domingo, 24 de mayo de 2026
El informe de la UDEF sobre Zapatero, un castillo de naipes
La Policía atribuye al expresidente una red de influencias, pero su tesis se apoya en inferencias, terceros y pocas pruebas directas
J.M.G.
24-5-26
ElPlural
Saltaba la liebre al caer la noche del sábado. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Dos documentos de más de 300 páginas en su conjunto que causaron un terremoto mediático con vocación de laminar la figura del expresidente. Las pesquisas policiales se leen, sin embargo, como una construcción sostenida sobre demasiadas piezas indirectas que no terminan de conectar. Mencionan una presunta red organizada, de influencias ilícitas, sociedades interpuestas y fondos canalizados hacia el entorno del exdirigente socialista; pero cuando se busca el núcleo duro de tal acusación, el edificio se tambalea como un castillo de naipes. Seguimos sin mensajes directos ni reuniones – entre otras pruebas de calado - acreditadas de a quien le atribuyen el liderazgo del entramado.
Es la propia la UDEF la que fija desde el inicio una tesis ambiciosa; la de una telaraña societaria formalmente instrumentalizada por Julio Martínez, pero con una mano invisible que mece la cuna. Un “liderazgo” en las sombras atribuido a Zapatero. Esa premisa resume el problema de fondo. Se le atribuye al expresidente una dirección decisiva, pero la prueba que se ofrece aflora en reiteradas ocasiones, en formato de filtración de terceros, con sobrenombres, interpretaciones policiales o conversaciones en las que no hay no participa directamente ese presunto cabecilla oficioso.
La primera gran pregunta se plantea es clarividente: si Zapatero dirigía una trama durante años, ¿dónde están sus órdenes? ¿Dónde están sus menajes? ¿Y las reuniones que permitan sostener que era él quien movía los hilos? Los documentos reconstruyen dos supuestas vías de influencia para Plus Ultra. La primera, orbita en torno al acceso al entonces ministro José Luis Ábalos a través de Miguel Palomero y de Koldo García. La segunda, por su parte, se vincula con el entorno del ex presidente del Gobierno socialista, vía Manuel Fajardo y Julio Martínez. Es en esta carretera donde la presencia del exdirigente del PSOE aparece más como una sombra que como una prueba documental robusta.
La tesis policial se sostiene sobre una conversación de mayo de 2020, en la que Fajardo pregunta cómo van los avales porque “el amigo” se interesa por ello. Los agentes de la UDEF identifican a ese “amigo” como Zapatero. A partir de ahí, el informe encadena un rosario de deducciones que arranca con que Fajardo deriva a los responsables de Plus Ultra hacia Julio Martínez, se habla del “equipo del amigo” y así concluyen que esa fórmula permite perfilar una telaraña de influencia en torno al expresidente.
El salto, sin embargo, es evidente. Una investigación penal no puede descansar en exclusiva sobre motes, intermediarios y conversaciones entre terceros. Si el expresidente era el vértice de la supuesta red, la UDEF debería ser capaz de mostrar algo más que trazos indirectos.
Contactos no implica tráfico de influencias
El informe sostiene que Plus Ultra buscó vías políticas para acceder a ayudas públicas y que esas gestiones habrían terminado confluyendo en la concesión de 53 millones de euros a través de la SEPI. Es una hipótesis grave, lo cual exige una prueba igual de fuerte.
Tener contactos no equivale a traficar con influencias. Que empresarios o intermediarios intenten aproximarse a dirigentes políticos tampoco prueba por sí solo que estos últimos hayan presionado fuera de los márgenes de la ley. Y menos aún demuestra que una ayuda aprobada en un contexto excepcional - durante la pandemia - quedara contaminada por una intervención ilícita de Zapatero.
La UDEF acumula nombres, mensajes y movimientos societarios. Pero falta la pieza central: la actuación concreta del expresidente para torcer una decisión pública. Sin ese nexo, el relato puede tener pólvora política, pero queda muy lejos de una conclusión incontestable.
La SEPI y los pagos no bastan para cerrar el círculo
El informe también señala carencias en la documentación remitida por la SEPI: carpetas vacías, archivos que no podían abrirse, documentos ausentes y comunicaciones incompletas de la fase de concesión. Es un punto relevante desde el plano administrativo y debe aclararse, pero tampoco prueba que Zapatero interviniera ilícitamente. Sirve para exigir transparencia sobre el expediente, no para convertir al expresidente en director de una red.
Algo parecido ocurre con los pagos. La UDEF recoge flujos económicos desde sociedades como Análisis Relevante, Gate Center o Thinking Heads hacia Zapatero, Whathefav y su entorno familiar. Es, sin duda, el tramo más delicado del documento. Pero incluso ahí queda pendiente la cuestión esencial: si esos pagos respondían a servicios reales, conferencias, asesorías o actividades profesionales, o si eran contraprestaciones encubiertas por influencia política. Esa diferencia no se resuelve con sospechas; exige prueba.
Tesis grandilocuente…con numerosas lagunas
La paradoja del informe es clara: sus conclusiones son contundentes, pero el camino probatorio resulta mucho más frágil. La UDEF habla de red jerarquizada, influencias ilícitas y liderazgo de Zapatero. Sin embargo, la presencia directa del expresidente aparece diluida entre referencias de terceros, sociedades gestionadas formalmente por otros y deducciones policiales.
No basta con decir que Zapatero estaba detrás. Hay que demostrarlo. No basta con invocar contactos. Hay que acreditar la influencia concreta. No basta con reconstruir una trama desde fuera. Hay que enseñar al supuesto director dirigiendo.
Y ahí está la debilidad de fondo: una trama que se dice dirigida por Zapatero, pero en la que Zapatero aparece poco; una red que se presenta como jerárquica, pero cuya jerarquía se deduce más de interpretaciones que de órdenes; una supuesta operación de influencia en la que faltan las reuniones decisivas, los mensajes decisivos y la prueba decisiva.
El informe de la UDEF pretende levantar una causa de alto voltaje político. Leído con lupa, deja otra impresión: mucho andamiaje, muchas sombras y demasiadas preguntas sin responder. Un castillo de naipes, por ahora, esperando que alguien demuestre que debajo hay cimientos.
Sin margen de maniobra: el PP agita el caso Zapatero, pero sigue atrapado en su laberinto parlamentario
Los de Feijóo buscan maniobrar para una posible moción de censura contra Sánchez, pero su margen operacional es mínimo
R.B.
24-5-26
ElPlural
El 'caso Zapatero', por el que el expresidente del Gobierno figura en el entorno de las pesquisas abiertas por la Audiencia Nacional sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, le ha venido como anillo al dedo al Partido Popular para presionar en clave parlamentaria al Gobierno y al presidente del mismo, Pedro Sánchez. Los 'populares' intentan apelar a la "dignidad" de los socios cuestionándoles "cuánto más van a tragar", en referencia a anteriores casos de corrupción surgidos en el seno del Partido Socialista, buscando remar a favor de una posible moción de censura contra el jefe del Ejecutivo que dé carpetazo a la legislatura antes de las elecciones de 2027. No obstante, los de Alberto Núñez Feijóo tienen muy poco margen de maniobra, en tanto que su relación con el resto de agentes parlamentarios se encuentra en puntos muy difíciles.
Génova tiene, en el Congreso de los Diputados, un único socio fiable: Vox. La ultraderecha se adhiere al PP en la inmensa mayoría de propuestas y batallas dialécticas que se libran en la Cámara Baja porque comparten un enemigo común y reman en la misma dirección en ese sentido, pero cuando llega el momento de poner en marcha ciertas negociaciones, los de Santiago Abascal atan al Partido Popular para que no pueda normalizar sus relaciones con otros agentes parlamentarios. Es el caso de los partidos independentistas y nacionalistas: mientras que los contactos con EH Bildu o Esquerra Republicana de Catalunya ni están ni se les esperan para los 'populares', Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) podrían ser partidos con los que el PP, por proximidad ideológica, pudiera alcanzar ciertos entendimientos, pero las rencillas históricas permanecen en la memoria y la presión de la ultraderecha impide cualquier tipo de acercamiento. Con las formaciones de izquierdas, del mismo modo, no existe conversación posible para los de Génova. Por ello, el margen de maniobra de los de Feijóo es mínimo pese a que el Ejecutivo gobierne en minoría.
Un reciente ejemplo de lo expuesto llegó el pasado mes de marzo, en plena campaña a las elecciones de Castilla y León. Entonces, Génova lanzaba un decálogo de negociación autonómica en el que, básicamente, se establecía como requisito para pactar con Vox el respeto a la legalidad. Esto no fue bien recibido en la sede de Bambú, y Abascal vertió su enfado utilizando al PNV como mecha, "El señor Feijóo estaba sentado este martes con el Partido Nacionalista Vasco, y no sé si al PNV también le sacó un decálogo para sentarse con ellos como hizo con Vox. No sé si les sacó un decálogo para decirles que había que respetar la legalidad constitucional y la igualdad de los españoles. Me temo que no, pero parece que ahora tienen mejores relaciones", pronunciaba el líder de Vox, cargando contra el partido jeltzale y reprochando el acercamiento del PP a los mismos. Miguel Tellado se encargaba de contestarle en X.
Sin margen de maniobra
Tampoco atraviesan un buen momento las relaciones del Partido Popular con Junts per Catalunya. Anteriormente, cuadros 'populares' presionaron a la dirección del partido para acercar posturas con los neoconvergentes y poder impulsar una moción de censura contra Sánchez cuando afloraron los casos de corrupción que afectan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Aquellos acercamientos jamás se produjeron y la idea cayó en saco roto por hacer frente al mismo fantasma de siempre: no contar con los apoyos necesarios para hacer que la iniciativa prospere y que ello suponga una nueva derrota parlamentaria.
Así están las cosas para el PP: ni Junts ni el PNV están dispuestos a acercarse a Feijóo, en parte también por su cercanía con los de Santiago Abascal, y a cada ocasión posible, los de Santiago Abascal le afean que se intente acercar a independentistas y nacionalistas. Entre estas dos tiranteces y con los partidos de izquierda enfrente, el margen de maniobra del que goza el PP para castigar al Gobierno o para impulsar una moción de censura es prácticamente nulo. Por ende, se prevé que nadie se mueva: ni Junts ni el PNV se acercarán a un PP echado a los brazos de la extrema derecha, ni Vox permitirá que el PP se acerque a los partidos soberanistas sin pagarlo caro, ni el PSOE parece perder el apoyo de sus socios principales, pese a que algunos han demostrado suspicacias alrededor de lo ocurrido con su predecesor.
La situación exacta de Zapatero
La situación del expresidente del Gobierno, de la que Génova quiere remar para mermar al actual Ejecutivo, está atravesada por la terminología legal. El procedimiento judicial se centra, actualmente, en determinar si el dinero público concedido a Plus Ultra fue utilizado de forma irregular tras la ayuda aprobada en 2021 a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. La causa investiga presuntos delitos relacionados con organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida y tráfico de influencias en el entorno de la aerolínea y de varios empresarios vinculados a la compañía. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, mantiene la investigación bajo secreto, mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional analiza movimientos económicos, contratos y pagos relacionados con Plus Ultra.
La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional investigan desde 2024 una presunta operativa relacionada con el destino posterior de esos fondos. Según la tesis que se analiza en la causa, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, habría empleado parte del dinero recibido para devolver un préstamo suscrito con tres sociedades que los investigadores vinculan con una presunta organización criminal. Las diligencias judiciales examinan si los contratos firmados entre la aerolínea y esas sociedades sirvieron para dar cobertura formal a las devoluciones realizadas por Plus Ultra. De acuerdo con resoluciones incorporadas al procedimiento, esos pagos se habrían efectuado en fechas próximas a la recepción de la ayuda pública y con destino a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades investigadas.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero supone un salto en una investigación que hasta ahora se había centrado principalmente en el entorno empresarial de Plus Ultra. El expresidente socialista ya había sido relacionado en informaciones previas con trabajos de consultoría vinculados a sociedades del entorno de la aerolínea, aunque siempre ha defendido la legalidad de su actividad profesional y ha negado cualquier irregularidad. Según la Cadena SER, Zapatero ha sido citado como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, además de las pesquisas sobre blanqueo. La misma información señala que el expresidente habría percibido más de 400.000 euros durante varios años por trabajos de consultoría, ingresos que él ha sostenido en distintas ocasiones que fueron facturados y declarados conforme a la ley. La imputación, no obstante, no implica una condena ni prejuzga la responsabilidad penal del expresidente, sino que le atribuye formalmente la condición de investigado para que pueda declarar con todas las garantías procesales. Será el avance de la instrucción el que determine si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra él o si, por el contrario, se descartan responsabilidades.
El hilo rojo que conecta a Ayuso con el caso Plus Ultra y desmonta su relato
La Comunidad de Madrid adjudicó un contrato millonario a una de las empresas presentes en la investigación del 'caso Plus Ultra'
R.B.
24-5-26
ElPlural
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se apresuró a afear la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las siguientes palabras: "La trama de Zapatero intentó meterse en las obras de la Línea 11 de Metro y fue la Comunidad de Madrid quien les paró los pies. ¿Cuántas más habrá como esta?". No obstante, el diario Público ha recordado que no siempre se le paró los pies: el Gobierno de la Comunidad de Madrid licitó varios contratos a una UTE formada por Aldesa Construcciones SA, Coalvi (otra filial del Grupo Aldesa) y Extraco, una empresa constructora de Ourense, que fue bautizada como UTE Valdecarros. El Grupo Aldesa, además de estar en el foco del entramado que investiga la justicia en el marco de este caso, pagó 133.000 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez que funcionaba como una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades, entre ellas, Plus Ultra o la propia Aldesa.
La licitación a UTE Valdecarros se dividió en dos lotes y fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 10 de febrero de 2023. El importe adjudicado a esta Unión Temporal de Empresas se estableció en 15,75 millones euros con IVA para la "renovación integral de la superestructura de vía en Línea 1" del Metro, correspondiente al tramo Atocha-Valdecarros, pero la Comunidad de Madrid terminó pagando 19 millones de euros y las obras sufrieron hasta tres retrasos. El concurso lo ganó la citada unión empresarial, que competía con otras dos uniones de empresas: una formada por Contratas y Ventas SA y Comsa SAU, y otra por Seranco SA y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria SA. En la UTE ganadora, el 35% correspondía a Aldesa Construcciones SA, el 30% a su filial Coalvi y el 35% restante a la ourensana Extraco. Ello se traduce que el 65% del precio del contrato de la Comunidad de Madrid se lo llevó el Grupo Aldesa.
"La trama de Zapatero intentó meterse en las obras de la Línea 11 de Metro y fue la Comunidad de Madrid quien les paró los pies", declaraba Ayuso en referencia al freno en la contratación del Grupo Aldesa para la citada infraestructura. En concreto, la Mesa de Contratación vetó un contrato millonario para las obras de la Línea 11 de Metro de Madrid a una UTE formada por Cox, la empresa liderada por el candidato a presidir el Real Madrid, Enrique Riquelme, Aldesa y Acisa, una filial del propio grupo asiático, pero le falló la memoria con respecto a la ocasión en la que la Comunidad de Madrid sí escogió a esta empresa.
La versión de la Comunidad de Madrid desautoriza la de Ayuso
Según el citado medio, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid explica que el contrato adjudicado en 2023 "no tiene nada que ver" con el relativo a la Línea 11 de Metro, cuya propuesta económica fue calificada como "baja temeraria". "Se les requirió justificación y no lo hicieron jamás", argumentan desde la Administración. Esta explicación choca con el argumento de Isabel Díaz Ayuso, que sugería que se frenó por el hecho de tratarse de una empresa vinculada a la trama.
En este sentido, la Administración justifica la adjudicación ejecutada hace tres años a la UTE en la que participaba el Grupo Aldesa aunque después cayera en saco roto. "En ningún momento, la oferta adjudicataria fue considerada incursа en presunción de anormalidad o baja temeraria, al no superar los umbrales previstos en la legislación y en los pliegos de la licitación. La adjudicación se produjo con plena normalidad administrativa y técnica", subraya un portavoz, con una argumentación que se aleja de la aportada por la presidenta madrileña en la Asamblea comunitaria.
El Grupo Aldesa aparece hasta en 21 ocasiones en el auto del juez de la Audiencia Nacional dado a conocer el pasado martes, que sitúa al expresidente Zapatero en el entorno de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias para la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". El grupo asiático figura también entre los clientes de Análisis Relevante. Por su parte, el exjefe del Ejecutivo ha defendido su inocencia y ha argumentado que toda su actividad laboral, profesional y económica se ha ceñido siempre a la legalidad.
Los expresidentes y "el que pueda hacer, que haga" del dinero: coloquios, lobby y conexiones
El sistema muestra un patrón estable: los expresidentes no abandonan el ecosistema de poder tras dejar el cargo, sino que lo reconfiguran
C.T.
24-5-26
ElPlural
“El que pueda hacer, que haga”. La célebre frase de José María Aznar ha terminado funcionando, con el paso del tiempo, como una síntesis casi involuntaria de la segunda vida de los expresidentes del Gobierno español. Una etapa en la que el poder institucional se traslada a otro terreno: el de las relaciones, las conexiones y la influencia en empresas, fundaciones, foros internacionales y redes globales. Ese tránsito se produce, además, sobre un marco común que todos los expresidentes comparten al dejar La Moncloa: una dotación pública aprobada en 1992 durante el Gobierno de Felipe González que les garantiza en torno a 70.000-80.000 euros anuales para gastos de oficina, representación y funcionamiento institucional, junto a medios como personal, coche oficial o seguridad, sin necesidad de justificar cómo se utilizan esos fondos. Es decir, una estructura estable financiada por el Estado que no sustituye a la actividad privada posterior, sino que convive con ella.
Ese punto de partida no ha supuesto una retirada de la vida pública, sino el inicio de una segunda etapa en la que todos los expresidentes han desarrollado actividades privadas o semiinstitucionales en el ámbito de las conferencias internacionales, los consejos de administración, las fundaciones ideológicas o las redes de influencia global. Es en esa combinación -dotación pública estable y actividad privada altamente remunerada- donde se ha consolidado el modelo español de “expresidencia”.
El fenómeno empezó a hacerse especialmente visible a finales de 2010 y principios de 2011, cuando Felipe González y José María Aznar protagonizaron casi en paralelo su incorporación al sector energético. En diciembre de 2010, Gas Natural Fenosa incorporó a González como consejero independiente con una retribución de 126.500 euros anuales. Pocas semanas después, en enero de 2011, Endesa fichó a Aznar como asesor externo para América Latina con un salario cercano a los 200.000 euros anuales. Ambos movimientos se justificaron en su experiencia internacional, especialmente en América Latina, pero consolidaron un patrón claro: el paso directo de la jefatura del Gobierno a empresas estratégicas que operan en sectores regulados por decisiones políticas previas.
En el caso de José María Aznar, esa transición hacia el ámbito privado e internacional se ha combinado con una intensa actividad ideológica y de influencia global. Al frente de la Fundación FAES, ha mantenido un espacio estable de producción política que actúa como nodo de conexión con redes conservadoras internacionales. Destaca su participación en lobbys como Friends of Israel Initiative, creado en 2010 como una plataforma internacional destinada a defender la legitimidad del Estado de Israel en el debate político occidental, en un contexto marcado por el auge de resoluciones críticas en organismos internacionales y por el endurecimiento del discurso sobre el conflicto en Oriente Próximo.
