El Gobierno firma un plan antiabusos con la Iglesia para reparar a las víctimas de pederastia

El acuerdo supone la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado que además incluye la participación de las víctimas

Andrea Cabanillas

8-1-26

ElPlural

El Gobierno y la Iglesia católica han firmado un acuerdo histórico para poner en marcha un nuevo sistema de reparación para las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones religiosas. El pacto, suscrito por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los máximos representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), supone un cambio profundo en la forma en que se gestionan estas reparaciones en España.

El acuerdo, que supone la creación de la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado y será sellado a lo largo de la mañana de este jueves, como avanza elDiario.es, llega tras meses de negociación y después de duras críticas al plan PRIVA, el mecanismo impulsado por la Iglesia en 2022, que dejaba todo el proceso en manos de la propia institución eclesiástica. Las asociaciones de víctimas denunciaron entonces la falta de transparencia, la lentitud, la revictimización y unas indemnizaciones que consideraban insuficientes. Con el nuevo modelo, el Estado pasa a desempeñar un papel central como garante del proceso.

El objetivo del pacto es dar respuesta a miles de víctimas cuyos casos no pueden resolverse ya por la vía penal o civil, en muchos casos por prescripción, pero que reclaman reconocimiento, reparación y una respuesta institucional tras décadas de silencio.

Un sistema mixto con supervisión pública

El eje principal del acuerdo es la creación de un sistema de reparación mixto, en el que participan tanto el Estado como la Iglesia, aunque con funciones claramente diferenciadas. La Iglesia asume la responsabilidad económica de las compensaciones, mientras que el Estado garantiza la supervisión y el control del procedimiento.

Las víctimas podrán iniciar el proceso a través de la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor del Pueblo, que se convierte en la puerta de entrada al sistema. Este organismo analizará los casos, escuchará a las víctimas y elaborará una propuesta de reparación basada en criterios objetivos y en las recomendaciones del informe del propio Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.

Esa propuesta será trasladada a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo. 

En caso de desacuerdo, se activará una comisión mixta en la que participarán representantes del Gobierno, de la Iglesia y de las asociaciones de víctimas. El objetivo de esta comisión es alcanzar una decisión consensuada. Si no fuera posible, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo tendrá la última palabra, actuando como árbitro independiente.

La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento. De este modo, se evita que las víctimas queden desprotegidas por falta de recursos o por conflictos internos dentro de la institución eclesiástica.

El pacto también contempla la posibilidad de revisar los casos ya tramitados por el plan PRIVA. Las víctimas que no estén conformes con la resolución o la cuantía recibida podrán solicitar que su caso sea reexaminado dentro del nuevo sistema.

Las indemnizaciones no quedan fijadas de manera cerrada, pero se moverán en horquillas similares a las ya existentes, que pueden ir desde varios miles hasta decenas de miles de euros, teniendo en cuenta la gravedad de los abusos, su duración, el impacto psicológico y las consecuencias personales sufridas por la víctima.

Un paso adelante, con retos pendientes

Desde el Gobierno se ha defendido el acuerdo como un paso imprescindible para saldar una deuda histórica. Félix Bolaños subrayó que el Estado no podía seguir al margen de una realidad que, según el informe del Defensor del Pueblo, habría afectado a más de 400.000 personas en España. El nuevo sistema, afirmó, busca una reparación no solo económica, sino también moral y simbólica.

Las asociaciones de víctimas han valorado positivamente que se rompa el control exclusivo de la Iglesia sobre el proceso y que se garantice la intervención de una autoridad independiente. No obstante, advierten de que el éxito del acuerdo dependerá de su aplicación práctica, de la agilidad en la resolución de los casos y del trato que reciban las víctimas durante el procedimiento.

Aunque el pacto no cierra el debate ni repara por sí solo décadas de sufrimiento, sí marca un antes y un después en la respuesta institucional a los abusos en el seno de la Iglesia católica. Por primera vez, el Estado asume un papel activo para garantizar que las víctimas sean escuchadas y reparadas con criterios de justicia y transparencia.

Con éste, ya son cuatro los que ha firmado el ministro Bolaños con la Iglesia en las últimas dos legislaturas: el pacto sobre inmatriculaciones de bienes (enero de 2022), el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones (marzo de 2023), la resignificación el valle de Cuelgamuros (marzo de 2025) y, desde hoy, el de reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos.