miércoles, 25 de junio de 2025
Accedemos a la denuncia contra la 'UCO patriótica': contravigilancia, espías y una operación política
Juan Vicente Bonilla, actualmente en el Gobierno de Ayuso, es la figura central de esta presunta red en la Guardia Civil
ElPlural
N. CABO / J. M. GARRIDO / L. OCHANDO
29-5-25
Presuntas irregularidades internas, filtraciones selectivas a medios de comunicación conservadores, informes fabricados a medida, espionajes y contravigilancia fuera de procedimiento. Estas son las cuestiones que se han denunciado y que alimentan la percepción de la posible existencia de un entramado dentro de la Guardia Civil dispuesto a intervenir en la vida política para condicionar el devenir institucional del país. Es aquí donde entra en juego el ahora cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Juan Vicente Bonilla, que fue jefe de Fuentes de la UCO y que ha sido acusado de ocultar “información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde la Guardia Civil para beneficiar al Partido Popular.
Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, en la que también se señala, según los denunciantes, que también hay una serie de guardias civiles que junto con Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar al PP.
En concreto, en la denuncia se remarca que “se investiga simultáneamente y por los mismos hechos a, al menos, una persona y se está utilizando para investigaciones de contenido político” y que “los guardias civiles actuantes han distribuido a su antojo y con criterios personales tanto la información como el momento en el que introducían la misma en cada uno de los sucesivos procedimientos que lograban incoar”.
También se reseña el elemento de ocultación que utilizaba Bonilla, ya que empleaba según la denuncia el alias de ‘Roberto Alcázar’ para otorgar información al empresario J.L.C, relacionado con el fraude de hidrocarburos. En este sentido, se señala la constelación de causas paralelas utilizadas “al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno e instrumentalizadas a favor de una opción política concreta”.
Una red de apoyo dentro de la UCO
Los denunciantes dejan patente de la misma forma la existencia de informadores en la Guardia Civil, haciendo a su vez referencia al atestado nº 190 presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata, en concreto, de tres agentes, bajo las iniciales de L.H., O.V.V. y F.G.S.R. Son funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
El documento remarca que L.H., además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular. Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización.
Entrada en el Gobierno de Ayuso y otros elementos llamativos
Juan Vicente Bonilla es la figura central de esta presunta red en la UCO y destaca que en 2023 fuera incorporado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, con un salario anual de 84.268 euros.
Su vinculación a las estructuras de seguridad de la Comunidad de Madrid no es solo lo llamativo, sino que también destaca su supuesto papel como coordinador informal de esta red de agentes dentro de la Guardia Civil.
Según ha podido saber ElPlural.com tras tener acceso a más de 6.300 mensajes intercambiados entre Bonilla y un confidente de la Guardia Civil entre 2016 y 2021, las sospechas de connivencia política no se limitan al terreno técnico. Además, en estas conversaciones Bonilla expresa en múltiples ocasiones su animadversión hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llama “inútil”, “felón” y “mentiroso”, y proponiendo su “destierro”.
De la misma forma, hay otros elementos que apuntan a la existencia de esta ‘UCO patriótica’. Es el caso de los múltiples errores supuestamente accidentales en alguno de sus informes -la Abogacía del Estado contabilizó hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias” en uno de sus informes contra la Fiscalía General del Estado-; las cada vez más frecuentes filtraciones a la prensa conservadora de datos personales o causas secretas; así como la evidente tendencia a realizar investigaciones con visos de inquisición retroactiva, pese a estar expresamente prohibido por la ley.
Vox, la mayor fábrica de bulos según un estudio
Un estudio del proyecto SmartVote declara a la ultraderecha como la mayor difusora de mentiras en las redes sociales
ElPlural
25-6-25
El fraude electoral, que utiliza estrategias como la difusión de encuestas engañosas, la descontextualización y los bulos, forma parte del día a día de los partidos de ultraderecha de España y Portugal, como lo son Vox y Chega. Así lo confirma un estudio del proyecto SmartVote, que aglutina a más de una veintena de investigadores españoles y portugueses de seis organizaciones diferentes, y pone en el foco de difusión de contenidos falsos en redes sociales a los grupos políticos más radicales de derecha.
“Existe cierta homogeneidad ibérica en términos de desinformación, con estos partidos políticos adoptando estructuras y narrativas de desinformación similares”, explica Miguel Paisana en declaraciones recogidas por InfoLibre, coordinador del informe e investigador del Observatório da Comunicação (OberCom) de Portugal. No obstante, cada país presenta particularidades propias. En el caso de España, destaca una mayor polarización política y una respuesta institucional más contundente frente a la desinformación. Portugal, en cambio, sigue siendo un entorno menos polarizado, aunque cada vez más expuesto a la inestabilidad política y al auge de la desinformación digital, acompañado de medidas regulatorias más suaves. “El adelanto electoral es un síntoma claro de esa inestabilidad”, añade Paisana.
La ultraderecha ha encontrado en las redes sociales su principal canal para la difusión de fake news. Estas plataformas ganan terreno como vía preferente de acceso a la información entre los españoles, en competencia directa con la televisión, mientras que la prensa escrita y la radio pierden protagonismo.
Una muestra de la brecha en la confianza mediática entre ambos países la ofrece el dato de que un 56% de los portugueses confía en los medios tradicionales, frente a solo un 33% de los españoles. La desconfianza se acentúa aún más entre la generación Z, es decir, los jóvenes de entre 18 y 24 años, donde el porcentaje cae hasta el 19% en España.
Un 70% de preocupación ante los bulos
Según el informe, siete de cada diez ciudadanos en España y Portugal reconocen estar preocupados por la desinformación digital. Sin embargo, en contraste con esta inquietud generalizada, un 38% se declara “nini informativo”, es decir, muestra escaso interés por las noticias y también una baja credibilidad hacia ellas. Este dato, recogido en el Digital News Report 2025 —un proyecto del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, desarrollado en España por la Universidad de Navarra—, pone el foco en una doble paradoja: la preocupación convive con la indiferencia.
El mismo estudio revela dos tendencias enfrentadas en cuanto a la confianza en las fuentes informativas. Por un lado, un 40% de los encuestados desconfía de los medios tradicionales. Por otro, un 73% identifica las redes sociales como el entorno más propicio para la propagación de bulos. En cuanto al origen percibido de esa desinformación, los políticos nacionales encabezan la lista de responsables con un 57%, seguidos por la clase política internacional (45%) y los influencers (45%).
Ante este panorama, el informe de SmartVote subraya la urgencia de combatir la desinformación, no solo por su impacto sobre la verdad, sino también por su capacidad para alimentar la polarización y el odio social. Como respuesta, el estudio apuesta por reforzar la alfabetización mediática, no solo entre los jóvenes, sino a través de programas intergeneracionales que doten a toda la ciudadanía de herramientas críticas frente a la manipulación informativa.
“Enfermo mental”: durísima acusación al juez Peinado por su persecución a Begoña Gómez
Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional, se muestra muy crítico con la instrucción del magistrado pidiendo imputar a Félix Bolaños
ElPlural
Redacción
25-6-25
La última instrucción del juez Juan Carlos Peinado es incomprensible para todo el mundo, más allá de la derecha y extrema derecha a nivel político, social y mediático. El magistrado que lleva ya no se sabe muy bien qué causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha elevado el tono en las últimas horas y ha apuntado, no solamente al líder del Ejecutivo, sino también al Gobierno de España, concretamente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Peinado ha escrito una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) en la que pide que imputen a una de las personas más importantes en el equipo de Moncloa con un documento, eso sí, incomprensible incluso para muchos expertos en la materia. Es el caso del ex letrado del Tribunal Constitucional (TC), Joaquín Urías, a quien le ha bastado un extracto del texto para sacar una conclusión que ha compartido en redes sociales y que resulta de lo más contundente.
“La ‘exposición razonada’ presentada por el juez Peinado parece un texto escrito por un enfermo mental. Es desconexo, mal redactado, sin fundamentar y a menudo incompresible. Nunca en mi vista he visto un documento judicial así”, ha publicado en X, antiguo Twitter, donde también ha calificado el hecho de “insólito”.
Nunca he visto un documento judicial así
Peinado ha concluido la imputación del ministro de Justicia y de la Presidencia, por falso testimonio y malversación de caudales públicos por la declaración que realizó Bolaños con motivo de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez.
En lo que tiene que ver con el falso testimonio, el auto revela que “dicho investigado”, en su declaración a fecha 16 de abril de 2025 y “en calidad de testigo” desde despacho oficial bajo juramento, tras “sucesivas reticencias”, manifestó que el nombramiento lo había hecho la persona “que emitió el certificado”.
“Ese hecho fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento. Consecuentemente, siendo el investigado, Félix Bolaños García, ministro de Justicia, y por tanto, el Notario Mayor del Reino nos encontramos, ante el paradigma de un oxímoron cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado, como un testimonio falso, y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta exposición razonada, por el delito de falso testimonio”, prosigue el texto.
En lo que respecta a la contratación de la asesora, además de considerar que no existió procedimiento de contratación, el magistrado que investiga a Gómez afirma que esta persona -Álvarez- “con independencia de las otras funciones que pudiera realizar, efectuó múltiples trabajos para la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno (…) sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas”. Sin embargo, siempre a instancias de Peinado, la asesora únicamente podría llevar a cabo actividades “meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico” y que todo ello se pagó con dinero público.
Además, en el auto el juez ‘mata’ a Gómez al cambiar el entierro del padre de la esposa de Sánchez en un error que no pasó desapercibido. Este es el párrafo concreto del fallo: “(…) En algunas ocasiones ha coincidido con las dos unas dos o tres veces, alguno era un acto político, de presentación de candidatura de presidente del gobierno para las generales de 2019, pero no recuerda exactamente dónde. La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra Begoña Gómez”.
