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sábado, 26 de mayo de 2018

Y Aznar, haciéndose el longui


25/05/2018

Y Aznar, haciéndose el longui

Angel Tristán

ElHuffPost

José María Aznar llegó a La Moncloa mediante un truco que ahora empieza a cobrar cierto sentido contextual: exigió la inmediata dimisión en 1986 al entonces presidente de Castilla León, Demetrio Madrid, al ser procesado por un caso de justicia laboral en una empresa de su propiedad. El líder socialista castellano leonés dimitió sentando un precedente ético impecable. Luego, fue absuelto en 1989. Su feroz inquisidor ocupó el cargo en la Junta y empezó una meteórica carrera. 

Cooptado por Manuel Fraga para sucederle, con el nada democrático procedimiento del dedazo, repitió la fórmula. Hizo bandera de la lucha contra la corrupción, real o imaginaria. Pero con grandes muestras de incoherencia que difícilmente se pueden achacar a una mera y simplona ingenuidad. Este hombre, que en ocasiones parece un tontaina, no lo es en absoluto. Es vanidoso, engreído, soberbio, y de una estudiada seriedad, que de tan seria es pintoresca. Cuando Canal Plus tenía guiñoles, era difícil adivinar cuál era el Aznar de carne y hueso, y cuál su muñeco. Eran como Pili y Mili. 

Así que dio forma, experiencia tenía en historias de hadas, o de brujas, en escribir un relato; lo que antes se llamaba un cuento. Frente a los escándalos que acusaban al PSOE en la última legislatura de Felipe González – que así y todo perdió por un escaso margen; "le faltaron dos debates para ganar"- proclamó la tolerancia cero patatero. Pero, a la vez, en cuanto ganó, se dedicó a despotricar contra la Fiscalía Anticorrupción. No la consideraba necesaria porque el PP era un partido honrado incompatible con las corruptelas.

El pre-trumpismo aznarista pudo ser 'la causa de la causa del mal causado'

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada había sido creada por Felipe González en abril de 1995, precisamente como una respuesta proporcionada al problema que, de agravarse, podría minar la democracia y hacer que la gente perdiera confianza en el sistema. Y puso a su frente a un fiscal nada amigo de las componendas, Carlos Jiménez Villarejo. Tampoco hay que olvidar que fue el secretario general del PSOE quien, desde su condición de jefe del Gobierno, creó la Agencia Tributaria en 1990: dos organismos clave en la lucha contra la corrupción. Unas iniciativas concretas y operativas en la dirección correcta; una respuesta adecuada a la gravedad de la situación.

El pre-trumpismo aznarista pudo ser 'la causa de la causa del mal causado', como dice el enrevesado aforismo jurídico. Todo lo que hizo Felipe González tenía que ser borrado. Él, Aznar, era el Adán de una nueva era. En parte lo fue: fue el primer jefe de Gobierno que casó a una hija en El Escorial, palacio real, monasterio y panteón de reyes. Y sí, como repiten las redes sociales, de aquel bodorrio solo los camareros y cocineros se han librado de la imputación por golfos o asimilados. Con las excepciones de rigor. Al despreciar la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, debilitó su imagen, haciendo que se le perdiera el 'respeto debido' y perdió impulso la investigación. El Fiscal General Jesús Cardenal, llegó a plantear su disolución en 2003. Esta no se produjo, pero sí su debilitamiento político y presupuestario.

"Son casos aislados", "no es una trama del PP, es una trama contra el PP", y zarandajas exculpatorias parecidas

Mientras tanto, el discurso era, y siguió siendo en todo el aznarato, y en la marianidad que sustituyó al interregno de Zapatero, una media verdad que, como pocas veces, constituyó una mentira y una cortina de humo; además de un señuelo contramedidas para desviar la atención. "Aquí el único partido condenado por corrupción es el PSOE por el caso Filesa". Esto se hizo dogma de fe y lugar común en los argumentarios, repetidos a coro por unos bien instruidos políticos que lo cantaban a coro. Pero Dios no escucha las majaderías ni dichas en latín y gregoriano. Era cierto que el PSOE había sido condenado por el caso Filesa, el cobro de comisiones nacido, al parecer, para hacer frente a los cuantiosos gastos de llevar en solitario el referéndum para la entrada de España en la OTAN. Pero la intención era lo de menos: como dice el proverbio cristiano, "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones". 

Pero este argumento era tramposo. El PP borraba otra realidad: el paralelo caso Naseiro, que era la punta del iceberg que al cabo de los años hundió al Titanic Popular, existió; pero exquisiteces jurídicas anularon las pruebas, unas escuchas en las que, mientras buscaban pistas sobre narcotráfico, los investigadores se encontraron con unos aprovechados que tramaban un cobro ilegal de comisiones. Aunque el tribunal ordenó destruir las cintas, en internet nada desaparece para siempre. Una copia subida a la nube goza de eternidad.

El ninguneo de este precedente se interiorizó de tal forma que no se tuvo en cuenta ni siquiera para evitar su repetición. El nombre de Naseiro apareció por primera vez, así como el de un joven Zaplana. La utilización de Filesa como ventilador hizo descuidar las precauciones. A su vez, el arropamiento a los corruptos, por aplicación de aquel principio de EE UU de que "Batista es un hijo de puta, pero es nuestro hizo de puta", que servía para el cubano pero también para el nicaragüense Somoza, o para cualquier tirano banderas bananero, se aplicó indiscriminadamente.


Todo ello degeneró en la práctica en una omertá. El cáncer, a falta de quimio o cirugía, o prevención protocolizada para detectar estos tumores, fue extendiéndose. Y en todos los casos se minusvaloró el proceso. "Son casos aislados", "no es una trama del PP, es una trama contra el PP", y zarandajas exculpatorias parecidas. En 2014, a la vuelta de la esquina mirando hacia atrás, Aznar sostenía en el Foro del Grupo de Líderes Empresariales (LIDE) de Brasil, que el exceso de normas anticorrupción dificultaba la política mientras, paradójicamente, defendía la lucha contra la corrupción. No hay duda sobre la habilidad de este hombre en decir una cosa y su contraria separadas sólo por una coma.

'Gürtel' no se acabó con la represalia contra el juez Baltasar Garzón ni con los manejos muy 'trillanos' para dificultar la investigación.

Cuando Mariano Rajoy sucedió a José María Aznar al frete del PP, ya tenía suficiente experiencia en el asunto. Había lidiado con la corrupción ya durante su entrenamiento político en Galicia, cuando los escándalos zarandeaban a la Xunta de Fernández Albor. El vicepresidente Rajoy, quitaba importancia al problema. En una entrevista que le hice en el acogedor salón del Parador Nacional de Pontevedra– yo era en esa época subdirector de Faro de Vigo- publicada el 22 de marzo de 1987, él tenía 32 años, le planteé que él había prometido "inicialmente, averiguar lo de la corrupción y que después se rajó (sic) y que en el fondo de lo que se trata es de cambiar un cacique por otro".

Él respondió tajante: "Ese tipo de versión no la admito. (...) Lo que sí tengo claro es que la gestión de la Administración tiene que ser transparente y eficaz: concursos públicos, igualdad de oportunidades etcétera (...) Como presidente de la Diputación (de Pontevedra) siempre lo hice, y en la Xunta ya se está haciendo".

Eso decía. Y ha sido muy coherente: lo ha seguido diciendo hasta casi ayer. Transparencia y transparencia. Como decía madame Roland, señalada partidaria de la Revolución francesa, al pie de la guillotina durante el Terror, "libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre". 

Los escándalos que ahora atormentan al gran partido de la derecha, a punto de ser engullido por Ciudadanos, han sido incubados desde lejanos tiempos políticos, bajo el 'régimen' de Aznar, convertido ahora en un resentido oráculo de la perfección que nunca tuvo. En este asunto, mucho pico pero poca pala.

Pero la semilla no hubiera florecido si durante el marianismo se hubiera actuado con decisión, pero se prefirió tratar la necrosia como un eczema de primavera. Los intentos de neutralizar el avance de los procesos con chorros de tinta de calamar gigante, no hicieron efecto. 'Gürtel' no se acabó con la represalia contra el juez Baltasar Garzón ni con los manejos muy 'trillanos' para dificultar la investigación.

Durante décadas la sociedad fue complaciente; veía los casos de corrupción con espíritu corporativo.

Con lenguaje soez de puro cabreado, un ex militante popular, asqueado de tanta "mierda" y de tanto empeño en diluir la responsabilidad y de tanto "y ustedes más", comentaba al conocer la condena ejemplar de la Audiencia Nacional. "Es que, ¿sabes?, el disimulo te manda a tomar por culo". Lo sé, lo sé, este es un lenguaje propio de Pablo Iglesias bis, pero así fue el exabrupto. Que no será muy educado, pero peor es contemplar la corrupción como quien contempla las amapolas en un prado.
 
Tanta irresponsabilidad ha habido, tanta la vanidad por las plazas de toros llenas, los estadios a rebosar, los mítines a la americana, la vida es sueño, que se tapaba el mal olor con botellitas de ambientador.

Durante décadas la sociedad fue complaciente; veía los casos de corrupción con espíritu corporativo. Ellos y nosotros. Pero poco a poco, y con la aparición de movimientos alternativos con capacidad de recambio, las circunstancias han cambiado.

Y no será porque no se le ha advertido al PP y a Rajoy de que el barco iba proa al arrecife.


Marhuenda en pleno orgasmo cuando se entera que Rajoy no dimite


Zaplana, ministro de Aznar y fundador de un grupo criminal


Zaplana: de ministro de Aznar a acusado de crear un grupo criminal

El expresidente valenciano, acusado de hasta 10 delitos, cuya investigación por la UCO durará meses

AGENCIAS

ElPlural

Vie, 25 Mayo 2018 


El auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia por el que envió a prisión al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, dentro de las investigaciones realizadas en el caso Erial, acusa al también exministro de Trabajo de diez delitos, sobre los que la UCO ha seguido investigando y recopilando documentación adicional. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y, dada toda la documentación incautada, su procesamiento y estudio podría durar meses.

Fuentes conocedoras del caso han indicado que, en la resolución, la jueza acusa a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.


Comisiones ilegales

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones podrían haber pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

Tanto en la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

En el auto de prisión dictado anoche, la jueza enumera también tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.


 El Plan EólicoAdvertisement

Durante este mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado más información del Plan Eólico, una documentación que la Generalitat Valenciana guarda en el Centro Logístico de Riba-roja (Valencia), archivo definitivo de la documentación del Gobierno valenciano.

Esta documentación específica no se encontraba en la sede central de la Conselleria de Economía, en el complejo administrativo 9 d'Octubre de Valencia, cuando los agentes de la UCO acudieron el pasado martes para recabar los expedientes del Plan Eólico y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

En el caso del Plan Eólico, al tratarse de una privatización realizada en 1997, la mayor parte de la documentación referida a ese expediente se encuentra en el Centro Logístico de Riba-roja, adonde han acudido este viernes los agentes de la UCO para recogerla.

Recurso de la defensa

Por otra parte, la defensa de Eduardo Zaplana ha anunciado que recurrirá el auto de prisión incondicional y sin fianza dictada, al considerar que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción de esta causa.

Además de Zaplana, la jueza dictó prisión para el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica, Joaquín Barceló.

Del resto de detenidos el martes por este caso, han quedado en libertad con medidas cautelares los empresarios Vicente y José Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García; y Felisa López, mujer de Joaquín Barceló.

La primera noche en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) la ha pasado Zaplana en el área de enfermería, según han relatado a EFE fuentes penitenciarias, que han agregado que se ha procedido así, no porque estuviera indispuesto, sino por ser el procedimiento habitual cuando "ingresa un interno con una patología acreditada", que en el caso de Zaplana es una leucemia diagnosticada en 2015.



Ciudadanos se hace de la picha un lío con la moción de censura



Los líos de Villegas con la moción de censura

O miente o desconoce el Reglamento del Congreso y la Constitución: Rajoy ya no puede convocar elecciones y no existe la "moción instrumental"

Redacción

ElPlural

Vie, 25 Mayo 2018 


“La corrupción del Partido Popular ha liquidado esta legislatura”. En estos términos se ha pronunciado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la convocatoria de elecciones. En caso contrario, aseguran que impulsarán su propia moción de censura “instrumental” para fijar una cita con las urnas. Esta posición ha sido comunicada después de conocer las intenciones de Pedro Sánchez: convocar elecciones “cuanto antes” pero después de “recuperar la estabilidad democrática”. Villegas, que ha comparecido antes que el líder socialista, se ha hecho un auténtico lío con la postura naranja ya que, o bien ha articulado un discurso a sabiendas de que era engañoso, o bien demuestra un profundo desconocimiento del Reglamento de Congreso y de la Constitución española


La primera postulación de Villegas ha sido la exigencia de una convocatoria de elecciones al presidente del Gobierno, lo cual es irrealizable puesto que el PSOE ya había registrado en el Congreso de los Diputados la moción de censura, y una vez tramitada esta, el líder del Ejecutivo no puede convocar elecciones, tal y como dispone el apartado 5 del artículo 115 de la Constitución.





Asimismo, Villegas habló de una “moción instrumental” para convocar elecciones. En este sentido, esta figura no existe, ya que tal y como establece la Carta Magna, la moción de censura es constructiva, es decir, se requiere un candidato alternativo que se entiende investido presidente una vez que la iniciativa prospera, tal y como figura en el artículo 113 de la Constitución. Un periodista ha recordado a Villegas que las mociones requieren, sí o sí, un candidato alternativo, ante lo que el dirigente naranja se ha limitado a decir que en ese caso habría que estudiarlo en el Comité Nacional del lunes.

Además, cabe destacar que según este mismo precepto, Ciudadanos no podría presentar en solitario una moción puesto que se requiere el 10% de los votos de la Cámara, es decir, 35 diputados (los naranjas solo tienen 32, por lo que deberán recabar al menos tres diputados).

 

jueves, 24 de mayo de 2018

La voz de Iñaki : Zaplana tampoco es del PP

PP el partido más corrupto de Europa


PPesMafia (Estreno cinematográfico)


La derecha manipula y roba


Todos somos casos aislados


"El elefante está en la habitación. Que nadie se llamea engaño" (Elephant in the room)


La culpa del PP, a la vista de todo el mundo

No sé si los jueces estarán satisfechos, pero han logrado algo crucial: que el elefante esté a la vista de todos

ElPlural

Enric Sopena

Jue, 24 Mayo 2018 


El PP es participe lucrativo de la trama Gürtel tal y como ha sentenciado la Sección II de la Audiencia Nacional que ha juzgado la primera pieza de este escándalo de corrupción.

En inglés existe una expresión metafórica que dice, elephant in the room (elefante en la habitación) que se refiere a una verdad evidente que es ignorada, o a un problema que nadie desea discutir. Es decir, nadie podría evitar ver un elefante en una habitación, pero se prefiere cerrar los ojos para no afrontar el problema.

Es lo que ha ocurrido con el papel del partido de Mariano Rajoy Brey en la trama Gürtel. Cuando Don Mariano dijo en 2009 que toda la Gürtel era una conspiración contra el Partido Popular. Y añadió “Quiero afirmar, y el comité ejecutivo también, la honorabilidad de nuestro partido”. Ahora, los magistrados por mayoría, fuera del voto particular del presidente de la Sala cuya percepción es otra, dejan clara esa primera vinculación del PP, de los altos cargos del PP y de la trama de empresas con un ánimo espurio.

Las penas de prisión dictadas afectan a dirigentes populares Luis Bárcenas (y su esposa Rosalía Iglesias) con severas condenas de cárcel o la prisión decidida para Jesús Sepúlveda con multa añadida a su exmujer, la exministra Ana Mato, y otros políticos del PP, aparte de toda la parafernalia de quienes componen las empresas de Francisco Correa con la excepción en este caso de Álvaro Pérez cuyo papel los magistrados han considerado no lesiva.

Muy probablemente no figuren aquí todos los que son, aunque muchos han declarado ante el tribunal, incluso el propio Mariano Rajoy Brey. Tampoco el castigo para el PP es excesivo, una multa total de casi un cuarto de millón de euros, pero el toque de atención hacia quienes durante ese año componían el eje central del partido, es evidente. Es más, considero que todo esto puede ir más allá y no habría que descartar que en otros procedimientos vuelva a aparecer el PP y otros nombres similares o de la misma familia política.

Estos hechos probados coinciden con los nuevos términos que expertos juristas manejan en cuanto a la corrupción. Hablan de auténticas corporaciones en que se suman los intereses de las empresas a los de los partidos políticos contra lo que conviene a la sociedad. Esta alianza interesada entre instituciones y privados impone sus normas de mercado basadas en la eliminación de la competencia y la adjudicación de contratos públicos a esos socios en el delito obviando los mecanismos legales o sorteándolos.

No hay que olvidar que el PP jugó con ventaja y, además, en coincidencia con su participación en las elecciones. Según los hechos probados que cita la sentencia, parte de este dinero sirvió para “directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja b del partido”, paralela a la oficial.

Si como señalan los expertos, la corrupción en su definición más simple consiste en el uso indebido de un cargo público con la finalidad de conseguir ganancias privadas o el abuso de las funciones públicas y, si una de sus fórmulas más comunes utiliza el proceso de contratación pública, la acción del partido de Mariano Rajoy Brey se recogerá en los libros de la carrera de Derecho.

Creo que, en este caso, con gran esfuerzo y no pocos quebraderos de cabeza, los magistrados de la Sección II de la Audiencia Nacional han concluido su trabajo de forma exhaustiva y ajustada a Derecho. Han vivido un proceso muy atropellado con recusaciones de determinados jueces al principio por su presunto buen ánimo hacia la formación juzgada; incluyendo la ruptura final de la Sala en cuanto a criterios y las presiones que, se supone, recibieron desde distintos ámbitos.

Desconozco si esos magistrados estarán ahora satisfechos con el resultado. Pero considero que lo que han logrado es crucial: han conseguido que el elefante esté a la vista de todos. Que nadie se llame a engaño.










España es una inmensa letrina (Huele que apesta)


Quién es quién en el Caso Gürtel

CASO GÜRTEL: Todas las claves

El Partido Popular condenado por la trama Gürtel

No es una trama del PP...

¡Todos a la cárcel! ¡Pero TODOS!


Gürtel convierte al PP en el primer partido nacional condenado por corrupción en democracia

30 años de prisión para Luis Bárcenas y 15 para su esposa Rosalía




ElPlural


Jue, 24 Mayo 2018



La Sección II de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia: el Partido Popular ha sido partícipe lucrativo en el caso de corrupción denominado Gürtel, primera etapa. Luis Bárcenas, antiguo senador del PP y ex tesorero de la formación, ha sido condenado a 30 años de prisión y a abonar casi 45 millones de euros en multas, y su esposa, Rosalía Iglesias, a 15 años de prisión.

Entre las mayores penas para el PP figura la de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, condenado a 33 años y la del exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a 12 años de prisión. Su esposa, la exministra Ana Mato, tendrá que abonar una multa de casi 28.000 euros como partícipe lucrativo.

Por parte de las empresas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo suman cada uno 40 años de cárcel. Álvaro Perez El Bigotes ha resultado absuelto. Esta resolución incorpora un voto particular del magistrado Ángel Hurtado en desacuerdo con algunos de los puntos decididos.

La sentencia que la Sección II de la Audiencia Nacional acaba de notificar no deja lugar a dudas. El Partido Popular debe responder como partícipe lucrativo de modo directo y solidario con Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno Alonso, Carmen Rodriguez Quijano, Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís en el apartado Majadahonda por lo que deberán abonar multa de 133.628,48 euros.

Y lo mismo ocurre en el caso Pozuelo en la campaña electoral del 25 de mayo de 2003 en este caso junto a Jesús Sepúlveda Recio, que fue alcalde de esa localidad.

Los jueces han dictaminado también penas de prisión para los populares Javier Nombela asesor en la Junta de Moncloa (4 años y seis meses), Ricardo Galeote concejal de Estepona (7 años y seis meses); Guillermo Ortega excalde de Majadahonda (33 años), Juan José Moreno Alonso concejal de la misma localidad (15 años); José Luis Peñas Domingo ex concejal de Majadahonda ( 4 años de prisión); Jesús Merino Delgado (exvicepresidente en la Junta de Castilla y León) (1 año y 9 meses); Jesús Sepúlveda exsenador y exalcalde de Pozuelo (12 años de prisión); Ángel Sanchís extesorero del PP y su hijo (unos meses de prisión); Roberto Fernández Rodríguez, exconcejal de Hacienda de Pozuelo (9 meses); Alberto López Viejo, viceconsejero de la Comunidad de Madrid (20 años), su asesor Pedro Rodríguez Pendás (3 años); Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Hacienda en la CAM y asesor del exministro de Justicia José María Michavila (más de 5 años) ; Teresa Gabarra Balsells esposa de López Viejo (4 años). Ana Mato, ex ministra y exesposa de Jesús Sepúlveda tendrá que abonar una multa de 27.857 euros como partícipe a título lucrativo al igual que Gema Matamoros

Ivan Yañez Velasco, apoderado de Bárcenas (unos dos años). Jacobo Gordon Lavendorf, empresario relacionado en su día con Alejandro Agag (5 meses de prisión).

En cuanto a los acusados relacionados con las empresas de la trama, la sentencia marca penas de prisión para Francisco Correa que por la suma de los delitos que se le achacan suman más de 40 años; Pablo Crespo Sabarís, con una pena similar; José Luis Izquierdo (17 años) Isabel Jordán (19 años); Alicia Mínguez ( 4 años y medio); Carmen Rodríguez Quijano (15 años); el abogado Luis de Miguel Pérez (un total de 9 años); el también abogado, Antonio Villaverde Landa (7 años); el empresario Alfonso García Pozuelo Asins condenado a 2 años de prisión sustituibles por multa; Jesús Calvo Soria, empresario, (6 meses de prisión); Pablo Ignacio Gallo Alcantara Cirado, (1 año). Álvaro Pérez El Bigotes ha resultado absuelto.

Entre los delitos más habituales se pueden enumerar, según los casos, los de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documentación mercantil, estafa procesal, apropiación indebida, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales entre otros.

A las penas citadas hay que añadir diferentes cantidades en concepto de multas para buena parte de los procesados así como inhabilitaciones para ejercer cargos públicos o en su caso para el sufragio pasivo. Las condenas que indica la sentencia suponen la suma de las dictadas en función de los diferentes delitos considerados por el tribunal y son después corregidas en relación a la condena mayor de las acumuladas, como establece la ley.

A modo de ejemplo, Luis Bárcenas tendría por esta pieza Gürtel una condena probable de 18 años de prisión, que después se analizará en función de otras condenas por otras causas. En el caso de Rosalía Iglesias su condena se reduciría previsiblemente a nueve años al ser de tres años la mayor de las condenas que tiene acumuladas.

A través de Luis Bárcenas

Concluye así el trabajo de los magistrados en un caso conflictivo que llevó al principio a la recusación de algunos magistrados por su aparente afinidad hacia el PP y que se vio salpicado por diversas entradas del partido en el Gobierno que veía peligrar su imagen y la situación procesal de diversos dirigentes.

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Los hechos probados en cuanto al papel protagonista del Partido Popular son claros para la sala: “Francisco Correa en el curso de la actividad empresarial en el campo de la comunicación, marketing y servicios relacionados con viajes y la celebración de eventos que desde el inicio de los años 90 del siglo pasado venía profesionalmente desarrollando, entabló contactos de negocios con el partido Popular a través de Luis Bárcenas Gutiérrez, gerente del partido, así como de otras personas encargadas de diversas áreas de actividad como Jesús Sepúlveda Recio, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Secretario Nacional del Área Electoral además de Senador, así como de otros miembros del mismo partido político”.

En esta introducción que relata la sentencia titulada “la corporación empresarial de Francisco Correa y su conformación como estructura organizada para apropiarse ilícitamente de fondos públicos”, se señala que “correlativa a esta actividad económica Correa mantenía una estrecha y continua relación personal, incluso de amistad, con altos dirigentes del partido político, hasta el punto de dispensársele un trato de preferencia en su sede central de la calle Génova, entrando y saliendo del edificio a discreción sin pasar por ninguna clase de control ni escáner, incluso accediendo libremente al parking reservado en dicha sede”.

Y he aquí otro hecho probado que deja claro el papel fundamental del PP: “Entre el grupo Correa y el Partido Popular se tejió pues una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc. Dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se tratara de actos electorales o de otro tipo”.

Corrupción institucional

Así se evidencia que el Partido Popular gestó, según relata la sentencia, que “… Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas, y Municipios gobernados por el PP)”.

Consideran los jueces que ello permitió que, “bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas”. Por aportar algunas cifras, la sentencia deja claro que Francisco Correa percibió por contratos públicos adjudicados en el periodo de 2000 a 2008 una cantidad aproximada de 8.400.000 euros siendo el precio del servicio que prestó mayor que el normal del mercado para conseguir un margen de beneficio mayor y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones.

Correa ingresó además 2.850.000 euros en concepto de comisiones por su intermediación en favor de empresas no pertenecientes a su grupo.

Afirma el tribunal: “Mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones publicas afectadas, la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico”. Además utilizaban, señalan “otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”

Gastos electorales y Caja B

Parte de este dinero sirvió para “directamente pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido” En cuanto a estos últimos aspectos, la sentencia apenas los describe como forma de explicar el contexto en que se producen los hechos si bien considera que quedan fuera de su ámbito. Queda ahora pendiente un nuevo proceso denominado comúnmente papeles de Bárcenas o Caja B del PP.

El modelo, según indican los jueces, se aplicó en otros lugares de la geografía española: “Esta intensa relación de negocios de Francisco Correa con el Partido Popular cesó respecto de la organización central del partido en el año 2004, pero trasladó su actividad a otras comunidades autónomas que seguían gobernadas por el mismo Partido Popular, singularmente, aunque no únicamente, la Comunidad Valenciana, lo que se produjo hasta el año 2009”.

En su apartado de hechos probados, la sentencia considera que Francisco Correa percibió por contratos públicos adjudicados en el periodo de 2000 a 2008 una cantidad aproximada de 8.400.000 euros.

 Estos contratos generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado era mayor que normal del mercado por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones. Correa ingresó además 2.850.000 euros en concepto de comisiones por su intermediación en favor de empresas no pertenecientes a su grupo.

El caso Gürtel se ha visto fragmentado en diferentes piezas separadas y en este caso la sentencia se refiere a actividades delimitadas entre los años 1999 a 2005. Aclaran los jueces que está referida a la estructura central de la organización liderada por Correa y de su actividad en determinados territorios gobernados por el partido popular en directa relación con algunos miembros de dicho partido

El marco territorial de esta pieza abarca, por tanto, los hechos relacionados con: la sociedad municipal turismo y actividades recreativas de Estepona SL; el municipio de Majadahonda durante los años 2001 a 2005; la comunidad autónoma de Castilla y León años 2002 y 2003; el municipio de Pozuelo de Alarcón, años 2003 a 2005; municipio de Madrid, en el año 2002; y la Comunidad Autónoma de Madrid durante los años 2004 a 2008.



Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ELPLURAL.COM




Pensión mínima!


¿Como actúa una Mafia?


El Partido Popular y sus delincuentes


La mujer de Bárcenas, a prisión.


La bomba para el PP: la mujer de Bárcenas, a prisión

La estrategia negociadora del extesorero para callar pasaba por librar a Rosalía Iglesias de la cárcel




EklPlural

Jue, 24 Mayo 2018



Lo contaba ya El Plural en el año 2016, aunque los ecos se han recrudecido en las vísperas de conocerse la sentencia del caso Gürtel. El cambio de actitud de Luis Bárcenas, que había pasado de atacar al Partido Popular a defender a la formación de la que fue tesorero y a Mariano Rajoy, se basaba en que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión. Pero la sentencia es demoledora y a su esposa le han caído 15 años de prisión.

Era evidente que el tren de vida de Bárcenas no le llevaba a negociar por dinero y todos sus esfuerzos se centraban en evitar el posible ingreso de su esposa en prisión, lo que acaba de quedar desbancado por la sentencia de la primera época de Gürtel. De hecho, en las últimas horas ya se había filtrado que las esperanzas de Bárcenas pasan ahora por entrar él en prisión y que su mujer postergue el ingreso hasta que llegue una ratificación del Tribunal Supremo, al estilo de lo que ocurrió con los cabecillas de la trama respecto a la condena de Fitur o con Iñaki Urdangarin.

A Bárcenas dinero no le falta, a la vista de las minutas elevadas que paga a sus abogados y a las defensas que llevaban su caso tanto en España como en Suiza. Por lo que fuentes judiciales siempre apuntaron a que los movimientos del extesorero buscaban evitar la cárcel de su mujer incluso en el caso de ser condenada.

Hace unos meses, El Confidencial ya avisaba de que en el PP había un miedo creciente a que Bárcenas tirase de la manta si su mujer no se libraba de la cárcel: “Bárcenas ha esperado en todo este tiempo una solución judicial para su esposa Rosalía, su verdadero punto débil. Una solución que a la vista del escrito de la Fiscalía no ha llegado ni va a llegar”. Se referían a la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción que solo rebajó la pena de cárcel para Iglesias de 24 años y un mes a 23 años y un mes.