José Miguel

Permítame usted, Pérez, que hoy le hable de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y es que el bueno de don Luis ha vuelto a situar a la jerarquía católica en un terreno que no le corresponde: el del activismo político. La micción fuera de tiesto de monseñor, descalificando directamente al legítimo Gobierno de la nación, confundiendo, además, Gobierno con Estado, de forma tan gratuita como interesada, suma a la planta noble de la Iglesia católica al «quien pueda hacer que haga» decretado por el Don.

Cuando un responsable eclesiástico afirma públicamente que «cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones», no está haciendo una reflexión teológica ni un análisis moral abstracto; está lanzando una acusación explícita, revestida de autoridad religiosa, contra las instituciones democráticas del país. Y eso, en una democracia, aunque sea en una democracia tan presunta como la democracia española, merecería una crítica firme por parte de toda la sociedad, comenzando por las organizaciones políticas y terminando por doña Virtudes cuando vaya a comulgar en la misa de nueve. En democracia, el ciudadano Luis Argüello puede opinar lo que le plazca, pero el presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente de los curas españoles, no puede meterse en jardines políticos, máxime cuando está aceptando el millonario óbolo anual del Estado, de ese mismo Estado que él define como «banda de ladrones». No parece ético, serio ni coherente, y se aproxima más al fanatismo ideológico.

Argüello sostiene que «a las pruebas» se remite, pero evita concretar cuáles son esas pruebas, qué tribunales las han validado o qué responsabilidades políticas han sido depuradas. La insinuación permanente, el dedo que apunta sin precisar, es una estrategia conocida: sembrar odio, inculcar sospechas sin asumir el coste de no ofrecer ninguna evidencia.

Más preocupante aún es la deriva discursiva que presenta a la ciudadanía como masa pasiva, anestesiada por ayudas públicas y convertida en súbdita agradecida. Esa caricatura que ha dibujado del Estado del bienestar —«te doy una paguita y eres bueno, dócil y agradecido votante»— no solo ignora la realidad económica de millones de familias, que lo están pasando muy mal por culpa de un sistema depredador y avaricioso, de un liberalismo absolutista y criminal, sino que reproduce un viejo paternalismo eclesial que pretende dictar cómo debe comportarse el buen cristiano, en un país como España, sujeto aún a la cadena religiosa y en el que la secta católica mantiene una enorme influencia entre la población.

La apelación a san Agustín y a la ética pública podría ser una contribución valiosa, interesante incluso, si se hubiera hecho desde la prudencia y el respeto institucional. Pero cuando se utiliza para desacreditar al Gobierno en bloque, sin matices ni rigor alguno, se convierte en una navaja política más clavada en la espalda del Ejecutivo, a traición, con prensa y alevosía, a modo de agravante.

En un momento de polarización social extrema, los españoles necesitamos voces que unan, no púlpitos que señalen enemigos potenciales y alimenten la hoguera de la intransigencia. Si la Conferencia Episcopal quiere participar en el debate público, debería hacerlo con responsabilidad, sin convertir la crítica moral en munición partidista. Si lo que pretende es intervenir en la vida política de España, lo que debe hacer es concurrir a las elecciones.

En cualquier caso, Pérez, me parece una necedad empapar todos los años con una lluvia de millones procedentes de los Presupuestos Generales del estado a unos tipos que nos consideran —todos somos el Estado— unos ladrones.

¿No cree usted, Pérez?