jueves, 20 de junio de 2024
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Indignante, vergonzoso, repugnante.
La Sección del juez Pedro Castellano, adicta a archivar temas del PP, ordena reabrir el caso de Mónica Oltra
Aseveran que "no puede descartarse
claramente" la existencia de una
infracción penal
ElPlural
Loreto Ochando
20-6-24
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por Pedro Castellano, lo ha vuelto a hacer: ha ordenado reabrir el caso contra la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y otras 15 personas por, presuntamente, encubrir los abusos del exmarido de Oltra a una menor tutelada por la Generalitat. Es la misma sección que archivó, en un giro de guion jurídico inaudito, el auto de procesamiento del pitufeo del PP, pero que contra Oltra, por muy motivado que estuviera el auto de archivo de más de 50 páginas han considerado que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.
Los magistrados de la Cuarta, con una ponencia de la magistrada Macarena Amparo Mira Picó, dan la razón a la acusación particular representada por el líder de España 2000, José Luis Roberto, así como a las acusaciones populares representadas por la extrema derecha con la asociación Gobierna-te y Vox. El fiscal del caso había informado en contra de la reapertura. Así, y pese a la contundencia de las palabras del juez instrutor, la sección más escorada a la derecha de la Audiencia Provincial de Valencia, vuelve a dejar como imputada a Oltra.
En su día, el magistrado fue claro en sus afirmaciones: "Las sospechas expuestas en la denuncia y en la querella iniciales acerca de que pudiera haber existido una directriz, orden, consigna, recomendación o indicación proveniente de Mónica Oltra, o de cualquiera otro de los altos cargos de la Consellería investigados, dirigida a los funcionarios, igualmente investigados, para que actuaran en cualquier forma conducente a no dar crédito a la menor, a evitar la persecución del señor. Ramírez, o no atender a la menor debidamente, finalmente no han alcanzado la categoría de indicios de criminalidad y quedan como meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva".
El auto
Pese a la amplia explicación del instructor, la Cuarta se ventila los recursos en un auto de siete folios, de los que en realidad solo dedica tres a explicarse. Así, y tal y como consta en el citado auto al que ha tenido acceso ElPlural.com, dicen los jueces: "atendido el propio relato de hechos resultantes de la instrucción y expuestos extensamente en el auto que acuerda el sobreseimiento provisional, la Sala estima que, al nivel indiciario propio de esta fase procesal, puede sostenerse como hipótesis plausible que, cuando la noticia del posible abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat cometido por parte de un educador del centro de acogida llegó a conocimiento de la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana, las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultar el abuso sexual".
Prosiguen diciendo que para conseguirlo "se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas, omitiéndose tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, evitando así que pudiera ejercer el control previsto en el art 209 CC. De esta manera resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida".
"No fue hasta tres meses mas tarde, tras relatar la menor lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro con motivo del traslado de otra menor, cuando por parte de estos se dio cuenta a Fiscalía, que estimó que existían indicios suficientes de la comisión de los abusos sexuales relatados e interpuso la correspondiente denuncia, que culminó en la condena del educador del centro. Por lo tanto, se estima que en este momento procesal no puede descartarse, de una manera clara, la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida, debiendo ser el acto del juicio oral donde se dilucide, con la mayor mayor amplitud que proporcionan los principios procesales que rigen la prueba en el juicio, las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen", apostillan.
Causas archivadas
Además del famoso pitufeo, otro gran tema relacionado con el PP de Valencia cayó en esta sección. Como bien explicaba Genoveses: la segunda causa es también de última generación y está relacionada con la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia, allá por el año 2006 para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias.
Para no liarse hay que recordar que su presencia provocó años después la intervención de la Audiencia Nacional y el TSJCV. Muy resumidamente acabaron siendo condenados varios investigados. Algunos de ellos con acuerdos de conformidad, por haber participado en una trama corrupta relacionada con la adjudicación de contratos públicos. Todos los detalle se pueden consultar en este enlace que se enmarca dentro de la PS4 de la trama valenciana del Caso Gürtel.
Muy ligado a lo anterior, un 23 de febrero del 2018, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investigaba desde 2016, por inhibición del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, las irregulares en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias decide tomar declaración, entre otros. a Francisco Camps en calidad de investigado. Tras varias idas y venidas la causa es archivada y a la vez recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la Generalitad Valenciana como acusación particular.
