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sábado, 25 de febrero de 2017

Hay que poner el culo.

Haberos casado con una infanta
Público
Febrero 24, 2017
Montaigne escribió que por muy alto que se sentara un rey siempre tendría que sentarse sobre su propio culo. El problema, claro está, no es del culo sino de quienes hacemos de silla. El trasero de un monarca es amplio y majestuoso, ocupa hectáreas y más hectáreas de principados, infantazgos, chambelantes y meninas, y, la verdad, pesa mucho. Con el paso de los siglos, acaba por fatigar las costillas de sus súbditos, quienes, al cansarse, deciden poner el culo al régimen o afeitarlo directamente a la altura del gaznate. Excepto en España, donde somos muy machos y aguantamos lo que nos echen. Aquí siempre hay sitio para que trepe un cortesano más a nuestra chepa. Aquí se sienta hasta el yerno.
Urdangarín no es que se haya sentado: es que se ha repantigado en la espalda de todos los españoles -que por algo estamos acostumbrados a hacer la sillita la reina- y luego se ha estirado a lo largo y a lo ancho, dejando los pies en Baleares y la cabeza en Suiza. En Suiza, nada menos, patria del chocolate, de los relojes de cuco y del dinero negro. Hay muchas puntualizaciones y tecnicismos legales que justifican la acción de las tres juezas, empezando por la excusa de la pésima instrucción del fiscal Horrach y sus reiteradas críticas hacia el auto del juez Castro. Sin embargo, los hechos mondos y lirondos son que el yerno y sus mariachis se han llevado una tonelada de dinero crudo y, de momento, el yerno se va a su casa sin fianza y de rositas. La explicación más simple para todo lo que ha pasado (la estafa monumental, Urdangarín, la infanta, Horrach, las tres juezas) se resume en dos palabras, las mismas que contestan a la inquietante pregunta de por qué los perros se lamen los cojones. Porque pueden.

El símil se entiende mucho mejor si advertimos que, el mismo día que se hacía pública esta elegante decisión judicial, nos enteramos de que el fiscal superior de Murcia -que fue relevado de su puesto este miércoles después de molestar al señor presidente de la Comunidad por un quítame allá esas corruptelas- ha denunciado en la radio haber sufrido intimidaciones en el desempeño de su labor. La historia llegó hasta el punto de que, un buen día, unos ladrones entraron en su casa y le robaron un ordenador trufado de información sensible, aunque luego no se llevaron ni un duro. En esto, como en tantas otras cosas, el PP está imitando sutilmente los métodos de Pablo Escobar, que cuando le estorbaba un juez, lo cambiaba por otro -o le alquilaba una parcela en el cementerio- y cuando las pruebas formaban ya una montaña irrefutable de condena, hacía una pila con ellas y las quemaba en el Palacio de Justicia con ayuda de unos colaboradores. PP o plomo.
Puesto que la mejor manera de tapar una montaña de mierda, es levantar otra montaña de mierda al lado, el PP ha contraprogramado las crónicas murcianas con la sentencia del caso de las tarjetas black, donde Rato y Blesa han sido condenados respectivamente a cuatro años y medio y seis años de cárcel. Han tenido suerte, porque si en vez de hacer apropiación indebida de un montón de dinero, hubieran hecho además apropiación indebida de una bicicleta, les hubieran caído siete y medio y nueve. El día de ayer fue de lo más fructífero en cuestiones legales, ya que se completó con la condena a un rapero por cantar chorradas y a un tuitero lerdo por hacer chistes idiotas. Y luego dicen que la justicia no funciona.
Para que no se nos olvide, todo esto ha sucedido además, queridos niños y queridas niñas, en el aniversario del 23-F. Montaigne también escribió que había que obedecer las leyes no porque sean justas sino porque son leyes, una solemne gilipollez desmentida una y otra vez a lo largo de varios siglos de lucha de clases y de conflictos raciales. Ahora nos queda preguntarnos si Blesa y Rato también cumplirán la condena en Suiza. A lo mejor no, pero que se hubieran casado con una infanta


viernes, 24 de febrero de 2017

LIBRE






No volverá a ocurrir

Libertad sin fianza: rectificamos la portada de la infanta.
Aquí os proponemos una nueva versión más ajustada a la realidad




Lo sentimos mucho. Nos hemos equivocado y no volverá a ocurrir. 



