Javier
Díaz Colmenar
“Chorizo
y delincuente habitual, contra la propiedad, de los que no te dejan
elejir “…
Una
maniobra demasiado familiar para tratarla como casualidad.
EL
MISMO PATRÓN QUE YA VIMOS.
“Hay
cosas que no necesitan lupa, solo memoria.
Cuando
un caso nuevo huele exactamente igual que uno viejo, lo honesto es
admitir que no estamos ante coincidencias, sino ante un método.
Lo
que hoy rodea a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja recuerda demasiado
al viejo episodio del ático de Ignacio González.
Y
no porque el periodismo quiera ver sombras donde no las hay, sino
porque el relato coincide paso a paso.
El
modus operandi se repite con una precisión casi técnica:
(1)
Residir en una vivienda que figura a nombre de un testaferro.
(2)
Justificar el disfrute con un alquiler sorprendentemente bajo.
(3)
Comprar después el inmueble por un precio rebajado respecto al
mercado real.
Las
similitudes son tan claras que incomoda ver cómo se normalizan estas
operaciones en figuras públicas que administran miles de millones
del dinero de todas y todos.
Ayuso
vive junto a su pareja, Alberto González Amador, en un ático que
pertenecía a Babia Capital, la empresa del asesor fiscal del propio
González Amador.
Ese
asesor está imputado en la misma causa que ha llevado al novio de la
presidenta a los juzgados.
Y
aun así, la casa se presentó como un simple alquiler. Un alquiler
que, como en el caso de González, olía más a ficción inmobiliaria
que a mercado real.
Porque
la pareja ha acabado comprando ese ático por 600.000 euros, cuando
los portales inmobiliarios sitúan inmuebles equivalentes por encima
del millón.
La
rebaja no es solo llamativa. Es estructural. Es parte del método.
Y
sobre todo, es la misma estructura que vimos antes.
EL
PRECEDENTE GONZÁLEZ: UN DÚPLEX, UN TESTAFERRO Y UN MERCADO QUE NO
EXISTE.
Ignacio
González, expresidente madrileño, se hizo en 2012 con un dúplex de
lujo en Estepona por 770.000 euros, muy por debajo del valor real de
la urbanización Alhambra Golf.
Antes
de comprarlo, llevaba años disfrutándolo por un alquiler de 2.000
euros al mes, cuando viviendas idénticas en ese residencial se
pagaban a 6.000. Y tampoco entonces el salario del político
justificaba tales privilegios vacacionales.
La
vivienda era monumental: 496 metros cuadrados, de los cuales 257
útiles y el resto repartidos entre terrazas y solárium.
El
propietario oficial era Coast Investors, del testaferro Rudy Valner.
Es
decir, otra vez un entramado interpuesto para que el nombre del
político no apareciera al principio, pero sí al final.
Lo
más inquietante del caso no fueron solo los privilegios
inmobiliarios, sino la reacción del Estado cuando alguien intentó
investigarlos.
Hacienda
no tenía registro de los pagos del alquiler. Ni por parte de
González, ni por parte de Coast Investors.
El
contrato firmado por la mujer del expresidente establecía 6.000
euros cada tres meses, pero entre 2008 y 2011 dejaron de pagar más
de 200.000 euros. Y del año 2012 directamente no hay facturas.
El
policía que intentó aclarar este desorden fue expedientado.
El
ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, calificó
de “ilegal” su trabajo.
El
comisario terminó trasladado de Marbella a Madrid.
El
mensaje quedó claro: se investiga hasta que a alguien deja de
interesarle que se investigue.
El
caso terminó archivado. Pero no sin antes mostrar la estructura de
un mecanismo que hoy vuelve a activarse alrededor de la presidenta
madrileña.
UN
PARALELISMO QUE NO ADMITE INOCENCIA
El
patrón no es ideológico, es operativo. Las y los ciudadanos pueden
votar a quien quieran.
Lo
que no pueden es aceptar que quienes ostentan el poder funcionen con
reglas paralelas, con alquilares irreales, intermediarios sospechosos
y compras a precio de saldo.
Lo
que ocurre con el ático de Ayuso no exige imaginación. Exige
memoria histórica reciente. Porque el guion que siguió González ya
lo conocemos:
-Testaferro.
-Alquiler
ficticio.
-Compra
con descuento.
-Archivos
oportunos.
Y
un aparato político-mediático dispuesto a presentar lo evidente
como persecución.
Las
y los jueces que investigan lo saben. Las enfermeras y enfermeros que
se dejan la piel en la pública lo saben. Las y los profesores que
pagan alquileres imposibles también lo saben: el mercado
inmobiliario nunca regala un 40 por ciento de descuento sin una razón
que nada tiene que ver con el mercado.
Recordar
el caso González no es nostalgia periodística.
Es
una advertencia empírica. Cada vez que se normaliza un privilegio
inmobiliario opaco, se erosiona un poco más la confianza en las
instituciones que supuestamente representan a todas y todos.
Y
cada vez que se archiva una investigación pese a sus evidencias, se
envía un mensaje devastador: hay quien puede vivir fuera de precio,
fuera de control y fuera de escrutinio.
Y
ahora la pregunta vuelve a ser misma, puede repetirse el mismo método
antes de que dejemos de llamarlo coincidencia y empecemos a llamarlo
lo que es.”
Por
Xan Pereira para Spanish
Revolution
de 24 de noviembre de 2025.
