La judicatura se rompe por completo tras el fallo del Supremo contra el fiscal y las anomalías de sus magistrados
Mientras los magistrados conservadores cargan contra el Gobierno de España, los jueces progresistas recriminan el final del juicio a García Ortiz
Rodrigo de la Torre
ElPlural
28-11-25
El "final", entre comillas pues todavía no se ha emitido la sentencia, del juicio al fiscal general del Estado ha derivado en uno de los momentos de mayor tensión en la historia reciente de la Justicia española. La condena a Álvaro García Ortiz, del que se presume que llevará su caso al Tribunal Constitucional, no solo ha incrementado enormemente la crispación en el debate político, sino que también ha abierto una considerable brecha entre los magistrados españoles, entre los cuales han aparecido voces que han evidenciado su descontento con los modos de proceder en el Supremo en relación a esta causa y la manera en la que se ha llegado a la conclusión final.
La Justicia española, en teoría, no entiende de ideologías. Sobre el papel ejecuta un análisis de unos hechos, que durante los juicios se prueban o no, a los que se aplican unas condenas marcadas según las leyes que se hayan quebrantado si los magistrados consideran que se ha cometido uno o varios delitos en las causas que investigan. Sin embargo, la práctica difiere y la política termina, en algunas ocasiones, por ejercer un peso en el análisis que se realizan en los tribunales de los supuestos que se examinan. Esta influencia no es algo ya que plantee la prensa al interpretar las sentencias en función de cómo han ido avanzando los procesos, sino que son los propios jueces los que se dejan llevar por ello dividiéndose ellos mismos entre progresistas y conservadores.
Esa partición siempre presente se ha vuelto más profunda en las últimas jornadas con la comunicación de las conclusiones a las que llegaban los siete magistrados del Supremo que juzgaban a Álvaro García Ortiz, a quien marcaban como culpable de un delito de "revelación de datos reservados", con cinco votos a favor y dos en contra.
Los jueces progresistas hablan de "linchamiento" al fiscal y de “un deterioro de las garantías de la ciudadanía”
Esta condena ha provocado indignación entre varios colectivos de juristas progresistas. La Xustiza e Sociedade de Galiza, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Associació de Juristes de les Illes Balears, la Associació Valenciana de Juristes Demòcrates, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y la Asociación Derecho y Democracia de Sevilla han presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el documento remitido, estas entidades han realizado una profunda crítica a aspectos como la forma en que se ha hecho pública la condena. A su modo de ver, la comunicación previa del fallo a la redacción de la sentencia no se trató de una decisión acertada y recriminan que se llevara a cabo de esa manera. Así, califican esa práctica de “linchamiento” a Álvaro García Ortiz y apuntan a que supone “un deterioro de las garantías de la ciudadanía” frente a la Justicia.
El final del juicio y el comunicado emitido de la condena no ha sido apoyado por los jueces progresistas, quienes entienden que anticipar únicamente el fallo vulnera el principio de tutela judicial efectiva, pues, tal y como subrayan, condena a una persona “sin saber por qué”. También señalan que esa forma de proceder contradice el espíritu del sistema jurídico, en tanto impide a la sociedad comprender las razones legales de una condena.
No solo eso, sino que estas asociaciones han puesto sobre la mesa en su escrito un asunto que ha estado sonando de manera continuada durante la celebración de las distintas sesiones del juicio. De esta manera, han cuestionado la imparcialidad de los magistrados que tomaron la decisión. Para ello, recordaron que algunos de ellos habían impartido, poco después de que se celebrara el juicio y cuando no se conocía todavía la decisión del tribunal, un curso remunerado organizado por una de las acusaciones populares del caso, el Colegio de la Abogacía de Madrid. Esto, tal y como afirman, plantea un serio conflicto de intereses y pone en entredicho la neutralidad del tribunal, socavando la confianza pública en la justicia. Un curso en el que, durante su celebración, el presidente de la sala del Supremo que juzgaba al fiscal, Andrés Martínez Arrieta, afirmó que tenía que ausentarse porque tenía que redactar la sentencia del caso.
Por último, advierten que tanto la condena como la la manera en que se ha gestionado puede tener efectos más amplios sobre el sistema judicial y sobre la percepción social de la justicia, debilitando la legitimidad de las decisiones del TS y generando desconfianza. En conjunto, los jueces progresistas interpretan la condena como un acto no sólo jurídico, sino de gran repercusión institucional y simbólica que indican provoca una “fractura” que afecta la coherencia del TS, la imparcialidad de la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
El ala conservadora de los juristas señala al Gobierno
Para varios jueces conservadores, representados públicamente por asociaciones como Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), las declaraciones que ha dejado el Gobierno ante la condena al fiscal general supone una ofensa grave a la independencia judicial. En los comunicados conjuntos que han emitido denuncian que las “descalificaciones generalizadas” de responsables políticos hacia los magistrados crean una presión “inaceptable” sobre la función jurisdiccional, lo que, según advierten, pone en riesgo la separación de poderes.
Estos jueces han subrayado que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos y que sus decisiones deben basarse en Derecho, no en afinidades partidistas. En ese sentido, han mostrado su rechazo a los discursos políticos que han interpretado la condena como un “golpe contra el Gobierno”; afirmaciones que consideran dañan la legitimidad de todo el sistema judicial.
Por tanto, su posicionamiento es claro, creen que las críticas y alusiones de motivaciones políticas hechas por miembros del Ejecutivo tras la sentencia representan una agresión institucional. Por ello, reclaman “respeto institucional” y piden al Gobierno un comportamiento responsable, que no socave la confianza ciudadana en los jueces, ni erosione los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Los conflictos de intereses de tres miembros del tribunal
Además de que tres de los siete jueces que juzgaron a Álvaro García Ortiz hubieran sido contratados por parte de una de las acusaciones populares del caso, uno de ellos, Antonio del Moral, supervisó la tesis del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y cuyo representado era parte principal de la causa, pues el email que se filtró y por el que se enjuiciaba al fiscal era en el que reconocía haber cometido un fraude a la Hacienda Pública.
Unos conflictos de intereses que, aunque no figuran en la ley como elementos marcados para que un magistrado deba abstenerse de un proceso judicial, si podrían haber constituido una influencia en la forma en la que estos jueces han interpretado los hechos por los que han decidido hallar culpable al fiscal general del Estado.