'El Jueves' corrige su polémica portada sobre la infanta y Urdangarin en la cárcel

La revista adapta su viñeta a la ausencia de medidas cautelares para el cuñado del rey, condenado a seis años de prisión


Madrid
"La infanta irá a la cárcel, pero solo a los vis a vis". El semanario de humor satírico El Jueves decidió dedicar la portada de su número 2.074 a la sentencia del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel y absolvió a la infanta Cristina


Después del revuelo organizado y de la no adopción de medidas cautelares contra el exduque de Palma, que continuará en libertad sin fianza con la sola obligación de comparecer mensualmente ante la autoridad judicial de Suiza y comunicar cualquier cambio de residencia, aunque sea temporal, el semanario ha publicado una nueva viñeta que corrige la portada y bromea con el futuro paso de Urdangarin por la cárcel.
"Lo sentimos mucho. Nos hemos equivocado y no volverá a ocurrir", ha publicado El Jueves, parafraseando las palabras pronunciadas en 2012 por el entonces rey Juan Carlos después de que trascendiera un viaje suyo a Botswana en el que cazó elefantes.

En la nueva viñeta aparece Iñaki Urdangarin manteniendo relaciones sexuales con un juez, ante la sorpresa de la infanta Cristina.

Rato, masculino de Rata





"La Ley es igual para todos" (...pero a unos más que a otros.)

Libertad de expresión
El rapero Valtonyc: "Sólo los pobres van a la cárcel"
Una plataforma de apoyo al rapero mallorquín pone en marcha una campaña para recaudar fondos para pagar el recurso al Tribunal Supremo, sin embargo Facebook ha retirado el anuncio por no cumplir con sus normas comunitarias.
sevilla
mária serrano

"Tiene sólo 23 años y lleva desde adolescente componiendo letras de rap desde el pueblo mallorquín de Sineu", explica a Público María, miembro del grupo de apoyo a Josep Miguel Arenas, alias Valtonyc, el rapero de las Islas Baleares que conoció en la tarde de ayer la sentencia de la Audiencia Nacional quye le condena por tres delitos presuntamente cometidos en sus canciones: injurias a la corona, enaltecimiento al terrorismo y amenazas.
Con casi 400 seguidores en su nueva cuenta de Twitter, el apoyo a Valtonyc no para de crecer a medida que pasan las horas en cada rincón de España. "Estamos treinta personas coordinando redes, campañas, vídeos en su canal de YouTube". Todo cabe para salvar a este rapero mallorquín de una grave sentencia que, según fuentes cercanas, "lo ha llevado a paralizar todos sus proyectos por una grave lesión a la libertad de expresión".

"Todo cabe para salvar a este rapero de una grave sentencia que lo ha llevado a paralizar todos sus proyectos por una grave lesión a la libertad de expresión"
María, compañera y amiga de Valtonyc, relata que el rapero se encontraba trabajando en la tarde ayer en una tienda de productos agrícolas cuando recibió la llamada de su abogado. "Se tuvo que sentar para digerirlo y ha sido muy fuerte para él ver que se enfrenta, no sólo a tres años y seis meses de cárcel sino a una multa de tres mil euros". Un juicio político que no ha logrado callar a Valtonyc, un joven que lleva prácticamente toda la vida trabajando desde que finalizó el instituto para poder salir adelante. "Ha tenido que gastarse todos sus ahorros para ir hasta Madrid y pagar todo lo relacionado al juicio. Es una persona corriente que sólo ha hecho canciones", destaca Toni, otro miembro de la plataforma.
Jorge Campo, presidente del Círculo Balear ha sido el promotor de esta polémica y el que ha denunciado a Valtonyc, tras conocer que hacía mención a él, a la desaparecida banda ETA y a la Corona en sus canciones. "Si vives en Mallorca sabes qué tipo de grupo es. Todos son de ultraderecha. Van contra cualquier movimiento social y callan los focos de libertad de expresión que hay en la isla", apuntan desde la Plataforma.
Al llegar a su casa en la noche de ayer, Valtonyc se encontraba consternado por la situación. Así lo resumía en su cuenta de Twitter. “Lo llego a saber y me cargo a alguien. Me hubiera salido más barato”.
Primeras muestras de solidaridad
La plataforma de apoyo ha recibido muestras de solidaridad de políticos de todo el panorama nacional como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el líder del grupo Mes per Mallorca, Biel Barceló. La lucha por los derechos de Valtonyc sólo acaba de empezar. "Mañana comenzará el trabajo efectivo. Necesitamos que la gente nos apoye, afianzar líneas estratégicas y Valtonyc tiene que preparar un buen recurso al Tribunal Supremo para quitarse esta condena", afirma María con rotundidad.
La sentencia de la Audiencia Nacional lo condena a dos años por enaltecimiento del terrorismo, a uno por injurias a la corona y seis meses por amenazas. "El abogado insiste que se trata de una canción de ficción y que no puede haber amenaza real en una situación ficticia expresada en una canción de Valtonyc".
Las muestras en contra de la condena de Valtonyc ya han provocado las primeras manifestaciones convocadas para mañana día 23 en Leida, Sineu, su pueblo natal y Valldemosa, otro municipio del norte de Mallorca.


Número de cuenta para pagar el recurso en el Supremo.





La noticia, caída como un jarro de agua fría, no ha dejado a Valtonyc fuera de las redes, donde ha movilizado a sus seguidores a través de una cuenta bancaria para que le ayuden a pagar las altas costas que le ha supuesto el juicio de la Audiencia Nacional. Así lo ha señalado el rapero desde su cuenta en Facebook y Twitter.
El llamamiento también detalla los gastos que le va a suponer a Valtonyc realizar un recurso ante el Tribunal Supremo, ya que destaca que, además de la multa de 3.000 euros, "el procurador ha pedido 500 euros para poder presentar el recurso y así evitar entrar a prisión directa, y esperar a la sentencia del Supremo que retrasará un poco todo". La desesperación del joven rapero recuerda que no hay tiempo "de pedir un abogado de oficio. Me han fundido todo lo que he ido ahorrando desde que empecé a currar con 18 años. Sólo los pobres van a la cárcel".
Sin embargo, Facebook ha eliminado el llamamiento hecho por el rapero porque, según la red social, "no cumple las normas comunitarias".



La "Cosa Nostra" murciana.

Los incunables: Especial 'La Cosa Nostra' murciana
Los documentos que explican los nervios de Pedro Antonio Sánchez y Rajoy
ElPlural
Jue, 23 Feb 2017
La actualidad manda. Así que sin más rodeos esta nueva entrega la dedicamos integra y sin fisuras a reunir con ánimo divulgativo todos los incunables que hemos sido capaces de reunir sobre la crisis política y ética que atraviesa Murcia provocada por el cuarteto genovés formado por Mariano Rajoy - Pedro Antonio SánchezRafael Catalá - José Manuel Maza.
Para los más despistados aquí os va un resumen resumido de la situación:

Pedro Antonio Sánchez, alumno aventajado de su padrino y capo regional Ramón Luis Valcárcel, tras las elecciones autonómicas de Mayo 2015, logra hacerse con la Presidencia de la Región de Murcia gracias al apoyo de Ciudadanos. Antes de su elección arrastraba dos casos de corrupción que estaban siendo investigados en un juzgado de Lorca y en la Audiencia Nacional.

El primero conocido como “Caso Auditorio de Puerto Lumbreras” tiene su origen en una querella de la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude contra 20 personas, entre otros, el ex alcalde de este municipio: Pedro Antonio Sánchez. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas. La obra se licita por un máximo de 5.998.514’01 euros, se adjudica por 5.659.597’97 euros, se amplía en 338.916’04, la suma da un total de 5.998.514’01, es decir, el máximo exactamente y sin terminarla, les faltan por ejecutar más de 2 millones y es exactamente lo que les devuelven de los avales prestados. El TSJMU le ha citado para que declare como investigado por los delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El segundo forma parte de la investigación que sobre la denominada “Operación Púnica” se investiga en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El juez Velasco ha formado una Pieza Separada con las ramificaciones de este caso en Murcia. Según la UCO, PAS habría alcanzado un acuerdo con el denominado conseguidor de esta trama, Alex de Pedro para que durante su etapa como Consejero de Educación del Gobierno de Murcia mejorara su imagen, ciertamente deteriorada por sus implicaciones en el Caso Auditorio. Para ello mantuvieron diversas reuniones recibiendo De Pedro información reservada. La financiación de su promoción, como no podía ser de otro modo, no corría a cargo del bolsillo del interesado. El acuerdo alcanzado lo financiaba el contribuyente. Por todo ello, el juez Velasco ha dado los pasos para que PAS pueda ser investigado por cohecho, revelación de información reservada y fraude.

Con estos antecedentes, la cúpula nacional del PP, con Rajoy a la cabeza, y con el apoyo del Ministro de Justicia Rafael Catalá y de un predispuesto José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, han lanzado una operación para “salvar al Presidente Sánchez” sin precedentes en las relaciones del Ministerio Fiscal con el gobierno de turno. Han atravesado sin retorno todas las líneas rojas. Han descalificado a la 2 fiscales del Caso Púnica que sí eran partidarias de que Sánchez fuera investigado y simultáneamente han cesado al Fiscal Jefe de Murcia que bajo sus órdenes se llevaba la investigación del Caso Auditorio.
Y dicho esto es a partir de este resumen resumido donde nuestros lectores podrán encontrar una selecta selección de los documentos que explican esta utilización de recursos públicos para sacar de los procesos judiciales que están en curso que afectan a PAS. Vamos a ello:


miércoles, 22 de febrero de 2017

El espeluznante sagrado negocio de los bebés robados.

Diario Público
Amnistía Internacional Querella en México por un bebé robado en el franquismo que salpica a la Iglesia católica
Amnistía Internacional presenta ante la Procuraduría General Mexicana una querella por un presunto caso de bebé robado en España en 1968. Se trata de Ligia Ceballos, una mujer que hace unos años descubrió que había sido adoptada. 
MADRID
ALEJANDRO TORRÚS

Amnistía Internacional ha presentado este jueves una querella ante la Justicia de México por un presunto caso de bebé robado en España en el año 1968. Es el caso de Ligia Ceballos Franco (Lily), una mujer de 48 años que hace 15 conoció que no era hija natural de sus padres y que ahora, tras años de investigación, cree que su verdadero nombre es María Diana Ortiz Ramírez y que en realidad no nació en México sino en Madrid en 1968. 

La historia es la siguiente. Los padres de Ligia Ceballos Franco confesaron hace ahora 15 años a Ligia Ceballos que se trataba de un hija adoptada y que en mayo de 1968 habían viajado a Madrid para "conseguirla". Los padres adoptivos describieron que habían llegado a España tras solicitar ayuda al Arzobispo de Yucatán que, a su vez, se puso en contacto con el Arzobispo de Madrid, que finalmente recomendó a los padres viajar a España para poder adoptar a una niña. 
Los padres llegaron a Madrid y recibieron una fantástica noticia de sus interlocutores: "Os tenemos preparado algo especial. Pero aún no ha nacido". Apenas unos días después, el 29 de mayo de 1968, nacería una niña que les sería dada en prohijamiento por orden de la Diputación Provincial de Madrid. Un mes después, los padres y la niña viajarían a México y siguiendo los consejos de sus interlocutores en España quemaron el pasaporte y los papeles de la niña al llegar a México. Nunca terminaron el proceso de adopción iniciado en España. 

Una vez en el país azteca Nazario Ceballos y Ligia Graciela, que así se llaman los padres adoptivos, inscribieron a la niña en el Registro Civil de la ciudad de Mérida (México) con el nombre de Ligia Graciela Ceballos Franco como hija biológica. En el acta de nacimiento se indicó que había nacido el 29 de mayo de 1968, a las 9 horas, en Mérida (México). 
Desde que tuvo conocimiento de que era adoptada, Ligia no paró de buscar su verdadera identidad y en 2010 consiguió que las autoridades españoles le entregaran su partida de nacimiento española. En dicha partida figuraba el nombre de María Diana Ortiz Ramírez. 

"Lo curioso es que yo tengo dos partidas de nacimiento. Un juez del Registro Civil en España compara, coteja y dice: 'Esta persona aunque no presente un DNI con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez coincide que es la misma persona que fue entregada a estos señores y que luego nombraron como Ligia Ceballos Franco", señala Ligia, que precisa que sus padres adoptivos nunca finalizaron el proceso de adopción pleno "puesto que la Iglesia les dijo: ustedes tomen a la niña, se la llevan a América, queman todo y la asientan como biológica". 
La persistente búsqueda de Lily por su verdadera identidad le permitió conocer que el día 3 de junio una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid, también conocido como la 'inclusa'. En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como "supuestos". Y una sola descripción: "Camisa, jubón, pico, faja, toalla de felpa, jersey de lana blanca y mantita de color rosa".

30.000 casos
El caso de Ligia Ceballos o María Diana Ortiz tendrá que ser examinado ahora por la Justicia de México. Amnistia Internacional señala que se ha decidido presentar esta querella en este país por "la nacionalidad mexicana de Ligia, porque la legislación mexicana cuenta con importantes reformas en materia de derechos humanos que podrían abordar este caso, y porque en España la mayor parte de las investigaciones sobre bebés robados no están llegando a fase de juicio". 
El exjuez Garzón destacó en un auto de 2008 que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos en España
"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Según datos que ha podido confirmar la propia Amnistía Internacional, ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por la Fiscalía General del Estado en relación con el robo de bebés ha llegado a fase de juicio en España. "España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, denuncia Esteban Beltrán.
Cabe destacar que en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.
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Bebés robados: de la cuneta a la cuna
Febrero 17, 2017
Público
Una querella de Amnistía Internacional en México va a poner una vez más al descubierto las vergüenzas de la justicia española casi cuatro décadas después de que se hiciera público el increíble caso de los bebés robados. Desde los sesenta, se habían cursado docenas de denuncias aunque el putrefacto organigrama del franquismo y los tentáculos de la todopoderosa iglesia católica lograron tapar lo que ya era un secreto a voces. Con la sacrosanta democracia, las cosas no mejoraron mucho. Ahora sabemos que, casi hasta la década de los noventa, miles y miles de bebés fueron robados a sus familias y vendidos impunemente a otras familias gracias a un complejo entramado mafioso que implicaba a monjas, sacerdotes, médicos, comadronas, enfermeras, abogados, agencias de adopción estatales y altos funcionarios del gobierno.

Desde la infame clínica San Ramón de Madrid, que trabajaba a destajo como una factoría de compra-venta de carne humana, hasta docenas de otros centros hospitalarios repartidos por todo el estado, la iglesia católica comerció y se lucró con el dolor, la mentira, el vacío y el luto. Según un auto instruido por el juez Garzón en 2008, esta infamia se remonta a 1937, con el robo sistemático de menores hijos de madres republicanas en la España franquista, y se calcula que pudo afectar hasta 30.000 niños desaparecidos hasta 1950. Aunque parezca mentira, a esa cantidad habría que sumar otros 30.000 desaparecidos entre 1950 y 1990.