A ello se suma su presencia en foros globales y cargos como el de Presidente del Instituto Atlántico de Gobierno o consejero de Afinity. Su nombre también ha aparecido vinculado a etapas de apertura de relaciones con regímenes como el de Libia durante los últimos años de Muamar el Gadafi, en un contexto en el que Europa exploraba acuerdos energéticos y comerciales antes del colapso del régimen en 2011.
Felipe González, por su parte, representa el modelo de integración corporativa más clásico. Su entrada en consejos de administración de grandes compañías energéticas como Gas Natural o Endesa consolidó una práctica ya habitual: la incorporación de exjefes de Gobierno a empresas que operan en sectores altamente regulados. Su papel en foros internacionales y su presencia en espacios de debate global refuerzan un perfil en el que la experiencia de gobierno se convierte en un activo de influencia política y económica.
A este ecosistema se suma su propia estructura fundacional, creada en 2013 con su nombre, que ha ido consolidando una actividad relevante en el ámbito privado. Según las cuentas y la información económica publicada, en 2024 la Fundación Felipe González registró ingresos superiores a los 370.000 euros, procedentes principalmente de donaciones, patrocinios y colaboraciones de entidades privadas. En concreto, las aportaciones se distribuyen entre donaciones y legados, por un lado, y promociones y colaboraciones empresariales, por otro, lo que sitúa a la fundación como un actor financiado de manera significativa por el sector privado en el desarrollo de su actividad. Este modelo, basado en la captación de recursos externos, se integra en la dinámica habitual de los espacios de influencia asociados a expresidentes, donde la actividad institucional, la producción de relato político y la proyección internacional conviven con estructuras de financiación privada que sostienen su funcionamiento.
Mariano Rajoy introduce una variante distinta, aunque no ajena a esta lógica general. Tras abandonar la presidencia en 2018, regresó a su plaza como registrador de la propiedad en Madrid, retomando su carrera profesional original. Sin embargo, como el resto de expresidentes, ha mantenido una actividad paralela basada en conferencias, intervenciones públicas y la publicación de memorias, una vía habitual de monetización del capital político acumulado que se ha consolidado como parte del modelo post-Moncloa.
José Luis Rodríguez Zapatero ha desarrollado una trayectoria centrada en la diplomacia informal y la participación en foros internacionales, especialmente en América Latina y Oriente Medio, además de su implicación en estructuras privadas de análisis político y procesos de mediación. Su papel se inscribe en el ámbito de la llamada diplomacia paralela, donde exdirigentes actúan como intermediarios en espacios donde confluyen política, economía y relaciones internacionales.
En conjunto, el sistema muestra un patrón estable: los expresidentes no abandonan el ecosistema de poder tras dejar el cargo, sino que lo reconfiguran. A la financiación pública permanente se suma una intensa actividad privada en el circuito global de conferencias, asesorías, fundaciones y relaciones institucionales. El resultado es un modelo híbrido en el que el capital político acumulado en el Gobierno se transforma en un activo económico y relacional de primer nivel, prolongando la influencia de quienes ocuparon la presidencia mucho más allá de su mandato formal.
Los tiempos de la Audiencia Nacional: ¿Cuánto tendría que esperar Zapatero? Ahora mismo se juzgan casos de 2008
La investigación todavía se encuentra en una fase inicial, por lo que, en caso de que el juez Calama dictamine la apertura de juicio oral, este acto podría demorarse por años
Rodrigo de la Torre
24-5-26
ElPlural
La comparecencia ante la Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá lugar el próximo 2 de junio. La cita tendrá lugar en la Audiencia Nacional, estando dirigida por el juez Calama, quien será el encargado de plantear al que fuera presidente del Gobierno distintos interrogantes relacionados los indicios expresados en su auto, con los cuales buscará esclarecer diferentes cuestiones relativas al 'Caso Plus Ultra' y decidir si procede o no la apertura de un juicio oral.
En esta fase inicial de la investigación, el magistrado de Instrucción podrá dictaminar, si así lo entiende necesario, medidas cautelares si concibe que existe, entre otros elementos posibles, un riesgo de fuga o que las pruebas que puedan jugar un papel fundamental en el caso estén en peligro de ser destruidas. Sin embargo, José Luis Calama no será todavía el encargado de decidir si Zapatero es culpable o no de los posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental que se le imputan, sino que ello correspondería a la instancia superior que atienda este caso si el juez de Instrucción entiende que se debe seguir adelante con el mismo.
Ahora bien, en el supuesto de que Calama considere que los indicios señalados en su auto disponen de una base sólida y que las declaraciones de Zapatero le hagan considerar que ha habido una conducta delictiva por parte del que fuera líder de los socialistas, la siguiente fase en los juzgados del 'Caso Plus Ultra' podría llegar a demorarse por años. La lentitud con la que, a veces, opera el sistema en España, bien sea por acumulación de casos, por el tiempo que requiere el análisis de cada proceso o por saturación de los tribunales, puede hacer que el juicio al expresidente del Gobierno tarde en ser marcado en el calendario. Ello implica que Zapatero podría tener que aguardar paciente su paso por una instancia superior, en la cual sí se debatiría, definitivamente, su inocencia o culpabilidad.
En este sentido, el abogado penalista José María de Pablo comentaba esta semana "lo que faltaría para un hipótetico juicio a Zapatero". En la red social 'X', el letrado quería hacer un ejercicio de "perspectiva" y, para ello, señalaba públicamente las principales fechas, en el ámbito de los tribunales, que tiene marcadas para este año. Así, se refería a "tres macrojuicios mediáticos", carácter que se entiende podría tener la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno, que en este 2026 pasarán por la Audiencia Nacional.
De esta manera, José María de Pablo apuntaba que estará especialmente pendiente a los juicios de la pieza 7 del 'Caso Púnica', el cual se está celebrando el juicio desde enero siendo un proceso abierto en 2014 sobre hechos de entre 2008 y 2012; la pieza 2 del 'Caso Lezo', la cual pasará por los tribunales en octubre tras abrirse la causa en 2016 sobre hechos de entre 2003 y 2008; y el 'Caso Gowex', un juicio que comenzará en diciembre tras admitirse a trámite las denuncias por primera vez en 2014 sobre presuntos actos delictivos cometidos hasta el 2013.
Mediante estas palabras, José María de Pablo hacía referencia a que, con la actual fase de Instrucción, podrá conocerse si existen pruebas suficientes o no para abrir juicio contra José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos que se le imputan. No obstante, conocer si es declarado culpable o no de esos actos ilícitos que se plantean podría demorarse años, quedando el que fuera presidente del Gobierno de España en un limbo judicial.