Y es aquí donde entra otra vez en escena la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por Castellano Rausell. Tras formar Sala con José Manuel Mejía Carmona e Isabel Sifres Solanes, deciden ser “más papistas que el propio Papa” y en un auto de 9 folios dan la razón a la jueza por haber archivado tan sabiamente la instrucción, mezclando para ello afirmaciones y opiniones que nadie les había pedido ni venían a cuento.
miércoles, 19 de junio de 2024
Aurora Picornell, víctima y símbolo de nuestro tiempo
Si hubo un símbolo que los golpistas del
36 quisieron destruir en Mallorca fue el
de esta mujer izquierdista, “espíritu
emancipado” y líder social
ElPlural
Cosme Bonet
19-6-24
Aurora Picornell era ya el símbolo más destacado de la brutal represión fascista en Mallorca antes de que el Presidente ultraderechista del Parlamento autonómico balear arrancase su foto de las manos de la diputada socialista Mercedes Garrido y la rasgase ante los ojos (aún) incrédulos de buena parte de la sociedad española. Puede resultar sorprendente que quien se jacta de tener una esmerada educación católica no sea capaz de calibrar la fuerza simbólica de los mártires, de esos mártires civiles que son las víctimas del franquismo, asesinadas y arrojadas a fosas sin nombre hace más de 80 años y muy recientemente rescatadas del olvido simbólico, aún sin rescatar en su mayoría de las fosas reales donde intentaron acallar sus voces con balas y sepultar sus ideas con la tierra manchada de sangre por sus verdugos. Tal vez porque el fascismo crece en la ignorancia, creyeron que la fuerza de las ideas, los valores, las palabras, desaparecería con la vileza de la ejecución sumarísima. No fue así, aunque se perdieron muchos recuerdos y trágicas historias familiares, siempre por miedo nunca por vergüenza, hubo destacados casos que superaron la barrera del silencio impuesto y de la larga espera, dando respuesta colectiva a esa súplica de Julia Conesa, una de las Trece Rosas: que mi nombre no se borre de la historia. Así sucedió con Aurora Picornell.
Aurora Picornell (1912-1937) era hija de su tiempo y sin embargo, avanzada a su época. De familia trabajadora, vecina de un barrio de Palma, El Molinar, que destacaba por ser obrero y con fuerte presencia de movimientos izquierdistas; su padre, Gabriel Picornell, participó de reivindicaciones laborales, militó en el socialismo mallorquín y probablemente fue uno de los fundadores de la primera Agrupación Comunista, el ambiente en el que creció Aurora era de un claro compromiso social que ella desarrollaría desde muy joven. En enero de 1931, en el semanario socialista “El Obrero Balear” el diputado en las Cortes Constituyentes, Alexandre Jaume, se refería a la sorpresa que le causó la joven activista en un acto de la Liga Laica: ”Por la valentía que supone en estos tiempos de tanta cobardía y en una sociedad como la nuestra, de perfecto andamiaje medieval, herméticamente cerrada a todas las ideas liberadoras, desafiar el boicot, las desconsideraciones sociales, las injurias y las groserías con que piadosamente suelen ser obsequiados quienes como Aurora Picornell tienen su espíritu emancipado de trabas y supersticiones seculares”. Pronto destacó como activista y como oradora, tanto dentro de la estructura del Partido Comunista en Mallorca, del que era una de sus principales dirigentes, como en el movimiento sindical. Todo ello hizo de Aurora rápidamente una líder destacada, oradora habitual en numerosos actos, incluso cuando vivió en Valencia, según su biógrafo, David Ginard, siguiendo a su pareja, el supuesto agente del Komintern, Heriberto Quiñones.
El 18 de julio de 1936, Aurora Picornell tenía previsto viajar a Barcelona para asistir a la Olimpiada Popular que debía celebrarse en esta ciudad, pero ante las noticias llegadas sobre el levantamiento del ejército de África, Aurora decidió quedarse en Mallorca. El 19 de julio ya estaba detenida, pasaría los siguientes meses entre la prisión provincial y la improvisada cárcel de mujeres de Can Sales, lugares donde las presas se hallaban hacinadas y en condiciones insalubres. Saldría de allí sólo para ser asesinada junto a sus compañeras, conocidas como las “rojas del Molinar”, Maria y Antonia Pascual, la madre de éstas, Catalina Flaquer y Belarmina González; así el 5 de enero de 1937, trágica noche de reyes, con 24 años, era asesinada “la pasionaria mallorquina”. Sucedieron cuatro décadas grises de un silencio fruto de la sistemática, brutal y casi total aniquilación del movimiento obrero de las islas, que sin embargo no hicieron más que acrecentar el mito. Los homenajes se sucedieron desde mediados de los años 70 y durante los años 80, se le dedicaron calles, un colegio, y diferentes entidades llevan su nombre. El Consell de Mallorca la declaró Hija Predilecta de la isla en el año 2017.
Si hubo un símbolo que los golpistas del 36 quisieron destruir en Mallorca fue el de Aurora Picornell, mujer, izquierdista, “espíritu emancipado” y líder social, todo aquello que querían aniquilar quienes pretendían mantener una sociedad inamovible en sus estructuras sociales, controlada en lo moral por la Iglesia, con una clase obrera sumisa y callada. Todo eso lo quisieron borrar con las balas una noche de reyes de hace 87 años, no pudieron, la pluma (de nuevo otro símbolo) que se encontró entre los restos de Aurora, recuperados en el cementerio de Son Coletes (Manacor), fue más fuerte que el fusil. En un acto emocionante los restos fueron devueltos a las familias en un auditorio lleno a rebosar, en enero del 2023, donde vibraron músicas de liberación, sueños de emancipación, presididos por un Gobierno autonómico satisfecho de devolver la dignidad a las víctimas y sus familias, aunque fuera con tantas décadas de retraso. Eso es lo que quieren borrar ahora los que se declaran, aún sin decirlo abiertamente, herederos de la peor etapa de la historia contemporánea de España, quieren borrar esa dignidad, que no son otra cosa que leyes, leyes de memoria, leyes que reconocen derechos, que hacen justicia, porque para eso existen las leyes. Las leyes las podran derogar (de momento) pero los símbolos como Aurora Picornell, que han atravesado etapas mucho peores que esta, vuelven a demostrar que frente a los ataques de la sinrazón, sea con la destrucción de una placa o el romper una foto, únicamente se vuelven más grandes y más poderosos. Querer apartar de la tribuna y finalemente rasgar violentamente la foto de Aurora Picornell fue una demostración de odio, de un odio incomprensible después de 40 años de democracia, un odio incompatible con el mismo significado de la palabra democracia. Hoy Aurora Picornell ya no es sólo el símbolo de la izquierda de las Illes Balears, es el símbolo de la lucha por la dignidad y los derechos de las víctimas de la dictadura franquista en todo el país.
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Quiénes eran las 'Roges del Molinar', fusiladas por el franquismo y cuya foto ha roto el presidente del Parlament balear
años a cuatro palmesanas militantes del
PCE en la “Noche de la ilusión”
ElPlural
18-6-24
Juan Luis Valenzuela
Este martes se ha vivido en el Parlament de Baleares una jornada ignominiosa con un hecho que retrata cómo es de inhumana, además de grosera y maleducada, la extrema derecha que representa Vox.
El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha arrancado y destrozado la foto de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, mujeres represaliadas por el franquismo, durante la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares que se vota hoy en la Cámara Autonómica.
Le Senne ha roto las fotografías que portaban las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa mientras criticaban la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares por parte de la mayoría del PP y Vox. En ese momento se iba a proceder a votar la derogación en la Cámara Autonómica.
El presidente del Parlament, en un hecho inaudito ha llegado incluso a golpear el ordenador de una de las diputadas y luego, ha roto las fotografías que portaban las diputadas socialistas tras negarse ambas a retirarlas como forma de protesta para defender la memoria de las víctimas del franquismo. Le Senne ha justificado su acción porque la mesa de la Cámara “debe mantenerse neutral” y las mencionadas fotos no podían ocupar ese lugar.
Pero ese hecho tan bochornoso no ha terminado ahí, sino que Le Senne ha ido más lejos y ha expulsado a las dos diputadas socialistas tras destrozar las imágenes de las Roges del Molinar.
¿Quiénes eran “Las Rosas del Molinar”?
Se trataba de cinco activistas de izquierdas fusiladas por sádicos franquistas en la Noche de Reyes del 5 de enero de 1937. Cinco jóvenes mártires de la libertad, entre las que destacaba por su liderazgo y lucha, Aurora Picornell. A las cinco se las recuerda como “Las Rojas del Molinar” por su pertenencia al PCE y por vivir en este humilde barrio de la Palma de Mallorca.
La Noche de Reyes del 5 de enero de 1937 no fue precisamente la noche de la ilusión para Aurora Picornell y cuatro mujeres más. Fue todo lo contrario, una noche trágica en la que los franquistas baleares arrancaron la vida de estas jóvenes. Asesinadas a golpe de pelotón de fusilamiento paradójicamente junto a un símbolo cristiano, la Cruz de Porreres. Luego de ser abatidas, las mujeres militantes del Partido Comunista y feministas, fueron arrojadas a una fosa común del cementerio. También con ellas, doce hombres activistas de izquierdas, fueron unidos en tan trágico fin del fusilamiento y la fosa común por el grupo de falangistas.
La historia de estas cinco jóvenes mártires de la libertad las recuerda como “Las Rojas del Molinar” por su pertenencia al PCE y por vivir en este humilde barrio de la Palma de Mallorca de los años 30. Un barrio eminentemente obrero, de pescadores y trabajadores de las primeras fábricas palmesanas de gas y curtidos y que destacó por su gran número de organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores y que durante la II República fue uno de los principales feudos del Partido Comunista. Su nombre, El Molinar, deriva de la existencia de hasta 28 molinos harineros que daban una especial fisonomía a la zona.
Fue en un bar de este barrio del Molinar donde poco después de ser fusiladas las cinco mujeres comunistas, un falangista mostró a quienes allí estaban un sujetador manchado de sangre afirmando tétricamente alborozado: "Mirad, mirad, son los sostenes de Aurora". De esta repugnante y asquerosa forma se “comunicó” a todo el barrio que Aurora Picornell, había sido fusilada.
Asesinadas madre e hijas
En esa noche de Reyes de hace 87 años, fueron asesinadas Aurora Picornell Femenías, Catalina Flaquer Pascual, sus hijas Antonia y María Pascual Flaquer, y Belarmina González Rodríguez, todas ellas unidas por su militancia comunista y residir en el Molinar. Ese fue el canallesco escenario, de madre a hijas, en la Noche de Reyes, todo un “regalo” para los fascistas.
Las cinco mujeres fueron encarceladas en la prisión de Can Salas como presas preventivas. Un 5 de enero de 1937 se las llevaron a Porreres y luego las fusilaron en el cementerio. Nunca volvieron, pero siempre se las recordará y estarán en la mente de todos los demócratas de Mallorca como “Las Rojas del Molinar”.
De este grupo quien más destacaba fue Aurora Picornell y ello a pesar de contar con solo 25 años cuando le robaron su vida. La ideología le venía a Aurora de sangre, pues sus padres eran unos destacados miembros del Partido Comunista. Con tanto solo 17 años ya escribió un libro reivindicativo de los derechos de las mujeres junto a dos autoras más, todo ello fruto de su contacto con una famosa feminista, Margarita Leclerc, que residía en S'Arenal. Con 18 años ya era activista en la Lliga Laica de Mallorca. Poco más tarde su compromiso le lleva a crear el Sindicat de Sastresses (Sindicato de mujeres costureras). Se implicó en Socorro Rojo Internacional y fue máxima dirigente del PCE de las Islas Baleares. Esta costurera valiente recorría los pueblos de la zona denunciando, con nombres y apellidos, a quienes abusaban de los trabajadores. Con todo ese bagaje de importante compromiso y acción política no extraña que se la conociera popularmente como La Pasionaria de Mallorca.
Identificadas 80 años después y enterradas con dignidad
A finales de 2022, tras el trabajo de colectivos memorialistas e impulso del Gobierno balear (entonces presidido por Francina Armengoll), se logró identificar los restos de Aurora Picornell, la Pasionaria de Mallorca, Junto a ella estaban los restos de las otra cuatro asesinadas. Posteriormente, fueron también identificadas.
Los restos de Las roges del Molinar ya descansan en Capdepera, ochenta y seis años después de haber sido asesinadas. El Govern y la familia rindieron homenaje a las víctimas de la represión franquista y le dieron un justo y digno entierro.
El Juez Peinado y el Ayuntamiento de La Adrada, ¿matrimonio de conveniencia?
Los planos de información del
Planeamiento General vigente en
La Adrada demuestran que esa
parcela no era suelo urbano
cuando se concedió la licencia y
se iniciaron las obras
Dernando Jabonero
19-6-24
Dada la trascendencia jurídica y urbanística de los hechos que se vienen desvelando sobre las licencias y obras concernientes a su parcela en La Adrada, poco le interesa al Juez Peinado que se airee el historial de presuntas infracciones urbanísticas y administrativas que concurren en su parcela. Entre las obras destaca un chalet aislado de más de 800 metros cuadrados edificados en tres plantas. Tampoco el Ayuntamiento, en la persona de sus autoridades y funcionarios, debe de sentirse cómodo con los mismos hechos.
El juez
De entrada, el Juez Peinado sabe que una reclasificación del suelo no legaliza las infracciones consumadas con el anterior planeamiento y lo sabe por los precedentes de ocurrentes iniciativas de las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura que llegaron al extremo de modificar, o pretenderlo, sus leyes de urbanismo para salvar de la piqueta a numerosas construcciones ilegales e ilegalizables, casos de Piélagos y Argoños en Cantabria o de la Isla de Valdecañas en Extremadura.
Con o sin licencia de obras, constituye infracción muy grave, que concierne en su caso al Juez Peinado como promotor de las construcciones, castigada con multa de entre 300.001 a 3.000.000 euros, según la ley regional del suelo: “La realización de construcciones o instalaciones que vulneren lo establecido en esta Ley o en el planeamiento en materia de uso del suelo, aprovechamiento, densidad y altura, volumen y situación de las construcciones e instalaciones, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño producido o del riesgo creado”. El simple uso del suelo urbanizable como urbano sería una infracción de carácter permanente y parece que el Juez Peinado haría uso de la vivienda sin licencia de primera ocupación.
Por tanto, puede darse el caso de que el Juez Peinado sea sancionado pecuniariamente e incluso obligado a la demolición de todo lo construido al amparo de una licencia de obras (que acaso no existía por lo declarado por un alcalde de La Adrada en suelo no apto para edificar, en todo caso obligado a cesar en el uso y disfrute de las construcciones en tanto en cuanto carece de licencia de primera ocupación, que si existiera debiera de ser anulada, asunto que no prescribe y sobre el que el Ayuntamiento está obligado a intervenir de modo inaplazable so pena de incurrir, al menos la Alcaldía como responsable última del funcionamiento de los servicios municipales como la inspección urbanística, en infracción urbanística y hasta penal ex art. 320 del Código Penal. Al efecto:
Primero, a fecha de la licencia de obras operaba en cuanto a infracciones que según la ley del suelo de Castilla y León: “Si los actos sancionados fueran incompatibles con el planeamiento urbanístico: su definitiva suspensión, con demolición o reconstrucción de las construcciones e instalaciones que se hubieran ejecutado o demolido, respectivamente, a costa de los responsables”.
Segundo, también operaba en la misma norma regional que “en las infracciones urbanísticas graves o muy graves amparadas por licencia urbanística u orden de ejecución, serán también responsables el alcalde que la hubiera otorgado y los miembros de la Corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento, cuando los informes previos exigibles no existieran o fueran desfavorables en razón de la infracción; o bien, si dichos informes fueran favorables, los técnicos que los suscribieron”.
La Alcaldía
Conviene recordar que hasta que no se realice debidamente la inspección de fin de obra no se puede llegar a considerar concluida la obra. Asunto de crucial importancia a efecto de cómputo del plazo para las prescripciones.
La cuestión concurrente es si le interesa al Ayuntamiento de La Adrada la trascendencia del asunto. Ante todo, decir que el Ayuntamiento, ante los abundantes indicios de comisión de infracciones urbanísticas, no puede omitir conocer y resolver sobre las mismas, previa inspección de las obras por lo que, como carece presuntamente de funcionario competente para inspeccionar, deberá de solicitar auxilio a la Diputación de Ávila en base a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local. A ver cómo se afronta el deber inaplazable e inexcusable de girar inspección urbanística, hasta con entrada en domicilio. Hay que decir que los informes conocidos emitidos por un supuesto arquitecto municipal son papel mojado si el informante no es funcionario.
La ley regional establece como competente al Ayuntamiento porque:
1. Corresponden al Municipio las siguientes competencias de protección de la legalidad urbanística en su término municipal:
a) La inspección urbanística.
b) La adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística.
c) La imposición de sanciones a las infracciones urbanísticas.
2. Cuando el Ayuntamiento no pueda ejercer dichas competencias, la Diputación Provincial podrá ejercerlas directamente, o bien aportar los medios técnicos y económicos necesarios.
Saltarse este mandato no es una opción, de manera que la omisión sería infracción imputable a la Alcaldía al menos y alcanzar a la comisión de delito urbanístico por omisión, dado que el art. 320 del Código Penal establece que “la autoridad o funcionario... que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses”. Hay que suponer que a estas alturas esta música la conozca la Alcaldía.
La licencia
El Ayuntamiento habría concedido una licencia de obras ilegal y a sabiendas de que el suelo no era apto para la edificación y sin visos de que el proceso urbanizador se consumara antes de acabarse la construcción. En concreto, una licencia de obras para la construcción principal, el chalet, a sabiendas de que el suelo, que no solar, estaba fuera del perímetro del suelo urbano según el planeamiento a fecha de dicha concesión.
Así, la concesión de dicha licencia apunta la comisión de una presunta prevaricación urbanística que incumbiría de entrada al técnico y al secretario municipal informantes, así como a los que votaran o resolvieran, según el caso, conceder la licencia, con presunta vulneración de la normativa sobre la potestad reservada a funcionarios para emisión de informes preceptivos, dado que indiciariamente el Ayuntamiento no tendría en aquellas fechas un arquitecto funcionario, siendo preciso dejar constancia de que en algún acta municipal se menciona al arquitecto como “cargo de confianza”, que de ser así ya le vale al secretario declarar conforme al procedimiento la tramitación de licencias, esa y todas las demás, por no mencionar el acceso a datos de carácter reservados por dicho presunto arquitecto municipal. Este escenario le valdría al Juez Peinado en su jurisdicción para incoar y tramitar diligencias de investigación por comisión de unos cuantos presuntos delitos.
Responsabilidad “mancomunada”
Todos los citados, incluido el Juez Peinado y en especial éste por su condición profesional y como promotor, conocían de sobra que el suelo era urbanizable, que no urbano, lo que implicaba abordar, sí o sí, un procedimiento que determinase la equidistribución de cargas y beneficios para convertir el suelo en solar y en todo caso sabiendo que sin esos requisitos no se podría hacer uso de las construcciones.
Es evidente que no se ha urbanizado nada porque el suelo marras no se ha alterado. Ello exige la cesión de suelo y realizar aportaciones dinerarias por parte de los propietarios del suelo, que en apariencia el Juez Peinado, y los restantes propietarios del suelo a urbanizar, se ha ahorrado disponiendo entre otras cosas de acceso rodado pavimentado a sus parcelas a costa del resto de vecinos a través del Ayuntamiento.
Del Juez Peinado, promotor de las obras, se podría decir que, presuntamente, parafraseando la sentencia de los ERE en lo que concierne a la ex consejera Magdalena Álvarez, se podría asegurar que, por su específica formación como licenciado en Derecho, ex Secretario Municipal, precisamente, y como Magistrado, tuvo que ser conocedor, consciente, de que su petición de licencia de obra debió de conducir al Ayuntamiento a su denegación de plano, de manera que no obró el efecto que debía de provoca en los informes técnicos y jurídicos la situación legal del suelo, puesto que no era solar ni había en tramitación un procedimiento para cambiar su estatus a suelo urbano.