Doble varapalo de la Audiencia a Peinado y a la asesora de Begoña Gómez: anula la declaración, pero mantiene la imputación
Afirman que la declaración prestada como testigo no se utiliza como prueba de cargo, pero añaden que existen suficientes indicios para mantener la imputación
ElPlural
Loreto Ochando
25-6-25
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la declaración como testigo de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, pero al mismo tiempo mantiene su condición de imputada en el procedimiento abierto por el Juez, Juan Carlos Peinado, contra la mujer de Pedro Sánchez. Un doble varapalo, pues por un lado deja claro al polémico juez que no puede utiizar la declaración como testigo de una persona para imputarla después -es la segunda vez que lo hace-, pero por otro, los magistrados afirman que hay indicios más que suficientes para mantener ese imputación.
En cuanto a la declaración, explican los jueces que, "la declaración prestada como testigo no se utiliza como prueba de cargo, y las pruebas obtenidas de manera autónoma y diversa corroboran los hechos declarados probados en el proceso. Es fundamental entender que la declaración inicial como testigo, es una fase preliminar en la investigación penal y que el cambio a la condición de investigado permite al afectado ejercer plenamente su derecho de defensa".
Mantiene la imputación de Álvarez
Sobre el auto de imputación, dice la Audiencia que "la fundamentación del auto es sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente, siendo conocida la importancia de la mínima motivación jurídica, necesaria a fin de que permita a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión, garantizando la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan", pero que, pese a todo existen indicios suficientes.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, y con respecto a Cristina Álvarez, los jueces se preguntan "¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?", a lo que responden que "la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
Y prosiguen explicando que "las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplos la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, añadiendo que esta última, era la persona de confianza ya que siempre le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos".
"O la constación de un email dirigido a la directora de comunicación institutcional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del master, lo que parece excede claramente sus funciones. Datos indiciarios suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración. Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podria suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno", apostillan.
Hemeroteca de los que hablan de amañar elecciones: muertos, carretaje, ‘lawfare’, 'tamayazo' y financiación ilegal
José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo han dejado caer en los últimos días, sin pruebas y pasando por alto su historial, que Pedro Sánchez podría haber amañado los comicios
ElPlural
Rubén Rozas
25-6-25
El PP se ha subido nuevamente a la teoría de la conspiración respecto de las elecciones de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si en las últimas horas era el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien se pronunciaba en estos términos, a él le seguía el líder actual el partido conservador, Alberto Núñez Feijóo.
El primero emitió, en una entrevista concedida al diario El Mundo, que si el jefe del Ejecutivo era “capaz de adulterar unas elecciones en su partido” -en referencia a la supuesta situación que dibujó el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al haber favorecido que se metieran dos papeletas en las urnas de las primarias que aúpan a Sánchez hasta la secretaría general- tiene la capacidad para “alterar unas elecciones generales”. El segundo le siguió relatando que “si uno ha robado una joyería, ¿por qué no podría robar un banco?”.
Sin embargo, como es usual, quienes más hablan son a la vez quienes más tienen que callar, y es que tanto Aznar como Feijóo saben bien lo que son amaños electorales demostrados. En la comunidad de este segundo hubo un tiempo en el que votaban las personas fallecidas, y no es una hipérbole, de cara a unas votaciones en las que salía el representante del país.
Del voto de los fallecidos a 'salir de casa con el sobre'
Ocurrió en las elecciones generales del 2000 cuando votaron gallegos emigrados a países de Latinoamérica como Uruguay o Argentina que habían muerto tiempo antes. Las papeletas continuaron llegando a los hogares de todos los españoles residentes en el extranjero de la mano de su tarjeta censal, estuvieron o no vivos. Para que estas hojas pudieran contabilizar, bastaba con que alguien las depositara en un servicio postal, sin necesidad de identificación ni límite de envíos.
Y no fue el único año que se dio esta situación. Por el contrario, los fallecidos votaron nuevamente al menos en los comicios de 2001 y, otra vez, en las de 2005, embarrando con este hecho la fiesta de la democracia.
En aquel caso, para demostrar que el sistema electoral para la emigración seguía fallando, llegaron a la comunidad sobres con el voto, la tarjeta censal y una fotocopia del certificado de fallecimiento del elector.
Tirando de hemeroteca, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordaba esta parte de la historia al líder de la oposición después de sus últimas acusaciones. “Tanto con Fraga como con Feijóo, votaban vivos y muertos”, pronunció esta semana.
De origen gallego como el presidente del PP y ex presidente de la Xunta, la también ministra de Trabajo expresó que se han conocido comicios en las que votaron “personas incapaces” y que han traído consigo denuncias. “El señor Feijóo habla de algo que conoce muy bien”, deslizó.
En este sentido, acusó también la práctica que se llevó igualmente a cabo en la región gallega conocida como carretaxe -carretaje traducido al castellano- que, básicamente, es permitir votar a gente que no reunía las capacidades para ello, así como monjas o ancianos que, dicho de manera simple: salían con el sobre preparado de casa.
En Madrid, el 'tamayazo'
Por supuesto, en el repaso de comicios y desarrollo polémicos de voluntad popular, no se puede dejar de lado el conocido como tamayazo, el caso de transfuguismo más clamoroso que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y, en realidad, en el conjunto del país y que impidió, en última instancia, un cambio de signo político en la región.
