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jueves, 28 de noviembre de 2024
El Obispado de Málaga impide la celebración de 'El Mesías de Haendel' por una Logia masónica en apoyo a los afectados por la DANA
Se niega a ceder una iglesia a la Orquesta Masónica del Mediterráneo y los coros de la Universidad de Sevilla por “razones de ideología”
ElPlural
Juan Luis Valenzuela
27-11-24
La Logia Lux Malacitana, al oriente de Málaga es una Logia masónica de vertiente liberal y adogmática y federada a la Gran Logia Simbólica Española. Su naturaleza es mixta, admitiendo a hombres y mujeres en pie de igualdad. Le fue concedida su Carta Patente en Noviembre del 2012 constituyéndose en Málaga con la pretensión de ser un centro de unión y de dar vida a un taller de trabajo masónico, de acuerdo con el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, practicado secularmente por la Masonería Universal. La Logia se declara independiente de cualquier tendencia religiosa, política o social determinada.
La obra El Mesías de Haendel, símbolo de unidad espiritual y celebración de valores universales como la esperanza, la caridad y la fe, ha sido interpretada históricamente en iglesias y catedrales de todo el mundo, sin distinción de ideologías. Según la Logia, "es lamentable que en esta ocasión, un evento de carácter benéfico, que busca unir a la comunidad en torno a la música y la solidaridad, haya sido rechazado bajo criterios ajenos a los valores de compasión y servicio a los demás que promueve el cristianismo”.
Este
concierto benéfico a favor de los afectados por la DANA, finalmente,
se celebrará en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga,
el 6 de diciembre a las 20 horas. En el evento tradicional en España
y muchos países, contará con la participación de la Orquesta
Masónica del Mediterráneo y
los coros de la Universidad
de Sevilla.
No obstante, a pesar de que pueda celebrase, critican desde la Logia
Lux Malacitana la decisión del Obispado ya que en su opinión,
“genera un cuestionamiento sobre el compromiso de sus
representantes con los valores universales que deberían unirnos como
sociedad”. Dejan claro y reafirman que su objetivo como
organización masónica, es el bien común, como lo demuestra la
organización de este acto. Se trata de un concierto abierto a todos,
con entradas a un precio simbólico de cinco euros, cuya recaudación
será destinada íntegramente a los afectados por la DANA en
Malaga.
Ha
aprovechado este veto del Obispado para invitar
a la ciudadanía a reflexionar sobre
el papel que "todos debemos desempeñar en la construcción de
un mundo más solidario y abierto, donde la música y el arte sean un
puente, no una barrera".
miércoles, 27 de noviembre de 2024
Avance 7291 La Película
'7291', una realidad hecha documental que retrata la gestión de Ayuso en las residencias
El documental, obra de Juanjo Castro, se proyectará en dos salas de cine de Chamberí con distintas fechas a partir de noviembre
ElPlural
Marta Albertca
8-10-24
La gestión del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso en la pandemia ha sido resumida, tanto por la oposición a su mandato como por colectivos sociales y de afectados, en multitud de ocasiones por tan sólo una cifra: 7291, el número de personas mayores fallecidas en residencias públicas de la región. Una de las ramas por las que se ha vertido esta ferviente condena vino de la mano el pasado mes de junio en forma de documental y el que, ahora, pretende expandir su mensaje con proyecciones en distintas salas de cine.
Su director, Juanjo Castro, después de la primera proyección meses atrás prepara para el próximo noviembre un calendario repleto de pases en distintas salas de cine de la capital.
Su estreno está ya agendado para el miércoles 13 en los Cines Verdi y, tan sólo un día más tarde, podrá verse en el Pequeño Cine Estudio; ambos situados en la zona de Chamberí. Dichas proyecciones se repartirán entre ambas salas de cine entre el día 13 hasta el próximo jueves 21 de noviembre, todas ellas en horarios de tarde y noche.
