La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027

El futuro de Alberto González Amador no se decidirá hasta tres años después de las primeras informaciones como pronto

Rubén Rozas

14-1-26

ElPlural

La Justicia fija una fecha aproximada para la celebración del juicio contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado por dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal para mediados de 2027. Los juzgados no aportan un día concreto, pero sí dejan claro que la jornada que conducirá a un veredicto tendrá lugar después de las elecciones de la Comunidad de Madrid y generales.

Lo que está claro es que, sea cuando sea, la que es sin lugar a dudas una de las citas judiciales más importantes y mediáticas de los últimos años no ocurrirá hasta pasados los comicios de mayo, tal y como ha confirmado este miércoles la Cadena Ser.

El Poder Judicial tiende a ser muy estricto ante la posibilidad de que sus decisiones interfieran en elecciones o procesos democráticos de otro tipo, y en este caso aunque González Amador no tiene un puesto en la Comunidad de Madrid y no existen pruebas de que la presidenta madrileña haya favorecido a su fortuna perpetrando ella también acciones ilegítimas, es más que evidente la trascendencia del asunto en general y del juicio en particular.

En cualquier caso, éste no se dará hasta después de tres años desde que salieran a la luz las primeras informaciones que en 2024 empezaron a comprometer a la lideresa regional relacionadas con el empresario, con quien ha disfrutado de unas vacaciones a todo tren en Uruguay estas navidades.

En otro orden de cosas, destacar que si la causa principal del caso ha terminado en los juzgados de lo penal de Madrid es porque la cantidad defraudada al fisco fue inferior a los 600.000 euros. De no haber sido así, habría acabado en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los órganos judiciales señalan que la demora se debe a la carga de trabajo que tienen por la denominada reforma Bolaños, la ley de eficiencia de la Justicia, que transforma estos juzgados en los nuevos tribunales de instancia. Ello les impide fijar una fecha de la vista oral en 2026, por lo que pasa directamente al año siguiente.