Aquel hecho que ocupó portadas tuvo como protagonista a los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; ambos desertaron impidiendo con ello la investidura de su compañero de partido, Rafael Simancas. La situación provocó la repetición electoral meses después que terminó con la presidencia de Esperanza Aguirre.
Castilla y León
Manteniendo el ámbito autonómico, el primer presidente del Ejecutivo de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), dimitía después de conocer su procesamiento por un presunto delito social resultado de una querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al alcanzar el cargo. Cuatro años más tarde, fue absuelto, pero aquello abrió las puertas a un Aznar que entonces era diputado por Ávila y presidente de la ya extinta Alianza Popular.
De Madrid se ha destacado en estas décadas su dignidad, abandonando la presidencia de una comunidad autónoma que los socialistas fueron incapaces de mantener apenas medio años tras su prematura renuncia, a la que se encaramó Aznar, catapultado al poder en las elecciones de mayo de 1987 sin que la constatación posterior de la inocencia del expresidente por el Tribunal Superior de Justicia sirviera para restituir jamás un gobierno de izquierdas.
11-M, campañas corruptas, 'lawfare'...
Por supuesto, si se habla de Aznar no se puede olvidar su papel en las elecciones de 2004, con una mentira que ocupó la portada del periódico más prestigioso de este país después de los atentados del 11-M, los peores de nuestra historia. Lejos de admitir siquiera posibles errores, ya no bulos o falsedades, el director de FAES hablaba hace años que quienes habían ideado los ataques no estaban “ni es desiertos remotos ni en montañas lejanas”. A día de hoy no ha pedido perdón.
Por cerrar con un asunto de estricta actualidad, que también guarda relación con el lawfare judicial, el exsecretario general del PSOE de Galicia (PSdeG), José Ramón Besteiro, ha exigido disculpas a los ‘populares’ después de que se haya conocido la ‘Operación Pulpo’, nombre bajo la que se denominaba la supuesta adjudicación ilícita de una plaza y malversación de fondos públicos en programas de la Diputación de Lugo. Este ejercicio fraudulento nunca se ha comprobado.
Este artículo podría completarse con las innumerables campañas que el PP ha financiado a través de la corrupción en la Comunidad de Madrid o Valenciana. Entramados de obra pública, cajas B, pagos electorales, sistema de facturas falsas, campañas pagadas de forma irregulares, desvió de fondos… han estado constantemente presentes en las victorias electorales de la derecha.
Los 37 investigados que el PP de Feijóo mantiene en sus filas: Púnica, Kitchen, las residencias o la DANA
La hemeroteca del Partido Popular refleja que numerosos cargos procesados, implicados o investigados por la Justicia siguen en la formación
ElPlural
Narta Alberca
25-6-25
Con el telón de fondo de la convulsión política que se ha acrecentado en las últimas semanas debido a la trama Koldo, las críticas de Génova se han disparado exigiendo la plena condena hacia la corrupción en las instituciones, exigiendo un adelanto electoral al Gobierno central de Pedro Sánchez por esta cuestión. No obstante, la hemeroteca del Partido Popular refleja que numerosos cargos procesados, implicados o investigados por la Justicia, mantienen en los tiempos que corren sus cargos o figuran como militantes dentro de las filas del partido.
Según han trasladado fuentes socialistas, el PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene a distintos nombres de peso en sus respectivos puestos, bien sean nacionales o territoriales, pese a las causas judiciales que pesan sobre ellos. “¿Siguen siendo afiliados del PP con todos sus derechos? ¿A cuántos de estos imputados el PP le ha abierto expedientes informativos o de expulsión?”, se preguntan.
Y es que el listado de estos nombres populares se completa con 37 cargos; 37 figuras del PP que se desgranan en distintas causas judiciales, algunas de hace más de una década y otras más recientes pero que siguen resonando en el tablero político y judicial.
De Púnica a Kitchen, pasando por las residencias y la DANA
Para ser más exactos, desgranar esta lista de 37 cargos imputados o investigados del PP se comprende en mejores términos con una división de las distintas causas que han acabado o están en camino del banquillo.
En primer lugar, el caso Púnica, la trama de corrupción del PP de la Comunidad de Madrid con Francisco Granados a la cabeza por la que se adjudicaron servicios públicos en dos años por un montante de 250 millones de euros y que llevó a más de una treintena de cargos a sede judicial.
Francisco Granados Lerena
Beltrán Gutiérrez Moliner
Borja Sarasola Jaúdenes
David Erguido Cano
Daniel Ortiz Espejo
Isabel Gallego Navarrete
Alejandro De Pedro Llorca
José Martínez Nicolás
Diego Mora Borobia
José García Lobato (vinculado)
Carlos López Jimeno (vinculado)
Borja Gutiérrez Iglesias (vinculado)
José Gil Granizo (vinculado)
David Rodríguez Sanz (vinculado)
Agustín Juárez López de Coca (vinculado)
Carlos Estrada Pita (vinculado)
Antonio Sánchez Fernández (vinculado)
Gonzalo Cubas Navarro (vinculado)
José Carlos Boza Lechuga (vinculado)
Le sigue el caso Lezo, el que radica en la posible corrupción política en la gestión del Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid por el desvío de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales que declinaron en cuentas de particulares, siendo el expresidente Ignacio González el principal promotor de la trama.
Ignacio González
Juan Bravo Rivera
Pedro Calvo Poch
Arturo Canalda González
José Antonio de Cachavera
Pablo López de las Heras
En tercer lugar, sobre el caso de las comisiones de Argelia, figuran dos nombres de peso: Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui y San Román. Tras nueve años de instrucción, esta causa sitúa a ambos exdiputados del PP al borde del banquillo por el presunto cobro de comisiones millonarias e ilegales a funcionarios de Argelia para la obtención de contratos públicos.
En lo que concierne a la Operación Kitchen, una de las más conocidas política y mediáticamente en el PP por el espionaje del comisario José Villarejo a Luis Bárcenas, se señala al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Cabe reiterar que Martínez también está en el epicentro de la Operación Borraska, la cual se centra en la presunta colaboración de blanqueo de dinero por compraventa de datos robados y a quien también se capturó al hacker Alcasec.
Quien continúa a la espera de juicio es el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por el caso Desaladora de Escombreras -también conocido como el caso La Sal-, acusado de delitos de prevaricación, malversación y fraude continuado. Fiscalía pide once años de cárcel y veinte de inhabilitación, pero no será hasta septiembre de 2027 cuando se celebre el juicio.
Los dos casos de presunta corrupción que radican en el mando de dos conocidos barones territoriales del PP de Feijóo sitúan el foco en Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. En primer lugar, los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ aplicados en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia de coronavirus, y por los cuales están siendo investigados Carlos Mur de Viu, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño Carbonell, promotores de estas medidas.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la exconsellera de Emergencias de la Generalitat de Mazón, Salomé Pradas, está imputada por la gestión de la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales.
Por último, en el listado de figuras del PP se recogen tres nombres que están situados bajo la lupa judicial con una investigación abierta pero aún sin caso judicial especificado. Se trata de Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares que, mientras ostenta su cargo de regidora, firmó un contrato laboral fijo en el Ayuntamiento, lo que supondría una “simultaneidad de funciones”. A este proceso guarda relación Raúl Castillo, su jefe de comunicación, también bajo el foco por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Le sigue la ‘número 3’ de Ayuso, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Belén Millán Arroyo, imputada por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública y de quien recientemente la jueza de Navalcarnero ha constatado la “existencia de indicios sólidos y suficientemente justificados” de comisión de delitos.
Toda esta lista de cerca de 40 figuras vinculadas al PP se encuentran actualmente procesados, implicados o investigados por la Justicia.
martes, 24 de junio de 2025
Zapatero replica a la Conferencia Episcopal: "¿Por qué no pidió elecciones en la dictadura de Franco?"
Su presidente, Luis Argüello, abogó por elecciones anticipadas ante la “situación de bloqueo del Gobierno”
ElPlural
23-6-25
Con el telón de fondo de la postura adoptada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), desde quien su presidente, Luis Argüello, abogó por un adelanto electoral ante “la situación de bloqueo del Gobierno” central, las reacciones políticas de parte de Moncloa y de la izquierda política se han sucedido a cuentagotas en los últimos días.
La réplica esgrimida por el expresidente, José Luis Rodríguez-Zapatero, ha evocado a la postura neutral que debe guardar la CEE en cuestiones políticas. "Los obispos, curiosamente, han vuelto a salir 20 años después a pedir elecciones otra vez. Han salido a pedir elecciones”, ha comenzado apuntando en su intervención de este lunes en el acto del XX aniversario del Matrimonio Igualitario en España, celebrado en el Museo del Traje de Madrid junto a otras autoridades estatales.
En este punto, Zapatero ha lanzado una crítica en clave de pregunta histórica: “Y yo pensaba: la Conferencia Episcopal, ¿por qué no pidió elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio?", se ha preguntado.
En cuanto a las cuestiones sobre la evolución de los derechos y libertades del colectivo LGTBI+ en España, el expresidente del Gobierno ha recordado que, cuando en su mandato sacaron adelante la normativa del matrimonio igualitario hace veinte años atrás, los obispos le “acusaron de ser más o menos el diablo porque iba a acabar con las familias”: “Había muchos obispos de la mano del PP, nunca vi tantos obispos en mi vida. Obispos que, curiosamente, veinte años después, han vuelto a salir para pedir elecciones”, ha aseverado.
La postura de la Conferencia Episcopal y la respuesta del Gobierno
Fue la pasada semana cuando Argüello, en nombre de la CEE, defendió que, “cuando se produce una situación de bloqueo se hace muy difícil que la acción de un Gobierno pueda desarrollarse con sus propios proyectos legislativos, con la importancia de tener un presupuesto y demás, hay que acudir a la Constitución”, abogó entonces en declaraciones a los medios de comunicación durante el XII Congreso Internacional de Diálogo Filosófico 'Horizontes de lo Humano: crisis y esperanza' que acogió la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ante estas palabras, voces de Moncloa salieron al paso. El pasado viernes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, envió una carta a Argüello reprochándole la “comunión política” de los obispos con el argumentario del Partido Popular y Vox, quienes también reclaman el anticipo de la cita en las urnas.
"Vaya por delante, estimado presidente, el máximo respeto a sus preferencias políticas personales, así como a las del resto de los obispos españoles. No obstante, sí quiero transmitirle mi extrañeza por la afirmación de que esta petición la realizan al margen de intereses partidistas mientras reproducen de forma exacta las peticiones y argumentos de los dos principales partidos de la oposición", expresó el ministro en la misiva.
En los mismos términos, reprochó a la CEE que no se pronunciase con la misma contundencia al conocer los casos de corrupción que han salpicado a Génova, ya que esta postura de Argüello vino secundada por la trama Koldo y la dimisión de Santos Cerdán de las filas socialistas.
De esta manera, y pese a lamentar Bolaños que los obispos se hayan “apartado de la neutralidad política y partidista y más elemental del respeto institucional”, situó al Gobierno al frente del diálogo y “la relación entre Iglesia y Estado con pleno respeto” pese a estas conocidas discrepancias.
El juez Peinado pide al Supremo que investigue a Bolaños por falso testimonio y malversación
El polémico juez llama investigado al exministro cuando él no puede atribuir esa condición a un aforado
ElPlural
Loreto Ochando
24-6-25
El juez Peinado no ceja en su empeño de acabar no solo con la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sino que ahora ya directamente ataca al Gobierno. La última vuelta de tuerca en la estrambótica instrucción ha sido, elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que imputen al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, por falso testimonio y malversación de caudales públicos por la declaración que realizó el ministro con motivo de la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.
Peinado afirma que Bolaños “no contestó a la verdad que conocía” y que, por ese motivo, el Tribunal Supremo debería realizar una serie de diligencias, así como citar al ministro para tomarle declaración como imputado. El polémico juez llama investigado al exministro varias veces a lo largo de la exposición cuando él no puede atribuir esa condición a un aforado bajo ningún concepto. Dice Peinado que el indicio principal contra Bolaños por la supuesta malversación es que la asesora no pasó ningún tipo de proceso de contratación.
Los delitos
Con respecto al falso testimonio asevera el auto: "Que dicho investigado, Félix Bolaños García, en su declaración el día 16 de abril del año 2025 en calidad de testigo, efectuada en su despacho oficial bajo juramento, tras sucesivas reticencias, manifestó que el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez Io habría realizado la persona que emitió el certificado". Y prosigue aseverando que, "ese hecho fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento. Consecuentemente, siendo el investigado, Félix Bolaños García, ministro de Justicia, y por tanto, el Notario Mayor del Reino nos encontramos, ante el paradigma de un oxímoron cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado, como un testimonio falso, y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta exposición razonada, por el delito de falso testimonio".
Sobre la contratación de la asesora, además de decir que no hubo procedimiento de contratación, Peinado afirma que Álvarez, "con independencia de las otras funciones que pudiera realizar, efectuó múltiples trabajos para la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno (...) sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas". Sin embargo, a juicio del polémico juez, la asesora solo podía realizar actividades "meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico", y que todo ello se pagó con dinero público.
En el auto, además, el juez 'mata' a la mujer del presidente, ya que cambia el entierro del padre de Gómez por el entierro de ella: "Y que en algunas ocasiones ha coincidido con las dos, unas dos o tres veces, alguno era un acto político, de presentación de candidatura de presidente del gobierno para las generales de 2019, pero no recuerda exactamente dónde. La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez".
El abogado de Santos Cerdán pide que la declaración se retransmita en TVE para evitar "juicios paralelos"
Asevera que la información no llega a la sociedad como forma de “transparencia” sino como un juicio paralelo
ElPlural
Loreto Ochando
24-6-25
El abogado del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha hecho la petición más extraña vista en muchísimos años en el ámbito judicial. Benet Salellas le ha pedido al magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, que la declaración de su cliente sea retransmitida por TVE o por streaming para evitar "juicios paralelos". En un escrito entregado este martes, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el abogado dice: "la solución tendente a proteger los derechos fundamentales del Sr. Santos Cerdán no pasaría tanto por restringir la actuación de los medios de comunicación sino por abrir al máximo el acceso a la práctica de las diligencias de investigación con el fin de conseguir que el “público ilustrado” se conforme como “íntegramente ilustrado”".
Afirma que, aunque es cierto que el artículo 301 LECrim prevé el carácter reservado de les diligencias de la instrucción penal, "también lo es que hay que considerar que el interés público en el contenido de las diligencias de este procedimiento está conllevando a la publicación -inevitable- en todos los medios y formatos de las grabaciones, transcripciones, declaraciones existentes en este sumario. Por lo tanto, el mandato del artículo 301 ha quedado de facto sin efecto".
Y añade que cuando, como en el presente caso, ello sucede de forma “paralela” a la autoridad judicial por parte de varios y distintos operadores jurídicos, "la transmisión de la información es caótica, parcial y claramente interesada, en definitiva, la información del proceso no llega a la sociedad como forma de “transparencia” sino como un juicio paralelo que ya ha comprometido el derecho fundamental a la presunción de inocencia y al procedimiento con todas las garantías ".
