Nos preguntamos si después de casi medio año de la DANA han hecho alguna cosa por los damnificados y familiares de las víctimas. Permanecen SORDOS, MUDOS Y CIEGOS.
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jueves, 27 de marzo de 2025
Nuevo rejón al discurso de Mazón: la Universidad informa a la juez de la DANA que suspendió las clases por las alertas de AEMET y el 112
La Universidad de Valencia suspendió toda actividad docente el 28 en base a la información pública y Mazón criticó la medida por "excesiva"
ElPlural
Natalia Cabo/Loreto Ochando
25-3-25
La Universidad de Valencia ha remitido a la juez de la DANA el informe por el que se informa sobre qué órgano tomó la decisión de suspender las clases el 29 de octubre de 2024, en qué información se sustentó la decisión y si contó con algún técnico que participó en dicha decisión. Con este informe, la Universidad de Valencia vuelve a dejar en evidencia la gestión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana y su falta de toma de decisiones que causó la muerte de 228 personas que recibieron el aviso de ES-Alert cuando la tempestad había pasado ya.
El informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, deja en evidencia la nefasta gestión del president de la Generalitat desde la misma mañana del 29 octubre, incluso antes, ya que la Universidad estaba preparada desde el domingo 27. Y esto es así porque Mazón no dudó en menospreciar y criticar a la Universidad de Valencia la mañana del 29 durante una reunión con los sindicatos y empresarios por haber suspendido las clases el día de antes, el 28. Una suspensión que ahora se sabe que se tomó en base a las alertas de la AEMET y del 112, organismo dependiente de la propia Generalitat.
Para Mazón, esa decisión, que probablemente salvó miles de vidas, era “excesiva”. Pero claro, esa definición venía de la persona que estuvo desaparecida durante horas en el peor día que ha vivido la provincia de Valencia desde la riada de 1957. Una jornada que terminó con 228 personas fallecidas.
Ahora, con el informe que la Universidad de Valencia ha remitido a la juez se vuelve a tener claro que la previsión y preparación ante la emergencia del Consell de Mazón no fue la adecuada para salvar vidas. “El órgano que tomó la decisión final de declarar los respectivos niveles de emergencias fue le rectora de la Universidad de Valencia, a instancias de las respectivas propuestas del Comité de Emergencias” de la Universidad, señala el informe.
“El referido Comité está formado por representantes del equipo de gobierno (Consejo de Dirección), gerencial (Personal Directivo Público Profesional), de centros (Facultades y Escuelas) y de servicios, que participan en él por su responsabilidad y conocimiento de las áreas funcionales importantes para la implementación de las medidas que se deban tomar”, continúa.
Acto seguido, remarca que “la información que se maneja es la información pública que generan las instituciones competentes en las materias objeto de la emergencia, más información interna”, por lo que analizan “el impacto sobre la comunidad universitaria y las instalaciones de la universidad”.
Ante las insinuaciones de que si disponían de información propia, el informe es demoledor a las mismas: “Si el requerimiento de información sobre ‘si se contó con algún técnico que participase en las decisiones’ pretende averiguar si se dispuso de datos diferentes respecto a las revisiones de riesgo puestas a disposición pública por los organismos públicos competentes, procede indicar que la Universidad de Valencia no dispuso de más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos e informaciones de los Organismos públicos (AEMET y S+EM de la Generalitat Valenciana). Y tomó sus decisiones después de analizar esas informaciones”.
Cronología de la prevención de la Universidad
El informe remitido a la juez de la DANA señala que la Universidad de Valencia ya tomó prudencia el domingo 27 de octubre, estando atenta a las alertas de la AEMET y de la Generalitat.
A las 11.28 horas del 28 de octubre, víspera de la DANA, el Comité de Emergencias valoró la propuesta de declaración de nivel 1, lo que suponía el evitar desplazamientos y el uso de los servicios de transportes. Esto se contempló “ante las previsiones que se habían hecho ya públicas por la AEMET y el servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana de precipitaciones intensas, extensas y generalizadas, sobre todo a partir del martes (29 de octubre) y el miércoles (30)”.
