargos de la iglesia sabían que había abusos y no actuaron correctamente. Según afirman los miembros del jurado, los líderes católicos, incluidos antiguos obispos, trabajaron activamente para proteger a los abusadores y la reputación pública de la iglesia, ignorando las declaraciones de las víctimas.

Las seis diócesis y los sacerdotes acusados pudieron incluir sus propias respuestas a estas afirmaciones al final del informe del gran jurado. Algunos sacerdotes adjuntaron refutaciones, que decían que el informe incluía inexactitudes. Alrededor de 24 personas nombradas en el informe solicitaron que se omitieran sus nombres, alegando que, si fueran identificados, se violaría su derecho a la justicia. La Corte Suprema del estado va a analizar la solicitud de estas personas en septiembre para determinar si esos nombres deberían o no omitirse.

La mayoría de los presuntos autores nunca podrán comparecer ante la justicia. Muchos están muertos, mientras que, en algunos casos, los delitos han prescrito. Por eso los miembros del jurado insistieron en nombrar a los sacerdotes acusados y a sus obispos, y describen con detalle los abusos.

"Vamos a sacar a la luz su comportamiento, porque es lo que las víctimas se merecen", dice el informe.

Para resaltar la magnitud del problema y la necesidad de cambio, a continuación se describen algunos de los estremecedores casos de abuso y presunto encubrimiento documentados en la histórica investigación publicada este martes.

El sacerdote que presuntamente programó un aborto para su víctima

El gran jurado denuncia que Thomas Skotek, un sacerdote de la Diócesis de Scranton, agredió a una joven desde 1980 hasta 1985. Presuntamente, el sacerdote la violó, la dejó embarazada y ayudó a programarle un aborto.

Los documentos en los archivos de la iglesia indican que en 1986 el obispo de la diócesis ya era "plenamente consciente" de las acciones del sacerdote. Skotek renunció a su puesto y fue enviado a un centro de tratamiento católico para el clero.

En una carta de 1986 que recuperó el gran jurado, el obispo de Scranton expresó sus condolencias al sacerdote acusado.

"Este es un momento muy difícil en tu vida y me doy cuenta de lo afectado que estás. Yo también comparto tu dolor. Cómo desearía que no fuera necesario dar este paso", escribió el antiguo obispo James Timlin en la carta a Skotek. "Con la ayuda de Dios, que nunca nos abandona y que siempre está cerca cuando lo necesitamos, esto también pasará, y todos podrán seguir viviendo".

Un año después, en 1987, Skotek fue reasignado a otra iglesia de Pensilvania.

En 1989 le pidieron a la mujer que firmara un contrato de confidencialidad a cambio de un acuerdo financiero.

Ese mismo año, Timlin envió una carta al Vaticano reconociendo que el sacerdote había ayudado a organizar un aborto. La ley canónica católica considera que aquellos que cooperan en un aborto son "irregulares", lo que significa que podrían verse impedidos para llevar a cabo tareas sacerdotales. Este obispo pidió a Roma que concediera una dispensa para el sacerdote, que es una exención de una ley canónica existente.

"El Gran Jurado observa que la carta de Timlin parece centrarse exclusivamente en el tema del aborto sin dar apenas importancia a que Skotek había dejado embarazada a una niña", indica el informe.

El sacerdote continuó activo en el sacerdocio hasta 2002.

Timlin, que ahora tiene 91 años y es obispo emérito, respondió al informe del gran jurado a través de su abogado. Si bien reconoció que sus esfuerzos para responder al abuso sexual infantil en la diócesis eran "imperfectos", dijo haber actuado con su mejor juicio, de acuerdo con los estándares médicos de la época. En 1993, según afirma el obispo, estableció una junta de revisión interna en la diócesis para examinar los casos de abuso infantil.

"Aunque no fuera perfecta, la Diócesis de Scranton estuvo a la vanguardia de muchas organizaciones religiosas que atienden las serias preocupaciones relacionadas con el abuso sexual infantil por parte de miembros del clero", señala la declaración del obispo.

El grupo de sacerdotes depredadores que usaban cruces para acosar a sus víctimas


El gran jurado afirma que descubrió un "grupo de sacerdotes depredadores" que operaba dentro de la Diócesis de Pittsburgh. Los jurados afirman que el grupo hacía pornografía infantil en propiedades diocesanas y utilizó "látigos, violencia y sadismo" para violar a sus víctimas. Aparentemente, el grupo compartió información sobre las víctimas e incluso las intercambiaban entre ellos.

Un hombre testificó ante el gran jurado que el grupo de sacerdotes de Pittsburg una vez lo invitó a la vicaría de la parroquia y le pidieron que se subiera a la cama y se quitara la camisa, los pantalones y la ropa interior. Presuntamente, los sacerdotes hicieron fotos a la víctima, afirmando que estaban haciendo una "analogía con la imagen de Cristo en la cruz" y que las fotos se usarían para crear estatuas religiosas.

La misma víctima también testificó que el grupo de sacerdotes les daba regalos a sus víctimas. Marcaban a sus "niños favoritos" con collares de cruces de oro.

"(Las cruces) eran una señal para otros depredadores de que los niños estaban insensibilizados al abuso sexual y eran los objetivos perfectos para una seguir siendo víctimas", escribió el gran jurado en su informe.

El sacerdote que, presuntamente, lavó la boca de su víctima con agua bendita


El gran jurado señala que un sacerdote de la Diócesis de Allentown abusó sexualmente de un niño desde 1981 hasta 1983. La víctima denunció el abuso a la diócesis en 2011, y la diócesis alertó a la policía local.

La víctima le dijo a la policía que el sacerdote le obligó a practicarle sexo oral y también violó al niño oralmente. La víctima afirma que después, el sacerdote echó agua bendita de una botella en la boca de la víctima "para purificarlo", especifica el informe.

Dado que el caso había prescrito, no se presentaron cargos contra el sacerdote. Este, que ha negado las acusaciones, prestó servicio en iglesias hasta su jubilación. Todavía en 2009 seguía ayudando en una parroquia local en Florida.



El sacerdote que confesó pero continuó en su cargo


En 1982, la Diócesis de Allentown recibió una queja de un padre que denunciaba que el sacerdote Michael S. Lawrence había abusado sexualmente de su hijo de 12 años. Cuando los dignatarios de la iglesia se enfrentaron al sacerdote, este confirmó el relato del padre y dijo: "Por favor, ayudadme. He abusado sexualmente de un niño".

Los registros eclesiásticos que obtuvo el gran jurado indican que Lawrence fue enviado a un centro de tratamiento para clérigos católicos, donde un médico les dijo a los dignatarios de la iglesia que la familia de la víctima necesitaba tiempo para "hablar" y que "la experiencia no fuera necesariamente un terrible trauma" para el niño.

Dos años después, Lawrence empezó a dar clases de religión en un instituto. En 1987 le expulsaron del sacerdocio activo, pero continuó sirviendo en un Tribunal Diocesano hasta 2002, cuando los periodistas del Boston Globe llamaron la atención nacional sobre el tema del abuso infantil en la Iglesia Católica Romana. Lawrence se retiró ese año y murió en abril de 2015.

El cura al que respaldaron sus superiores


Los miembros del jurado afirman que algunos ex altos cargos de la iglesia en la Diócesis de Pittsburgh se esforzaron por defender y reubicar al reverendo Richard Zula, que fue condenado a prisión en 1990 por abuso de menores.

En 1987, un representante de la iglesia afirmó que una de las víctimas de Zula, una chica de 15 años, había "perseguido" al cura y lo había "seducido literalmente" para mantener una relación.

Zula fue detenido por acusaciones de abuso a menores en 1988. La diócesis entonces recibió más quejas contra el sacerdote.

Aunque el cura esperaba una condena, un médico procurado por la diócesis elaboró una evaluación psicológica de Zula en 1989 para el tribunal. En la evaluación, el médico afirmaba que Zula había admitido "masturbación y felación mutua con un chico de 16 años", pero solo porque "el chico inicialmente insinuó actitudes sexuales". El sacerdote admitió haber tenido comportamientos "ligeramente sadomasoquistas", escribe el doctor, pero "nunca ha exhibido síntomas psicóticos ni perturbación de pensamiento o razonamiento".

El gran jurado afirma que Zula recibió un cheque de más de 11.000 dólares (unos 9.700 euros) como pago de la Diócesis de Pittsburgh tras su pronta salida de la cárcel en 1992. Después de muchas idas y venidas sobre futuros pagos, en 1996, la Diócesis llegó a un acuerdo con el sacerdote que le garantizaba continuar con los pagos, pero le prohibía tratar de conseguir nuevos puestos dentro de la diócesis.


