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sábado, 11 de febrero de 2017

Señores jueces, ¿van a dejar que unos policías se burlen de ustedes?

Señores jueces, ¿van a dejar que unos policías se burlen de ustedes?
Público
10 febrero 2017
Se llama “árbol envenenado” y puede destruir cualquier causa judicial. Y es eso precisamente lo que está intentando hacer un grupo de policías que proceden de la brigada política de Interior y tratan de impedir que la Justicia les haga pagar por sus pecados.

Sólo así se explica que aparezca un segundo pendrive apócrifo justo el día después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haya citado a declarar a los que deberían saber cómo apareció (el pasado verano) otra memoria USB, también sobre el caso Pujol, que se trató de colar en la causa como procedente de un juzgado barcelonés, cuando en realidad se la había guardado durante cuatro años el anterior Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, sin entregarla —como por supuesto era su deber— a los tribunales.

Así que ya no es sólo una, sino que son dos las pruebas materiales claramente contaminadas –para empezar, la cadena de custodia está más que rota– que amenazan con envenenar toda la causa sobre la familia Pujol y acabar provocando la nulidad de las actuaciones. Maniobra para un fraude de ley en la que son expertos algunos de los que utilizaron los recursos policiales del Ejecutivo para destruir rivales políticos… y obtener beneficio propio.

Porque la sospechosa aparición de estos pinchos digitales, justo cuando los integrantes de ese entramado mafioso se ven amenazados por la Justicia, tiene una explicación más que evidente: durante muchos años, esos funcionarios públicos con poderes y fondos reservados se estuvieron quedando con materiales incriminadores o comprometedores para emplearlos en el futuro como instrumentos de chantaje o de protección personal.

Sin embargo, algunos magistrados siguen siendo remisos a investigar a altos mandos policiales, incluso después de su jubilación, y toleran claras violaciones de la legalidad en sus actuaciones o declaraciones ante los tribunales.

Ése es el caso del ex número dos de la Policía, quien ha continuado autoinculpándose de conspirar contra políticos opositores en la segunda parte de su entrevista en El Mundo. Si el día anterior trató sobre el caso Pujol (para quejarse de los jueces “garantistas” que exigen “pruebas reales” antes de encarcelar a los investigados), esta vez se despacha a gusto contra Podemos, al que acusa repetidamente de financiarse ilegalmente con dinero de Irán y de Venezuela. ¿Sus pruebas?

“Yo, a título particular, creo que sí, pero no lo puedo demostrar”.


Todo ello, aparte de haber sido contrastado por las investigaciones de Público, quedó avalado una vez que Pino se retiró precipitadamente de la querella que interpuso contra Patricia López —la única periodista jamás demandada por un director adjunto operativo de la Policía— en cuanto la jueza encargada del caso pretendió practicar la diligencia de comprobar los posicionamientos de los móviles de Pino y de Inda en las fechas comprometedoras.

Vamos, que difícil lo tiene el ex número dos de la Policía para demostrar que él no participó en ese montaje contra un partido político rival.
Quizá lo hizo por convicción, claro. ¿Y qué le llevaba a estar tan convencido?

 “Hay un país que se llama Venezuela donde la información es a chorros”, contesta Pino en la entrevista de forma altamente esclarecedora. En cuanto a los “chorros de información”, más bien fueron chorreos: cinco exfuncionarios venezolanos protegidos por EEUU, algunos con fortunas en paraísos fiscales como Panamá, viajaron a Madrid (a costa de los contribuyentes españoles) para ofrecer su testimonio contra Podemos y de ahí surgió el documento falso contra Iglesias que publicó Inda. Pero no eran más que falsarios: “Los confidentes eran tan endebles que no se pudieron emplear para una segunda versión del informe PISA”, aseguró a Público una fuente policial.
Pero vamos, seguro que algo habrá, ¿no? Es como si el máximo responsable operativo de la Policía de toda España hablase en un bar de pueblo sobre algo que acaba de ver (sin entenderlo demasiado) por la tele:
“Es una información, no puede decirse si es buena o mala”, replica Pino a la pregunta de si “la información” (que, por cierto, publicó sin verificarla el mismo que le está entrevistando) ¿es buena?
“Nuestros informes no debían ser muy falsos cuando nuestros confidentes están recibiendo amenazas”, es todo lo que se le ocurre argumentar al ex director adjunto operativo del conjunto de las fuerzas del orden para justificar que se lanzara una campaña de infundios indemostrables contra un partido político en medio de dos campañas electorales. Fenomenal. Nosotros también recibimos amenazas (y no tenemos cuentas en Panamá ni somos testigos protegidos por EEUU), así que debemos tener siempre razón.
Ahora, lo que ya es de traca es que el máximo responsable de las operaciones policiales de España diga que “no se puede comprobar porque hay que ir para allá”, refiriéndose a Venezuela. ¡Vamos anda! Pero si el comisario Villarejo fue “para allá”. ¿Qué pasa? ¿No había fondos reservados suficientes para pagar el vuelo de Iberia a Caracas, pero sí para traerse a Madrid a cinco falsarios con cuentas en Panamá?
Voy terminando.
“Villarejo no ha investigado nunca la corrupción en Cataluña. Se limitó a traer a Javier de la Rosa para que se le tome declaración. Que me conste no ha vuelto a investigar nada en Cataluña”.
Se puede mentir más alto, pero no más claro: contamos con pruebas fehacientes, documentales y de cargo, que demuestran que el ex director adjunto operativo de la Policía está mintiendo a sabiendas de que lo hace. Pruebas irrefutables de que Villarejo participó en la Operación Cataluña, por orden de ese mismo DAO, más allá de toda apariencia de legalidad. Y las vamos a publicar en breve.
¡Ah! Se me olvidaba. Prometí hablar de las mentiras de Pino sobre las grabaciones al exministro del Interior Fernández Díaz en su despacho oficial… Pero ya llevo mucho escrito. Además, cuando contemos toda la verdad —y nada más que la verdad— sobre ese tema, quedará negro sobre blanco que todos los que afirman tener información exclusiva sobre lo que sólo Público sabe (y reveló en parte, dinamitando a la brigada política) están dando palos de ciego.

Por no aburrir, hoy sólo adelantaré que en breve revelaremos todo lo que nadie conoce sobre el Fernándezgate. Y temblará el misterio.

viernes, 10 de febrero de 2017

¡Todos a la cárcel!

Primera condena de prisión para Correa y los cabecillas de la Gürtel en Valencia
Redacción El HuffPost  |  Por El Huffington Post

10/02/2017
La primera sentencia sobre la trama de corrupción de la trama Gürtel ya se ha dictado. La exconsellera de Turismo de la Generalitat valenciana Milagrosa Martínez ha sido condenada a nueve años de cárcel y el cabecilla de la trama, Francisco Correa, a 13 años por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria de turismo Fitur.
Jorge Guarro

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, también han sido condenados a penas de prisión otros responsables de la red Gürtel como Pablo Crespo, a 13 años; Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, a 12 años; Isabel Jordán, a 6 años; Cándido Herrero, a cuatro años; y Mónica Magarinos, a tres años.
Isaac Vidal

La exconsellera de Turismo de la Generalitat valenciana Angélica Such y el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover han sido absueltos.
Rafel Betoret
Otros ex altos cargos de la Conselleria de Turismo que han sido condenados a penas de prisión son Isaac Vidal, 7 años; Rafael Betoret, 6 años; Jorge Guarro, 4 años; y Ana Grau, 3 años.


De izquierda a derecha y de de arriba a abajo: los cabecillas de la trama Gürtel Fracisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El bigotes" y la exconsejera valenciana Milagrosa Martinez.
OCHO AÑOS DESPUÉS
La sentencia sobre los contratos de la Generalitat con una empresa de la trama Gürtel para el expositor valenciano en Fitur, que ha dado a conocer el TSJCV, llega a los ocho años de iniciarse el caso Gürtel y casi un año después de acabado el juicio. La conocida como la número tres de las seis piezas separadas de la rama valenciana del caso Gürtel es la única que se ha visto en Valencia, ya que las otras cinco han pasado a la Audiencia Nacional tras no quedar aforados entre los imputados.
Ana Grau
El origen de toda esta causa es la investigación que hace ocho años, en febrero de 2009, inició el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP que operaba principalmente en Madrid y Valencia.
El denominado caso Gürtel -por la traducción al alemán del apellido de uno de los supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa-, llegó al Alto Tribunal en mayo de 2011, tras la inhibición del TSJ madrileño, al que la Audiencia Nacional había remitido la causa por haber aforados en su Asamblea.
El TSJCV dividió la causa en tres piezas: sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante los comicios generales de 2008, y sobre los contratos para Fitur de 2005 a 2009.
Cándido Herrero


En febrero de 2013, el TSJCV abrió tres piezas más, referidas a las contrataciones de RTVV para la visita del papa Benedicto XVI en 2006, a las contrataciones de la Generalitat con la trama (a excepción de las de Fitur), y a supuestos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market derivadas de las piezas una y dos.
Isabel Jordán
La instrucción de la pieza sobre los contratos de Fitur fue la primera en acabar, en diciembre de 2012, si bien el juicio no comenzó hasta el 31 de marzo de 2015, a pesar de que la vista oral se había fijado para un año antes.
Julián Peribañez
La dimisión como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas en la causa -Milagrosa Martínez y Angélica Such- a pocos días del inicio de la vista oral originó un conflicto de competencias en el que se tuvo que pronunciar el Tribunal Supremo, que finamente estableció que debía juzgarse en el TSJCV.
De esta forma, el juicio comenzó finalmente el 31 de marzo de 2015, aunque se suspendió al día siguiente a petición de las defensas para que pudieran examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.
Mónica Magarinos
LOS PROCESADOS
En el banquillo se sentaron 13 procesados: siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos), y seis de empresas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Álvaro Pérez El Bigotes.

Después de 65 sesiones, el juicio quedó visto para sentencia el 14 de abril de 2016, hace 303 días, si bien la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, ya había alertado de que la redacción del fallo judicial era "un trabajo muy complicado", dada la cantidad de testigos, acusados y documentación y la duración del juicio.

El responsable de la redacción de la sentencia de los contratos de Fitur es el magistrado Antonio Climent, el mismo que presidió el juicio en el TSJCV "de los trajes", en el que quedaron absueltos en 2012 Francisco Camps y Ricardo Costa, y fueron condenados el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret.
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jueves, 9 de febrero de 2017

Las cloacas de Interior

EXCLUSIVA | LAS CLOACAS DE INTERIOR
Los detectives que elaboraron para Eugenio Pino el falso informe contra Pablo Iglesias continúan trabajando hoy para la Policía
En su intento de justificarse ante el juez de la Audiencia que acaba de convocarle de nuevo a declarar, el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, ha revelado por escrito algo que muchos sospechábamos pero no podíamos (hasta ahora) demostrar: los dos detectives ‘traidores’ de Método 3, Tamarit y Peribáñez, siguen trabajando hoy para Interior, más de un año después de que participaran en la fabricación del falso ‘Informe PISA’ contra el líder de Podemos.
Público
MÁS INFORMACIÓN

Madrid

CARLOS ENRIQUE BAYO / PATRICIA LÓPEZ

Muchos creen que la brigada política de Interior durante el primer mandato de Rajoy se centró exclusivamente en conspirar contra el soberanismo catalán, y sobre todo contra la familia Pujol. Nada más lejos de la realidad.

El entramado de la cúpula policial que durante años actuó como un auténtico poder mafioso dentro del Estado centró sus blancos en todos los que se enfrentaban al poder omnímodo del PP. Y uno de sus principales objetivos fue Pablo Iglesias, ni catalán ni soberanista.


Pero mucho más alarmante es descubrir que algunos de los que trabajaron en ese juego sucio contra políticos opositores siguen estando ahora mismo al servicio de la Policía Nacional... seguramente cobrando aún --vía fondos reservados-- de dinero público, puesto que ese tipo de colaboraciones no se suelen hacer gratuitamente.
Los tres informes falsos contra el líder de Podemos
En el caso del líder de Podemos, tres han sido los informes falsos que en el último año se han hecho contra él: el informe PISA, el falso pago desde Venezuela en un paraíso fiscal y una investigación sobre sus relaciones adolescentes o el pasado y el trabajo de sus padres.

Para hacer trabajos tan alegales, además de supuestos "agentes encubiertos" como el comisario José Manuel Villarejo y toda su estructura empresarial, el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, acaba de confesar por escrito ante el juez José De la Mata (el que instruye el caso Pujol en la Audiencia Nacional) que también había utilizado a dos exdetectives de la agencia Método 3 desde al menos 2013 y hasta que él abandonó la Policía, en el verano de 2016. Pero al final de su nota revela que siguen trabajando para Interior:

"Que según la información de que dispongo los detectives continúan colaborando con el CNP [por Cuerpo Nacional de Policía], y que el hecho inicial de esta colaboración se debe a una venganza por no haber cobrado una cantidad cercana a los 200.000.-€ que según los detectives les debía el Director de la Agencia de Investigación citada"


Estos mismos detectives, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit --quienes sirvieron para filtrar información de la agencia de detectives que dirigía Francisco Marco dentro del marco de la Operación Cataluña y que cobraban de los fondos reservados--, fueron empleados para elaborar el informe fantasma contra Pablo Iglesias que vio la luz en la primera quincena de 2016, según ha podido confirmar Público


Fue el propio Peribáñez quien se vanaglorió en su Facebook de haber aportado su grano de arena sobre la supuesta financiación de Irán a dirigentes destacados de la formación morada, después de que Eduardo Inda publicara --y agitara incansablemente en todas las tertulias televisivas-- el dossier conocido como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es más, la mismísima argumentación que utilizaba Inda repetitivamente ya la había dejado por escrito Peribáñez en su libro Descubriendo el laberinto rojo, editado en 2015.

Por cierto, ¿por qué acaba Peribáñez de borrar de su muro de Facebook la entrada en la que alardeaba (en 2016) de que él ya había adelantado el contenido del informe PISA?
El libro de Peribáñez fue el precursor del PISA
El 14 de enero de 2016, Público desveló que el dossier anti Pablo Iglesias no existía como tal dentro de la Policía. Es decir, no había ni hay investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ni diligencias policiales, ni actuación judicial, ni siquiera denuncia concreta.


Pocos meses después se descubrió que ese informe fantasma era un conjunto de recortes de prensa y de documentos ya publicados, de los que sólo era cierto que Pablo Iglesias había percibido 700 euros netos por producir, dirigir y presentar cada uno de los programas de debate Fort Apache (en torno a ocho al mes) durante los anteriores tres años, sumando unos ingresos totales anuales de 31.000 euros. Algo conocido y notorio --y pertinentemente declarado a Hacienda-- que no tenía nada que ver con los supuestos "millones de euros" que Inda y el informe PISA atribuían a Podemos como "financiación del Gobierno de Teherán".


Las publicaciones que recogieron esa filtración adujeron que cobrar por Fort Apache equivalía a recibir fondos de Irán, porque la productora española, 360 Global Media, vende esos programas de debate a Hispan TV, de capital iraní. Pero lo que ya rozaba el delirio era atribuir que todos los gastos e inversiones de Irán en el funcionamiento de Hispan TV, de todos sus programas e instalaciones, fueron empleados en financiar a Podemos. Un absurdo de cajón: en ese caso, Hispan TV no existiría, puesto que todo el dinero se habría empleado en el partido y no en la emisora, sus empleados, sus instalaciones y sus equipos.

Un argumento falto de toda lógica que asombrosamente compraron casi todos los grandes medios de comunicación en España en cuanto Inda y otros pocos periodistas afirmaron --falsamente-- que la UDEF había iniciado pesquisas sobre una presunta financiación ilegal millonaria del partido de Iglesias.

Por supuesto, toda la información que contenía el PISA, un supuesto informe policial sin sello, ni membrete de la Policía, ni firma ni número de agente, se demostró absolutamente falsa en todos los niveles de la Justicia: desde juzgados de instrucción hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Nacional.


Aunque todo ello no era más que un dejà vu: en su libro propagandístico Descubriendo el laberinto rojo (furibundamente anti Pablo Iglesias), Peribáñez ya había denunciado la existencia de 360 Global Media, asegurando que el futuro líder de Podemos (citaba un presunto acuerdo de "finales de 2012" en la página 224) "percibiría más de 3000 euros por programa", afirmación falsa de toda falsedad (por emplear los mismos términos de Eugenio Pino sobre las cloacas de Interior).
De Irán a Venezuela pasando por Torre Picasso
La relación de Peribáñez y Tamarit con la brigada política se inició a través del socio del comisario Villarejo, el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso. El Bigotes, como se le conoce en el sector de la investigación privada, había trabajado con ellos en la agencia Método 3, como ha ido desvelando Público en sucesivas exclusivas.

Peribáñez se lo fue contando todo a su ex compañera vía whatsapp desde 2013, después de que se desmantelara la agencia de detectives, y también le indicó que cobraban de los fondos reservados por hacer "informes" y que sospechaban que el socio de Villarejo (Giménez Raso) se estaba quedando con parte del dinero (todo ello desvelado en exclusiva por Público).

Fue de esos detectives de donde se sacó Villarejo la parte relacionada con la supuesta financiación de Pablo Iglesias con Irán. Pero el trabajo encomendado desde Interior a Villarejo, sus empresas radicadas en la lujosa Torre Picasso y sus empleados --como él mismo ha afirmado en una nota informativa entregada a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA)-- continuó con un viaje a Venezuela y a Miami en marzo de 2016.

Allí se reunieron con la oposición venezolana, después de que la Policía española diera protección a un presunto confidente de la agencia norteamericana contra el tráfico de drogas (DEA), de cuya información se valió el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para dirigir su propaganda (en plena temporada electoral) contra la formación morada, como también desveló este diario.

Un mes después de aquel viaje a América, entre el 19 y el 27 de abril, cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez se hospedaron en el madrileño hotel Orfila para diseñar una segunda versión del apócrifo Informe PISA antes de las elecciones generales del 26 de junio.

Según el documento que reveló Público, todos los confidentes estaban protegidos por el Gobierno de Estados Unidos –dos de ellos han salido en los papeles de Panamá por esconder su fortuna en paraísos fiscales–, porque "querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos”, explicó una fuente policial que participó en la operación. 


Fue de aquella operación de donde salió el presunto documento de pago del Gobierno venezolano de más de 200.000 euros a Pablo Iglesias, que también publicó Eduardo Inda, y que era tan falso que ni el nombre del ministerio que supuestamente emitía el desembolso coincidía con el verdadero. 
Periodistas 'traca-traca' al servicio de Villarejo y Pino
El modus operandi utilizado por la brigada política para esta campaña de desprestigio contra el líder de Podemos era el mismo que llevaban empleando desde que en 2012 Eugenio Pino tomó el mando operativo de la Policía y utilizó al comisario Villarejo para esas operaciones "encubiertas".

Se manufactura un documento falso, elaborado con "testigos" pagados de los fondos reservados --algunos condenados por delitos económicos como el blanqueo de capitales--, se filtra a periodistas de cabecera, como Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, y  a continuación el sindicato ultra Manos Limpias --dirigido por Miguel Bernad (ex secretario personal de Blas Piñar y recién salido de prisión por extorsionar a Casa Real y a diferentes entidades bancarias)-- pone una querella en los tribunales y comienza a conceder ruedas de prensa, intervenir en los programas de televisión y facilitar documentos al resto de periodistas.

Así se hizo también contra el secretario general de Podemos en una campaña que continúa a día de hoy a pesar de que la Justicia haya acreditado una y otra vez la falsedad de todas las supuestas investigaciones.

Por todo esto, a Eugenio Pino no le gusta que los jueces exijan "pruebas reales".



Plataforma por la Honestidad

“Es muy triste vivir de la caridad por haber denunciado corrupción”
El teniente Segura y otros denunciantes de corrupción reclaman ya una ley que les proteja

ElPlural
Mié, 8 Feb 2017

Deshonrados, desahuciados, endeudados y estigmatizados. Así es como se sienten actualmente aquellos pocos que se atreven a denunciar casos de corrupción en las instituciones, con todas sus consecuencias. Así es como se sienten Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel, Luis Gonzalo Segura, teniente del Ejército, y Azahara Peralta, denunciante de la empresa pública Acuamed.
Bajo el amparo de la Plataforma por la Honestidad, estos y otros denunciantes por corrupción han reclamado este miércoles en un acto celebrado en Madrid ante ciudadanos, abogados, políticos y periodistas una Ley Integran de Protección a los Denunciantes de Corrupción.

Totalmente desamparados
Como han relatado por sus propias vivencias, cuando denuncian “todos perdemos nuestro trabajo, todos sufrimos amenazas y acoso” y quedan “estigmatizados” de cara a la sociedad, lo que les impide hasta conseguir un nuevo trabajo.
“Es muy triste que una persona esté viviendo de la caridad por haber denunciado corrupción”, ha llegado a afirmar el teniente Segura, recientemente condenado por el Tribunal Supremo por haber relatado su caso ante los medios. Ha comparado sus casos con el de las mujeres que hace menos años de los que pensamos denunciaban haber sido agredidas por sus maridos y recibían incluso reprimendas o más agresiones por parte de la policía.
Por su parte Ana Garrido, denunciante de la Gürtel en Boadilla del Monte, ha explicado que denunciar la corrupción simplemente es “una cuestión de sentido común” pero que, hasta que no lo haces, “no conoces la maldad que hay enfrente”.

Compromiso a los partidos
Desde la Plataforma por la Honestidad han vuelto a reiterar a los principales partidos políticos, algunos de ellos representados en el acto, que se comprometan de verdad con esta ley para la protección de los denunciantes, cuyo estudio ya se ha incluido en la subcomisión sobre financiación de partidos, órganos reguladores y denunciantes de corrupción dentro de la Comisión Anticorrupción en el Congreso.
Desde esta plataforma recuerdan que, antes de la formación de este órgano, se reunieron con todos los partidos, menos el Partido Popular que no quiso atenderles, y todos mostraron su compromiso con su causa. Ahora, desde Ciudadanos y Podemos se mantienen firmes en ella pero desde el PSOE han aparecido reticencias.

Así lo ha narrado Juan Carlos Bermejo, diputado de Ciudadanos por Madrid y que la pasada semana disputó el liderazgo de su partido a Albert Rivera. Bermejo ha anunciado que habían presentado una proposición de ley en la Asamblea madrileña para proteger al denunciante de corrupción. Del mismo modo, ha recordado que hace pocos meses fue desestimada en la misma cámara una proposición no de ley que pedía exactamente lo mismo, pero que tuvo el voto en contra, además del PP, del PSOE de Madrid.
A este respecto, Ana Garrido se ha mostrado extrañada por las reticencias del PSOE con su propuesta, señalando que, desde Europa, a donde ha acudido en varios actos, los partidos socialistas de otros países han mostrado su completo apoyo a esta causa.





miércoles, 8 de febrero de 2017

El Tetazo


Diario Público
'Tetazo' en Argentina Cientos de mujeres protestan en Argentina contra la prohibición del topless en el país
La convocatoria surge a raíz de la expulsión por parte de la Policía, hace dos semanas, de tres mujeres que tomaban el sol sin la parte de arriba de su traje de baño en la playa, lo que ha provocado una gran polémica
Buenos aires
EFE
Un grupo de unas cien mujeres se manifestaron esta pasada madrugada (hora española) en el emblemático Obelisco de Buenos Aires mostrando sus pechos desnudos pintados para protestar en contra de la cosificación del cuerpo femenino.
"Hay muchísimos más hombres que mujeres y eso nos da la razón de por qué visibilizamos eso. La mirada que tiene el hombre acerca de nosotras es para el consumo de su visión", argumentó a Efe Lola Cofredes, de la organización Nosotras Humanistas.
Entre los cánticos a favor de la libertad de la mujer de mostrar su cuerpo en espacios públicos, alzaban pancartas en las que se podían leer "No vinimos a mostrar las tetas, vinimos a mostrar que somos libres" o "Soberanía sobre nuestro cuerpo" y "Abajo la represión y el negocio sobre el cuerpo de las mujeres", entre otras.
Ailén Glacis estaba en la manifestación porque, a su juicio, "los cuerpos de la mujer tienen que dejar de estar sexualizados y no puede ser que las tetas tengan que ser para el disfrute masculino".
De las alrededor de 500 manifestantes reunidas, casi un centenar mostraba sus pechos con los pezones pintados, algunas en forma de flores, y otras utilizaban su espalda a modo de cartel reivindicativo con lemas como "censúrame ahora".
Esta convocatoria surge a raíz de la expulsión, hace dos semanas, de tres mujeres que tomaban el sol sin la parte de arriba de su traje de baño en la playa de Necochea, perteneciente a la provincia de Buenos Aires (este), cuando la policía local llegó y les pidió que se taparan por petición de algunos presentes.
Las mujeres se retiraron de la playa pero varios vídeos grabados por testigos se hicieron virales y encendieron el debate sobre la pertinencia de la prohibición de esta práctica en Argentina y sobre la magnitud de la actuación de la policía, que llegó a movilizar a una veintena de agentes por este episodio.


Para Cofredes, en la sociedad argentina "está mal visto" tomar el sol en  topless en una playa, pero para ella "es una cuestión de libertad".
"Cuando vimos esa noticia utilizamos eso para visibilizar la construcción violenta acerca del cuerpo de la mujer", añadió la activista.
Otra de las mujeres que protestaban mostrando sus pechos pintados, Silvia Suárez, alegó que es "fantástico que haya mujeres que se pongan la camiseta de provocar algo tan grande (en relación a la concentración) y que tenga una respuesta tan grande".
Las mujeres argentinas organizan un "tetazo" contra la prohibición de hacer "topless" en el Obelisco de Buenos Aires (Argentina). La manifestación fue generada por un amplio operativo policial contra tres mujeres que hicieron "topless" en una playa argentina hace diez días. EFE/David Fernández
Entre los más de 500 hombres que se encontraban de público, Silvio de 61 años había ido sin camiseta para apoyar a las mujeres manifestantes ya que, a su juicio, esta concentración "tiene que servir para que la gente despierte (...) y apoye a este movimiento lógico".
En ese sentido, Ailén Glacis aseguró que la presencia de los hombres en la manifestación fue "muy invasiva" lo que, a su juicio, muestra que "los varones siempre estuvieron marcando hasta dónde puede estar la mujer en el espacio público".
Al grito de "afuera el macho, afuera", "pajeros" o "que se vayan todos y no quede ni uno", las mujeres concentradas reclamaron a los varones que se retiraran del lugar ya que la mayoría portaban móviles o cámaras para hacer fotos.