Es difícil calcular el monto del horror porque, como tantas historias en España, la historia de los niños robados estaba envuelta en tinieblas. El mecanismo del secuestro era casi siempre el mismo: madres anestesiadas en la sala de partos a las que les quitaban el bebé para dárselo a otra mujer que estaba en otra habitación y que había fingido previamente un embarazo. La familia adoptiva pagaba una fortuna y, generalmente, creía que estaba realizando una adopción legal. Si la madre auténtica pedía ver a su hijo, los médicos le enseñaban un bebé muerto de los muchos que guardaban en una cámara frigorífica.

Numerosas denuncias fueron acalladas durante la dictadura franquista y otras muchas más desoídas durante la democracia. Sin embargo, el escándalo salió a la luz en 1982, cuando un reportaje fotográfico de Interviú sacó en primicia las espeluznantes fotos de los bebés congelados en la nevera de San Ramón y descubrió el espantoso pastel que se ocultaba tras los trapicheos monetarios de curas, monjas y médicos. Había montones de clínicas similares funcionando a toda máquina por toda la geografía española. Sin embargo, casi cuatro décadas después todavía no ha llegado una sola condena. Es más: varias demandas particulares han intentado que las organizaciones religiosas revelaran el nombre de las verdaderas madres, para que los adoptados pudiesen conocer sus orígenes, pero los procesos fueron desestimados o frenados en seco. Cuando le pregunté a uno de los abogados implicados en la demanda, él mismo un niño adoptado en Valencia, cómo era posible, sólo me respondió dos palabras: “Opus Dei”.

Este expolio generalizado de bebés no fue, como cree mucha gente, exclusivo del franquismo: se han documentado casos similares en Irlanda, en Australia y en Estados Unidos. Detrás de este horripilante e ininterrumpido crimen está la larga y tenebrosa mano de la iglesia católica, esa gente que ama tanto la vida. Sobre todo, la suya. La monja Sor María Gómez Valbuena, uno de los principales cabecillas de esta red de compra-venta, murió en 2013 antes de que pudiera ser juzgada. Este mismo año se sentará en el banquillo otro de los responsables de este macabro tráfico de seres humanos, el ginecólogo Eduardo Vela. En España la justicia calla de la cuneta a la cuna.


La hora de la coyunda

Un concejal sueco propone una hora pagada de sexo al día para mejorar la felicidad de los trabajadores
El Huffington Post  
22/02/2017
Los suecos deben tener la posibilidad de tener una hora pagada de descanso en el trabajo para ir a casa y tener relaciones sexuales con sus parejas. Esta es la propuesta de Per-Erik Muskos, un concejal de la ciudad sueca de Overtornea, quien ha presentado esta propuesta con el objetivo de mejorar las relaciones personales entre las personas.
Muskos ha argumentado que las parejas no pasan juntas el tiempo suficiente, por lo que es menester darles tiempo libre para que pasen más tiempo junto a sus amantes.

Según el concejal, "hay estudios que demuestran que el sexo es saludable", si bien ha reconocido que es difícil verificar que los trabajadores dedican esa hora para ir a sus casa y practicar sexo. "No puede garantizar que un trabajador no se vaya a pasear en lugar de hacerlo", ha argumentado Muskos, quien no obstante no ve ninguna razón para que no salga adelante su propuesta.
Tras los finlandeses y los franceses, los trabajadores suecos son los que menos horas trabajan de Europa con 1.685 de promedio en 2015, según un estudio del instituto de investigación económica Coe-Rexecode. Los británicos trabajaron un promedio de 1.900 horas y los alemanes 1.847 horas en 2015.