Queriendo llegar a las máximas emisiones posibles y a la mayor cantidad de público, aquellos que acudan al cine para ver el documental 7.291 atenderán a dos horas de duración; mientras, el director también ha organizado un montaje más extenso de cuatro capítulos de 50 minutos de duración cada uno de ellos indicado para televisiones o plataformas de streaming.
La pieza cinematográfica aborda, con un exhaustivo y profundo análisis, las circunstancias que abocaron a que el Ejecutivo de Díaz Ayuso, en los peores momentos de la pandemia de coronavirus, impidiese que residentes de estos centros, contagiados, fueran derivados a los hospitales más cercanos desde sus residencias públicas.
Testimonios de familiares y el protocolo de Ayuso
Para contar con distintos testimonios, el documental contiene entrevistas con el que fue consejero regional de Políticas Sociales en el Gobierno de Ayuso, Alberto Reyero, y que posteriormente dimitió de sus cargos; también aparecen directores de residencias públicas, otros responsables políticos y familiares de los residentes fallecidos por estas consecuencias que comparecieron en la Comisión Ciudadana por la Verdad en la Asamblea a mediados de 2020 y que, abruptamente, se suspendió ante el anuncio electoral de 2021. Además, se incluyen comparecencias públicas del que fue entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; también de la presidenta Díaz Ayuso.
La idea también partió de la mano de la publicación de Reyero, ‘Morirán de forma indigna’ (Libros del KO), en el que relató su versión de la historia desde la Consejería de Sanidad.
El tráiler del documental relata, con cifras demoledoras, lo que fue la pesadilla de las residencias madrileñas en los peores momentos de la pandemia. “Según datos de la Comunidad de Madrid, en los meses de abril y marzo de 2020 fallecieron 9.470 personas que vivían en las residencias de mayores, de las cuales 2.179 recibieron atención hospitalaria y 7.291 no tuvieron derivación”, haciendo mención posterior a los conocidos como “los protocolos de la vergüenza”
No es la primera vez que Castro aborda una temática de índole social y con impacto claramente político en su trabajo documentalista. Nada más lejos, con el foco bien situado en Madrid, es autor del documental ‘De interés general. Un barrio por un parque’, en el que narra la lucha vecinal de Chamberí que logró construir el Parque Santander, desbaratando así los planes del entonces gobierno madrileño de Esperanza Aguirre por levantar un campo de golf ilegal en los terrenos del Canal de Isabel II.
Tras meses de lucha contra el Ejecutivo de la Puerta del Sol, los vecinos de Chamberí ganaron el pulso a las pretensiones del mando de Aguirre en febrero de 2018. A medida que han pasado los años, se ha conseguido expandir estas zonas ajardinadas. Ya en 2023, el parque abrió sus puertas y, juzgar por las fotos y el mismo en torno, goza de espacios con agua, atracciones infantiles y campos de fútbol y baloncesto.
Los historiales clínicos que demuestran que los protocolos de la vergüenza de Ayuso se ejecutaron desde antes de firmarse
“Se realizan múltiples intentos de derivación sin éxito por no cumplir los criterios del protocolo de la Consejería de Sanidad”
Rubén Rozas
27-11-24
ElPlural
Los conocidos como protocolos de la vergüenza, firmados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante los primeros días de la pandemia del Covid, se aplicaron antes de su rúbrica.
Al menos, parece evidente que la Consejería de Sanidad dio orden de la no derivación de personas mayores a hospitales antes de que los documentos se aprobaran. ElPlural.com ha tenido acceso a historiales clínicos, cuyo uso por parte de este medio queda autorizado, que muestran precisamente esto. De forma más detallada, se firmaron hasta cuatro de estos protocolos los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020; pero este medio tiene pruebas de que, en la dirección que se venía apuntando, su aplicación se llevó a cabo días antes.