El abogado afirma que, llegados a este punto, en este caso concreto, "la solución tendente a proteger los derechos fundamentales de Santos Cerdán no pasaría tanto por restringir la actuación de los medios de comunicación sino por abrir al máximo el acceso a la práctica de las diligencias de investigación con el fin de conseguir que el “público ilustrado” se conforme como “íntegramente ilustrado”".
A este respecto, apostilla: "considerando la importancia que tiene en el actual devenir procedimental (y en la debida corrección del juicio paralelo que sufre) la declaración como investigado de Santos Cerdán, que va a practicarse el próximo lunes 30 de junio, interesamos que se levante su carácter reservado y que se dispongan los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y/o el público en general puedan seguir en directo la realización de la misma ya sea mediante un canal específico de videostreaming o vía el canal informativo de la televisión pública española-TVE".
Información patrimonial
Por otro lado, la defensa de Cerdán también informa al magistrado que el lunes aportará "toda la información a su disposición relativa a la situación patrimonial de Santos Cerdán a los efectos acreditativos pertinentes en este procedimiento, información que nos gustaría que estuviera incorporada en el expediente el día de su declaración, conscientes además que esta obligación no incumbe solo al cargo público sino también a sus familiares directos, en este caso, esposa e hija".
El PP incumple su promesa y rechaza por cuarta vez la comparecencia de las víctimas de la DANA en la Eurocámara
Sandra Gómez denuncia una “profunda decepción” y acusa al PP de bloquear el testimonio de las víctimas mientras preparan una protesta ante el Supremo y el Congreso
ElPlural
24-6-25
La eurodiputada Sandra Gómez ha expresado su “sorpresa e indignación” tras el nuevo rechazo del Partido Popular a permitir que las asociaciones de víctimas de la DANA comparezcan ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Gómez, que ejerce como portavoz socialista en dicha comisión, ha recordado que “el PP incumple la promesa que hizo Esteban González Pons ante las propias asociaciones de víctimas y que repitió públicamente en rueda de prensa”.
Para la dirigente socialista, esta negativa representa “una decepción muy profunda”, que “deslegitima la posición de González Pons y del Partido Popular” y “genera una fuerte desconfianza sobre que esta promesa se cumpla en el futuro”.
La Comisión de Peticiones debía pronunciarse este lunes sobre la solicitud presentada por tres asociaciones de víctimas. Sin embargo, la representante del PP en la comisión “ha alegado una serie de cuestiones formales que ya habían sido debidamente resueltas por los propios funcionarios del Parlamento”, y pese a ello, “ha mantenido su voto negativo”, según ha denunciado Gómez.
“Les pido que reflexionen y atiendan una petición justa, que las entidades puedan venir al Parlamento Europeo y que ellos cumplan con la promesa que les hicieron públicamente No vale hacer promesas para generar un titular, que se vuelve en contra si esa promesa es incumplida”, ha zanjado Sandra Gómez.
Las víctimas de la DANA se manifestarán el 29 de junio ante el Supremo y el Congreso
Cuando están cerca de cumplirse ocho meses desde el desastre de la DANA de Valencia, el próximo domingo 29 de junio afectados y víctimas se manifestarán ante el Tribunal Supremo (TS) y el Congreso de los Diputados en Madrid, además de que está previsto que realicen un homenaje a las víctimas mortales frente al Palacio Real "junto a ciudadanos apartidistas, comprometidos con los derechos humanos y la verdad".
La serie de concentraciones, que lleva como lema 'Por la Verdad y la Justicia' comenzará a las 12:00 en la Plaza de la Villa de París frente al Alto Tribunal, donde denunciarán las "graves irregularidades judiciales detectadas" en la instrucción judicial por el 29 de octubre en Catarroja (Valencia). Allí, exigirán una investigación independiente y no admitirán como válida ninguna investigación de una comisión parlamentaria.
Después, irán al Congreso, donde pondrán voz a la "manipulación" de las cifras oficiales y a la "ausencia" de responsabilidades políticas en la Carrera de San Jerónimo. La última parada de la jornada se dará a las 14:05 horas de la tarde, cuando realizarán el homenaje a las víctimas de la DANA en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real.
No solo 'El Ventorro': estos son los restaurantes donde Mazón se gastó 36.000 euros en su primer año
El presidente y su equipo han degustado privilegiados platos en establecimientos de alto nivel gastronómico, entre encuentros discretos con periodistas y empresarios
ElPlural
Ana Díaz
24-6-25
La afición del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la buena cocina ha quedado reflejada en las cuentas oficiales del Consell, donde el portal de transparencia GVA Oberta ha publicado el destino de 36.077 euros de presupuesto en gastos de restauración y cáterin durante su primer año y medio de mandato. Estos importes, difundidos por elDiario.es, se han cargado a la caja fija del gabinete del president, destinada a sufragar “gastos diversos” en el marco de reuniones, conferencias y celebraciones. Los registros corresponden a comidas celebradas entre 2023 y lo que va de 2024, tanto en Valencia como en Alicante, reflejando una intensa actividad gastronómica para celebrar distintos encuentros de trabajo.
