Lo
del fiscal general no es solo una condena. Es un aviso.
El 20 de noviembre de 2025, el Supremo inhabilita a Álvaro García Ortiz dos años por la filtración del correo del comisionista de Ayuso.
Sin pruebas directas. Con dos votos en contra.
Y con un mensaje que huele a pólvora institucional.
La condena llega por un correo que la propia pareja de Ayuso había enviado antes a Miguel Ángel Rodríguez, que lo difundió a decenas de periodistas.
Un secreto que ya no era secreto.
Pero el Supremo decide que sí.
Y construye una narrativa donde “posición de mando” se convierte en “culpable”.
Durante seis sesiones, cuarenta testigos, y una UCO que señaló al fiscal general sin haber explorado ninguna otra vía.
La Abogacía del Estado lo dijo claro:
No hay indicios.
No hay pruebas.
No hay orden de filtrar.
Lo que sí hay es un criterio que se estira hasta romperse.
Mientras tanto, el jefe de gabinete de Ayuso reconoció en pleno juicio que difundió bulos sin fuente.
Reconoció que mintió.
Reconoció que alimentó la campaña política contra la Fiscalía.
Y sale del juicio sin consecuencias.
Quien desmonta el bulo, cae.
Quien lo crea, avanza.
Lo grave no es solo la condena.
Es lo que desencadena:
Un fiscal general inhabilitado.
Un Ministerio Público descabezado.
Un precedente que abre la puerta a disciplinar a cualquier persona funcionaria que incomode al poder.
Un Estado vigilándose a sí mismo… pero solo en una dirección.
Desde 2017, el Supremo no dictaba una sentencia tan cargada políticamente.
El paralelismo con el procés aparece de nuevo:
Interpretaciones expansivas.
Lecturas políticas disfrazadas de legalidad.
Y la sensación creciente de que la justicia ya no arbitra, sino que juega.
En un país donde el bulo es herramienta política, desmontarlo es casi un acto suicida.
Y este caso lo confirma.
El mensaje es transparente:
Si desafías a quienes fabrican la mentira, caerás antes que la mentira misma.
Esto no va solo del fiscal general.
Va de un sistema que permite que la extrema derecha presione, que la derecha institucionalice el bulo y que parte del poder judicial actúe como actor político, no como contrapoder.
Va de un país donde las reglas cambian cuando alguien molesta.
Porque lo que está en juego no es un nombramiento.
Es la pregunta que atraviesa la democracia española desde hace 50 años:
¿Quién puede enfrentarse a los poderes reales sin que su carrera termine hecha añicos?
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Artículo completo:
Lo impensable en la cúpula judicial