De manera más detallada, este periódico ha accedido a unas líneas que resultan demoledoras contra el equipo popular de aquel momento en materia de residencias. El paciente al que corresponde, cuyo entorno prefiere mantener el anonimato, fallece el 16 de marzo de ese año en la residencia Monte Hermoso. Esto es, antes de que se firmen los documentos. De hecho, aproximadamente con una semana de antelación se aísla a la persona residente susceptible de haber contraído el virus.
Se intenta derivar al hospital dada la situación sin éxito
“El día 8 de marzo se inicia control de temperatura diario de todos los residentes por parte del departamento médico y de enfermería y las medidas de aislamiento indicadas por el Ministerio de Sanidad (…) Presenta antecedentes epidemiológicos de contacto directo y estrecho con personas positivas sospechosas de Covid-19. El día 8 de marzo inicia cuadro de decaimiento y deterioro del estado general manteniéndose afebril sin hallazgo de patología respiratoria agua. Se intenta derivar al hospital dada la situación sin éxito”.
Niveles de saturación muy alta y picos febriles provocan varios intentos de derivación, pero de nuevo no se lleva a cabo. “Se realizan múltiples intentos de derivación sin éxito por no cumplir los criterios del protocolo de la Consejería de Sanidad”. Tras varios controles por parte del profesional sanitario, esta persona fallece el día 16 de marzo.
Sin embargo, no fue el único caso. Fuentes del entorno del paciente, que han llevado la situación de las residencias madrileñas a los tribunales, explican a ElPlural.com que hubo varias personas de ese centro que fallecieron de la misma forma “indigna”. De hecho, hay otros documentos que van en la misma línea y reflejan, una vez más, la crudeza de aquellos documentos contra los que se plantó el entonces consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero. “Fue la única integra que dimitió”, dicen las voces críticas, que también lamentan la actuación del Estado -manteniendo que podría haber hecho más- aunque en lo que respecta a los protocolos, “fue el equipo de Ayuso quien los firmó”.
Alberto Reyero fue la única persona íntegra
Sobre más documentación que ha podido consultar este periódico, se aprecian otras líneas que muestran la mala praxis de la región. “El día 11 de marzo -otro paciente- comienza a presentar hipotermia que no se acompaña de ningún otro síntoma que indique patología aguda. Se acentúa la pérdida de apetito que presentaba (…) Se intenta derivar al hospital, pero no se autoriza el traslado por no cumplir con los criterios marcados en ese momento por el director general de coordinación socio-sanitaria D. Carlos Mur”.
Incluso, queda reflejado que en ocasiones el centro decidía el traslado de la persona a urgencias y que piden los medios para ello, pero que éstos nunca llegan. “(…) Se decide derivar a urgencias y se solicita ambulancia. Dicho recurso no acudió a recoger a la residente”, dice otro de los informes.
Al menos -es decir, que haya tenido constancia este periódico- un caso del centro de mayores Montehermoso también ha alcanzado la Audiencia Nacional. Llevado asimismo por el abogado Carlos Sardinero -mismo magistrado que lleva el caso de Luis Grela, en su caso fallecido en la residencia Orpea- la voz jurídica explica que hay motivos para ganar en los tribunales.
Se solicita ambulancia (…) No acudió a recoger a la residente
Además de lo incluido en estas líneas, el abogado habla de otras pruebas que deberían servir para decantar la balanza hacia la parte damnificada. “No sé qué tendría que pasar para no ganar”, emite sincero, subrayando que se trata de un caso “muy bien documentado” desde el minuto uno y en el que la idea de que los pacientes se podrían -y debían- haber trasladado a un hospital queda respaldada por varias voces: médicos, forenses, etc.
El entorno del paciente apoya que “murieron varias personas por la mala praxis de las residencias” y para más inri, asegura que, muchas veces, éstas “no avisaban de nada” a los familiares. “No había nada que impidiera la derivación, además de que estaban en un centro sociosanitario (…) Y, sin embargo, murieron en la residencia sin atención”, concluyen las fuentes consultadas.