Púnica, Lezo y Gowex... Llega el desenlace de tres grandes causas judiciales iniciadas en la pasada década
El caso Púnica, el caso Lezo y el caso Gowex son tres de los mayores escándalos de corrupción y fraude económico ocurridos en España durante la última década. Aunque cada uno tuvo características distintas, todos provocaron un fuerte impacto político, económico y social, además de aumentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y las grandes empresas.
El caso Púnica fue una trama de corrupción política destapada en 2014 por la Audiencia Nacional. La investigación reveló una red formada por empresarios y cargos públicos, principalmente vinculados al Partido Popular en la Comunidad de Madrid y otras regiones, que manipulaban contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La presunta trama estaba liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Según las investigaciones, varias empresas habrían conseguido adjudicaciones amañadas en servicios públicos como energía, limpieza o eficiencia energética mediante sobornos y pagos irregulares. El caso afectó a numerosos alcaldes y altos cargos y se convirtió en uno de los mayores ejemplos de corrupción municipal y autonómica en España.
El caso Lezo también salió a la luz hace años y estuvo relacionado con la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública encargada del suministro de agua en Madrid. La investigación descubrió presuntas operaciones fraudulentas, desvío de fondos públicos y compra irregular de empresas en Latinoamérica. El principal investigado fue Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Según la Fiscalía, parte del dinero público se habría utilizado para enriquecimiento personal y para beneficiar a determinadas personas y sociedades. El caso evidenció problemas de control en empresas públicas y supuso otro duro golpe para la imagen política madrileña.
Por otro lado, el caso Gowex fue un gran fraude empresarial descubierto en 2014. Gowex era una empresa tecnológica dedicada al wifi urbano que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil. Todo cambió cuando la firma Gotham City Research publicó un informe asegurando que la compañía falseaba sus cuentas. Poco después, su fundador y consejero delegado, Jenaro García, confesó que había manipulado los balances durante años y que gran parte de los ingresos eran ficticios. La empresa quebró rápidamente y miles de inversores perdieron su dinero. El escándalo puso en duda los mecanismos de control financiero y la supervisión del mercado bursátil español.
sábado, 23 de mayo de 2026
¿No creéis que ya está bien de poner la otra mejilla?
No podemos permitirles que siembren tantas mentiras y odio contra tanta gente decente callándonos
Rubén Sanchez
23-5-26
ElPlural
Hay que pasar de la estrategia defensiva a la ofensiva. Hay que pasar de ser víctimas de sus mentiras a contar la verdad que hay detrás de sus autores. Hay que pasar de recibir demandas, denuncias y querellas a interponerlas contra quienes nos amenazan, acosan y difaman.
Los demócratas llevamos demasiado tiempo limitándonos a defendernos de los ataques de la extrema derecha. Los ataques de empresarios, políticos, pseudoperiodistas y agitadores a sueldo. Nos defendemos de sus bulos, desmintiéndolos y desmontándolos. También nos defendemos de sus denuncias en los tribunales.
Y sufrimos no solo la "pena de banquillo" si un caso llega a juicio por su enorme repercusión mediática, infinitamente superior a la que tendrá luego la sentencia absolutoria. También sufrimos la pena mediática y el vapuleo en las redes sociales por el mero hecho de que se abran unas diligencias previas y nos citen como investigados. Es más, en muchas ocasiones la sufrimos por el mero hecho de que un ultra anuncie que nos ha puesto una denuncia. O incluso porque anuncie que va a ponérnosla. Denuncias no pocas veces basadas en la más absoluta nada, pero que cobran una enorme viralidad.
Un fabricante de odio publica el anuncio y los suyos se lanzan en manada a retuitearlo, a comentarlo y a volver a publicarlo una y otra vez. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Muchas de esas denuncias ni se presentan o acaban archivadas. Pero los ultras, obviamente, se lo callan.
Y es así como se destruye a personas, es así como se destruye a organizaciones de la sociedad civil, es así como se destruye a gobiernos.
"La invencibilidad es una cuestión de defensa; la vulnerabilidad, una cuestión de ataque". Lo dijo el general, estratega militar y filósofo chino Sun Tzu en El arte de la guerra.
Son malas personas, están podridos por dentro y pueden hacernos muchísimo daño, pero no son invulnerables. Así que tenemos que aprender a defendernos, pero también tenemos que atacar al enemigo con nuestras propias armas. Armas que, a diferencia de las suyas, no se basan en las mentiras ni parten de la indecencia.
Como periodistas, como políticos, como activistas, como ciudadanos comprometidos… no podemos permitirles que siembren tantas mentiras y odio contra tanta gente decente callándonos y poniendo la otra mejilla.
Hay que pasar al ataque. Una y otra vez. Hay que hacer que aflore la verdad. Hay que contar sus vilezas, contar quién les paga, contar cuáles son sus verdaderos objetivos, que no son más que enriquecerse a costa de llegar al poder y destruir una larga lista de derechos sociales, machacando a los más débiles.
Y hay que llevarlos a los tribunales cada vez que se pasen de la raya, cada vez que se salten la ley con sus discursos de odio. Una, dos, tres y mil veces si hace falta. Hasta que les frenemos, hasta que les venzamos. Y En ocasiones veo fraudes., en algunos casos, hasta que logremos que den con sus huesos en la cárcel.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Y no hay mayor fraude que el que está desarrollando la extrema derecha para llegar al poder.
Rubén Sánchez
En ocasiones veo fraudes
Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) es periodista y secretario general de FACUA-Consumidores en Acción. Defensor de los derechos de los consumidores, es habitual verle ejercer su activismo en los medios de comunicación españoles.
Es el autor de tres libros. El primero de ellos, Defiéndete, cuenta con un prólogo de Juan Ramón Lucas y es un compendio de 101 fraudes, con ejemplos llamativos de prácticas engañosas, préstamos trampa y contratos abusivos.
Timocracia, su segundo libro, cuenta con prólogos de Alberto San Juan y Gerardo Tecé y es un viaje al "oscuro mundo del fraude" a través de "300 trampas" que usan tanto empresas como gobiernos para "tomar el pelo a los consumidores" y con el que conseguir armas para contraatacar como consumidor.
Su tercer libro se titula ¿Por qué dejas que te roben? y llegó a las librerías en marzo de 2022. Con prólogo de Quique Peinado, es una nueva guía para aprender a identificar fraudes y ayudar a los consumidores a defender sus derechos.
También es director de la revista Consumerismo, dirige y presenta el pódcast de FACUA En ocasiones veo fraudes.
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ: EL GENIO QUE SOBREVIVIÓ A LA GUERRA PERO NUNCA ENCONTRÓ LA PAZ
Fernando Fernán Gómez fue uno de los talentos más completos y extraordinarios de la historia del cine y teatro español: actor, director, guionista, novelista y dramaturgo. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la tragedia, la supervivencia y una profunda amargura.