Los planos, una evidencia de cargo
Los planos de información del Planeamiento General vigente en La Adrada demuestran que esa parcela no era suelo urbano cuando se concedió la licencia y se iniciaron las obras. En particular, aunque borrosa la siguiente imagen desvela que esa parcela quedaba fuera del suelo urbano de La Adrada, en la cual se apunta, primero, a la clasificación del suelo como SAU, apto para urbanizar, pero no urbanizado y por lo cual no se le podría otorgar ninguna licencia de obra -salvo que se ejecutara a la vez la urbanización, cosa que no ha ocurrido jamás- y segundo, a que la parcela del Juez Peinado, linda con el suelo urbano y nada más.
La situación de la parcela tras la redefinición del ámbito del suelo urbano, de 2016, es la siguiente, que visualiza la posición del chalet del Juez Peinado. Se ha remarcado el agregado de suelo antes urbanizable a urbano sin que se haya dado cumplimiento a las exigencias de urbanizar el suelo con cargo a los propietarios, ni cesiones obligatorias… como se supone que se habrá exigido en el resto del suelo que con los años se ha incorporado al suelo urbano… ¿o no, acaso la situación de ilegalidad urbanística sea el estándar de este municipio?
lunes, 17 de junio de 2024
El Gran Wyoming, durísimo con los jueces, habla claro sobre Aznar y la Justicia
entrevistado en laSexta Xplica
ElPlural
16-6-24
El Gran Wyoming ha sido entrevistado este sábado en laSexta Xplica por el presentador del programa, José Yélamo. Durante la conversación, Yélamo le ha preguntado a su compañero sobre la situación judicial que se vive en España y el conductor de 'El Intermedio' no ha podido ser más claro y rotundo.
Wyoming ha alertado de que ahora "los golpes de Estado ya no se dan con tanques", sino que "se dan con togas" y ha puesto varios ejemplos. "Se han dado por todo el mundo", ha subrayado.
Refiriéndose a la persecución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha comentado que es "una cosa inaudita y ha recordado que "hay un informe que dice que llevan dos años sin encontrar nada".
Asimismo, el presentador de 'El Intermedio' se ha preguntado por qué han investigado a Begoña Gómez durante dos años, y no de igual igual manera a la familia Aznar y su patrimonio. Wyoming ha rememorado que "al niño lo pillaron con un Ferrari en Italia" y que "la hija pasó la luna de miel en el barco de Berlusconi" mientras "este señor era presidente de este país". A su juicio, "lo que están haciendo es un ariete político". En esta línea, ha indicado que la verdadera oposición la ejercen los jueces.
Una sola derecha
El Gran Wyoming también ha reflexionado sobre la situación política en España en el espectro conservador, mostrándose nítido en su opinión: "No estoy de acuerdo con que haya una derecha a la derecha de la derecha". "Hay una derecha nada más". ¿De dónde sale Vox? Todos estaban en el PP, nadie les echó por fascistas, ni por ser extremistas. Ellos se fueron por su propio pie. Si Abascal no se va del PP, sigue en el PP", ha añadido, indicando que integrantes de Vox le han confesado que ellos no eran lo más talibanes de las filas populares.
En relación a Alvise Pérez también ha indicado "que estaba en el PP y luego en Ciudadanos", aunque "ahora está de ideólogo y propagador de bulos".
Otra de las cuestiones tratadas en la entrevista ha sido la petición del PP de un adelanto electoral. Sobre este asunto, ha respondido que "el PP viene pidiendo adelanto electoral desde se murió Franco, antes no". Para Wyoming, "cuando pierden, no admiten el resultado de las urnas". En este punto ha dejado clara la evidente conexión entre el PP y el franquismo: "Hay que tener en cuenta de que este partido lo formó Fraga con siete ministros de Franco".
domingo, 16 de junio de 2024
Ay, si el chalé sin licencia del juez Peinado fuera de Begoña Gómez…
Antonio Avendaño
ElPlural
16-6-24
La relación personal del juez Juan Carlos Peinado con la legislación urbanística está muy lejos de ser ejemplar. Tampoco su relación profesional con la Ley de Enjuiciamiento Criminal es exquisitamente impecable, como sabe bien Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sometida por Peinado a una instrucción penal tan sui generis que si no llega a ser prospectiva, lo parece bastante.
