Recuerdo,
homenaje, reparación y preguntas
Escritor
y editor. Fue uno de los condenados a muerte en los
últimos consejos de guerra del franquismo
26/09/2025
27
de septiembre de 1975. Tras cuatro consejos de guerra considerados
por todos los observadores internacionales, por todos los
antifascistas y demócratas como unas viles farsas con pretensiones
judiciales, sin pruebas de ningún tipo, sin testigos, confesiones
bajo torturas toscamente manipuladas por la Brigada Político Social
y por la instrucción militar, se dictaron once penas de muerte de
las que se ejecutaron cinco. Se pretendía que los sometidos a la
jurisdicción militar –once hombres, de ETA (p-m) y del PCE (m-l),
y dos mujeres del PCE (m-l)– fueran responsables de haber abatidos
a varios miembros de los cuerpos represivos de la Dictadura
franco/fascista.
De
las once penas de muerte citadas se ejecutaron cinco, tres en Madrid,
una en Burgos y una en Barcelona.
Recordemos
sus nombres. Fusilados en Madrid, en las instalaciones militares de
Hoyo de Manzanares, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García
Sanz, condenados en el consejo de guerra sumarísimo 1/75 en
aplicación retroactiva del decreto ley antiterrorista de agosto de
1975, y Xosé Humberto Baena Alonso, condenado en el consejo de
guerra 245/75 por el Código de Justicia Militar por “agresión a
fuerza armada”. Fusilado en Burgos, acusado de terrorismo, Otaegi;
fusilado en Barcelona, también por terrorismo, Jon Paredes Manot,
Txiki.
En
1975, los cuerpos de represión al servicio de la Dictadura: Brigada
Político Social, Policía Armada y Guardia Civil, asesinaron, sin
contar los fusilados, a 29 personas de las que hoy los
investigadores, periodistas, novelistas, charlatanes varios de los
medios de comunicación y eruditos del derecho no dicen una sola
palabra.
Cincuenta
años después, recordamos a aquellos jóvenes, asesinados mediante
fusilamiento, les homenajeamos y reconocemos su lucha por las
libertades de los pueblos del Estado y por unos derechos democráticos
que costaron mucha sangre y mucha represión, que no llegaron caídos
del cielo. La Dictadura no retrocedió por voluntad propia ni como
graciosa concesión sino por las luchas que dejaron un reguero de
asesinatos de Estado durante los largos años de la hoy ya denominada
Transición sangrienta.
Durante
decenios, las asociaciones de la memoria, de expresos y expresas de
la Dictadura, las familias de los fusilados han estado trabajando
incansables por establecer la verdad, la justicia y la reparación
para todos los represaliados y por la recuperación de los restos de
miles de olvidados en las fosas comunes y restablecer su memoria y su
lucha. El movimiento memorialístico ha ido ganando peso y extensión,
se ha internacionalizado en la Querella Argentina contra los Crímenes
del Franquismo y ha dejado al descubierto la apatía y la complicidad
de la monarquía y sus diferentes gobiernos y judicatura con los
autores de crímenes de todo tipo realizados al servicio del
franquismo.
En
este maremágnum judicial de rechazo sistemático y archivo en
diferentes juzgados españoles y por diferentes magistrados de las
denuncias por torturas y otros crímenes, el empeño y tesón de la
actividad por el establecimiento de la verdad y la memoria, se ha
conseguido recientemente algunos éxitos significativos, tardíos
pero valiosos.
El
3 de octubre de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria
Democrática firmaba y rubricaba la declaración de Reconocimiento y
Reparación Personal del Gobierno de España señalando que Don José
Luis Sánchez-Bravo Solla “padeció persecución por razones
políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista”.
El
Reconocimiento y Reparación “declara ilegal e ilegítimo el
tribunal (militar) que (le ) juzgó…y se declara igualmente
ilegítima y nula la condena, sanción o resolución contra Don José
Luis Sánchez-Bravo Solla…”
El
documento, recibido por la hermana de José Luis, Victoria
Sánchez-Bravo, se acompañaba de una invitación de la presidenta
del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para una sesión de
“Homenaje a las víctimas del Golpe de Estado, la Guerra y la
Dictadura” que se celebró en el Salón de Pasos Perdidos el 16 de
diciembre de 2024. En el acto y por los mismos motivos de Reparación
y Reconocimiento estuvieron presentes las hermanas de Salvador Puig
Antich, asesinado por garrote vil en marzo de 1974.
Meses
después, en julio de 2025, Flor Baena recibió el mismo documento de
Reconocimiento y Reparación en referencia a Xosé Humberto Baena
Alonso, asesinado por fusilamiento en las mismas circunstancias y día
que José Luis.
De
quienes fueron fusilados en Hoyo de Manzanares en 1975, queda por
conseguirse la Reparación de Ramón García Sanz que, al carecer en
la actualidad de familia, se ha encargado de las gestiones quien
fuera su abogado Gerardo Viada.
Estos
documentos tienen una importancia capital, pues tales reconocimientos
confirman oficialmente, por parte del Gobierno de España, que
aquellos hechos, consejos de guerra y ejecuciones, constituyeron ya
sin duda ni especulación interesada alguna, unos asesinatos de
Estado.
En
este 50 aniversario tanto de los asesinatos como de la muerte del
dictador y tras los reconocimientos apuntados, ha habido, desde
luego, reacciones. Por un lado, la celebración, el homenaje a
aquellos luchadores antifascistas y la congratulación por el éxito
de todo el movimiento de represaliados y por la memoria, así como,
muy especialmente, por las familias de los fusilados que no han
cejado la lucha en este medio siglo y, por otro lado, la intención
en textos, artículos, reportajes y en determinados libros de
blanquear precisamente ese último año de la dictadura y aquellos
hechos sangrientos. Para la derecha y la extrema derecha y sus
cómplices de la “Transición ejemplar” la tarea a día de hoy es
blanquear, de manera muy especial, este último año de la Dictadura
y este último hecho sangriento que soliviantó a los pueblos del
Estado y a todos los pueblos de Europa y gran parte del mundo.
Al
movimiento por la Memoria, a los sobrevivientes de las luchas
antifranquistas y general a todo nuestro pueblo le resta ahora
plantearse, respecto al tema que nos ocupa, algunos interrogantes que
nadie ha resuelto ni quien pudiera hacerlo parece tener intención de
enfrentarlo.
Establecidas
las circunstancias, como vienen a corroborar los documentos de
reconocimiento y reparación aludidos, de los asesinatos de Estado,
en cuanto correspondieron con la maneras habituales de la dictadura
fascista, surgen, como decimos, a primer plano algunas preguntas
elementales.
¿Cómo
y por qué seleccionaron a los miembros de cada uno de los tribunales
militares? ¿Cómo se desarrollaron las sesiones secretas de dichos
tribunales? ¿Tenían órdenes precisas para hacer lo que hicieron, a
la vista evidente de unas sentencias arbitrarias y rapidísimas? ¿De
quiénes recibieron las órdenes y qué directrices / recomendaciones
/ criterios precisos se les dictó por parte de sus superiores
jerárquicos para hacer lo que hicieron? ¿Cómo influyeron los
mandos máximos de la Policía Armada y de la Guardia Civil a la hora
de las sentencias y la selección de los fusilados? ¿Recibieron
algún tipo de remuneración, ventaja o promoción en sus respectivas
carreras?
¿Quiénes
formaron parte de los piquetes voluntarios de ejecución? ¿Algunos
de ellos fueron de los que anteriormente habían ya apaleado,
torturado o disparado y asesinado en manifestaciones, huelgas o
persecución de activistas contra la dictadura?
¿Qué
sargentos y oficiales mandaron los piquetes de referencia y dieron
los tiros de gracia (en algún caso más de uno)? Se han ocultado
escrupulosamente, nadie ha investigado sus nombres y apellidos, la
motivación personal de sus actos, en fin, todas esas circunstancias
que la prensa ha callado intencionadamente. Incluso algunos
historiadores y periodistas, que tanto han especulado y juzgado mil
veces a los antifascistas, siguen dejando a los asesinos y
torturadores en el anonimato más estricto y cobarde. Les interesa
más volver a juzgar a quienes fueron sometidos a los consejos de
guerra, incluyendo insultos que ni la prensa de Franco se atrevió a
proferir, que procurar desvelar quiénes cometieron los ya
establecidos por declaración gubernamental como asesinatos de
Estado.
Esos
oficiales, tenientes o capitanes, ¿quiénes fueron?, ¿cuánto
cobraron?, ¿qué otros servicios prestaron a la dictadura y
posteriormente a la monarquía?, ¿por qué se escondieron y nadie
los buscó y sus familias callan?
Así
como los nombres y circunstancias de los condenados se han hecho
públicas en reiteradas ocasiones, insultos y bulos descabellados
incluidos, es preciso saber los nombres, apellidos, motivos,
remuneraciones, carreras, destinos de tales individuos.
Si
ya han desaparecido, sus familiares y descendientes podrían todavía
hoy responder a la prensa inquieta, libre y objetiva de la que
disfrutamos en Monarquía.
¿Por
qué el anonimato? ¿Lo supieron sus esposas, sus novias, sus hijos o
hijas, sus familias, en fin? Y si lo supieron, como cabe suponer sin
dificultad, ¿por qué callaron, por qué callan?
Los
procesados, condenados y asesinados tuvieron y siguen teniendo
nombres y apellidos, oficios, familias, y no se han escondido, ni los
medios de comunicación les han permitido esconderse y figuran en
multitud de reportajes, libros, informaciones televisivas,
fotografiados mil veces, reivindicando su lucha antifascista, su
papel en la conquista de las libertades, pocas o muchas, que tenemos
hoy en este país.
Por
tanto, seguimos esperando que aquellos indeseables, defensores y
beneficiarios de la tiranía, enemigos de cualquier tipo de libertad
o democracia, especialistas en reprimir y matar a quienes lucharon
por tal libertad y democracia, publiquen sus propias fotos, y nos
cuenten sus hazañas al servicio de sus amos.
Ninguno
de estos individuos, al contrario que los sobrevivientes de aquella
lucha, ha sido entrevistado ni juzgado, ni indagado por la prensa ni
por historiador alguno en los cincuenta años transcurridos: ¿Por
qué?
Y
la pregunta no es baladí, ya que muchos de estos anónimos
siguieron, ya en monarquía, torturando sistemáticamente y
asesinando en las calles a esas más de doscientas personas,
contabilizadas a la baja, durante la referida Transición de sangre.
Señalemos
que, en todos los libros escritos por periodistas y trabajos de tipo
más o menos histórico, se ha pretendido incluso, en algún caso,
pocos desde luego, volver a juzgar, mediante preguntas y entrevistas
capciosas y algún extra de invención malintencionada, a quienes
fueron sometidos a estos consejos de guerra y, sin embargo, quienes
han procedido así no se han atrevido ni siquiera a intentar
entrevistar, en decenios, a cualquiera de los militares que
condenaron en los respectivos consejos de guerra, que dictaron las
sentencias a sabiendas de que se trataban de auténticas farsas, ni
tampoco realizaron pregunta alguna ni inquirieron respecto a los
mandos de los piquetes de ejecución y sus componentes, quienes,
desde luego, no fueron capaces de explicar públicamente su
comportamiento ni de dar la cara con sus nombres y apellidos,
ocultándose bajo un pacto de silencio ofrecido por sus superiores
militares.
Conjunto
de circunstancias que marcan, hasta hoy, la impunidad del franquismo.