Nacido en 1921, vivió de niño la Guerra Civil Española. Luchó en el bando republicano y, tras la derrota, tuvo que aprender a sobrevivir bajo la dictadura de Franco. Durante décadas, se vio obligado a callar sus ideas, a aceptar papeles que no deseaba y a fingir lealtad a un régimen que detestaba.
A pesar de su inmenso talento, Fernán Gómez nunca recibió el reconocimiento masivo en vida que merecía. Tuvo que esperar a la democracia para que su genio fuera verdaderamente valorado. Ganó múltiples premios Goya, pero siempre sintió que España nunca le devolvió todo lo que él había dado.
En su vida sentimental también hubo dolor. Tuvo varios amores intensos y turbulentos, pero nunca encontró una estabilidad emocional duradera. En sus últimos años, vivía con una mezcla de lucidez y desencanto, viendo cómo el país que tanto amaba seguía sin entender del todo su grandeza.
El 21 de noviembre de 2007, Fernando Fernán Gómez falleció en Madrid a los 86 años. Aunque recibió homenajes multitudinarios, muchos sintieron que llegaba demasiado tarde. El gran maestro del cine español se fue con la sensación de haber vivido una vida a medias: un genio obligado a sobrevivir en tiempos oscuros, un artista que nunca pudo expresarse con total libertad.
España perdió no solo a un gran actor, sino a uno de sus últimos testigos vivos de un siglo lleno de dolor y talento.
Los negocios que ni la UCO ni la UDEF investigaron: de los 100.000 euros de Aznar con Gadafi al mapa del lobby de González
Los vínculos empresariales y las puertas giratorias de antiguos líderes políticos vuelven a poner el foco en el doble rasero institucional
ElPlural
23-5-26
Mientras José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a ocupar el centro del terremoto político y mediático por el caso Plus Ultra, desde el Gobierno denuncian una investigación basada en indicios insuficientes y recuerdan que el rescate de la aerolínea ya fue avalado judicialmente. El debate, sin embargo, ha reabierto una vieja pregunta: por qué determinadas relaciones entre expresidentes, grandes empresas y negocios millonarios generaron en otros momentos menos ruido político y un escrutinio institucional mucho más discreto.
La política española lleva años instalada en una lógica donde la corrupción, los conflictos de interés y las relaciones entre poder y dinero rara vez se miden con la misma vara. La intensidad de la atención pública parece depender muchas veces menos de los hechos que del protagonista, del contexto político y del momento en el que aparecen. El foco actual sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a sacar a la superficie esa discusión: quién es investigado, quién es señalado y quién pasa prácticamente desapercibido.
En esa conversación aparece el nombre de José María Aznar. El expresidente del Gobierno firmó en septiembre de 2010 un contrato con Befesa, filial del grupo Abengoa, para actuar como intermediario en la obtención de contratos públicos en la Libia de Muamar el Gadafi. El acuerdo contemplaba una comisión del 1% por adjudicaciones millonarias y un adelanto inicial de 100.000 euros más IVA. Según la documentación conocida, la empresa aspiraba a proyectos vinculados a cuatro grandes plantas desaladoras cuyo valor conjunto rondaba los 950 millones de euros.
No se trataba de una relación menor ni de una mera participación simbólica. El contrato establecía que Aznar debía prestar apoyo comercial, facilitar información estratégica y participar en las gestiones necesarias para conseguir las adjudicaciones. Todo ello ocurría mientras el expresidente mantenía una conocida proximidad política y personal con Gadafi, a quien llegó a describir públicamente como un "amigo extravagante".
Las adjudicaciones nunca llegaron a producirse debido al estallido de la guerra civil libia y la caída del régimen, pero el episodio abrió entonces un debate que nunca alcanzó grandes dimensiones: hasta qué punto un expresidente puede convertir su agenda de contactos internacionales en una herramienta profesional sin que eso provoque un examen institucional profundo.
El mappa 'lobbista' de González
La otra gran figura que vuelve a aparecer es Felipe González. El expresidente socialista construyó con los años una extensa red de relaciones empresariales y puestos en grandes compañías. Su presencia en consejos de administración, empresas de inversión o actividades ligadas al sector privado formó parte de una trayectoria conocida y en gran medida normalizada dentro del fenómeno de las llamadas puertas giratorias.
Su paso por Gas Natural y posteriormente por el grupo Boluda, además de las sociedades familiares vinculadas a actividades inmobiliarias y de inversión, dibuja un mapa de conexiones económicas que durante años apenas generó una presión pública comparable a otros casos.
La cuestión no es si esas actividades fueron legales; muchas de ellas lo fueron y se desarrollaron dentro del marco permitido. La pregunta es otra: por qué determinadas relaciones entre política y negocios se aceptan como una consecuencia natural de abandonar la primera línea institucional mientras otras generan un nivel de sospecha y exposición infinitamente superior.
Porque una investigación judicial no equivale a una condena, igual que la ausencia de una investigación tampoco convierte automáticamente cualquier actuación en ejemplar. Pero entre ambos extremos existe un territorio político y mediático donde se construyen los relatos públicos. Y precisamente ahí es donde vuelve a abrirse una discusión incómoda: si la lupa se coloca siempre sobre los mismos nombres o si, dependiendo del color político, algunos negocios han conseguido permanecer durante años en un discreto segundo plano.
PACO RABAL: DE PASTOR DE CABRAS A LEYENDA DEL CINE… Y A UNA MUERTE LLENA DE DOLOR Y SOLEDAD
Nacido en 1926 en un pequeño pueblo de Murcia llamado Águilas, Francisco Rabal creció en la más absoluta pobreza. De niño pastoreaba cabras, trabajó en minas y vendió churros por las calles para ayudar a su familia. Nadie hubiera imaginado que ese niño analfabeto llegaría a convertirse en uno de los más grandes actores de la historia de España.
Con una fuerza y un talento descomunal, Paco Rabal conquistó el cine español y europeo. Trabajó con los mejores directores del mundo, especialmente con Luis Buñuel, quien lo consideraba su actor favorito. Películas como Viridiana, Belle de Jour o Los Santos Inocentes lo convirtieron en leyenda.
En su vida personal, tuvo una historia de amor digna de película. En 1951 se casó con la actriz Asunción Balaguer, y permanecieron juntos cincuenta años, hasta el día de su muerte. Una relación llena de pasión, discusiones, celos y un amor profundo que resistió todo. Juntos tuvieron dos hijos: Teresa y Benito.
Paco Rabal fue un hombre de fuertes convicciones. Durante la dictadura de Franco fue vigilado y censurado por sus ideas de izquierda. Cuando Franco murió en 1975, Paco lloró de emoción en televisión, celebrando la llegada de la democracia.
