De cómo
Espejel protegió a Billy el Niño
La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al
torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE
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Madrid | 21 de Junio de 2017
Se llama Antonio González Pacheco
(Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un
conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General
de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas
son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en
inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le
concedió la Medalla al Mérito Policial.
Martín Villa fue presidente de
Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige
(2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable
(2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco
malo (2012). Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos
nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en
Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O
sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición. Pero eso fue antes de
tanto nombramiento.
De hecho, un año antes de condecorar
al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.
Y todo lo anterior contribuye a
entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –'Concha', amiga de María Dolores
de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que
el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido
además.
Los relatos de las víctimas de Billy
El Niño son sobrecogedores y de dominio público
Los autos de Espejel
El 18 de septiembre de 2013, la
jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a
través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González
Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso
Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y
crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.
Concepción García Espejel presidió
el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente
de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó
un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar la cara del
“reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz:
retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y
de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente
localizable.
Para prohibir la fotografía o
grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era
“esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y
contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente
reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del
torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido
por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo
conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto
conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se
encuentra el derecho a la propia imagen”. Finalizaba el auto: “Atendidas la
ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa,
en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un
barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote.
Concepción García Espejel presidió
el tribunal de la Audiencia Nacional que consideró que no se trataba de
torturas, y que, si había algún delito, ya había prescrito
De nada sirvió que las asociaciones
de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy
presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los
medios de comunicación difundir cualquier imagen de la cara del torturador.
Veinte días después, el 30 de abril
de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la
extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de
torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición,
para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación
española del delito por el que se le reclama”.
Pero, además, añadía: “No todo
delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales
delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos
‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil’, lo que no se aprecia en el caso”.
Y, finalmente, el tribunal presidido
por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que
basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias
narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra
hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el
contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de
torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra
la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que
se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de
ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal.
El papel del PSOE
Además de la extradición de los
agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la
de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José
Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la
dictadura de Franco.
En aquel momento, exactamente el 29
de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la
extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista
José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una
democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos
dado”.
La decisión del PSOE no sorprendió a
las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses
antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los
Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella
Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los
diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP,
PSOE, UPyD y CiU.
Por parte del PSOE sólo acudieron
Odón Elorza e Ignacio Sánchez Amor, en calidad de “público”.
Los torturadores y asesinos de la
dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley
de Amnistía aprobada en España en 1977
Los torturadores y asesinos de la
dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley
de Amnistía aprobada en 1977. Dicha estratagema, una ley de punto final
encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo.
En diciembre de 2016, Podemos
presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y
se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de
torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”.
La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De
hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De
Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de
Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política.
El 20 de diciembre de 2016, el PSOE,
junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación.
Decenas de denuncias
Esta semana, decenas de víctimas de
los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales
españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes
de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados y no prescriben. Además,
opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no
estará completa la Transición.
Teniendo en cuenta la premiada
trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los
reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace
difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que
han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición,
algo que al PP se le suponía.
Si además se observa que la
presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser
nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato
que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas
víctimas.
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