El pasado 29 de octubre, día en que los valencianos sufrían la peor DANA del siglo, el jefe del Consell mostró su gran afecto llevando a cabo un tranquilo almuerzo junto a la periodista Maribel Vilaplana, durante una jornada de más de tres horas en el restaurante El Ventorro. Esta conocida casa de comidas de Valencia, fundada a finales de los años 60, ofrece una gran variedad de platos caseros y pescado fresco. Sin embargo, en los registros de caja fija no aparece ningún gasto relacionado con ese encuentro. A pesar de ello, las críticas no se centraron en la factura, sino en el inoportuno momento, debido a la situación de emergencia que afectaba a gran parte del territorio autonómico.
Los datos publicados muestran una clara preferencia del presidente y su equipo por establecimientos de alto nivel gastronómico, entre los que destacan Nou Manolín, Maestral, Taberna del Gourmet o La Costera en Alicante; y Gastro Trinquet, La Sastrería, Rausell, Abadía d’Espí, La Taberna de Marisa o el restaurante del Ateneo Mercantil en Valencia.
Entre los gastos más elevados registrados figura un almuerzo en Nou Manolín (Alicante) por 1.184,80 euros, celebrado el 13 de noviembre de 2023. También destaca un pago de 2.965 euros en el restaurante Rausell, el 21 de octubre del mismo año.
Asimismo, en La Taberna de Marisa, junto al Palau de la Generalitat, se realizaron varios almuerzos, entre ellos uno con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras un mitin electoral. En total, se contabilizan más de 4.700 euros gastados en este local en diferentes fechas, como el 11 de septiembre (550,80 euros y 231,75 euros), el 15 de octubre (531,45 euros) o el 13 de diciembre (249,40 euros).
Otro de los espacios más frecuentados ha sido el restaurante del Ateneo Mercantil de València, gestionado por el Grupo El Alto y con vistas privilegiadas a la plaza del Ayuntamiento. Solo en este establecimiento, el gabinete ha abonado cerca de 5.000 euros en comidas institucionales. En 2023, se registraron facturas el 26 de octubre por valor de 262,80 euros, 264,60 euros, 243,60 euros y 332,10 euros. El 9 de noviembre se realizó otro pago de 584 euros y, al día siguiente, uno de 935,30 euros. Durante 2024 constan al menos 14 facturas más, entre ellas una de 827,20 euros (9 de abril) y otra de 244 euros (2 de febrero).
Delicias, vistas al mar y una factura de casi 3.000 euros
El recorrido gastronómico del presidente incluye también Abadía d’Espí, frente al Arzobispado de València, donde se registraron diversos pagos, como uno de 283,20 euros el 25 de octubre de 2023, además de otros importes menores. En 2024 se repitieron las visitas con al menos seis nuevas facturas.
En Gastro Trinquet, junto al Trinquet de Pelayo, constan almuerzos por 82,61 euros (14 de septiembre de 2023), 111,50 euros (21 de septiembre) y 94,30 euros (26 de septiembre). En 2024, se suman gastos de 101,40 euros (27 de noviembre) y 111,74 euros (28 de marzo).
También aparecen en los registros restaurantes como La Sastrería (168,50 euros) o el Bar Guillermo de Alicante (200 euros). A ellos se añaden almuerzos en La Cantera de Alicante por 186 euros, con una localización privilegiada en primera línea de playa. Sin embargo, uno de los desembolsos más altos se dio en el Espai Gastronòmic Rausell, con un único pago de 2.965 euros, el 21 de octubre de 2023.
Respecto a el restaurante Maestral, un referente en Alicante, figura con pagos de 133 euros (31 de julio de 2023), 104 euros (28 de agosto) y, ya en 2024, cifras como 181,01 euros (3 de abril), 288,50 euros (31 de julio), 530,70 euros (10 de abril) y 106,61 euros (11 de julio).
Finalmente, se encuentra La Raspa, taberna cercana a la residencia oficial del president en València, consta un gasto de 219,10 euros el 14 de noviembre de 2023. Es el mismo lugar donde cenó con la periodista Maribel Vilaplana el 11 de octubre, y donde volvieron a encontrarse el 29 de octubre, en El Ventorro, durante la jornada de la DANA.
El grupo Delicatessen
Tal y como ha informado elDiario.es, Mazón ha mantenido encuentros gastronómicos con amigos empresarios y periodistas alicantinos, en un grupo informal denominado “Delicatessen”.
Durante años, este círculo ha celebrado comidas regulares en distintos restaurantes de la comarca. Entre sus miembros figuraba un conocido empresario de la comunicación, que posteriormente recibió adjudicaciones de la Generalitat —para la campaña de la DANA, mediante procedimiento de emergencia— durante la etapa de Mazón al frente del Consell.
En una de sus reuniones en Madrid, el grupo organizó una cena en el restaurante Sinestesia, dirigido por el chef Kiko Moya, también responsable de L’Escaleta de Cocentaina, con dos estrellas Michelin.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)