No obstante, horas después, el Comité de Emergencias de la institución ya valoró el decretar el nivel 2 de emergencia, que supone la suspensión de actividad docente, al hacerse eco del aviso especial de Emergencias de la Generalitat que alertaba de lluvias y aconsejaba “retirar vehículos de zonas inundables” y “alejarse de las veras de ríos y barrancos”.
Este nivel de alerta 2 también lo contempló ante el decreto de la “situación de riesgo naranja” para Ontinyent, localidad en la que se encuentra uno de los campus de la Universidad de Valencia” como el comunicado del Ayuntamiento de Sagunto en el que se informaba de la suspensión de las clases en los centros de enseñanza de la ciudad. Todo ello, a las 19:49 horas del 28 de octubre, llevó al a Universidad a establecer este nivel de alerta, pasando a iniciar el proceso de información a la comunidad universitaria.
De esta forma, el Comité de Emergencias procede a informar a los coordinadores de la representación de estudiantes, a los decanos de las facultades y a los directores de escuelas universitarias, “a través de medios sociales y web”. También se informó a los medios de comunicación, “que empiezan a difundir la información”.
Llegado ya el propio día de la DANA, el 29 de octubre, el Comité de Emergencias de la institución educativa empezó a seguir a las 08:07 horas la “cobertura televisiva y radiofónica” de la suspensión de las clases. “A las 08.16 y a las 08.17 se informa de la situación (sin daños especialmente significativos en los campus del área metropolitana de Valencia, y se informa, también, de la situación de nivel naranja de alerta en Ontinyent, Burjassot y Valencia, y rojo en Aras de los Olmos (donde la Universidad de Valencia también dispone de instalaciones)”, señala el informe.
Es un minuto después, a las 08.18 horas, cuando se informa al comité universitario de la decisión del rectorado de suspender las actividades deportivas al aire libre, contemplado en el nivel 2 de emergencias. “A las 10.30 se comparte información sobre las páginas web de la AEMET y de 112GVA, en las que se acababa de pasar a nivel rojo prácticamente a toda la provincia de Valencia”, agrega el informe remitido a la juez.
Finalmente, es a las 11.19 horas del 29 de octubre cuando el Comité de Emergencias decide proponer a la rectora, Mavi Mestre, el establecimiento del nivel 3 de emergencias en el seno de la institución académica: “Fue declarado por la rectora a continuación, iniciándose la información a medios de comunicación, publicación del contenido en medios sociales y difusión a la comunidad universitaria a través de correo electrónico, web y aplicación para dispositivos móviles de la UV”.
Con este nivel de alerta, la Universidad de Valencia suspendió “toda su actividad universitaria presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva)”, con la única excepción de “las tareas de apoyo a funciones básica y de mantenimiento de las instalaciones críticas”.
Una gestión que contrasta con la de Mazón
La gestión de la Universidad de Valencia, a la que el propio president de la Generalitat tachó de “excesiva”, contrasta fuertemente con la de Mazón, que compareció a las 11:47 horas ante los medios de comunicación y aseguró que no había “ninguna alerta hidrológica” del río Magro, pese a que su propio departamento de Emergencias la había activado unos dos minutos antes.
“Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que, en torno, a las 18 horas, disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana”, señaló Carlos Mazón en esta comparecencia, cuyo vídeo fue borrado de su cuenta de X.
A ello hay que añadir el que jefe del Consell criticó, según testigos, la decisión de la Universidad de suspender las clases durante la reunión que mantuvo antes de irse a una larga y polémica comida en el restaurante El Ventorro, de la que no se conocen detalles pero que mantuvo a Mazón entretenido durante unas largas horas mientras su pueblo se ahogaba.
Además, José Muñoz, portavoz socialista en Les Corts, reclamó al mediodía del fatídico 29 de octubre que se convocara la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), pero ésta no se puso en marcha por parte de la entonces consellera Salomé Pradas hasta las 17:00 horas.
miércoles, 26 de marzo de 2025
martes, 25 de marzo de 2025
domingo, 23 de marzo de 2025
sábado, 22 de marzo de 2025
La prueba del pañuelo en el pueblo gitano: ¿Tradición o agresión sexual?
