El dinero
de la Iglesia El espíritu pagano de los 'negocios de Dios'
La Iglesia católica, pese a decirse al servicio de los pobres, maneja su
patrimonio financiero con los mismos criterios que cualquier empresa. Compra
títulos deuda pública, se beneficia de las sicav y busca ganar rentabilidad e
influencia con sus multimillonarias inversiones.
Público
Madrid
Vicente Clavero
Aunque su reino no sea de este mundo, la Iglesia católica nunca ha
descuidado los asuntos terrenales. Como cualquier empresa, procura administrar
su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad y/o influencia. Sobre todo,
el patrimonio financiero: los miles y miles de millones que cada año pasan por
sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles.
Los negocios de Dios son tan universales como su Iglesia y tienen su
epicentro en la sede apostólica de Roma, aunque se extienden por los centenares
de diócesis del planeta que cuentan con recursos para hacerlos. Hay ejemplos
muy reveladores de hasta dónde llega el poderío económico y cuál la forma en
la que gestiona su dinero una institución que se proclama al servicio de los
pobres.
A finales de 2012, el Banco Vaticano no quiso quedarse al margen de
los pingües beneficios derivados de la crisis de la deuda, que puso por las
nubes la rentabilidad de los bonos del Estado. Para sumarse al festín, colocó
en ese tipo de productos cerca de dos mil millones, la mayor parte en dos
países sobre los que pendía la espada de Damocles de la intervención: Italia
(1.179 millones) y España (589 millones).
Se trata sin duda de cifras modestas, comparadas con las que movilizaron
por aquella época los grandes inversores institucionales, pero constituyen una
prueba irrefutable de que el modus operandi de quienes gestionan la
Iglesia no difiere del más habitual en las entidades con ánimo de lucro. A
pesar de que, al menos en teoría, los fines que persiguen son radicalmente
distintos.
Por supuesto, la Iglesia española no constituye ninguna excepción y, cuando
opera en los mercados financieros, parece regirse por aquello de “a Dios lo que
es de Dios y al César lo que es del César”. De ahí que, durante años, no haya
tenido el más mínimo pudor en utilizar unos de los instrumentos favoritos de
los ricos para engordar su patrimonio con el menor coste fiscal.
La Iglesia llegó a controlar varias sicav, el instrumento favorito de los
ricos, que la crisis se llevó por delante
A principios de 2008, la Iglesia controlaba varias sicav, las sociedades de
inversión colectiva cuyos beneficios gozan del privilegio de tributar sólo al
1%. Umasges tenía como socios a los arzobispados de Madrid y de Burgos y
a la Mutua Umas, perteneciente a la órbita de la Conferencia Episcopal.
En Vayomer y Gran Premier había también una clara presencia
eclesiástica, aunque el aliado era en este caso (quién mejor) el banco
portugués Espirito Santo.
La crisis se llevó por delante algunas de estas sicav: Umasges fue disuelta
en el mismo 2008 y Gran Premiere, en 2011. Vayomer cambió en 2012 su nombre por
el de Naujirdam Inversiones, y otro tanto ocurrió con Finanzas
Querqus, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que pasó a
llamarse Relian Capital. Pero el objetivo seguía siendo idéntico: sacar
la máxima rentabilidad y pagar los mínimos impuestos.
Para saber en qué activos colocan sus activos estas sicav, basta con echar
un vistazo a último informe de Naujirdam depositado en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) y correspondiente al primer trimestre de 2017.
Títulos de renta fija y acciones de grandes empresas, como Banco Santander,
Telefónica o Repsol, forman parte de su cartera, por un importe total que
rondaba los cinco millones de euros a esa fecha.
Por cierto que la existencia de Naujirdam se compadece mal con el manual de
inversiones financieras que aprobó el Plenario de la Conferencia Episcopal
celebrado en noviembre de 2016. Según la información que trascendió entonces
sobre su contenido, los obispos se comprometieron a no invertir en paraísos
fiscales, ni realizar operaciones de carácter especulativo… ni utilizar sicav.
Varias instituciones religiosas perdieron unos veinte millones de euros con
el escándalo de Gescartera
La afición de la Iglesia a poner su dinero bajo el sol que más calienta
viene de antiguo y ha hecho que sobre ella caiga algún inesperado chaparrón. El
más sonado fue, sin duda, el escándalo de Gescartera, la agencia de
valores intervenida en 2001 por defraudar a sus clientes después de ofrecerles
altas rentabilidades. Unos veinte millones de euros perdieron las instituciones
religiosas que confiaron en ella.
Al menos dos diócesis figuraron entre los damnificados: la de Valladolid y
la de Astorga. El ecónomo (administrador) de esta última, el sacerdote Ángel
Lucio Vallejo Balda, fue nombrado tiempos después secretario de la
Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, seguramente en recompensa
por su buen olfato. Ya con Francisco como papa, Vallejo Balda protagonizaría la filtración de
documentos pontificios secretos bautizada con el nombre de Vatileaks 2, por la que
fue condenado en 2016 a 18 meses de prisión.
Si Gescartera constituyó un
ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la gestión del patrimonio
financiero de la Iglesia, el más reciente del Banco Popular refleja hasta
qué punto organizaciones vinculadas a ella están dispuestas a arriesgar mucho
dinero a cambio de mantener ciertas cuotas de influencia y de poder.
Uno de los pesos del banco ha sido tradicionalmente la Sindicatura de
Accionistas, que tenía el 9,8% del capital antes de la absorción por el
Santander. Pertenecía a ella la Unión Europea de Inversiones (UEI),
promovida por personas e instituciones cercanas al Opus Dei, el
movimiento religioso que nutrió la alta dirección del Popular durante años,
incluidos al menos un presidente (Luis Valls-Taberner) y un consejero delegado
(Rafael Termes).
La participación de la UEI, que era del 3%, valía más de 260 millones de
euros hace dos años. Para que no se diluyera en las tres ampliaciones llevadas
a cabo desde entonces, tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero (74
millones en la última). Como parte lo obtuvo a crédito, el desplome posterior
de la acción puso a la sociedad al borde de la quiebra técnica.
Todos estos asuntos, aunque estuvieran en juego fondos de distinta
procedencia, han proporcionado argumentos a quienes defiende que la Iglesia
debe estar sujeta fiscalización por el Tribunal de Cuentas, al ser
perceptora de recursos públicos. Sólo a través de la asignación tributaria (la
casilla del IRPF), recibe del orden de 250 millones de euros anuales, a los que
hay que añadir las subvenciones de todo tipo provenientes de las distintas
administraciones.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se niega a entrar en las de la Iglesia,
como quedó de manifiesto en la votación de su plan para 2017. Nunca antes se
había visto el asunto en el pleno, y los siete consejeros nombrados a
propuesta del PP hicieron valer su mayoría, frente a los cinco del PSOE.
Eso impedirá que se sepa con detalle a qué dedica el dinero una institución
como la Conferencia Episcopal, que incluso en los momentos más duros de la
crisis ha gastado más
en mantener su propia televisión (13TV) que en ayudar a Cáritas.
