El gobierno de Felipe González ocultó sus pactos con
la dictadura argentina
A pesar de las graves denuncias que llegaban desde
su embajada en Buenos Aires, el Ejecutivo del PSOE intercambió apoyos
diplomáticos con el régimen de ese país para acceder a organismos
Público
DANILO ALBIN
¿Cuántas personas puede torturar, violar y asesinar un régimen
cívico-militar en aproximadamente siete años? La dictadura argentina demostró
que podía hacerlo con 30 mil almas. Lo consiguió a fuerza de tirar gente
viva al mar, humillar sexualmente a mujeres y hombres o fusilar a jóvenes
indefensos con un disparo en la nuca. Eso sí, después de obligarles a cavar
su propia tumba. A comienzos de 1983, los gobiernos europeos eran
plenamente conscientes de esas atrocidades. Pese a ello, hubo un presidente que
permitió que se llegaran a acuerdos diplomáticos con los golpistas de Buenos
Aires. Su nombre: Felipe González.
Según ha podido comprobar Público mediante distintos documentos, el
gobierno que encabezó el socialista sevillano intercambió apoyos con la
dictadura argentina en distintos organismos internacionales. Siguiendo la misma
lógica que había aplicado su antecesor Adolfo Suárez, González no tuvo ningún
reparo a la hora de recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país
para conseguir sillones en diferentes entidades. Las continuas denuncias
que llegaban desde la embajada española en Buenos Aires no afectaron a este
capítulo de las relaciones entre La Moncloa y la Casa Rosada, ocupada desde el
24 de marzo de 1976 por uno de los regímenes más sanguinarios que la historia de
América Latina recuerde.
El gobierno que encabezó el socialista sevillano intercambió apoyos con la
dictadura argentina en distintos organismos internacionales
“Bien se puede hablar de denegación de justicia en Argentina y de
demolición de los derechos humanos básicos de los detenidos y desaparecidos”,
escribió el cónsul español en Buenos Aires, Mariano Vidal Tornes, en un informe
catalogado como “secreto” que fue redactado el 28 de enero de 1983, casi dos
meses después de que González asumiera como presidente en Madrid. “La justicia
argentina, como en todos los regímenes dictatoriales, no es independiente:
el nombramiento, promoción, fijación de haberes y hasta la misma seguridad
física de los jueces, depende del Poder Ejecutivo que condiciona evidentemente
la actuación de los mismos, que llegan por esta vía a altas cuotas de
corrupción”, destacaba el funcionario.
En realidad, el entonces presidente González no necesitaba leer esos
informes para confirmar lo que ya era una dramática evidencia: la dictadura
había cometido atroces crímenes contra la población civil. Antes de acceder a
La Moncloa, el líder del PSOE había apoyado distintos manifiestos en defensa de
las libertades en Argentina. Cuando llegó a la Presidencia, prometió a las
víctimas de origen español que seguiría dándoles su total apoyo, ahora
desde el ámbito institucional.
“Ustedes saben que el Gobierno se ha solidarizado en todo momento con las
familias de las víctimas de estos secuestros y estamos haciendo todo lo que
está en nuestra mano para llegar al total esclarecimiento de los hechos. Tengan
la seguridad de que seguiremos luchando en el mismo sentido, porque para los
socialistas la defensa de los derechos humanos, ya sean individuales o
colectivos, supone un objetivo universal”, respondió González a la presidenta
de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina, Carmen Vidal
de Fernández, en una carta fechada el 27 de abril de 1983.
Hoy por ti, mañana por mí
Un día antes, el Ministerio de Exteriores español había hecho llegar una
carta a la embajada argentina en Madrid, aunque no precisamente para reclamar
por los desaparecidos. Según consta en un documento obtenido por este
periódico, el gobierno solicitó a la dictadura de ese país que respaldase la
nominación española a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La respuesta del régimen argentino llegaría tres meses después: el 22 de julio
de 1983, la embajada del país sudamericano informó que sus diplomáticos
apoyarían la postulación española, aunque no le resultaría gratuito: a
cambio, Madrid tendría que apoyar “la candidatura argentina para el mismo
cargo”.
De acuerdo a la documentación obtenida por Público, el gobierno del
PSOE volvería a pactar respaldos diplomáticos con la dictadura argentina en al
menos otras cinco ocasiones. De nada valieron los continuos informes que
llegaban desde la embajada en Buenos Aires, advirtiendo sobre la decisión del
moribundo régimen -el 10 de diciembre de 1983 entregaría el poder al presidente
Raúl Alfonsín, elegido en las urnas- de ocultar la información relativa
a los cerca de 30 mil desaparecidos, incluyendo los alrededor de 700 de origen
español.
El gobierno del PSOE volvería a pactar respaldos diplomáticos con la
dictadura argentina en al menos otras cinco ocasiones
Mientras la Junta Militar daba los últimos pasos para garantizar la
impunidad de los asesinos y torturadores, el Ejecutivo liderado por González
alcanzaba nuevos pactos en organismos internacionales. El 23 de abril de 1983
–cuatro días antes de que González le escribiese a la presidenta de la Comisión
de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina- el ministerio de Exteriores
había solicitado el voto favorable de la dictadura para acceder “a uno de los
puestos del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Meteorología” (OMM)
de cara a las elecciones que se iban a realizar en ese organismo al mes
siguiente en Ginebra.
Según consta en el correspondiente documento, el candidato era Pedro
González-Haba González, quien por entonces se desempeñaba como director del
Instituto Español de Meteorología. “El gobierno español apreciará en alto grado
el apoyo que ese gobierno conceda a dicha candidatura”, subrayaba la nota de
Exteriores. Algunas semanas después, González-Haba conseguía acceder a ese
cargo con el apoyo de 90 de los 146 países integrantes de la OMM.
España también recurrió a la dictadura argentina para postularse como sede del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sin embargo, la puesta en marcha de ese centro estaría repleta de dificultades y no se concretaría hasta 1987. Finalmente, la ciudad elegida para albergar sus instalaciones fue Trieste (Italia).
España también recurrió a la dictadura argentina para postularse como sede del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sin embargo, la puesta en marcha de ese centro estaría repleta de dificultades y no se concretaría hasta 1987. Finalmente, la ciudad elegida para albergar sus instalaciones fue Trieste (Italia).
Del mismo modo, la diplomacia argentina también recurrió al gobierno de
González para tratar de conquistar asientos en entidades internacionales. Para
entonces, la Junta Militar sufría un amplio descrédito a nivel mundial, por lo
que carecía de los suficientes aliados para lavar su imagen. Así y todo, las
autoridades españolas –tal como ya había ocurrido durante el periodo de Suárez
en La Moncloa- se mostraron extremadamente receptivas ante cada pedido de
respaldo que se formulaba desde Buenos Aires.
“Guerra Antisubversión”
Siguiendo la lógica del apoyo mutuo, el 23 de agosto de 1983 la dictadura
se dirigió al ministerio de Exteriores español para hacerle saber que estaba
dispuesta a canjear votos. En una nota identificada con el número 422, la
embajada argentina ofrecía “el apoyo solicitado para la candidatura española en
UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) en
el entendimiento de que el Gobierno español apoye la candidatura argentina para
ocupar la vacante en la Junta de Desarrollo Industrial durante la XXXVIII
Asamblea de la ONU”.
Una semana después, el ministro de Exteriores en el gobierno del PSOE,
Fernando Morán, recibía una nota de su embajador en Argentina, Manuel Alabart.
En ese cable cifrado, el diplomático daba detalles sobre la reunión que había
mantenido ese mismo día con el presidente del Tribunal de las Fuerzas Armadas
de ese país, el brigadier Augusto Jorge Hughes. “Ha señalado que la Ley de
Pacificación es imprescindible y que la totalidad de las Fuerzas Armadas,
monolíticamente, se sienten solidarias con lo actuado en la guerra
antisubversión”, relataba el embajador. La impunidad ya estaba consagrada.
