Público
22-6-16
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
En contra de lo que se podría deducir leyendo las
noticias y la prensa económica de nuestro país, las causas de la mayor crisis
financiera y económica que se haya conocido en los últimos treinta años a los
dos lados del Atlántico Norte (conocida como la Gran Recesión), y que ha tenido
consecuencias particularmente negativas en España (y también en Grecia y
Portugal), son fáciles de ver. Y el hecho de que no se hayan visto antes era
porque los economistas y analistas del establishment político-mediático del
país no miraban dónde se cocía la crisis, es decir, no miraban en el lugar
adecuado, esto es, en la distribución de las rentas del país y en el enorme
crecimiento de las desigualdades de renta y de propiedad en la mayoría de los
países a los dos lados del Atlántico Norte, que causaron la crisis.
El crecimiento de las desigualdades
Las rentas de un país pueden derivar del trabajo o
pueden derivar de la propiedad del capital (es decir, de la propiedad que
genera rentas). Durante lo que se llama la “época dorada del capitalismo”
(1945-1980), las rentas del trabajo significaban, en general, entre un 70% y un
75% de las rentas totales de un país, y las rentas del capital representaban
aproximadamente entre un 25% y un 30% de todas las rentas.
Las reformas neoliberales iniciadas a principios de la
década de los años ochenta por el Presidente Reagan en EEUU y antes, a finales
de los años setenta, por la Sra. Thatcher en el Reino Unido, y que fueron
reproducidas más tarde por la Tercera Vía (el Sr. Blair en el Reino Unido y el
Sr. Schröder en Alemania) dentro de la socialdemocracia, redujeron
significativamente las rentas del trabajo, a costa de que subieran las rentas
del capital. Los datos hablan por sí mismos. Al terminar los años setenta del
siglo XX, antes de que se iniciaran las reformas neoliberales, las rentas del
trabajo representaban un 72,9% de todas las rentas en los países que más tarde
se constituirían en los países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la
UE); un 70,4% en Alemania; un 74,3% en Francia; un 72,2% en Italia; un 74,3% en
el Reino Unido; un 70% en EEUU; y un 72,4% en España. Estos porcentajes bajaron
muy significativamente a partir de los años 80, de manera que en el año 2012
habían descendido a 66,5% en los países de la UE-15; un 65,2% en Alemania; un
68,2% en Francia; un 64,4% en Italia; un 72,7% en el Reino Unido; un 63,6% en
EEUU; y un 58,4% en España. Y ahí está la raíz del problema (ver mi reciente
libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico
dominante. Anagrama, 2015).
Este descenso de las rentas del trabajo tuvo un efecto
devastador en la demanda doméstica en cada uno de estos países, puesto que tal
demanda procede en su mayoría de las rentas del trabajo, de manera que al bajar
estas rentas, bajaron también el consumo y la demanda doméstica, disminuyendo
el estímulo económico y, con ello, generándose un decrecimiento económico y una
destrucción de empleo (con el consiguiente aumento de la tasa de desempleo y el
descenso de la tasa de ocupación). Y, repito, ahí está la raíz del problema. En
los países donde estas rentas del trabajo bajaron más, como en España (en 2015,
las rentas del trabajo llegaron a ser tan bajas como un 51,2% de todas las
rentas), la crisis fue mayor.
¿Por qué la crisis no comenzó antes?
Es importante señalar que este descenso de la demanda
doméstica fue ocurriendo paulatinamente, y su efecto negativo no apareció tan
rápidamente como hubiera ocurrido si no hubiera sido por dos eventos que
retrasaron la aparición de la crisis. Uno fue en Europa, y fue la unión de
Alemania, la cual generó un enorme aumento del gasto público en aquel país
(pasando el país de estar en superávit –un 0,1% del PIB- a un déficit de un
3,4%) en su intento de estimular la economía de la Alemania del este (cuyo PIB
per cápita era mucho menor que el existente en la Alemania occidental),
estímulo que afectó la demanda no solo en toda Alemania, sino en toda Europa,
como consecuencia de la centralidad de la economía alemana dentro de la
economía europea.
Y el otro hecho que aminoró el impacto negativo del
descenso de las rentas del trabajo (como porcentaje de las rentas totales del
país) sobre la demanda doméstica fue el endeudamiento. Las familias se tuvieron
que endeudar para mantener su nivel de vida. Este endeudamiento explica el gran
crecimiento de la banca, que fue mayor en aquellos países donde las rentas del
trabajo habían bajado más y donde la población tenía mayor necesidad de
endeudarse, como fue el caso de España. En realidad, nuestro país tiene un
sector bancario hipertrofiado, tres veces mayor (proporcionalmente) que en
EEUU.
Este crecimiento del endeudamiento disminuyó y retrasó
el impacto negativo que la disminución de las rentas del trabajo hubiera tenido
en el consumo y, por lo tanto, en la demanda doméstica. Retrasarlo, sin
embargo, no es lo mismo que eliminarlo. En realidad, el descenso del
crecimiento económico continuó, pero no tanto como hubiera descendido si el
endeudamiento no hubiera permitido continuar el consumo, aunque este fuera a
menos año tras año. Consecuencia de ello es que las inversiones financieras
bajaron su rentabilidad en el sector de la economía productiva, es decir, donde
se producen los bienes y servicios que la población consume. De ahí que el
capital financiero (predominantemente la banca) invirtiera, en lugar de en la
economía productiva (en donde se producen los bienes de consumo) en la economía
especulativa, en la cual el sector inmobiliario era particularmente
beneficioso. Estas inversiones especulativas fueron responsables de las
burbujas. Y entre ellas, en España, hubo la burbuja inmobiliaria que consumió
una enorme cantidad de recursos y que cuando explotó creó la enorme crisis
financiera. De ahí que cuando estas burbujas inmobiliarias explotaron
(haciéndolo primero en EEUU, pero expandiéndose a Europa enseguida) crearon un
gravísimo problema al sistema bancario europeo, y muy en particular al español.
Y así comenzó la crisis financiera que estaba basada en la crisis económica,
resultado del enorme crecimiento de las desigualdades sociales, con el descenso
de las rentas del trabajo, a costa del aumento de las rentas del capital.
¿Por qué los recortes?
Cuando la economía estaba bajo el efecto de la burbuja
inmobiliaria, se creó una falsa sensación de bonanza que se tradujo en la
conocida frase del presidente Aznar de que “España iba bien”, a lo cual el
presidente Pujol en Catalunya añadía que “Catalunya incluso iba mejor”. Los
gobiernos españoles respondieron a esta falsa bonanza con la reducción de los
impuestos, lo cual creó un agujero en las arcas del Estado de 27.000 millones
de euros (consecuencia de la bajada de impuestos del gobierno Zapatero). Cuando
la burbuja inmobiliaria explotó, se hizo patente el tamaño del agujero,
forzando la necesidad de reducir el gasto público (mediante los recortes en los
servicios y transferencias públicos del Estado del Bienestar) para llenar tal
agujero.
Estos recortes de gasto público social para reducir el
déficit, junto con la reducción de los salarios causada por las reformas
laborales del gobierno Zapatero y del gobierno Rajoy, crearon el colapso de la
demanda doméstica (que se había gestado desde los años 80), creando la Gran
Recesión. Tales políticas neoliberales fueron promovidas e impuestas (y digo
impuestas, pues no estaban en los programas electorales de los partidos
gobernantes, PSOE, PP y CiU) por la Troika (el FMI, la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo) y el Eurogrupo, y han creado una enorme crisis, no solo
económica y financiera, sino también social, afectando negativamente al
bienestar de las poblaciones de los países de la Eurozona, y muy en particular
de las clases populares de los países del sur de Europa, incluyendo España.
¿Qué debería hacerse?
Es obvio que lo que debería hacerse es revertir los
recortes del gasto público, expandiéndolo para estimular la economía y aumentar
los salarios y el porcentaje de la población ocupada para así estimular la
demanda doméstica y generar el crecimiento económico, enfatizando, a la vez, un
cambio en el sistema productivo, estableciendo una economía basada en las
energías renovables, expandiendo la infraestructura social del país (muy poco desarrollada
debido a la enorme subfinanciación del Estado del Bienestar en España) y la
infraestructura física y tecnológica, excesivamente orientada hacia las rentas
superiores, y poco a la mayoría de la población. Tales expansiones pueden
financiarse fácilmente a base de una corrección muy marcada del sistema
tributario del país, en el cual, mientras los asalariados que derivan sus
rentas del trabajo pagan impuestos que representan aproximadamente el 78% de lo
que pagan sus homólogos de la UE-15, los que derivan sus rentas de la propiedad
del capital pagan solo nominalmente el 20% de lo que pagan sus homólogos en
aquella comunidad. En realidad, pagan incluso menos, el 8%. Otra fuente de
ingresos seria la corrección del excesivo fraude fiscal, muy centrado en tres
grupos: las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas que facturan más
de 150 millones de euros al año, y que representan solo el 0,12% de todas las
empresas.
Tales medidas no son utópicas, como constantemente las
definen las derechas
En realidad, estas medidas propuestas por el programa
económico de Unidos Podemos se han llevado a cabo en ocasiones anteriores en
otros países. La Gran Depresión a principios del siglo XX se resolvió en EEUU
con un enorme crecimiento del gasto público –el New Deal- y un crecimiento de
los salarios, estimulado por el apoyo que la administración Roosevelt dio a la
sindicalización de la fuerza laboral. Y un tanto semejante ocurrió en Europa al
terminar la II Guerra Mundial, cuando el estado de las economías era precario.
Se salió de él mediante una gran expansión del gasto público (incluyendo el
social, con el establecimiento del Estado del Bienestar en los países de la
Europa occidental), estimulada en parte por el Plan Marshall. Y ahora, cuando
para millones de españoles y de europeos la situación es desesperada, estando
en situaciones semejantes a la Gran Depresión, los gobiernos españoles
(incluyendo el catalán) y el establishment financiero-económico y político que
gobierna la UE y la Eurozona, están aplicando los primeros (los gobiernos
nacionales) y proponiendo los segundos (las instituciones que gobiernan la
Eurozona) medidas precisamente opuestas a las que deberían aplicarse,
continuando con unas políticas que han mostrado claramente que conducen a
España y a los otros países de la Eurozona a un desastre.
La explicación para que continúen tales políticas
aparece en los datos. Las rentas del trabajo han descendido para que pudieran
subir las rentas del capital. Nunca estas últimas habían sido tan elevadas como
porcentaje de todas las rentas. En España, hecho desconocido antes en la UE-15,
las rentas del capital han alcanzado a ser casi la mitad de todas las rentas
del país. Y dentro de ellas, las rentas del capital financiero, como la banca,
nunca habían sido tan elevadas. Mientras que para la mayoría de la población
tales políticas han sido nefastas, para una minoría han sido muy, pero que muy
beneficiosas. Ello es consecuencia de que los propietarios de capital tienen
mucha más influencia sobre las instituciones llamadas representativas y sobre
los grandes medios de información que no aquellos que obtienen sus rentas a
partir del trabajo.
¿Quién está proponiendo esta reversión de políticas en
España?
En el panorama político español, los partidos
conservadores y liberales (como el PP y CiU) que han gobernado España tienen la
mayor responsabilidad en la aplicación de las políticas neoliberales que han
dañado tanto el bienestar de la población y la eficiencia del quehacer
económico. Y es lamentable que el partido llamado socialdemócrata (el PSOE)
fuera precisamente el que iniciara tales políticas, como la reforma laboral del
2010 y los recortes que fueron expandidos notablemente por los gobiernos del
Partido Popular en España y por CiU en Catalunya. El partido Ciudadanos, que
pertenece a la misma familia política que Convergència Democrática de Catalunya
(CDC), aplaudió y aprobó tanto las reformas laborales del 2010 y del 2012, como
los recortes que seguían el libro de recetas de la ortodoxia liberal.
Las únicas fuerzas a nivel estatal que se oponen a
tales políticas son los componentes de la coalición Unidos Podemos, que incluye
además de Podemos e IU, otros partidos (En Comú Podem, En Marea, Compromís o
Units Podem Més), los cuales han propuesto la reversión de las políticas
neoliberales que han causado tanto daño a la mayoría de la población,
proponiendo un cambio sustancial en la política económica del país, basado en
medidas ya conocidas y experimentadas en otros países y en otros momentos
históricos, y que tienen como componentes esenciales los puntos descritos en
uno de los párrafos anteriores.
En la preparación de su propuesta económica, han
participado conocidos economistas españoles, catedráticos de Políticas Públicas
y/o Economía de varios centros docentes españoles y extranjeros, como Thomas
Piketty de la Universidad de Paris; James Galbraith de la Universidad de Texas,
EEUU; Robert Pollin, de la Universidad de Massachusetts, asesor del Presidente
Obama; Lourdes Benería, de la Universidad de Cornell; y Ann Pettifor, asesora
de Jeremy Corbyn del Partido Laborista británico. Dicha propuesta económica ha
sido apoyada por más de 177 expertos nacionales y extranjeros de conocido
prestigio en las distintas áreas del programa económico (ver el documento).
Sí que se pueden aplicar tales políticas
Ni que decir tiene que las propuestas hechas por el
programa económico de Unidos Podemos han creado una enorme hostilidad,
especialmente aguda en los fórums próximos al capital financiero, uno de los
agentes más responsables de la crisis financiera, agentes que promueven el
dogma neoliberal a favor de un no intervencionismo estatal, alertando de la
imposibilidad de expandir el gasto público en la medida que la coalición Unidos
Podemos propone.
Es importante subrayar la contradicción e incoherencia
que supone que la banca en este país, beneficiaria del mayor acto de
“beneficencia” del Estado, a través de su rescate público, se oponga ahora,
mediante los medios y fórums que controla, a que haya un incremento del gasto
público para rescatar la economía y a la población que sufre las consecuencias
de las políticas neoliberales que la banca ha propuesto. Esta incoherencia (que
podría llamarse hipocresía) alcanza niveles elevadísimos cuando portavoces del
Banco de España (que es en realidad un lobby de la banca) están exigiendo
bajadas de los salarios, de la protección social, de las transferencias
públicas, y recortes del gasto público social, y a la vez piden y obtienen unas
enormes cantidades de fondos para salvar la banca, resistiéndose ahora a que
sean las autoridades públicas las que gobiernen tales instituciones rescatadas,
pidiendo que se les devuelva lo que ahora no es suyo.
Uno de los argumentos que tanto sectores de derechas
como de algunas voces de izquierdas utilizan para criticar tal programa
económico de Unidos Podemos es que las propuestas que esta coalición hace no
pueden realizarse hoy en la Eurozona, pues las instituciones que la gobiernan,
comenzando por la Troika, no lo permitirían. Tales voces citan lo que le
ocurrió al gobierno Syriza, en Grecia, como ejemplo de que tal gobierno no pudo
hacer lo que estaba en su programa, y por lo tanto, Unidos Podemos tampoco podrían
llevarlo a cabo. Es una manipulación constante, que hacen las derechas en este
país, presentar lo que pasa en Grecia como ejemplo de lo que pasaría en España
si gobernara Unidos Podemos.
La gran crisis que está teniendo lugar en Grecia se
debe precisamente a la imposición de las políticas neoliberales a aquel país
por parte de la Troika y del Eurogrupo, bajo el dominio, este último, del
gobierno alemán. No es Syriza la responsable de los recortes, sino aquellas
instituciones controladas por partidos y personajes de clara orientación
conservadora y liberal, que pertenecen a las mismas familias políticas que las
derechas en España (PP, Ciudadanos, CDC y UDC) y a las familias socioliberales
(como los partidos que se autodefinen como socialdemócratas).
Ahora bien, Grecia es un país pequeño, con una
economía muy limitada, y un Estado fallido, que además estaba y está aislada
hoy. Pero España es la cuarta economía de la Eurozona, y lo es en un momento
que hay revueltas a lo largo de todo el continente europeo en contra de estas
políticas, con una oposición creciente –de todos los signos políticos- en cada
Estado. El gobierno Renzi, en Italia, ya ha expresado su oposición a tales
políticas, el gobierno portugués también ha interrumpido las políticas de
austeridad, y en el Reino Unido el Partido Laborista está dirigido por un
equipo opuesto a tales políticas. Y así un largo etcétera. No debería ignorarse
que existe hoy una situación nueva que permite mayores espacios (sin olvidar
los cambios políticos que están ocurriendo a lo largo de la Unión Europea) cada
vez más favorables a la redefinición de la Eurozona y de su sistema de
gobierno.
La victoria electoral de Unidos Podemos abriría toda
una serie de posibilidades que ayudarían a transformar no solo España, sino también
Europa. De ahí la urgencia en la movilización y apoyo electoral a tal coalición
para el bien de la mayoría de la población en España y en los países de la
Eurozona, cuya calidad de vida y bienestar han sido tan afectados por las
políticas neoliberales que deben ser interrumpidas y revertidas para el bien
común de los pueblos.
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