Sin embargo, su vida también tuvo un precio. Fumador empedernido, su salud se deterioró gravemente en los últimos años. A pesar de que apenas podía respirar, siguió trabajando hasta el final.
El 29 de agosto de 2001, Paco Rabal falleció a los 75 años en Madrid, dejando un vacío enorme en el cine español. Asunción, su gran amor, estuvo a su lado hasta el último aliento.
De pastor de cabras a leyenda del cine. De la miseria más absoluta al aplauso internacional. Paco Rabal vivió intensamente, amó con fuerza y actuó como nadie.
Un hombre que nunca olvidó de dónde venía y que se entregó por completo al arte y a la vida.
Los préstamos de la pandemia: qué aerolíneas fueron rescatadas y cuánto dinero recibieron
Air Europa, Air Nostrum, Plus Ultra o Volotea fueron algunas de las compañías que resultaron salvadas de la quiebra por parte del Gobierno de España, no quedando algunas de ellas exentas de polémica
Rodrigo de la Torre
23-5-26
ElPlural
La pandemia de COVID-19 provocó el mayor colapso mundial en décadas. En lo referido al daño humano que causó, fue un episodio que será recordado durante mucho tiempo. En lo referido al ámbito económico, la incidencia de este virus propició serias dificultades en numerosos sectores que llevaron al límite a multitud de empresas. Precisamente, uno de los sectores que más notó la incidencia de la COVID-19 fue el del tráfico aéreo, viendo en esos días a muchas compañías rozar la quiebra.
Con los aviones en tierra y las fronteras cerradas, muchas aerolíneas europeas vieron peligrar seriamente su estabilidad en cuestión de semanas, llegando a temer la bancarrota. Ante esta situación, España, uno de los países más dependientes del turismo y del tráfico aéreo internacional, activó entonces un amplio programa de ayudas públicas para evitar el hundimiento de este sector, el cual cuenta con especial incidencia en la economía del país.
A través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, el Gobierno aprobó rescates millonarios que permitieron evitar la caída de varias compañías aéreas consideradas estratégicas para la economía nacional y garantizar su sostenimiento hasta que pasara lo más duro de la pandemia. Entre ellas figuraban Air Europa, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.
Aquella actuación, entre otras que se dieron para minimizar daños en otros ámbitos, permitieron mantener vivas a estas compañías. Sin embargo, con el paso de los años, algunos de esos rescates han provocado distintos debates, hallando controversias políticas e, incluso, adquiriendo protagonismo en el ámbito judicial. Especialmente en torno a Plus Ultra y Air Europa.
Más de 800 millones de euros en ayudas públicas
Las ayudas públicas directas a aerolíneas comerciales españolas implicaron que el Gobierno de España dedicaran partidas económicas que superaron, en conjunto, los 839 millones de euros. Entre los préstamos que se hicieron a estas empresas, el mayor rescate fue el que se llevó a cabo con Air Europa, que recibió un montante de 475 millones de euros en noviembre de 2020. La compañía perteneciente al grupo Globalia era considerada estratégica por su peso en las conexiones internacionales, especialmente con Latinoamérica, y por el volumen de empleo, ya que contaba con más de 4.000 puestos de trabajo. Además, también se ejecutaba esta ayuda para evitar una pérdida de competencia estratégica en el mercado europeo.
Como se mencionaba previamente, no fue solo Air Europa la única empresa que requirió de ayuda económica por parte del Gobierno de España durante la pandemia. Entre ellas también estaba Volotea, que obtuvo una ayuda de 200 millones de euros en 2022 para garantizar su liquidez tras el desplome del tráfico aéreo provocado por la pandemia. En aquel momento se consideró necesario actuar para mantener viva a esta compañía, ya que operaba vuelos directos entre ciudades medianas que ninguna otra compañía ofrecía.
Por otro lado, Air Nostrum, especializada en vuelos regionales y franquiciada de Iberia para rutas de corta distancia, recibió 111 millones de euros mediante un préstamo participativo, y cerrando la lista se encontraba, por último, Plus Ultra, a la que se concedieron hasta 53 millones de euros. Aunque la cifra era mucho menor que la de otras compañías, la SEPI argumentó que su desaparición habría perjudicado la competencia en el turismo de larga distancia y las conexiones de la comunidad migrante. Este rescate ha terminado por convertirse en estos últimos días en el más controvertido políticamente.
Qué aerolíneas han devuelto el dinero
El Gobierno de España prestó su ayuda para evitar la quiebra de estas empresas. Si bien, las partidas económicas concedidas debían de ser devueltas por parte de las compañías a las arcas públicas. En este sentido, una vez recibido el dinero que permitió sostener a estas compañías mientras los efectos de la pandemia seguían notándose, la evolución posterior de cada rescate ha sido muy diferente.
Air Europa es la única gran aerolínea rescatada que ha devuelto íntegramente el dinero recibido. La compañía amortizó los 475 millones de euros antes del plazo previsto, devolviendo además los intereses correspondientes. Por su parte, Air Nostrum ha comenzado la devolución, aunque todavía mantiene una parte importante pendiente. La empresa ha reintegrado alrededor de 20 millones de euros y renegoció con la SEPI un calendario de pagos más amplio.
Volotea, por su parte, aún no ha devuelto el principal de la ayuda pública. La aerolínea alcanzó acuerdos para extender los plazos de amortización hasta 2028. Ahora bien, la situación más delicada es la de Plus Ultra. La compañía no ha devuelto todavía el capital del rescate y ha tenido dificultades para afrontar algunos vencimientos. Aunque sí ha abonado intereses, la empresa negocia actualmente nuevos planes de viabilidad con la SEPI para evitar problemas financieros mayores.
Plus Ultra: uno de los rescates más polémicos
La aerolínea copa numerosos titulares esta semana por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el causa judicial que lleva el nombre de esta compañía. Aunque la controversia ha saltado al ámbito político por la posición que ocupó el que en su día llegó a ser presidente del Gobierno, desde el primer momento, distintos partidos políticos, medios de comunicación y expertos cuestionaron las ayudas económicas que se concedía, ya que se ponía en duda que pudiera considerarse una empresa realmente “estratégica” para España. Sus detractores señalaban que la aerolínea tenía una cuota de mercado reducida, pocos aviones y una presencia limitada en comparación con otros operadores del sector.
No solo eso, sino que también se hacía especial énfasis en enfatizar que Plus Ultra ya acumulaba pérdidas antes de la pandemia, lo que alimentó las dudas sobre si cumplía los requisitos exigidos para acceder al fondo de rescate. Conforme avanzaba el calendario, la polémica creció aún más por la presencia de accionistas vinculados a empresarios venezolanos y por las sospechas de posibles conexiones con el régimen de Nicolás. Con el tiempo, y antes de que se involucrara a Zapatero en la trama, el caso terminó llegando a los tribunales.
La Audiencia Nacional abrió investigaciones sobre la concesión de las ayudas y analizó posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. En resumen, existen serias dudas de si la empresa merecía realmente ser rescatada, si pudo haber influencias políticas, y si parte del dinero podría haberse utilizado irregularmente.
La vinculación de Zapatero con Plus Ultra
Esta semana, toda la polémica relacionada con Plus Ultra se multiplicaba exponencialmente. Las pesquisas judiciales y diversas informaciones periodísticas comenzaron a analizar si Zapatero pudo haber intervenido de alguna manera para favorecer el rescate de la compañía o facilitar contactos políticos relacionados con la operación.
Ante los indicios hallados por el juez Calama, la Audiencia Nacional decidió llamarlo a declarar en calidad de investigado dentro de este caso. Zapatero, respondiendo públicamente a la llamada de le Justicia, aseguró públicamente que nunca realizó gestiones ante ninguna administración para favorecer a la aerolínea.
Air Europa, el rescate bajo sospecha política y la controversia en torno a Begoña Gómez
El rescate de Air Europa, aprobado en noviembre de 2020 por un importe de 475 millones de euros a través de la SEPI, se convirtió en uno de los más sensibles políticamente de los aprobados durante la pandemia. La compañía, integrada en el grupo Globalia, fue considerada estratégica por su peso en el transporte aéreo internacional y su papel en la conectividad con Latinoamérica. Sin embargo, desde el inicio de las investigaciones judiciales abiertas a raíz de distintas denuncias, el caso derivó hacia una fuerte controversia política centrada en la posible existencia de influencias en la concesión del préstamo.
El juez instructor del conocido como 'Caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, intentó en varias ocasiones incluir el rescate de Air Europa dentro de su investigación. El magistrado llegó a solicitar documentación a la SEPI y a interesarse por informes de la Guardia Civil sobre la operación, apoyándose en informaciones periodísticas y en referencias indirectas surgidas de otras causas, como el llamado 'Caso Koldo'. En algunos de sus autos, incluso aludió a la posibilidad de que existieran contactos previos entre directivos de Globalia y el entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para tratar de desbloquear la situación financiera de la aerolínea.
No obstante, esta línea de investigación ha sido corregida de forma reiterada por instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado en varias ocasiones excluir el rescate de Air Europa del procedimiento, al considerar que no existían indicios suficientes que justificaran su inclusión en la causa. Los magistrados han llegado a reprochar al instructor que actuara sobre la base de “meras sospechas” o informaciones no contrastadas, recordándole los límites del objeto procesal. En varias resoluciones se le ha instado incluso a archivar o separar esa línea de investigación.
En este contexto, el papel de Begoña Gómez ha sido uno de los puntos más controvertidos del caso, aunque no existe ninguna imputación firme ni resolución judicial que la vincule directamente con la concesión del rescate, el magistrado ha alimentado de manera constante la polémica política al seguir insistiendo con esta causa a pesar de las múltiples correcciones que le han hecho.
Sin embargo, tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la propia Audiencia Provincial han señalado en distintos momentos que no existen elementos objetivos que acrediten una intervención de Begoña Gómez en la concesión de la ayuda pública a Air Europa. En consecuencia, las actuaciones del juez Peinado en esta materia han sido en buena parte limitadas o anuladas por los tribunales superiores, que han recordado la necesidad de ceñirse a indicios sólidos y no a hipótesis o inferencias indirectas.
Qué es el US Homeland Security y qué papel ha jugado EEUU en la investigación a Zapatero
La agencia estadounidense ha colaborado activamente en el caso Plus Ultra
R.U
23-5-26
ElPlural
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, por los delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización y falsedad documental, es el acontecimiento judicial del año. La investigación que pesa sobre el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea durante la pandemia ha generado un acontecimiento histórico, colocando por primera vez en la historia de la democracia a un jefe del Ejecutivo en esta situación procesal, en el que aparecen involucrados múltiples actores internacionales, entre ellos agencias de los Estados Unidos.
El papel de Homeland Security Investigations (HSI), la principal agencia federal de investigación criminal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, ha sido clave. El propio juez del caso, José Luis Calama, recoge la participación de este organismo dedicado al crimen transnacional y a los delitos financieros. "A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia estadounidense HSI ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”, apunta el auto.
Además, la propia DHS ha confirmado a Reuters que la oficina de la agencia establecida en la capital, gestionada desde la Embajada, “colaboró con la Policía Nacional en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales”, que derivó en la imputación de Zapatero. Así, el organismo habría extraído la información del teléfono móvil del socio venezolano de Plus Ultra, vinculado a la aerolínea a través de la sociedad Snip Aviation, y la habría remitido a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.
Reyes también, afincado en Madrid, también está siendo investigado por la Audiencia Nacional y es considerado una de las piezas claves en la presunta trama, a la que se acusa de haber destinado el dinero de rescate a fines no contemplados y al blanqueamiento de capitales. Si bien no existe ninguna conversación o prueba de la que participe el expresidente español, a quien sí que mencionan en reiteradas ocasiones los emisores de los mensajes (“busco llegar a Zapatero”; “nuestro pana Zapatero está por detrás”; ¿Crees que podríamos pedir ayuda a Zapatero?”).
El magistrado entiende que estos mensajes, unidos a los cobros de Análisis Relevante que Zapatero siempre ha reconocido y etiquetado como pagos legales y declarados por la prestación de servicios de consultoría, son indicio suficiente para imputar al expresidente, quien sostiene que no ha incurrido en ningún tipo de ilegalidad. Pese a la defensa del socialista, el juez sostiene en su auto que es quien “dirige” una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que se vertebra a través de "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos".
HSI y su alcance
“HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, turismo y finanzas internacionales se mueven”, describe el Inmigration and Customs Enforcement (famoso ICE) en sus sitios oficiales. “La misión de HSI es investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones terroristas, transnacionales y otras redes criminales que amenazan o buscan explotar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos”, añaden a la descripción.
La agencia tiene presencia en todos los Estados del gigante americano, con 250 oficinas, pero también por todo el mundo. El HSI tiene 93 oficinas desplegadas por 56 países, entre ellos algunos claves de Europa (España, Francia, Bélgica, Italia o Grecia). “Es la rama investigativa internacional más grande del Departamento de Seguridad Nacional”, asevera el ICE. En el viejo continente han desplegado operaciones como la lanzada en 2018 contra el banco suizo MBaer, a quien también vincula con Plus Ultra.
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