La 'otra' amnistía, una conversación pendiente con las víctimas
del franquismo: "El problema es el paso del tiempo"
Una ley de 50 años sin revisar, otra de memoria
democrática incompleta a ojos de los expertos o un sistema judicial
"poco cercano" al Derecho Internacional: claves para
entender el caso Julio Pacheco
ElPlural
Rubén Rozas
13-9-24
Cuando alguien toma una decisión lo hace porque considera que es
lo correcto en el momento. España ha tomado varias en su historia
reciente, de características bien diferentes y que apuntan en
direcciones muy distintas, pero, sin duda, las más importantes se
dieron con la Transición. El debate de muchas
de ellas ha saltado de padres a hijos y, seguramente, pasará a
generaciones futuras.
El cambio de un sistema dictatorial a uno democrático fue el todo
o nada. De ahí que algunas de las cosas que se hicieron en aquel
momento sean criticables hoy, aunque pocos pensaran entonces que se
hacían de forma malintencionada. De aquellos barros el lodo del
eterno debate actual sobre tantas cuestiones como la monarquía o, el
caso que concierne a estas líneas, la Ley de Amnistía
de 1977.
La palabra referida a la medida de gracia aterrizó en nuestro
país mucho antes de que el gobierno de Pedro
Sánchez la pusiera sobre la mesa. Con figuras
fuertes del régimen en el Congreso, la sombra de ETA y
una sociedad civil dividida entre una mayoría que clamaba por la
libertad y un sector cómodo en el franquismo, la Cámara Baja
decidió indultar a personas que ni siquiera habían sido condenadas.
Un punto final. Un carpetazo. Una conversación que se
cerró de manera abrupta pero que de un tiempo a acá necesita un
“Tenemos que hablar”.
Aquella normativa es una de las trabas burocráticas que ha
encontrado Julio Pacheco, primera víctima de
torturas durante la estancia de Franco en El Pardo que declara -junto
a su mujer, Rosa María García Alcón- ante
una jueza. Un paso histórico en lo simbólico, pero que ha resultado
suficiente en lo penal, ya que la magistrada que lo ha llevado a cabo
ha archivado la causa.
Soluciones para reparar completamente a las
víctimas de la dictadura
El resultado de la causa de Pacheco -recurrido a la
Audiencia Provincial- ha provocado el malestar entre las asociaciones
memorialistas, que celebran los pasos que se han dado en materia de
memoria histórica pero, sobre todo, centran el foco en los que
quedan por dar. Y en las “oportunidades perdidas”.
“La ley de 2007 de Zapatero o
la sentencia del Tribunal Supremo de 2012,
en la que se absuelve al juez Garzón de prevaricación por haber
investigado crímenes del franquismo, marcaban pasos a seguir por la
normativa de memoria democrática de 2022,
pero no se continúan”, lamenta Daniel Canales,
investigador sobre memoria democrática de Amnistía
Internacional en declaraciones a ElPlural.com.
Las cuestiones que reconsiderar tendrían que haber pasado
por incorporar el principio de legalidad en el Código
Penal y, precisamente, dejar sin efecto el
texto de 1977. “Todas las discusiones jurídicas que
podamos tener responden a una falta de voluntad
política”, resuelve, apuntando el híbrido entre poderes.
“La ley de memoria democrática pudo haber servido para avanzar a
eliminar los obstáculos en la investigación y el enjuiciamiento
penal”, añade; aunque orienta también la mirada a los órganos
jurídicos, que mantienen en ocasiones un
enfoque “excesivamente formalista” y
menos “cercano” al Derecho Internacional.
Sin embargo, asegura que todo esto es algo que viene “de atrás”.
“Son muchos años desde la Transición en los que el
Estado español ni siquiera se ha planteado la rendición de
cuentas (…) Pasan muchos años hasta que, por impulso
de la sociedad civil se empiezan a dar algunos pasos, y ahora nos
encontramos en un momento en el que muchísimos años después se
está intentando dar una respuesta institucional, pero que se ve
limitada sobre todo en lo que respecta a la justicia penal, que ha
permitido que los obstáculos se mantengan vigentes durante muchísimo
tiempo”.
