Burofax a Ayuso y correo a Miguel Ángel Rodríguez desde China: el
origen de la condena millonaria a Madrid por un impago en pandemia
La presidenta, su jefe de gabinete y Enrique
Ruiz-Escudero fueron notificados de la situación. La empresa a la
que se le encargó el material sanitario mostró su desesperación
por la gestión regional
R.G.
9-5-26
ElPlural
El Gobierno madrileño ha sido
condenado por la Justicia con una multa millonaria,
superior a los tres millones de euros, por
el impago a una empresa sanitaria durante la pandemia del Covid-19.
La Comunidad de Madrid,dirigida por Isabel Díaz
Ayuso, adjudicó en marzo de 2020, durante lo peor de la
crisis sanitaria, un contrato a Care Quality Service
Health, S.L. (CQS) para el suministro de material
sanitario -mascarillas y trajes de protección- al hospital de
campaña de IFEMA, sin embargo, la compañía nunca llegó a recibir
el importe.
Aquel episodio ha traído consigo una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el
Consejo de Gobierno acataba esta semana ordenando el pago de la
millonaria cuantía, derivado de una situación que la propia
compañía alertó a la región madrileña.
Según contaba en las últimas horas el diario El
País, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió un
burofax el 17 de abril de 2020, un documento
que también llega al consejero de Sanidad de aquel momento, Enrique
Ruiz-Escudero.
A su vez, el
jefe de gabinete de la presidenta de la región, Miguel Ángel
Rodríguez, recibe un correo electrónico en el que se advierte
del mismo problema: tienen decenas de miles de
mascarillas y trajes encargados por la
Autonomía en China, pero no pueden transportarlos a la
capital española porque no logran subirlos a los aviones fletados
por el equipo de la baronesa popular en el aeropuerto de Shanghái.
Tener almacenada la mercancía en el país asiático supuso un
coste altísimo y, ahora, la Justicia condena a la Comunidad de
Madrid al considerar que ésta no tramitó correctamente
el pedido, por lo que el acuerdo fue nulo, pero achaca la
responsabilidad a la administración pública.
El 22 de marzo de 2020, Ayuso convoca una
reunión extraordinaria de su consejo de gobierno a tenor de la
situación que asola toda España y que deja en Madrid las
consecuencias más devastadoras, con más de 9.700 contagios y
superando el millar de fallecidos.
Es ahí donde se aprueba invertir 23 millones de
euros en traer aviones cargados de material sanitario
desde China, más de 50 toneladas para
distribuirlas por todo el territorio a través del hospital de Ifema,
un hito sanitario, quizá no es atrevido decir, sin precedentes. Lo
complicado es conseguir el material.
Comunicaciones de la empresa
La Comunidad de Madrid elige a CQS que, para hacerse con el
encargo, debe aportar todo tipo de facilidades de pago a la
administración, pero lo que se iba a convertir en uno de los grandes
éxitos del momento por parte de la coalición PP-Cs empieza
a fallar.
El 26 de marzo de 2020, el director general
del proceso integrado de salud en el Ejecutivo de Ayuso firma un
informe en el que detalla que el material “será transportado desde
China a España con el transporte concertado de la Comunidad de
Madrid”, según cuenta el periódico mencionado anteriormente.
Apenas unos días después, el 3 de abril,
la empresa comunica que “la mercancía aguarda en las
fábricas las instrucciones para la entrega en el aeropuerto de
Shanghái para el embarque en el vuelo concertado por
la Comunidad de Madrid” y que “espera instrucciones del
embarque”.
El 7 de abril todo empieza a
desmoronarse. Las comunicaciones de la compañía denotan que algo no
va bien. “Ayer hablamos con el Sr. Óscar Leyva, del que no
teníamos referencias hasta hace unos días como gestor del
transporte que ustedes están concertando. Y nos dijo que tenía
instrucciones de que el material en cuestión no viajara en esos
aviones, ya que no había sido aprobado (...) nos dirigimos a ustedes
para que nos confirmen cuando será embarcada la mercancía, ya
que hace 3 días que espera en los almacenes de nuestras
fábricas para su embarque”, señala la firma a la
que se encargó el material.
A finales de mes, la Comunidad de Madrid todavía no ha encontrado
solución, y la empresa se “ve en la obligación de llevar a cabo
una serie de acciones con el fin de ejecutar el contrato” que
pasan, por ejemplo, por “buscar aviones a nuestra
propia costa”, lo cual supone “un esfuerzo económico
que pone en alto riesgo la viabilidad de la empresa”.
El material llega, pero con el “esfuerzo
económico” de la compañía
El “esfuerzo económico” permite que el material aterrice en
España y Madrid no es capaz de demostrar que no lo
usara, según la sentencia. La misma refleja que la
administración de la Puerta del Sol rechazó las
facturas alegando que el pedido inicial no fue
finalmente autorizado por el Consejo de Gobierno
La Comunidad de Madrid alega que los documentos del expediente
fueron firmados por un alto cargo que no tenía competencias para
ello y que en el momento en que se aprobó el pedido final, las
mascarillas y los trajes se entregaron a otra
compañía del mismo grupo.
El tribunal ha tumbado estos argumentos: “Las alegaciones de la
administración no pasan de ser meras
hipótesis desprovistas de prueba (...) No sólo ha
quedado demostrado que la CAM procedió a realizar el encargo sin
cumplir con las mínimas formalidades exigidas por la normativa
presupuestaria --lo cual no es en modo alguno imputable a la
contratista ni por la legislación de emergencia nuevamente no
imputable a la contratista-. Es más, la apariencia de
legalidad de la contratación era plena, y la confianza
en la regularidad de la contratación de emergencia también
plenamente legítima".
Según el tribunal, la región actuó, pero sin
competencias, autorización del consejo de
gobierno ni fiscalización previa.
El acuerdo era nulo, pero achacable a la Comunidad,
obligada ahora a pagar más de tres millones de euros entre la
restitución del valor del material y daños y prejuicios.