Los detalles de la actuación del controvertido magistrado en el caso de Gómez son conocidos, tanto como previsible parece que será el desenlace del culebrón judicial que ha tenido entretenidos a los medios durante toda la campaña electoral de las europeas porque Peinado fue publicitando los distintos pasos de su investigación, sin atender a la prudente máxima que prescribe que un juez no solo está obligado a ser imparcial sino también a parecerlo. Puede que el juez Peinado sea imparcial, pero desde luego no lo parece. Ni, lo que es peor, le preocupa no parecerlo. Se diría que es un hombre que está más allá de esas insignificantes formalidades.
Historia de un chalé
Lo que, gracias a la investigación periodística capitaneada por José María Garrido en El Plural, se ha sabido esta semana es que el juez Peinado tiene en un pueblo de Ávila un chalé sin licencia de ocupación como vivienda, inscrito como almacén en el catastro municipal y situado en una parcela que no está conectada a la red pública de saneamiento de aguas. Consta oficialmente como almacén pero en realidad es un casoplón: una insignificante formalidad. Peinado realizó en la vivienda obras por valor de más de 75.000 euros, que es la cantidad que, obligado en sentencia firme de la Audiencia de Madrid, tuvo que abonar la empresa a la que se las encargó.
Precisamente por no disponer el inmueble de red de saneamiento, el Ayuntamiento de La Adrada le denegó en 2022 la licencia de obras para hacerse una piscina. Después de llevar diez años construyéndose, el Ayuntamiento en manos del PP forzó en 2016 la calificación del solar como urbano, de manera que lo que siempre había sido ilegal, milagrosamente dejó de serlo. Insignificancias urbanísticas sin mayor trascendencia.
No es Peinado, desde luego, el primer ciudadano que trampea con la legislación sobre el suelo y torea alegremente a un ayuntamiento. Ambos especímenes son muy españoles: el de los ciudadanos que incumplen las leyes urbanísticas y el de los ayuntamientos que permiten a sus vecinos incumplirlas. Menos común es, sin embargo, el espécimen del juez que se muestra tan obsesivamente celoso en la persecución de la conducta ajena como escandalosamente permisivo e indulgente con la propia.
Distintas varas de medir
Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.
En cambio, si tu actividad profesional está encuadrada en el poder judicial, ancha es Castilla: cuando un diputado o un político hacen rematadamente mal su trabajo, pagan un alto precio por ello; cuando lo hace un juez, es muy raro que alguien le pase factura alguna. El Consejo General del Poder Judicial, desde luego que no se la pasa. Un político paga sus errores preventivamente, es decir, antes incluso de demostrarse que los haya cometido (el exministro José Luis Ábalos o el expresidente valenciano Francisco Camps lo saben bien); un juez, casi nunca, ni preventiva ni retrospectivamente.
Si ese chalé un poquito ilegal de Peinado fuera propiedad no ya del presidente del Gobierno, ni siquiera de su esposa Begoña Gómez, si fuera, pongamos por caso, propiedad de un primo segundo de Pedro Sánchez con el que este hubiera tenido una cierta intimidad durante la infancia, el aparato judicial habría movilizado a sus mejores sabuesos para investigar las conexiones entre el chalé del primo y el palacio de la Moncloa. ¿Se bañó alguna vez el presidente en la piscina ilegal? ¿Era socialista el alcalde del pueblo que hizo la vista gorda ante las obras ilegales del primo de Sánchez? ¿Acaso no pasó un largo fin de semana en aquel chalé cierto accionista de cierta empresa constructora que ha ganado sustanciosos contratos en concursos públicos? ¿No fue, por cierto, esta empresa la que le vendió al primo los azulejos de la piscina? ¿Pagó los susodichos azulejos con IVA o sin IVA? ¿Por qué no aparece la factura de aquella compra? Estas y otras muchas preguntas parecidas quedarían perfectamente despejadas con una investigación judicial como Dios manda.
Ciertamente, un juez no es un ministro o un senador, pero tampoco es un particular. Como no lo es un fiscal o un policía. Saltarse la ley no tiene el mismo alcance ni significado si quien lo hace es un ciudadano de a pie o es un funcionario del Estado cuyo trabajo, encomendado constitucionalmente en nombre del pueblo, consiste precisamente en perseguir a quienes se la saltan.
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