Como respuesta al informe del gran jurado, la Diócesis de Pittsburgh dijo que, por ley canónica, había que dar un cierto apoyo a todo el clero, incluso a los convictos por crímenes. La diócesis también declaró: "La Diócesis de Pittsburgh no solicitó en ningún momento una sentencia más leve para Zula, ni pidió que se preparara o se entregara un informe psiquiátrico en nombre de Zula para el tribunal".

El cura que supuestamente pidió a su víctima que confesara el abuso


La investigación del gran jurado ha dado lugar a la detención de dos curas por acusaciones de abuso sexual a menores. Uno de ellos es el reverendo David Poulson, que se enfrenta a cargos por atentar al pudor y poner en peligro a un menor después de ser acusado de abusar de al menos dos chicos en casos que datan de 2002.

Poulson supuestamente abusó de una de sus víctimas, un ex monaguillo, más de 20 veces en la casa del párroco. El chico también tuvo que hacer una confesión formal ―a Poulson― para recibir la absolución del cura por el abuso.

"Esa fue la traición y manipulación definitiva de Poulson", escribe el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro en un comunicado que publicó a principios de este año. "Usó las herramientas del sacerdocio para continuar su abuso".

Shapiro afirma que la Diócesis de Erie sabía de las tendencias abusivas del cura al menos desde 2010, pero no hizo nada por denunciar a Poulson ante las autoridades hasta 2016, cuando respondió a una citación del gran jurado.

El obispo de Erie niega esta cronología de los hechos.

Durante su investigación, el gran jurado escuchó a otros nueve hombres que declararon que Poulson los bombardeó con "regalos, dinero, cenas y alcohol" y "bromeó" sobre su preferencia sexual por hombres jóvenes.

El cura acusado de violar a una niña en el hospital


La Diócesis de Harrisburg recibió una denuncia en 1991 de una chica que había sufrido abusos por parte de un cura en los 60 y los 70. La mujer afirma que cuando tenía 7 años, el sacerdote la violó en una sala de hospital cuando se recuperaba de una extracción de amígdalas. La mujer contó a la diócesis que el cura la violó dos veces más cuando era adolescente, según un documento eclesiástico desvelado por el gran jurado.

Los registros de la diócesis indican que el cura confesó haber abusado sexualmente de esta víctima en 1991. Desde entonces le retiraron sus funciones sacerdotales.

El cura que siguió en el cargo después de dejar embarazada a una adolescente


En los años 50, la Diócesis de Greensburg se enteró de que un sacerdote recién ordenado, Raymond Lukac, había tenido una relación con una chica de 17 años. El sacerdote se fugó con ella y se casaron cuando la chica tenía 18 años. Meses más tarde, después de asistir a un centro de tratamiento para curas católicos, se divorció de ella. Los documentos de la iglesia indican que la joven dio a luz al hijo de Lukac.

"Pese a practicar sexo con una menor, pese a ser padre de un hijo, pese a casarse y a divorciarse, el cura tuvo permiso para seguir siendo cura gracias a los esfuerzos de la diócesis por encontrar a un 'obispo benevolente' en otro estado dispuesto a aceptarlo en su parroquia", declara el gran jurado.

El cura que presuntamente convenció a niños para tener sexo oral


El gran jurado afirma que un sacerdote que estuvo en la Diócesis de Greensburg entre 1976 y 2002 recibió numerosas acusaciones de abuso sexual. Los miembros del jurado se enteraron de que varios niños de la escuela elemental contaron a la diócesis en 1986 que el sacerdote había hablado con ellos sobre masturbación en una clase de educación religiosa. El cura aparentemente explicó con detalle a los niños cómo María, la madre de Jesús, había tenido que "arrancarle a mordiscos el cordón umbilical" y "lamer" al niño cuando nació para limpiarlo. Los miembros del jurado consideraron que este comportamiento era un tipo de "acoso" a los estudiantes con el fin de prepararlos para el sexo oral.

En 1986, la diócesis recibió una notificación de la policía local para informarles de que estaban investigando a este cura por su contacto sexual con menores, aunque el gran jurado no encontró registros que indicaran que el sacerdote fue acusado como consecuencia de esta investigación.

Después de ser enviado a un centro de tratamiento, el cura fue reubicado en varias parroquias y cargos hasta 2002, cuando se le fue retirado el ministerio del sacerdocio. Los documentos internos de la diócesis indican que al menos otra víctima presentó una demanda de abuso antes de 2002.

El cura que abusó de cinco hermanas de la misma familia


El informe señala que un sacerdote de la Diócesis de Harrisburg, Augustine Giella, abusó sexualmente de cinco hermanas de la misma familia desde 1982. El cura también recogió presuntamente muestras de orina, de vello púbico y sangre menstrual de las niñas. Durante una redada policial, encontraron estas muestras en casa de Giella, junto con pornografía infantil. Giella fue detenido en 1992 y confesó sus delitos. Murió mientras esperaba ser juzgado.

El gran jurado atestigua que el abuso a las niñas podría haber parado mucho antes si la Diócesis de Harrisburg hubiera actuado ante una queja contra este sacerdote en 1987.

Como respuesta al informe, la Diócesis de Harrisburg pidió disculpas por los abusos cometidos por clérigos vinculados a la diócesis y afirmó que ya había implementado múltiples salvaguardas para proteger a los niños.

Las cinco hermanas testificaron ante el gran jurado en 2016 el daño "emocional, psicológico e interpersonal" que este abuso había causado en sus vidas. Meses después de haber ofrecido este testimonio, la menor de las hermanas intentó suicidarse. Mientras se recuperaba, la mujer se puso en contacto con el gran jurado.

"Desde la cama del hospital, pidió una cosa: que termináramos nuestro trabajo y contáramos al mundo lo que ocurrió realmente", relata el jurado.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Lucía Manchón y Marina Velasco








Aragón baraja una NUEVA ADOPCIÓN o acogimiento a la NIÑA INDIA RECHAZADA

Más de 100 familias se interesan por la situación de la menor india cedida
Por ahora se barajan dos opciones: encontrar para la niña una nueva familia española que la adopte o una que la acoja con carácter permanente
Redacción El HuffPost
 Agencia EFE
3-9-18
Los servicios sociales aragoneses, en concreto los de atención a la infancia, han recibido más de 100 correos de otras tantas familias interesadas en hacerse cargo de la niña india cuyos padres adoptivos la entregaron a la administración autonómica.
Así lo han señalado a Efe fuentes de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, que destacan que, a pesar de tantos ofrecimientos, que agradecen, la situación de la menor se encauzará por "un procedimiento riguroso" y siempre con el acuerdo de las autoridades indias.
De hecho, los contactos entre los responsables del área de Infancia de la Consejería y representantes de la Embajada del país asiático son "constantes" con la finalidad de solucionar cuanto antes la situación de la niña.
No confirman las fuentes si han vuelto a producirse reuniones como la que congregó el pasado jueves en Zaragoza a un funcionario de dicha Embajada con personal del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Aragón.

Esperando soluciones

Tampoco consta a estas fuentes que la menor haya pedido por carta regresar a su país de origen, y en cualquier caso, como es preceptivo según la legislación y regulación de adopciones en España, en las que prevalece el interés superior del menor, la administración aragonesa baraja dos prioridades: encontrar para la niña una nueva familia española que la adopte o una familia que la acoja con carácter permanente.
Por tanto, la niña india, a la que los padres adoptivos entregaron a los servicios de infancia porque tiene 13 años y no 7, como se les comunicó en origen, continúa en un centro de acogida de Zaragoza, a la espera de una solución.
Volver a India sería la posibilidad más remota, y probablemente la menos idónea, tal y como señaló a Efe la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Comillas, Salomé Adroher, experta en la normativa sobre adopciones nacionales e internacionales.
Porque, si regresara, debería aguardar de nuevo a que se le reasignara una familia de adopción, procedimiento que, independientemente de lo que estipule la legislación india al respecto, conllevaría más tiempo de espera para la menor.
No es descartable esta salida, pero por el momento la prioridad se sigue moviendo entre una nueva familia de adopción, lo que requiere la validación de un juez, y una nueva familia de acogimiento, para lo que es suficiente el aval de la administración.
Lo que queda confirmado es que al dar por truncado el proceso, la pareja residente en Zaragoza que adoptó a la menor india en enero de este año no podrá hacer ninguna adopción más.
En Aragón, en el año 2017, se realizaron cinco adopciones internacionales, dos de india, y nueve en lo que va de 2018, también dos en el país asiático.