Las redes se llenan de vídeos de mujeres celebrando la supuesta honorabilidad de mujeres gitanas por
llegar vírgenes al matrimonio
Luis Abascal
ElPlural
10-9-23
El lienzo es puro costumbrismo español. Imaginería de un mundo alejado del foco. Marginal. Una España que se rige por otra ley. En ella, una mujer sujeta con la mano derecha un pañuelo bordado y con la izquierda, se dirige a un hombre, sin camiseta, en chanclas y una trenza estilo crin rebotando su espalda, que no tarda en entrar en el encuadre. A la derecha de la mujer hay una joven vestida de novia, maquillada, decorada con colgante, pendiente y corona. Todo a juego. Llena de luminosidad. Los tres elementos brillan en un decorado ruinoso. Momentos antes de esta escena, la primera mujer, ante varias testigos, solo mujeres casadas, ha introducido ese mismo pañuelo bordado en la vagina de la futura esposa para romper su himen y así acreditar que llega virgen al matrimonio. Intacta. Pura. Y así se lo anuncia al padre: “Me dirijo a ti, que tu hija ha sacado un pañuelo de peso y te ha coronado”. La mujer, llamada juntaora o sicobari, en trance, margina a la joven y encumbra al hombre, su antiguo dueño, antes de entregársela al marido, su nuevo amo: “No es el pañuelo, sino su virginidad. Ella ha traído cuatro rosas y son preciosas”, exclama orgullosa, en referencia a las manchas de sangre recogidas en el pañuelo o dikhlo, símbolo de pureza y que certifica que esa joven es una buena gitana. Digna de su familia.
En otra representación de la honorabilidad de una joven, otra mujer, entrada en años, anuncia orgullosa que la niña que aparece junto a ella tampoco ha mantenido relaciones sexuales antes de su boda. En este caso, la protagonista no hace acto de presencia ataviada con un vestido de novia, sino que viste de calle. En la parte de arriba, lleva una sudadera del personaje de dibujos animados infantiles, Bugs Bunny, con la frase Whats up, doc? ("¿Qué hay de nuevo viejo?"). La joven, abiertamente afectada, no puede contener las lágrimas, quizás ilusionada. Pero incómoda al mismo tiempo: “Vosotros veis a esta doncella, tiene 20 hábiles, mujer más bonita no la hay. Y ole su almeja, no tiene ni las piernas rozada. Es una niña que ha sabido guardarse. No tiene para sacar un pañuelo, tiene para sacar los que ella quiera. Ninguna mujer puede decir nada de esta niña porque está como la madre le trajo al mundo”, termina celebrando la anciana.
Estas dos escenas forman parte de una tradición milenaria dentro del milenario pueblo gitano. La prueba del pañuelo. Si el pañuelo sale rojo, tanto la honorabilidad de la mujer como la de su familia, están garantizadas. Si no, quedará deshonrada y la familia del novio podría anular la boda. La prueba, más allá del dolor físico que puede provocar, es enormemente sexista. El hombre puede mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio pero la mujer no. Ella es un objeto. Propiedad, primero del padre, después del marido. No se puede dudar que muchas novias gitanas eligen libremente someterse a la prueba. E incluso puede ser que sientan orgullo de sí mismas por formar parte de un legado así. Pueden ser sentimientos legítimos y respetables. Y reales. Pero también es real la existencia del Síndrome de Estocolmo.
Las bodas gitanas son liturgias que colocan a la mujer en primer plano. De eso no hay duda. Ella es protagonista. Todo gira a su alrededor. Como en Barbieland. Es normal sentirse así. Si se confirma su pureza, el enlace sigue adelante. Después está el yeli. Los novios son subidos a los hombros de los hombres. Todos bailan, disfrutan, beben. Los varones se romen la camisa. Ya lo dice Costa Sur: "Los gitanos cantarán el Yeli cuando salgan las 3 rosas, cantaran el Yeli, las gitanas cantaran el Yeli".
En el caso en el que no haya superado la prueba, la novia tiene opción a escaparse antes del ritual y así no deshonrar a su familia. Junto a ella se puede ir también su marido, produciéndose así la “fuga” o “el rapto de la novia". Juan Gamella, autor de Matrimonio y género en la cultura gitana de Andalucía, lo explica así: “En general, los principales modos de casarse entre los gitanos son dos: la boda y la fuga, o una combinación de ambas. Fugarse, (llevarse a la novia) son formas extendidas entre los gitanos, sobretodo en Andalucía Oriental, donde hemos descubierto que no era una práctica desconocida tampoco entre payos. Suele suceder que, durante el tiempo que dura la fuga, la pareja no consume el acto sexual. Las familias que quieren pueden celebrar a su regreso el rito gitano de la boda. Si el rito no se celebra y existen sospechas que los escapados han mantenido relaciones sexuales, el matrimonio no se consolida hasta el nacimiento del primer hijo".
Hay otra opción. No ser virgen y aún así, superar la prueba del pañuelo. A través de la reconstrucción de himen o coloquialmente, zurcido vaginal, la novia puede mantener una honra pública y salvaguardar las tradiciones gitanas. La himenoplastia es un procedimiento quirúrgico diseñado para restaurar o reconstruir el himen y, al ser una cirugía electiva, su realización implica riesgos y consideraciones médicas. Requieren a un profesional ya que ha habido casos de reconstrucciones poco profesionales que han derivado problemas médicos. También puede darse la posibilidad de que una mujer virgen no sangre al someterse a la prueba. O que se haya desgarrado el himen sin haber tenido relaciones sexuales. Al final, la prueba del pañuelo no es una prueba médica legítima y carece de fundamento científico confiable. Por tanto, la virginidad no se define únicamente por la presencia o ausencia de un himen intacto.
Puede ser también que la mujer haya sido forzada a someterse a dicha prueba o se haya hecho sin su consentimiento. Entonces, la prueba del pañuelo, más que una tradición puede tornarse en una violación. El artículo 179 del Código Penal, reza así: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años”. Además, el punto 2 añade: “Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años”.
Persecución contra quien denuncia esta práctica
Cada vez que se viraliza un vídeo sobre la prueba del pañuelo suceden varios fenómenos. Hay quien lo critica y otros, lo defienden. Sin embargo, el mayor daño lo hace la equidistancia. Como en la mayoría de conflictos sociales, la mayoría silenciosa y que no se posiciona es la que legitima el inmovilismo. Paula Fraga optó por no ser equidistante y criticó con dureza esta práctica. Por ello, fue acusada de racista. También recibió amenazas de muerte. Jurista, abogada especialista en protección a la infancia, Derecho penal y de familia, Paula Fraga ha conversado con ElPlural.com y ha reflexionado sobre la prueba del pañuelo: "Es una aberración que debe ser prohibida. Una práctica patriarcal que subordina sexualmente a las mujeres y centra la supuesta honorabilidad en su comportamiento sexual. Por tanto, se trata de señalar y juzgar a las mujeres en función de cómo se comportan sexualmente. Es pura violencia por la práctica en sí. Introducir un pañuelo en la vagina de una niña ya que, muchas veces, son adolescentes quienes se casan. Y hay que resaltar la edad en la que se están casando estas mujeres. Es, además de sexismo y misoginia, una vulneración de la integridad física, emocional y moral de las mujeres".
Paula Fraga compartió en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se representaba el rito de la prueba del pañuelo. Similar a uno de los que hemos analizado anteriormente. Y como mujer feminista, lo criticó. A raíz de ahí, sufrió una campaña de acoso y amenazas. Así lo relata: "Varias asociaciones antiracistas, entre comillas porque no hay nada más racista que por ser mujer de una etnia te tengas que someter a prácticas que vulneran tus derechos, y diputadas de Unidas Podemos me señalaron públicamente. Gitanofobia, racismo, xenofobia y, además de todo eso, un grupo de hombres de etnia gitana me acosaron y amenazaron durante días. Mi familia se asustó porque amenazaron con violarme y quemarme viva. A pesar de que hubo mujeres de etnia gitana que me criticaron, muchas otras me hablaron por privado para agradecerme lo que hice y defenderlas", confiesa.
En torno a utilizar las vías legales para perseguir esta práctica, la abogada gallega considera que "puede ser castigada como un delito contra la integridad moral y, probablemente, se pueda penar como agresión sexual ya que hablamos de introducir objetos en partes íntimas de la mujer". Asimismo, afirma que "los delitos contra la libertad sexual deben denunciarlos las mujeres que lo sufren. En el caso de menores, la Fiscalía; sin embargo, no está actuando contra este tipo de casos". Para Fraga, "se puede ir con el Código Penal pero, ante una práctica que todos sabemos que se está haciendo a mujeres y niñas en España, debería haber una prohibición expresa y una persecución efectiva, al igual que la hay para la mutilación genital femenina Sin embargo, no hay ni una ni la otra".
Sobre la posición adoptada por el Ministerio de Igualdad ante la prueba del pañuelo, Paula Fraga se muestra muy crítica: "No están haciendo nada". Además, añade que "están centrados en políticas transgeneristas y polémicas simbólicas y ridículas que no solucionan nada. Luego, los medios progresistas se vuelcan con estas polémicas y no con la prueba del pañuelo, mujeres con velo, prostitución y tantísimas otras formas de violencia que son atroces". A continuación, refleja que "Igualdad no hace nada para defender los derechos de mujeres de etnia gitana o que provengan de contextos islámicos porque tienen miedo a ser acusados de racistas. Y no solo eso, señalan a las feministas que verdaderamente estamos luchando las cuestiones importantes".
Desde ElPlural.com, nos hemos puesto en contacto por diferentes vías, tanto con el Ministerio de Igualdad y el entorno de Irene Montero como con el Instituto de la Mujer, y nadie ha querido ofrecer su posición ante esta práctica. Además, hemos intentado conversar con activistas en defensa de los derechos del pueblo gitano. Tampoco hemos obtenido ninguna respuesta por su parte. Solo silencio.
Nota de la Redacción:
El actual Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Papa de la iglesia anglicana cuando era Príncipe y confesó a su amante el deseo imparable de convertirse en su Tampax, exigió a través de la Casa Real un Certificado de Virgindad a Lady Di antes de la boda.
Posteriormente se casó con Camilla Rosemary Shand, divorciada, con dos hijos, que en la actualidad es la reina consorte del Reino Unido y de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, como esposa del rey Carlos III, desde el 8 de septiembre de 2.022.
7.291 son solo los del protocolo de la vergüenza: este es el número total de fallecidos en las residencias de Ayuso
La cifra de fallecidos aumenta en más de 2.000 con las personas que sí fueron derivadas a centros hospitalarios
Rubén Rozas
22-3-25
ElPlural
7.291 es la cifra que persigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde hace ya cinco años como consecuencia de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de mayores que vivían en residencias a hospitales de la región.
Estos documentos se firmaron durante los primeros días del Covid, concretamente el 18, 20, 24 y 25 de marzo, y hacen referencia a pacientes a los que no se les permitió la atención hospitalaria por cuestiones cognitivas o de movilidad. Sin embargo, el número de muertos en la autonomía aumenta considerablemente con aquellos sí fueron derivados, algunos de ellos al disponer de seguro privado.
9.470
Así las cosas, el total de fallecidos en los dos primeros meses de pandemia en Madrid ascendió a 9.470, de los cuales 7.291 perdieron la vida sin derivación hospitalaria y 2.179 lo hicieron en centros sanitarios. De los más de 9.000, 5.795 murieron por coronavirus confirmado o síntoma compatible; y los restantes por otras causas.
Estos datos reflejan la realidad que se vivieron en las residencias de la región. El número sería mayor ya que hay cinco residencias que nunca llegaron a facilitar los datos de defunciones, por lo que el número muestra las muertes de 470 centros de la tercera edad, de los 475. Con todo, destacar que durante la pandemia estuvieron operativas 472.
Estos datos se desprenden del Portal de Transparencia. Eso demuestra dos cosas, por un lado da buena cuenta del escenario que asoló a las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y, por otro, que la presidenta niega la mayor cuando habla de 4.100 fallecidos y no de los 7.291 que, por otra parte, nunca ha negado hasta ahora.
Señalados por Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva semanas de bulos y mentiras a tenor de la emisión del documental 7.291, que muestra las costuras de su Ejecutivo durante lo peor del Covid, en RTVE.
De esta manera, coincidiendo con el quinto aniversario del coronavirus, Ayuso ha cargado contra la televisión pública, miembros el Gobierno de España actual y el de entonces -como Salvador Illa o Pablo Iglesias-, o profesionales del ámbito sanitario o jurídico a los que vincula a partidos políticos para retorcer la realidad. Tampoco se libra de las acusaciones el que fuera consejero de Políticas Sociales en la comunidad, Alberto Reyero, que dimitió precisamente al desaprobar los mencionados protocolos, que llevaban la firma de entonces un alto cargo de la región, el doctor Carlos Mur.
ElPlural.com ha hablado con ellos en los últimos días. Empezando por Reyero, principal señalado desde entonces por el equipo de la presidenta, respondía a las palabras de la misma con las que ésta decía que los datos de residencias eran un “invento” de él: “Yo nunca doy ese dato, esa información forma parte del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid”. Y apuntaba: “Es extraño que ahora salgan a hablar de una cifra tan exacta y redonda como 4.100 (…) Creo que el objetivo es confundir a la gente para que a la ciudadanía no le quede claro el número de fallecidos consecuencia de los protocolos”.
Tras asegurar que el ex de Ciudadanos fue “apartado de sus responsabilidades por ineficaz”, él recuerda que renunció a mantener el cargo y contesta también a las negativas de Sol acerca de los protocolos. “La cifra podría haber sido inferior de no haberse aplicado unos polémicos protocolos que impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales y que les condenaron a una muerte en condiciones indignas”, recoge el propio Reyero en su libro Morirán de forma indigna, en el que denuncia toda esta situación.
Otra de las señalada, la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, a al que Ayuso limita a “activista vinculada con Podemos” a pesar de la extensa trayectoria que la ampara, emplaza en declaraciones a este periódico que los datos son los que son y están ahí. “Es muy fácil explicar qué ocurrió exactamente (…) Tenemos los datos de todas las residencias de Madrid (470 de 475, ya que cinco no facilitaron las cifras de mortalidad) (…) Los pacientes que fallecieron en estos centros, en hospitales, sospechosos de Covid y por otras causas”.
La científica se reconocía activista, sí, pero nada que ver con la formación morada ni ninguna otra: “Defiendo los derechos humanos, la justicia social y muy en particular el derecho de las personas mayores a tener una vida y una muerte digna, pero eso no es nuevo, sino lo que llevo haciendo siempre.
También habla con este periódico José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, quien explica a este medio el recorrido que pueden tener las denuncias interpuestas hasta el momento contra la gestión de residencias de ancianos por parte de la administración pública. Asimismo, se muestra contundente con la lideresa, que le vincula con Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista: “Es cierto que viajaba mucho a Perú en misiones de derechos humanos y había un partido allí que se llamaba así, pero fuera de eso…”.
El ex magistrado es muestra una a una las realidades de aquellos días: del sesgo económico que permitió la derivación solo a unos pocos, a la cifra real de fallecidos pasando por los textos calificados de la vergüenza. “Me parece extraño que durante dos años y pico o tres el Ejecutivo no haya negado el número”, dicta sobre lo primero. “Parece que el impacto del documental les ha puesto contra las cuerdas y por ello sacan una nueva cifra, que no por menos es despreciable”, destaca. “Pero esto no va de contabilizar muertos, sino de explicar por qué murieron, porque protocolos como los de Madrid no existieron en ningún sitio”, afianza.
viernes, 21 de marzo de 2025
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