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jueves, 7 de diciembre de 2023

 


La reflexión del magistrado Joaquim Bosch sobre la amnistía que triunfa en redes


El magistrado ha puesto de ejemplo


 lo ocurrido en Portugal

C. G.

11/11/2023 

ElPlural

La amnistía se ha convertido en el término del mes y ha generado un gran revuelo en el país. Tras el acuerdo del PSOE con ERC y Junts per Catalunya para la investidura, acordando términos relativos al independentismo y la comunidad autónoma, la derecha y ultraderecha han salido a la calle a protestar, haciendo concentraciones frente a las sedes del PSOE a lo largo del país, siendo las que se organizan en la sede nacional, en la calle Ferraz de Madrid, las más seguidas.

Así, han sido varios los rostros conocidos que se han pronunciado con respecgto a este asunto. Uno de los más contundentes, en relación al término lawfare o judicialización de la política, ha sido el magistrado Joaquim Bosch.

El que es uno de los jueces más mediáticos del panorama nacional ha querido pronunciarse sobre ello en el programa Todo es Mentira. El momento de su intervención ha sido compartido en redes sociales y se ha corrido rápidamente como la pólvora.

Yo me remito a la literalidad de lo que dice la Constitución. Lo que dice es que se ejercerá el derecho de gracia, de acuerdo con la ley. Derecho de gracia, eso ha dicho el Tribunal Constitucional, es indulto y amnistía. Lo dice hasta la Real Academia Española (RAE)”, ha dicho. además, ha justificado que “mientras esté vigente en la ley el derecho de gracia, esto es lo que tenemos”. 

https://x.com/JoaquimBoschGra/status/1723083175193170145?s=20

Cuando se indulta a alguien, no significa que ha habido algo raro o malo. Significa que por determinadas razones de interés público se acuerda la medida de gracia”, ha razonado posteriormente.

Asimismo, Bosch ha puesto de ejemplo lo que pasó en Portugal el pasado mes de julio: “Amnistió a todos los jóvenes menores de 30 años por delitos menos graves, con el argumento de que era positivo para el estatus social. Claro, el que tiene 35 años, se puede quejar. Pero, por razón de interés público, se aprobó esa medida de gracia”.

Si no se quiere que sea así, que se reforme la Constitución. Mientras no se reforme, mi impresión es que el Tribunal Constitucional convalidará una ley de amnistía, siempre y cuando no tenga elementos arbitrarios. Si incluye condenados por corrupción sin motivos, no lo va a aceptar”, ha zanjado.

¿Qué es el lawfare o judicialización de la política?

El término lawfare surge de dos palabras en inglésLaw, que significa ley y warfare, cuya traducción literal sería ir a la guerra. De esta fusión surge lo que en castellano se denominaría como guerra jurídica, expresión utilizada para referirse a situaciones en las que se registra una profunda instrumentalización de la justicia y sus respectivas instituciones para atacar, debilitar o

neutralizar a un oponente político. Dentro de una definición algo más gruesa, consiste en el uso de procesos legales para cesar a cargos públicos. O lo que es lo mismo, valerse del sistema judicial de un país para intereses partidistas.

Este concepto se le conoce también como “judicialización de la política”, una locución que en estos últimos tiempos está en el orden del día, especialmente para referirse al procés independentista y sus derivadas judiciales. El lawfare, también conocido como persecución judicial, contempla el uso de la Justicia como arma arrojadiza contra el adversario político, violando por completo la separación de poderes y la independencia judicial que se le suponen a un estado democrático y de derecho.

La persecución judicial tiene diversos ámbitos de aplicación, siendo la más habitual la manipulación de la Justicia desde el terreno político para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas con el fin de influir en la opinión pública. De este modo, se deslegitima y neutraliza al adversario político, provocando incluso la destitución de cargos públicos. No obstante, también conlleva torpedear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.

El término lawfare, a menudo empleado en países latinoamericanos, se ha hecho notable en situaciones como la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el impeachment de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, siendo frecuentemente mencionado por la prensa y los círculos políticos en estos contextos.


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