Una petición de Mazón a los bomberos en el barranco del Poyo demuestra que lleva un mes mintiendo sobre la DANA
El envío de equipos se suma a los correos y decenas de llamadas que muestran que la Generalitat disponía de datos el 29 de octubre
ElPlural
Rubén Rozas
27-11-24
El Gobierno de Carlos Mazón mantiene en la defensa para desatender su responsabilidad sobre la gestión de la DANA que no disponía de la información suficiente. El líder valenciano esgrime este argumento pese a los innumerables datos que lo desmontan: varios correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una decena de llamadas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a Protección Civil de Emergencias de la región y la última prueba -o una más- incontestable: el desplazamiento de un equipo de bomberos a medir el caudal del barranco del Poyo.
Hasta cuatro unidades forestales
En esta línea, el coordinador del operativo de inundaciones, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, envió a cuatro unidades forestales a controlar la escalas o, lo que es lo mismo, los caudales del barranco del Poyo y del río Magro en las localidades de Chiva, Alzira, Requena y Utiel, según publica este miércoles elDiario.es.
De forma más detallada, a las 12:56 horas de aquella fatídica jornada -de la que está a punto de cumplirse un mes- ya se envió la primera unidad con sede en Buñol para que midiera el caudal del cauce del barranco del Poyo a la altura de los primeros de los municipios anteriormente mencionados. Pasadas las 13:00, la unidad con sede en Alzira hizo lo propio en el sentido de que acudió a tomar muestras del río Magro a su paso por Carlet.
Pero es que a las 14:00 horas, la unidad de Requena se trasladó a la pedanía del Pontón -que también atraviesa el Magro- y una hora más tarde la unidad de Sinarcas recibió órdenes para medir este último a su paso por Utiel. En aquel momento, una hora antes de que arrancase la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana y tres previa reunión del CECOPI, algunas localidades ya sufrían importantes inundaciones.
Son muchas las preguntas que estas incógnitas ponen sobre la mesa, y respuestas que, en cualquier caso, no dejan en demasiado buen lugar a Carlos Mazón ni a su equipo. Así las cosas, si se atiende a la normativa -ciñéndose al plan de inundaciones de 2010- u otros documentos como el Manual de Prácticas de Bomberos Forestales, la Generalitat está obligada a enviar a sus operarios autonómicos para que realicen las lecturas del caudal en ramblas, barrancos, etc, si se prevén posibles inundaciones.
Esto es lo que dice el texto: “La Unidad de Bomberos Forestales (UBF) recibirá la instrucción de hacer la lectura de las escalas que tiene asignadas (todas o algunas de ellas), cuando se precise conocer la evolución del caudal debido a la intensidad de las lluvias”. Los datos, sigue el documento por el que se rige este equipo, “serán anotados en la Ficha para lectura del nivel del agua en escalas y serán comunicados al Centro de Coordinación de Emergencias (CEE)”. A partir de aquí, “con los datos obtenidos, el CEE dará instrucciones al objeto de conocer le evolución de los picos de avenida”. En la práctica esto implica que el Ejecutivo autonómico disponía de datos propios más allá de los facilitados por los organismos medioambientales.
Además de todo esto, el manual también expresa, entre otras cuestiones, los movimientos que debe llevar a cabo un bombero forestal en el supuesto de lluvias extremas y, de producirse, los caudales sobre los que debe lanzar la voz de alarma. Entre los datos a tener en cuenta se encuentran conocer si se superan los umbrales que diferencia las lluvias fuertes de las muy intensas (aquellos que superan los 40/50 l/por metro cuadrado en una hora o los 100 en 12 horas). Para ser capaces de ofrecer información veraz al respecto, los equipos tienen que obtener datos “desde primera hora” y en “intervalos muy regulares de tiempo”.