El timo de la llamada perdida


03/09/2018

La seria advertencia de la Guardia Civil sobre lo que debes hacer si te llaman estos números

"Suele usar estos prefijos".

Redacción El HuffPost

El timo de la llamada se está extendiendo y la Guardia Civil ha lanzado este lunes una seria advertencia en redes sociales.

El cuerpo de seguridad ha informado de que las llamadas-estafa suelen producirse desde teléfonos extranjeros, y ha señalado algunos de los prefijos de los que hay que sospechar.

Se trata de los prefijos de Albania (355), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234). "No devuelvas la llamada a esos prefijos", advierte la Guardia Civil.




 ¿En qué consiste el timo de la llamada? Son llamadas de un solo tono. El receptor encuentra una llamada perdida y, si la devuelve, le cobran por un servicio de tarificación especial y el timador se queda con una parte.

Galería


Foto: Luis Viadel

lunes, 3 de septiembre de 2018

Franco fue un asesino



03/09/2018

La reflexión del juez Bosch que callará la boca a quienes dicen que Franco sólo mató a asesinos republicanos

"Algunos dicen ahora que Franco fue una especie de santo varón o que la dictadura solo fusiló a criminales con delitos de sangre"

·         Redacción El HuffPost

LASEXTA 

Joaquim Bosch, uno de los portavoces de Jueces para la Democracia, ha querido callar la boca a base de argumentos a aquellos que defienden por las televisiones españolas las múltiples virtudes de los militares golpistas, del dictador y de su régimen.

Uno de estos franquistas, indignado por la medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar el cadáver del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos, es el general en la reserva Fernández-Monzón, quien hace algo más de una semana aprovechó la visibilidad que le dio la Sexta para decir cosas como "se persiguió a la gente que había cometido asesinatos. La saña y la crueldad se vio en el bando rojo" o, directamente, que "Franco no asesinó a nadie".

"Algunos dicen ahora que Franco fue una especie de santo varón o que la dictadura solo fusiló a criminales con delitos de sangre", ha escrito indignado Bosch, en el inicio de una reflexión sobre Franco, el golpe, sus víctimas o sus juicios que en pocos días tiene decenas de miles de 'me gusta'.

Algunos dicen ahora que Franco fue una especie de santo varón o que la dictadura solo fusiló a criminales con delitos de sangre. Esas alusiones revelan falsedades intencionadas, ignorancia culposa o meras simpatías con el franquismo. Intento explicar lo que sucedió (hilo).

Los golpistas de 1936 impartieron instrucciones muy claras para eliminar a toda persona que pudiera ser contraria a la sublevación. La mayoría de quienes están en fosas comunes, como García Lorca, no había ido a ninguna guerra. Fueron asesinadas durante las primeras semanas.

Franco y los militares que se alzaron contra un gobierno elegido democráticamente dieron la consigna de ejecutar una limpieza ideológica generalizada, con la finalidad de eliminar cualquier posible resistencia y de atemorizar a toda la población.

En este Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas vale la pena leer este hilo de @olgarodriguezfrhttps://twitter.com/olgarodriguezfr/status/1035135637559623680 …

Además de los asesinatos extrajudiciales, tras la guerra se celebraron juicios militares con el mismo criterio de eliminar disidentes y provocar el terror colectivo. La mejor prueba del éxito de esa estrategia de intimidación social fue que la dictadura duró cerca de 40 años.

Los procedimientos judiciales eran una farsa, sin la más mínima garantía, y la sentencia estaba decidida de antemano. Los jueces eran militares, con vínculos jerárquicos hacia sus superiores. Los acusados no podían elegir libremente abogados defensores.

Entre los cientos de procesos que he examinado, podría mostrar el de Juan Peset Aleixandre, como ejemplo de justicia del franquismo. Así se eliminó a decenas de miles de personas por razones ideológicas, precisamente por su compromiso con los valores democráticos.

Juan Peset fue uno nuestros mejores científicos. Catedrático de Medicina Legal y Rector de la Universidad de Valencia entre 1932 y 1934. Realizó aportaciones muy relevantes en el campo de la bacteriología, la higiene pública o la vacunación contra el tifus.

