El 18 de febrero de 1911 nació en Madrid Julián Grimau, político comunista condenado a muerte y ejecutado por la dictadura franquista, acusado ante el tribunal militar que lo juzgó en Consejo de guerra de supuestos crímenes cometidos en la retaguardia durante la guerra civil española en su condición de miembro de los servicios policiales y como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. La oposición a la dictadura, tanto en el interior como en el exterior, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en el juicio y denunció las torturas a las que fue sometido durante su detención.
Establecido en La Coruña, donde trabajaba en una editorial, Julián Grimau se interesó desde muy joven por la política. Ya en Galicia había militado en la ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma), y, tras la proclamación de la república en 1931, regresó a Madrid y se afilió al Partido Republicano Liberal. Ingresó en el cuerpo de policía y fue inspector de la Brigada de Investigación Criminal en Barcelona. Con el estallido de la guerra civil, participó en julio de 1936 en el asalto al Cuartel de la Montaña e ingresó en el Partido Comunista de España (PCE).
Finalizada la guerra civil, se exilió a Francia y Cuba y prosiguió su actividad política. En 1943 regresó a Europa; en 1954, en el congreso de Praga, fue elegido miembro del Comité Central del PCE. Establecido en Francia, desde 1959 pasó clandestinamente algunas temporadas en España, dedicado a la organización en el propio territorio de la oposición al régimen de Francisco Franco.
El día 8 de noviembre de 1962 varios inspectores de la Brigada Político-Social detuvieron a Grimau en un autobús, en la madrileña Glorieta de Cuatro Caminos. Hacía varios días que el militante comunista era vigilado. En los locales de la Dirección General de Seguridad, y mientras era sometido a interrogatorio, Grimau "cayó desde una ventana del cuarto piso del edificio". En una rueda de prensa convocada por Manuel Fraga al día siguiente del hecho, el ministro dijo: "Se trata del jefe de un pequeño grupo comunista, muy avisado, y que si se sometió a la pirueta de arrojarse por el balcón de la calle fue porque no quería declarar ninguna palabra más de las que había declarado. Está perfectamente identificado: estuvo en el Cuartel de la Montaña, y con nombre supuesto ha circulado dentro y fuera de España durante tres años, y no se puede todavía añadir nada más sobre este particular por cuanto su estado de gravedad ha impedido tomarle nuevas declaraciones".
El llamado "caso Grimau" ha merecido siempre un tratamiento especial entre los historiadores por las condiciones en que se produjo y sus derivaciones internacionales. Durante el régimen franquista, después de la intensa represión de 1939-1944, se habían producido episodios como éste con otras personas por actividades contra la dictadura. En 1962, sin embargo, la guerra quedaba ya lejos, y el clima político estaba marcado por las expectativas liberalizadoras.
Julián Grimau era un inculpado de gran importancia y los sectores más extremistas del régimen impusieron realizar con él un castigo ejemplar. El proceso alcanzó una gran espectacularidad. Varios médicos franceses que le interrogaron concluyeron que podía descartarse el intento de suicidio y que la ausencia de cortes en el rostro y las manos invitaban a considerar que había sido arrojado por la ventana, con el conocimiento perdido a causa de las presiones físicas ejercidas sobre él. El capitán Alejandro Rebollo cuidó de la defensa de Grimau, quien fue acusado de "crímenes cometidos contra bienes y personas durante la Cruzada". Lo cierto es que, sorprendentemente, la defensa del capitán Rebollo fue brillante y sincera, solicitando la absolución por los hechos imputados durante la guerra y reclamando una pena de tres años de cárcel por las actividades del procesado contra la "legalidad vigente". Ese capitán tuvo posteriormente dificultades en su vida profesional.
El militante comunista fue condenado a muerte. El diario Le Monde del último día de abril de aquel 1963 explicó: "En la reunión del Consejo de Ministros para decidir sobre la suerte de Julián Grimau, Franco no habló una sola vez durante las catorce horas de discusión. Por irónico que parezca, la incapacidad del Caudillo alarma a los liberales españoles [...] Al parecer, el proceso y la condena de Grimau constituye una victoria de la Vieja Guardia y el fin de la tentativa de liberalización promovida con la llegada a la vicepresidencia del general Muñoz Grandes. La decisión en favor de la ejecución fue adoptada por un voto de mayoría: votaron por ella todos los generales y dos civiles. Uno de los generales era Agustín Muñoz Grandes, quien se mostró contrario, pero no quiso romper la solidaridad con sus compañeros de armas".
Según explica Manuel Fraga en sus memorias, "la cuestión de si se amnistiaba o no a Grimau fue uno de los debates más difíciles que recuerdo; predominó la tesis negativa y la sentencia se cumplió". Por el indulto se movilizaron numerosas instituciones internacionales y personalidades del mundo político y cultural. El profesor Giorgio La Pira, alcalde de Florencia y miembro influyente de la Democracia Cristiana de su país, encabezó una acción de protesta secundado por los poetas Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti y Alberto Moravia. En Francia se movilizaron personalidades como Jean-Paul Sartre, Yves Montand, André Malraux y muchos más, así como la reina madre de Bélgica y el papa Juan XXIII, quien hizo llegar a Franco "una exhortación a la caridad cristiana".
Quizás el hecho más destacado fuera el envío por Nikita Kruschev a Franco de un telegrama solicitando el indulto: "Ninguna razón de Estado podría justificar el hecho de que 25 años después de terminar la Guerra Civil de España se pueda juzgar a una persona según leyes de tiempo de guerra. Guiado por sentimientos de humanidad me dirijo a usted convencido de que atenderá el ruego de modificar esta sentencia". La respuesta de Franco fue: "Los crímenes horrendos cometidos, de los que hay pruebas abrumadoras, y la continuada acción subversiva hasta el momento mismo de su detención, impiden el ejercicio de la gracia del indulto".
Finalmente Grimau fue fusilado el 20 de abril de 1963. El diario católico francés La Croix afirmó: "Sin inmiscuirnos en los asuntos internos de España, puede considerarse que la ejecución de Grimau no facilita el apaciguamiento de los espíritus ni la paz". El dirigente católico italiano Aldo Moro opinó que "este fusilamiento adquiere caracteres no de justicia, sino de venganza política". El diario romano La Stampa concluyó: "La impresión provocada en El Vaticano ha sido francamente negativa. Un portavoz papal afirmó que no habían faltado apelaciones a la clemencia, lamentándose de que de nada hubieran servido".
El caso Grimau fue el más espectacular en aquel contexto de fortísima represión vivido en el bienio 1962-1963. Pero es necesario señalar que el dirigente comunista no fue el único ejecutado. El 29 de julio de 1963 explotaron en Madrid, en los edificios de la Dirección General de Seguridad y de la Central Nacional Sindicalista, dos artefactos. Unas horas después eran detenidos dos jóvenes anarquistas a los que se acusó de la autoría del hecho: Joaquín Delgado y Francisco Granados. Según una nota publicada en Toulouse por el Consejo Ibérico de Liberación, ambos nada tenían que ver en los citados atentados, afirmando que se trataba de un montaje policial dentro de la oleada de represión. Joaquín Delgado y Francisco Granados, ejecutados a garrote vil, fueron la culminación trágica de aquella oleada represiva. Otra noticia de aquella coyuntura provino de la comarca barcelonesa del Bergadá. A principios de agosto, durante un encuentro armado con la Guardia Civil, resultó muerto el último guerrillero: Ramón Vila Capdevila, conocido con el nombre de Caracremada, un solitario adscrito ideológicamente a la CNT, pero sin vinculaciones orgánicas con la un organización.
