Los ERE de Andalucía: ¿Conspiración o chapuza? ¿O las dos cosas?

Fraude de la formación: alguien ha hecho el ridículo

ANTONIO AVENDAÑO / 23 Jul 2016

Ciudadanos

andaluces.es

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre las supuestas irregularidades en la concesión y fiscalización de las subvenciones para impartir cursos de formación en Andalucía dejan poco margen para la especulación: no hubo nada. Donde la parsimoniosa Cámara de Cuentas de Andalucía y los experimentados agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil veían indicios delictivos por todas partes, el Tribunal de Cuentas no ve nada. Cero.

Es como si los miembros de la Cámara y los del Tribunal hubieran estudiado no ya en facultades distintas sino en facultades enemigas, con profesores de contabilidad o administración pública que les hubieran enseñado doctrinas contables y métodos de análisis completamente opuestos. Y lo que vale para los consejeros de la Cámara de Cuentas valdría también para los investigadores de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que han realizado tareas de policía judicial en este enredado asunto.

UNA FISCALÍA EN APUROS

Y lo que vale para todos ellos valdría igualmente para la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tampoco sale precisamente bien parada del dictamen del tribunal contable.

Sobre las dichosas exceptuaciones que la Fiscalía del TSJA interpretaba como irregularidades o ilegalidades, se dice esto en el informe del Tribunal de Cuenta: “Las circunstancias que conforman la presunta irregularidad parten de la existencia de resoluciones administrativas, de actos administrativos concretos, cuyo ajuste o no al ordenamiento jurídico habría de ser residenciado ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo”.

Alguien ha hecho el ridículo –una forma más elegante de describirlo es decir que ‘no ha hecho bien su trabajo’– y de paso le ha arruinado la vida –esto no hay forma más elegante de decirlo– a decenas de personas que han sido detenidas, interrogadas y exhibidas en la plaza pública como delincuentes. Para los profanos en estas materias contables resulta enigmático que, tras el análisis de una misma documentación, los expertos de unas instituciones y otras puedan llegar a conclusiones tan diametralmente contrarias.

FERNÁNDEZ DÍAZ NO ES TAN LISTO…

¿Qué diablos está pasando? ¿A qué obedece el hecho de que donde unos ven de todo otros no vean nada? ¿Estamos acaso ante una hábil conspiración policial urdida por el astuto ministro del Interior Jorge Fernández Díaz? Podría ser, pero parece improbable: Fernández Díaz no es tan listo… y mejor que no entremos en detalles. Ni es tan poderoso como para manipular a su antojo a decenas de policías, guardias civiles, consejeros, fiscales o jueces. La pregunta del millón regresa de nuevo: ¿conspiración o chapuza?, ¿manipulación o pereza?, ¿mala fe personal o indigencia profesional?

La pregunta no es baladí, como ya se demostró en la investigación de la UDEF sobre la adjudicación en concurso internacional de la mina de Aznalcóllar. También entonces los agentes creyeron ver delitos por todas partes y finalmente resultó que no había ninguno. 

Nada. Cero. ¿Estaban manipulados políticamente los policías o simplemente no sabían qué diablos llevaban entre manos ni entendían una maldita palabra de derecho minero o contratos del Estado? También la juez instructora del caso se lució en un primer momento al dar por buenas las disparatadas conjeturas policiales e imputar a media Consejería de Empleo; es cierto que más tarde, cuando de verdad empezó a hacer su trabajo llamando a declarar a funcionarios y altos cargos, dio marcha atrás y archivó el caso. A la Fiscalía Superior de Andalucía, sin ir más lejos, le ocurrió algo bastante parecido en el caso Arellano.

…Y LOS LETRADOS DE LA JUNTA TAMPOCO

La juez del caso Aznalcóllar lo archivó, sí, pero lo escalofriante del asunto es que podría perfectamente no haberlo hecho: hoy seguiría habiendo una docena larga de imputados y un monumental escándalo político que habría durado no menos de un par de años hasta que un tribunal hubiera dictaminado que todo el asunto era materia contencioso-administrativa, o sea, nada en términos políticos y cero en términos periodísticos. Si Fernández Díaz no es tan listo como para amañar toda una investigación sobre miles de cursos de formación, tampoco los funcionarios, letrados y altos cargos de la Consejería de Empleo lo eran como para amañar todos un concurso internacional retransmitido además por Internet.

Habrá que ver, en fin, si en el apartado concreto del caso de los ERE referido al procedimiento de concesión de las ayudas –sobre cuya presunta ilegalidad se sostiene todo el edificio de la instrucción judicial de Mercedes Alaya– no sucede lo mismo, como mantienen desde hace años las defensas: que el asunto debería haber estado residenciado desde el primer momento en los juzgados de lo contencioso, no en los juzgados de lo penal. Recordemos que los peritos de la Intervención General del Estado, después de sesudas sesiones de análisis de miles de documentos, sostienen que todo el procedimiento de otorgamiento de las subvenciones era flagrantemente ilegal, mientras que interventores y letrados del Gabinete Jurídico de la Junta sostienen, tras revisar la misma documentación, que no hubo ilegalidad alguna. ¿Estudiaron unos y otros en las mismas facultades, aprendieron lo mismo, se dejaron las pestañas en los mismos manuales? En unos años –¿dos, tres, cinco?– lo sabremos.