El problema “fundamental”, evidencia, es el “paso del
tiempo”: “Ha pasado demasiado tiempo sin respuesta,
y todo el que siga pasando es muy difícil de recuperar porque hay
víctimas que fallecen, familiares que mueren… y el Estado se ha
demorado mucho”.
Delitos de lesa humanidad
En términos más preciosos con la jerga, Canales aplaude
cuestiones que contiene la ley propuesta por las fuerzas de izquierda
y sacada adelante en los últimos años, pero emite cuáles son, a su
juicio, los vacíos que deja. “Ampliar
el elenco de víctimas, por ejemplo, es un aspecto muy positivo (…)
Y si me preguntan hace años si veía siquiera viable que una jueza
escuchara el relato de una víctima, habría dicho que no”, dicta
respecto a lo primero. “Pero contiene una obviedad, y es que
subraya que se debe interpretar conforme al derecho internacional por
el cual delitos como los de lesa humanidad no pueden prescribir”,
emite respecto a lo segundo. Explicado de una forma llana, las
torturas o desapariciones que se llevaron a cabo durante el
franquismo deberían enmarcarse como delitos de de lesa
humanidad; y no es así.
“No es así porque no se tipifican como un proceso sistemático
de tortura, sino común”, complementa también para este medio
Charo Arroyo, responsable de la Coordinadora estatal de apoyo a la
querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), Charo
Arroyo. En la misma línea que su homólogo en
Amnistía Internacional, considera que bastaría -o al menos, sería
con gran apoyo para que se juzguen estos crímenes- con “modificar
al Código Penal”. “A fin de cuentas la ley de amnistía no era
del todo tal, porque se perdonaba a quienes no estaban
juzgados”, remacha.
Aquel texto no se ha tocado desde que se aprobó, aunque estuvo
sobre la mesa en 2021. Por ello y otras cuestiones -algunas de las
cuales se están abordando en estas líneas, como la
prescripción- “se han archivado cerca de cien
denuncias”. “A pesar del relato, los hechos probados
-para demostrar que lo que se cuenta es verídico el militante
antifranquista tuvo que enfrentarse a un peritaje con psicólogos y
otros equipos ateniéndose la conocido como Tratado de
Estambul- consideran que, acorde a la ley española vigente
entonces no se podía imputar por ese delito” a los policías
denunciados: el ex comisario Villarejo, Álvaro
Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José
María González Reglero. A dos de ellos ya no se les puede
juzgar al haber fallecido.
Antes de 2001 las exhumaciones se hacían
por cuenta propia
De un pasado aunque a veces no lo creamos, cercano, a uno todavía
más próximo a nuestros días y el presente más inmediato, Canales
hace un breve recorrido por la España memorialista: “Hay que tener
en cuenta que pasan más de 25 años hasta que
asociaciones de memoria democrática llevan a cabo exhumaciones (en
2001). Antes se habían realizado, pero porque familiares por cuenta
propia habían decidido acudir a desenterrar a sus seres queridos.
Este año, la propia ONU advierte de que el España incumplía con la
reparación a las víctimas (…)”. Después, 2007 y Zapatero, 2012
y Garzón y 2022 y Sánchez, con fechas no menos importantes entre
medias, como 2008, cuando Naciones Unidas
emplaza a nuestro país a investigar penalmente los crímenes del
franquismo.
Con las cartas de las que el Gobierno dispone actualmente -de
nuevo con el reloj en contra-, parece “poco viable” que la
cuestión se desenrosque y, desde luego, como llegue la
derecha -y no digamos la extrema derecha-, dejan claro nuestras
voces, olvídate.
Haciendo también para esto de la incertidumbre la punta de lanza
de España, los expertos se quedan con la pelea llevada a cabo hasta
ahora y los objetivos cumplidos: “Si algo consiguen trasladarnos
nuestros antepasados y, ahora, las asociaciones memorialistas es la
lucha constante, el no bajar los brazos (…)
Se han conseguido muchas cosas”.
