Fraude de la
formación: alguien ha hecho el ridículo
ANTONIO
AVENDAÑO / 23 Jul 2016
Ciudadanos
andaluces.es
Las
conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre las supuestas irregularidades en la
concesión y fiscalización de las subvenciones para impartir cursos de formación
en Andalucía dejan poco margen para la especulación: no hubo nada. Donde la
parsimoniosa Cámara de Cuentas de Andalucía y los experimentados agentes de la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil veían indicios delictivos por
todas partes, el Tribunal de Cuentas no ve nada. Cero.
Es como si
los miembros de la Cámara y los del Tribunal hubieran estudiado no ya en
facultades distintas sino en facultades enemigas, con profesores de
contabilidad o administración pública que les hubieran enseñado doctrinas
contables y métodos de análisis completamente opuestos. Y lo que vale para los
consejeros de la Cámara de Cuentas valdría también para los investigadores de
la Guardia Civil o de la Policía Nacional que han realizado tareas de policía
judicial en este enredado asunto.
UNA FISCALÍA
EN APUROS
Y lo que
vale para todos ellos valdría igualmente para la Fiscalía de Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, que tampoco sale precisamente bien parada del
dictamen del tribunal contable.
Sobre las
dichosas exceptuaciones que la Fiscalía del TSJA interpretaba como
irregularidades o ilegalidades, se dice esto en el informe del Tribunal de
Cuenta: “Las circunstancias que conforman la presunta irregularidad parten de
la existencia de resoluciones administrativas, de actos administrativos
concretos, cuyo ajuste o no al ordenamiento jurídico habría de ser
residenciado ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo”.
Alguien ha
hecho el ridículo –una forma más elegante de describirlo es decir que ‘no ha
hecho bien su trabajo’– y de paso le ha arruinado la vida –esto no hay forma
más elegante de decirlo– a decenas de personas que han sido detenidas,
interrogadas y exhibidas en la plaza pública como delincuentes. Para los
profanos en estas materias contables resulta enigmático que, tras el análisis
de una misma documentación, los expertos de unas instituciones y
otras puedan llegar a conclusiones tan diametralmente contrarias.
FERNÁNDEZ
DÍAZ NO ES TAN LISTO…
¿Qué diablos
está pasando? ¿A qué obedece el hecho de que donde unos ven de todo otros no
vean nada? ¿Estamos acaso ante una hábil conspiración policial urdida por el
astuto ministro del Interior Jorge Fernández Díaz? Podría ser, pero parece
improbable: Fernández Díaz no es tan listo… y mejor que no entremos en
detalles. Ni es tan poderoso como para manipular a su antojo a decenas de
policías, guardias civiles, consejeros, fiscales o jueces. La pregunta del
millón regresa de nuevo: ¿conspiración o chapuza?, ¿manipulación o pereza?,
¿mala fe personal o indigencia profesional?
La pregunta
no es baladí, como ya se demostró en la investigación de la UDEF sobre la adjudicación
en concurso internacional de la mina de Aznalcóllar. También entonces los
agentes creyeron ver delitos por todas partes y finalmente resultó que no había
ninguno.
Nada. Cero. ¿Estaban manipulados políticamente los policías o
simplemente no sabían qué diablos llevaban entre manos ni entendían una maldita
palabra de derecho minero o contratos del Estado? También la juez instructora
del caso se lució en un primer momento al dar por buenas las disparatadas
conjeturas policiales e imputar a media Consejería de Empleo; es cierto que más
tarde, cuando de verdad empezó a hacer su trabajo llamando a declarar a
funcionarios y altos cargos, dio marcha atrás y archivó el caso. A la Fiscalía
Superior de Andalucía, sin ir más lejos, le ocurrió algo bastante parecido en
el caso Arellano.
…Y LOS
LETRADOS DE LA JUNTA TAMPOCO
La juez del
caso Aznalcóllar lo archivó, sí, pero lo escalofriante del asunto es que podría
perfectamente no haberlo hecho: hoy seguiría habiendo una docena larga de
imputados y un monumental escándalo político que habría durado no menos de un
par de años hasta que un tribunal hubiera dictaminado que todo el asunto era
materia contencioso-administrativa, o sea, nada en términos políticos y cero en
términos periodísticos. Si Fernández Díaz no es tan listo como para amañar toda
una investigación sobre miles de cursos de formación, tampoco los funcionarios,
letrados y altos cargos de la Consejería de Empleo lo eran como para
amañar todos un concurso internacional retransmitido además por Internet.
Habrá que
ver, en fin, si en el apartado concreto del caso de los ERE referido al
procedimiento de concesión de las ayudas –sobre cuya presunta
ilegalidad se sostiene todo el edificio de la instrucción judicial de Mercedes
Alaya– no sucede lo mismo, como mantienen desde hace años las defensas: que el
asunto debería haber estado residenciado desde el primer momento en los
juzgados de lo contencioso, no en los juzgados de lo penal. Recordemos que los
peritos de la Intervención General del Estado, después de sesudas sesiones de
análisis de miles de documentos, sostienen que todo el procedimiento de
otorgamiento de las subvenciones era flagrantemente ilegal, mientras que
interventores y letrados del Gabinete Jurídico de la Junta sostienen, tras
revisar la misma documentación, que no hubo ilegalidad alguna. ¿Estudiaron unos
y otros en las mismas facultades, aprendieron lo mismo, se dejaron las pestañas
en los mismos manuales? En unos años –¿dos, tres, cinco?– lo sabremos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario