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sábado, 26 de mayo de 2018

Zaplana, ministro de Aznar y fundador de un grupo criminal


Zaplana: de ministro de Aznar a acusado de crear un grupo criminal

El expresidente valenciano, acusado de hasta 10 delitos, cuya investigación por la UCO durará meses

AGENCIAS

ElPlural

Vie, 25 Mayo 2018 


El auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia por el que envió a prisión al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, dentro de las investigaciones realizadas en el caso Erial, acusa al también exministro de Trabajo de diez delitos, sobre los que la UCO ha seguido investigando y recopilando documentación adicional. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y, dada toda la documentación incautada, su procesamiento y estudio podría durar meses.

Fuentes conocedoras del caso han indicado que, en la resolución, la jueza acusa a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.


Comisiones ilegales

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones podrían haber pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

Tanto en la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

En el auto de prisión dictado anoche, la jueza enumera también tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.


 El Plan EólicoAdvertisement

Durante este mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado más información del Plan Eólico, una documentación que la Generalitat Valenciana guarda en el Centro Logístico de Riba-roja (Valencia), archivo definitivo de la documentación del Gobierno valenciano.

Esta documentación específica no se encontraba en la sede central de la Conselleria de Economía, en el complejo administrativo 9 d'Octubre de Valencia, cuando los agentes de la UCO acudieron el pasado martes para recabar los expedientes del Plan Eólico y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

En el caso del Plan Eólico, al tratarse de una privatización realizada en 1997, la mayor parte de la documentación referida a ese expediente se encuentra en el Centro Logístico de Riba-roja, adonde han acudido este viernes los agentes de la UCO para recogerla.

Recurso de la defensa

Por otra parte, la defensa de Eduardo Zaplana ha anunciado que recurrirá el auto de prisión incondicional y sin fianza dictada, al considerar que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción de esta causa.

Además de Zaplana, la jueza dictó prisión para el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica, Joaquín Barceló.

Del resto de detenidos el martes por este caso, han quedado en libertad con medidas cautelares los empresarios Vicente y José Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García; y Felisa López, mujer de Joaquín Barceló.

La primera noche en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) la ha pasado Zaplana en el área de enfermería, según han relatado a EFE fuentes penitenciarias, que han agregado que se ha procedido así, no porque estuviera indispuesto, sino por ser el procedimiento habitual cuando "ingresa un interno con una patología acreditada", que en el caso de Zaplana es una leucemia diagnosticada en 2015.



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