|
Los
últimos casos conocidos son los abusos sexuales a menores cometidos por
soldados enviados por Francia a la República Centroafricana durante 2014, que
también "se están investigando", así como supuestas torturas
infringidas por cascos azules sobre niños, o los abusos cometidos por
cascos azules en Haití o Liberia. En un informe elaborado por Naciones Unidas
y publicado por varias agencias internacionales se recoge el testimonio de
más de doscientas mujeres haitianas que reconocieron que habían mantenido
relaciones sexuales con los soldados a cambio de alimentos, medicinas u otros
bienes de consumo, como zapatos, ropa o incluso dinero.
En Colombia se ha producido un auténtico escándalo tras conocerse que
soldados norteamericanos mantuvieron relaciones sexuales con menores de edad,
grabaron dichos encuentros sexuales en video y después los videos fueron
vendidos o distribuidos por internet. La respuesta de las autoridades
norteamericanas ha sido la habitual en este tipo de caso: proteger a sus
soldados asegurándoles la inmunidad diplomática, lo que ha enfurecido aún más
a la opinión pública colombiana.
Pero no sólo los norteamericanos impiden que se castigue a los culpables como
se debería: los "castigos ejemplares" -el entrecomillado
corresponde a unas declaraciones del portavoz de la Misión de la ONU en la
República Centroafricana- que impone Naciones Unidas a los militares que
cometen estos delitos se limitan a repatriarles a sus países de origen
"y prohibirles volver a servir en las misiones de Naciones Unidas para
siempre". Nada menos. Ejemplar castigo, desde luego.
En la mayoría de los casos no hay juicio porque son los países de los que
proceden los cascos azules quienes tendrían las competencias judiciales, que
no ejercen, ni hay indemnizaciones a las víctimas, aún siendo éstas menores.
La ONU tiene actualmente 125.000 cascos azules cumpliendo misiones de
mantenimiento de paz en todo el mundo, y tan sólo se han denunciado 51 casos
de abusos y explotación sexual durante 2014, una cifra que muchas organizaciones
humanitarias consideran ridículamente pequeña y que no refleja para nada la
realidad. Lo más grave es que este tipo de violencia sexual y física viene
sucediéndose de forma reiterada a lo largo de los últimos años: ya en 2007
Naciones Unidas reconoció haber investigado a 319 cascos azules por abusos
sexuales entre enero de 2004 y noviembre de 2006. Y en 2007 se investigaron
trece casos de violaciones en Sudán, tras denuncias reiteradas de que cascos
azules y funcionarios de la ONU violaban a menores en el sur del país. Al
menos 20 niñas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con soldados
de la misión de paz de nacionalidad bengalí.
En 2012 la propia ONU reconoció tener las manos atadas para aplicar justicia,
ya que correspondería ejercerla a los países de los que proceden los
soldados, y como ya hemos dicho, éstos no suelen hacerlo. En este sentido el
subsecretario general para Operaciones de Paz de la ONU, pidió endurecer las
sanciones. Tres años después, la situación continúa igual.
Si cualquier abuso sobre la población indefensa y vulnerable de un país en
conflicto es odioso, lo es más si estos abusos son cometidos por aquellos que
han sido enviados para proteger a dicha población. Si se trata, además, de
abusos sexuales sobre menores, rebasa cualquier tipo de límite. Intercambiar
comida por sexo es absolutamente miserable y exige una respuesta de los
países que envían soldados a estas misiones de paz. Naciones Unidas debe
exigir tolerancia cero a este tipo de comportamientos, y debe obligar a los
países que envían soldados a misiones de paz que se comprometan a investigar,
juzgar y condenar a quienes perpetran semejantes crímenes sobre poblaciones
indefensas y vulnerables y reparar, en su caso, a las víctimas.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario