sábado, 19 de julio de 2025
viernes, 18 de julio de 2025
Tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la II República, el abuelo de Felipe VI, don Juan de Borbón y Battenberg, entró en España para sumarse a la causa de los golpistas. Al llegar a Pamplona lucía un mono azul y la boina roja tradicionalista, que era el distintivo de los requetés. Su presencia resultaba incómoda para los golpistas así que le invitaron a regresar con su padre, el exrey Alfonso XIII.
José Carlos Medina
El cura de Telde sacó la pistola del cinto para dar el tiro de gracia a los cinco hombres, el más joven, casi un niño, se retorcía de dolor en el suelo volcánico. D. Juan se subió la sotana para agacharse y hacerle la seña de la cruz en la frente – Por esta santa unión y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, -dijo- mientras con la otra mano cargaba el arma para dispararle en la nuca.
Aquel joven párroco había estado con Eufemiano varias noches de agosto del 36 en la Sima de Jinámar, en la Mar Fea, en los pozos de Arucas y Tenoya, acompañando a las “Brigadas del amanecer” en sus miles de asesinatos. Se mantenía siempre en segundo plano con un crucifijo en la mano, bendecía rezando en baja voz, un susurro que llegaba a los oídos de los que iban a ser arrojados al vacío, simplemente por pensar diferente, por defender la democracia, la legalidad republicana.
Le gustaba al sacerdote salir a media noche, reunirse en la sede falangista de la calle Albareda del Puerto de la Luz, donde organizaban los grupos y revisaban las listas negras con las direcciones de las personas que esa noche serían ejecutadas. Bonny siempre lo miraba sonriendo, le gustaba que un sacerdote alumbrara la noche de la sangre, los hijos del Conde y la Marquesa lo invitaban a un trago de ron de caña antes de salir hacia el norte o el sur de la isla, los viejos camiones no paraban, su ruido inundaba las humildes viviendas de La Isleta, su gente atemorizada casi no respiraba para evitar que estos genocidas se acercaran a sus puertas.
El Teniente Lázaro bromeaba con el capellán cuando en la casa de algunos de los detenidos había mujeres
–¿Nos las follamos padre? Los conejos rojos son los mejores, -decía entre carcajadas- D. Juan callaba con una media sonrisa en sus finos labios. absorto miraba las violaciones múltiples desde fuera de los habitáculos. Como mucho se asomaba por las ventanas. No se inmutaba ante los gritos de las mujeres, algunas niñas, menores de 10 diez años, que sufrían los abusos sexuales de la soldadesca fascista, junto a guardias civiles, requetés y civiles, que hacían cola para entrar uno a uno donde las tenían retenidas, en muchos casos atadas a la parte posterior de las cabeceras de las camas.
Al clérigo ya no le temblaba la mano en las ejecuciones, su función de tirador de gracia parecía gustarle, asistía a los consejos de guerra, visitaba a los reos poco antes de ser fusilados para ofrecerles confesión, acompañamiento en los instantes finales, su pistola destacaba en su delgada cintura, siempre por fuera de la sotana sucia, manchada de huevos fritos y aceite de pescado. Su mirada parecía escrutar a los hombres detenidos, no se inmutaba ante los gritos y llantos de dolor, ofrecía misericordia mientras apadrinaba el crimen.
El fiscal Luzón, en el foco por el caso Cerdán, obstaculizó la investigación a Montoro
El jefe de Anticorrupción limitó diligencias sobre el exministro de Hacienda
ElPlural
Ruben Rozas
18-7-25
La instrucción de la causa contra el que fuera ministro de Hacienda en la era de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, se topó con la obstaculización del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ahora de nuevo mediático por casos como el del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán.
En lo que respecta al miembro del anterior Ejecutivo, el fiscal limitó la investigación y se opuso a abrir diligencias que otras voces jurídicas consideraban necesarias para el correcto desarrollo del análisis, como es el caso de Carmen García Cerdá.
En este sentido, la funcionaria quería profundizar en varios correos electrónicos que parecían apuntar a un presunto uso político de Hacienda respecto de la instrucción del caso Gürtel para con rostros tan conocidos como el de Rodrigo Rato, la expresidenta Esperanza Aguirre o el que fuera uno de los hombres fuertes de Podemos, Juan Carlos Monedero. Incluso se referían a periodistas como Javier Chicote, del diario ABC; según publican varios medios de comunicación, entre ellos El Periódico.
Ante ese escenario, García Cerdá recurrió a un mecanismo que no termina de ser habitual: la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Dicho punto permite a cualquier miembro del Ministerio Público dejar patente su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior, como ocurrió en ese momento, en el que el fiscal no se mostraba abierto a practicar más diligencias relacionadas con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.
En la práctica, la petición de la funcionaria se tradujo en una reunión celebrada el 26 de septiembre de 2023 de la que formaron parte todos los fiscales. El objetivo de la cita era comprobar si preferían la praxis de Luzón o la de García Cerdá. Finalmente, le dieron la razón al primero.
La cita tuvo lugar el 26 de septiembre de 2023, y aquel día Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros mientras que tan solo cuatro apostaron por García Cerda, lo que significó que las diligencias que ella consideraba imprescindibles terminaran por no llevarse a cabo.
La funcionaria no cesó en su empeño de seguir por el camino que ella había determinado y se conoció que había realizado alguna consulta judicial sobre los correos que, según ella, se postularían como claves para el devenir de la investigación. Esto provocó que se abriera contra ella un expediente sancionador que concluyó con una multa de 1.000 euros por una falta muy grave de desobediencia, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo (TS).
Otra votación a favor de Luzón
La acción en contra de García no quedó ahí, y es que ésta ya había visto limitada su actuación con anterioridad, en el procedimiento que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El número dos de Luzón, Antonio Romeral, la había sustituido de forma temporal cuando el ministerio público consiguió tumbar la decisión del magistrado para grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos.
En este sentido, Romeral consideró que el instructor no había valorado “de forma correcta los diferentes indicios” que habían descubierto los agentes y, por consiguiente, “la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales” no estaba justificada. Al final, los sospechosos no fueron grabados, ya que la Audiencia de Tarragona consideró que la decisión del instructor se basaba en una denuncia anónima.
Fue el hecho de apartar a García que vino precipitado por otra reunión tras recibir órdenes que implicaban renunciar a investigar un posible delito de revelación de secretos en los correos incautados, muchos de ellos enviados al ministro por el anterior jefe de gabinete. Aquella cita también se saldó con el apoyo a Luzón de sacar del caso a la funcionaria.
Una de las diligencias, según publica La Información, pasaba por solicitar al fiscal el vaciado de un correo vinculado a Montoro que utilizaba su segundo apellido. La sentencia, que fue favorable al cese, destacaba que el vaciado de la cuenta de correo del exministro fue denegado “por tres veces por el teniente fiscal anticorrupción y antes por el fiscal jefe Alejandro Luzón, debatiendo su procedencia también en la junta de fiscales de este, celebrada en septiembre de 2023, votando la mayoría de sus miembros en contra”.
jueves, 17 de julio de 2025
EL ESCÁNDALO NO ES MONTORO. ES QUE AHORA HAGÁIS VER QUE OS ESCANDALIZA.
¿Que Montoro está imputado por favorecer a las gasísticas desde el Gobierno?
¿Y esto os sorprende ahora?
¿Dónde estabais cuando se firmaban las amnistías fiscales a los evasores?
¿Cuando se recortaban becas mientras se perdonaban millones a los bancos?
¿Cuando se castigaba al trabajador y se premiaba al lobby con deducciones a medida?
Montoro no ocultó nada.
Lo hizo delante de todos.
Con el BOE, con una sonrisa y con una mayoría absoluta.
Lo repugnante no es solo lo que hizo.
Lo repugnante es que lo hizo con aplausos.
Que se convirtió en símbolo de la "seriedad", de la "estabilidad", de la España que “hace lo que tiene que hacer”.
El mismo sistema que ahora se lleva las manos a la cabeza fue el que lo puso ahí, lo mantuvo ahí y lo ensalzó.
Hoy simulan asombro como quien encuentra humedad en una tumba.
Montoro no cayó del cielo.
Fue elegido, blindado y protegido por un régimen que castiga al pobre y se deja sobornar por una factura de gas.
Lo sabíais.
Lo sabíamos.
Lo supieron todos.
Y ahora lo llamáis “escándalo” porque ya no os sirve.
Pero cuando tocaba denunciarlo, lo llamabais “gobernar”.
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El PP calla ante la imputación de Montoro y su equipo de la “Hacienda patriótica” por traficar con leyes y beneficios económicos
El ahora partido de Alberto Núñez Feijóo guarda silencio ante la decisión jurídica contra uno de los hombres fuertes de Mariano Rajoy
ElPlural
17-7-25
Ruben Rozas
En el momento de publicación de estas líneas, el Partido Popular (PP) sigue guardando un silencio atronador sobre la imputación de Cristóbal Montoro, quien fuera ministro de Hacienda durante la era de Mariano Rajoy.
Han pasado varias horas desde que se conociera la noticia y la formación conservadora no ha emitido un solo mensaje por los canales que comparte con los medios de comunicación, ni vía redes sociales ni públicamente.
Si bien, ElPlural.com ha preguntado al entorno de Feijóo, desde donde señalan que “desconocen si es afiliado”.
El exministro de Hacienda y su guardia pretoriana, imputados
El exministro de Hacienda y Función Pública y uno de los hombres fuertes del anterior presidente del Gobierno pasaba a la calidad de imputado esta semana después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, lo procesara junto a su anterior equipo por haber capitaneado una “organización” para traficar leyes a cambio de beneficios económicos.
Casi una treintena de personas físicas y otras seis personas jurídicas se sentarán en el banquillo acusadas de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El auto del juez resuelve que “la investigación pone de manifiesto la existencia de una organización” donde todas estas personas “habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de lucro económico”, según informaba el pasado miércoles La Vanguardia.
Entre los nombres que aparecen en el texto se desprenden los siguientes, todos ellos habrían formado parte del entorno profesional de Montoro: u secretario de Estado, Miguel Ferré; exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Pilar Platero; exdirector general de tributos, Diego Martín-Abril; José Alberto García, sucesor de éste; Óscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, asesor del gabinete; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También, por parte de Equipo Económico (EE), figuran Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.
Al margen, en cuanto a las personas jurídicas, en el auto judicial se aprecian los nombres de Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.
779.705 euros del equipo de Montoro
Atendiendo al documento, EE habría cobrado 779.705 euros entre 2011 y 2019 durante la mayor parte del tiempo en el que Rajoy estuvo en Moncloa. Así se desprende de los correos electrónicos internos y que fueron intervenidos en la causa judicial, donde quedaría evidenciado que las compañías y, muy especialmente, la firma gasista, habría conseguido las reformas legislativas después de “acudir” a la mencionada “organización”.
Hace aproximadamente siete años que se abrió la investigación. En aquel momento, de forma paralela y después de encontrarse un correo electrónico en el que quedaba patente la existencia de presuntos pagos a EE para lograr modificaciones legislativas favorables a firmas gasísticas que se encuentran dentro de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
La forma de operar es bastante sencilla de explicar: EE prestaba favores a las compañías gasistas a través de la mencionada “red de influencias” con el objetivo de acometer las reformas de las leyes en sintonía con sus intereses.
Sin embargo, el juez titular apunta como principal artífice de esa “organización” a Montoro, quien habría ejercido al menos desde 2008 así, “ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas de dicha tramitación” y consiguiendo con ello “presuntamente, una ganancia al despecho EE”: “El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a las sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.
El resto de cargos aparecen como “estrechamente vinculados al despacho”, lo que dio pie a “asegurar y tramitar” los anteproyectos de ley, así como el “control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación” de normas concretas.
miércoles, 16 de julio de 2025
Miguel Angel Castellanos Molina
Con Franco no éramos racistas
Con Franco no éramos racistas. Éramos pobres, obedientes, blanquitos de muchas noches en blanco de hambre. Los moros venían con bayoneta y chilaba, extraños y exóticos, como salidos de una postal antigua de África para morir por una patria que no era suya. Cuando Franco trajo a España casi cien mil mercenarios marroquíes, los «patriotas» aplaudían con furia y fervor, como quien bendice una cruzada. Venían a matar. Ahora vienen a trabajar. Entonces tenían la bendición del general, y hasta del cura del pueblo, de la patria entera. Hoy son los últimos, los más pobres, los que recogen los tomates, los ajos, porque nos duelen los riñones, o quienes recogen la basura que nosotros no queremos tocar.
Antes se les aplaudía desde los balcones, con el NO-DO repitiendo su desfile como un rezo militar. Matar por España era digno de procesión. Ahora, si vienen a recoger tomates, se les recibe con bates y sospecha.
Con Franco no éramos racistas. Solo teníamos un enemigo: el que pensaba, aunque tuviera los ocho apellidos castellanos, porque si eran catalanes, vascos o valencianos, ya eran más sospechosos. El cura daba hostias —y no eran simbólicas. Al moro se le reservaba un lugar de honor en las filas, porque su paso marcial era útil para escoltar al caudillo, ese hombre pequeño que firmaba penas de muerte en la sobremesa, con un brazo amputado a la pobre Santa Teresa, sin remordimientos de conciencia.
No venían migrantes entonces. ¿Quién iba a venir? No éramos destino, ni refugio, ni esperanza. Éramos un decorado rígido, olor a misa, incienso y naftalina. Los que salían éramos nosotros, con las maletas de cartón apretadas en trenes grises, a vendimiar y ganar en un mes, lo que en España necesitaríamos cinco, a servir cafés en Suiza, a tragar desprecio en francés o alemán. Luego volvíamos con un Mercedes de segunda mano, presumiendo de patria como quien presume de cicatriz: como en España, en ningún lugar.
Con Franco no éramos racistas. Nadie venía de América o de África a trabajar, porque aquí el trabajo era castigo y el hambre, rutina. Sonaban las canciones de Juanito Valderrama y Dolores Abril en aquel programa de onda corta llamado «España para los españoles», aunque algunos afinábamos el oído para captar las ondas lejanas de «Radio España Independiente», donde cabía la esperanza.
Decíamos que los racistas eran otros: los alemanes, los franceses, los suizos. Nosotros no éramos racistas, éramos tan imbéciles que gritábamos «Spain is different», con la boca llena de orgullo, en inglés de escuela vieja, sin saber muy bien que sí, que éramos diferentes, pero para mal y para vergüenza nuestra. Europa comenzaba en los Pirineos.
Ahora sí lo somos. Racistas sin el valor de confesarlo. Nos irrita el acento del que limpia el baño, del que recoge nuestras cerezas, del que sirve la cerveza en la terraza. Nos molesta su necesidad, su urgencia, su existencia, que sean pobres, el espejo viejo, sin azogue, en el que no queremos recordarnos.
Decimos que no somos racistas, pero en Torre Pacheco ya hay patrullas con calaveras bordadas y esvásticas en la gorra, y gente que se cree más romana que humana, más aria que vecina. Y hoy, aunque bien alimentados, somos los hijos y nietos de esos emigrantes que se fueron a buscarse la vida al extranjero o en nuestra propia patria.
Será que nos falta memoria, quizá neuronas, o tal vez sea que la Historia se repite o simplemente cambia de piel o de uniforme.
El pacto de Aznar y Jordi Pujol por la financiación autonómica que ni Ayuso ni Feijóo quieren recordar
El actual sistema de financiación autonómica tiene su origen en un pacto bilateral entre el PP y CiU, que abrió la puerta a cesiones fiscales a cambio de estabilidad parlamentaria
ElPlural
16-7-25
Suren Gastaryan
Barcelona, primavera de 1996. José María Aznar y Jordi Pujol se dan la mano en un salón del Hotel Majestic. El acuerdo es claro: CiU apoyará la investidura del líder del PP y, a cambio, Cataluña recibirá una parte sustancial del pastel fiscal. Aquel pacto, sellado bajo perfil, transformó la financiación autonómica. Hoy, casi tres décadas después, el PP denuncia con indignación un acuerdo similar entre el Gobierno y la Generalitat, olvidando que fue su firma la que abrió esta vía.
Del “Pacto del Majestic” al grito de “chantaje”
El actual escenario político ha vuelto a poner la financiación autonómica en el centro del tablero. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña para abrir la puerta a un modelo singular ha sido calificado por el Partido Popular como “chantaje”, “corrupción” e incluso “liquidación del Estado autonómico”. Las palabras más duras han llegado desde, para variar, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a Sánchez de “romper la igualdad entre los españoles” y “arrodillarse ante el independentismo”, entre otras lindeces.
Sin embargo, tal y como sucede con numerosas polémicas que envuelven a los populares, las hemerotecas no ayudan a sostener este discurso. En 1996, tras las elecciones generales que dejaron al PP sin mayoría absoluta, Aznar recurrió al apoyo de las formaciones nacionalistas. El acuerdo con Convergència i Unió fue decisivo. A cambio de su respaldo a la investidura, Jordi Pujol obtuvo una profunda reforma en el sistema de financiación que permitió a las comunidades autónomas —con Cataluña como referente— gestionar el 30 % de la recaudación del IRPF, el doble de lo que hasta entonces estaba establecido.
23 de septiembre de 1996: el día que cambió la financiación
Aunque el acuerdo político se cerró en mayo, fue el 23 de septiembre de 1996 cuando se oficializó el nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades pasaron a gestionar el 30 % del IRPF, el 35 % del IVA y el 40 % de los impuestos especiales, además de aumentar su participación normativa sobre tributos como sucesiones, donaciones o juego.
Cataluña fue la gran beneficiada de aquella cesión, que además vino acompañada de nuevas competencias en tráfico, becas, puertos o inmigración. Todo ello formaba parte de un documento de 14 puntos que, bajo el título de “Bases para la colaboración entre CiU y el PP”, estructuraba el nuevo reparto competencial del Estado.
Hoy, buena parte del PP —especialmente los sectores más duros encabezados por Ayuso— prefiere obviar que ese diseño nació en su propia casa. Incluso Alberto Núñez Feijóo, que en sus años como presidente gallego demandaba “mayor corresponsabilidad fiscal”, se alinea ahora con el discurso de la “alarma territorial” para denunciar lo que califica de “privilegios insolidarios” hacia Cataluña.
Una “asimetría” fundacional
El acuerdo entre Aznar y Pujol no solo fue pionero: fue abiertamente asimétrico. Aunque el nuevo modelo se extendía a todas las comunidades, su aplicación práctica fue negociada bilateralmente con Cataluña. De hecho, otras autonomías —como Andalucía o Castilla-La Mancha— protestaron por el sesgo favorable al modelo catalán, y advirtieron de un trato preferente que podría romper la lógica multilateral de la LOFCA.
Aznar lo justificó entonces como “una necesidad para la gobernabilidad del país” y defendió que se abría una etapa de “madurez autonómica”. Jordi Pujol, más tajante, celebró que se consolidara “el reconocimiento político y financiero del hecho diferencial catalán”. Hoy, cuando el Gobierno de coalición plantea una actualización del modelo —acorde a la sentencia del Estatut de 2010 y los informes del comité de expertos—, el PP repudia toda singularidad y reniega de cualquier bilateralidad.
¿Qué ha cambiado entonces?
En esencia, poco. Los mecanismos de negociación territorial siguen operando de forma muy similar. La diferencia radica en el contexto político y en los actores implicados. En 1996, el PP defendía la negociación con fuerzas nacionalistas como vía para desbloquear una investidura. Hoy, cuando el PSOE hace lo mismo, es acusado de “vender España”.
Lo mismo ocurre con el término “singularidad”. El propio Feijóo, en su etapa como presidente de la Xunta, defendió un modelo de financiación que “reconociera las especificidades demográficas, territoriales y lingüísticas” de Galicia. Esa misma lógica es la que ahora el Gobierno aplica a Cataluña, pero el discurso cambia radicalmente cuando lo que está en juego es el poder.
Ni Ayuso ni Feijóo hacen referencia al origen del sistema vigente. Tampoco recuerdan que el modelo que critican permitió, durante años, que los gobiernos del PP gestionaran más recursos gracias a un diseño que ellos mismos avalaron. Prefieren instalar la idea de una cesión “exclusiva” a Cataluña, ocultando que la historia del autonomismo español está plagada de pactos, concesiones y negociaciones al límite.
Echar mano de la memoria sirve, en este caso, para desmontar el relato apocalíptico que hoy utiliza la derecha. Lo que en 1996 se vendió como una muestra de “sentido de Estado”, ahora se presenta como una “rendición”. La diferencia, como tantas veces, no está en el qué, sino en el quién.
lunes, 14 de julio de 2025
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