Era un progresista moderado, simpatizante del laborismo británico y de las socialdemocracias escandinavas. Y en los años 30 se unió con ilusión al proyecto republicano y democrático de Manuel Azaña. En las elecciones de febrero de 1936 fue el diputado más votado en Valencia.

Las actuaciones judiciales dejan claro que se le va a fusilar por oponerse con la palabra al golpe de estado y por apoyar el orden constitucional. Y que no intervino en ningún delito de sangre y salvó la vida de monjas, de personas de derechas y evitó la quema de templos.

La única actuación relevante en guerra de Peset fue ser coordinador de hospitales militares, para salvar vidas, como siempre había hecho. Pero el tribunal lo condena a muerte por adhesión a la rebelión, como a las miles de personas a las que se eliminó por razones ideológicas.

La interpretación de este delito fue otra burla jurídica. Los golpistas consideraron rebeldes a todos los que se opusieron a la sublevación y defendieron el orden democrático constitucional. El mundo al revés.

Así fueron fusiladas miles de personas que no tenían el menor vínculo con delitos de sangre, en procesos como el de Peset, en casi todas las ciudades del país. Intelectuales, científicos, políticos, sindicalistas, profesores. Cualquiera que pudiera oponerse a la dictadura.

Todas las condenas a muerte tenían el visto bueno final de Franco. El dictador fue el máximo responsable del exterminio y el que lo acababa decidiendo todo en la dictadura. Resulta intolerable que una sociedad democrática pague el mantenimiento de su mausoleo faraónico.

Las sentencias de los tribunales militares franquistas deben ser anuladas, como se ha hecho en Alemania con resoluciones similares de la época del nazismo. Unas decisiones abiertamente contrarias a los derechos humanos no deben formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

La reparación a las víctimas de la dictadura no es posible mientras Franco siga en el Valle de los Caídos, mientras estén los asesinados en fosas comunes y mientras no se anulen las sentencias que trataron como delincuentes a personas por sus convicciones democráticas (fin).

Los comentarios generados por la reflexión de Bosch se cuentan por centenares.

La Iglesia Católica de Chile también está corrompida


Tribuna Feminista

119 causas abiertas en Chile por abusos de la Iglesia, según la Fiscalía


ElPlural
La Fiscalía Nacional de Chile informó hoy de que hay 119 causas abiertas por la presunta comisión de delitos sexuales por parte de personas relacionadas con la Iglesia católica.
Indicó que actualmente son 167 las personas imputadas y 178 las víctimas en estas investigaciones, 79 de ellas menores en el momento en que ocurrieron los hechos, 15 mayores de edad y de las otras 84 no se ha especificado este detalle.
En esta actualización del informe que la Fiscalía ofreció a finales de julio dentro de los escándalos por denuncias de casos de abusos sexuales en la Iglesia, el Ministerio Público precisa que entre los imputados hay 7 obispos, 96 sacerdotes, 4 diáconos, 30 religiosos (no sacerdotes), 10 laicos y 20 personas más de cuyo estatus no hay precisiones.
A comienzos de agosto, en un gesto de transparencia de la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) publicó un listado en la web con los nombres de 43 sacerdotes y un diácono condenados, por la Justicia civil o por la canónica, por abusos sexuales a menores.
La Iglesia católica chilena pidió el 3 de agosto perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y anunció un conjunto de medidas y compromisos para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas.
Los 34 obispos de la CECh validaron esa declaración al término de una asamblea plenaria extraordinaria de cinco días en la localidad costera de Punta de Tralca para analizar la profunda crisis que vive el clero por las denuncias de abusos.
En cuanto a las investigaciones de la Fiscalía, varias sedes eclesiásticas han sido registradas por fiscales y policías desde que a mediados de junio el Ministerio Público comenzara con las entradas en diócesis para conseguir información con la que espera dilucidar las decenas de casos abiertos contra miembros del clero.
Tres de ellas en la capital chilena, dos este mes de agosto y otra más el pasado junio, cuando se registró también el obispado de la ciudad de Rancagua (a 90 kilómetros al sur de Santiago), y otras dos en julio en la sureña región de La Araucanía, en las ciudades de Temuco y Villarrica.
El último de estos registros tuvo lugar el 14 de agosto en la sede de la CECh, en pleno centro de Santiago.