El
Gobierno se resiste a publicar el listado de bienes inmatriculados por la
Iglesia
Acude a los
tribunales para oponerse al dictamen del Consejo de Transparencia, que instaba
al Ejecutivo a publicar el listado de los bienes consignados como propios por
la Iglesia católica
De acuerdo
con un informe oficial hecho público a instancias de Transparencia, estos
bienes pueden sumar caso 35.000 en toda España
27/11/2019
eldiario.es
Una de cal y otra de arena. El
Gobierno socialista, que lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como
propios indebidamente
por la Iglesia, se resiste ahora a hacer público el listado de las
inmatriculaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2015, en virtud de la 'Ley
Aznar' y que suma al menos cerca de
35.000 inmuebles,
entre catedrales, parroquias, garajes, prados o pisos.
Según adelanta El País, el Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales
el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar el
listado de bienes inmatriculados por la Iglesia elaborado por el Colegio de
Registradores. El recurso contencioso administrativo ha sido admitido a
trámite.
En dichas alegaciones,
Justicia se ampara en una disposición de la ley según la cual no es obligatorio
publicar información en curso de elaboración, y añade que cuando la tenga lista
se la entregará al Congreso, que fue quien encargó que se
elaborara.
Esta decisión ha sido
duramente criticada por la coordinadora Recuperando, que aglutina a una
veintena de instituciones que luchan por la devolución de los bienes, que
consideran patrimonio público, al pueblo. "Es una muestra más de la poca
voluntad que existe en el Gobierno de que este tema tenga una traducción
democrática", recalcó Juanjo Picó, quien no obstante confía en que un
futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aborde definitivamente la cuestión.
"Ambos llevan las inmatriculaciones en sus programas", adujo.
Más de
cien mil propiedades
En todo caso, el informe
elaborado por los registradores de la propiedad –y que, según confirmó Justicia
a este diario– está listo (a falta de retoques) desde hace más de un año, apenas refleja una mínima parte de los bienes que la Iglesia
católica pudo poner a su nombre con solo la firma del obispo, que actúa como un
notario (su palabra es ley), y sin pagar más que los 30 euros que cuesta el
ejercicio del registro. "Es el chocolate del loro", lamenta el
responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al
Gobierno que la Iglesia "lleva inmatriculando bienes a su nombre desde
1946".
Según los expertos, si solo
contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año
de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por
tres o por cuatro, cifrándose en más de 100.000 los inmuebles
inmatriculados desde la instauración de la democracia.
A mediados de noviembre la plataforma Recuperando reclamó al Gobierno la publicación
del listado completo y la protección de los bienes de dominio público. En su
opinión, las inscripciones son "nulas de pleno derecho" por
"inconstitucionalidad sobrevenida", por lo que ha solicitado una
normativa que identifique "con claridad" los bienes de dominio
público que deben ser protegidos jurídicamente.
Batalla
legal imprevisible
La resistencia del Ministerio
de Justicia a publicar el listado de bienes puede encontrar al
menos dos explicaciones. La primera, meramente instrumental: el Ejecutivo en
funciones no quiere 'quemar' una carta de presión a la Iglesia antes de que se
pueda formar Gobierno para la próxima legislatura. La segunda, más
práctica: una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la
Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero
también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder
recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.
A partir de ese momento
comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de
los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el
único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.
Y es que, junto a los datos
del Registro, Justicia ultima un informe jurídico anexo que señalará las
dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una
posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros
recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de
"clima de desamortización encubierta", está preparada para una
hipotética batalla legal.
Distintos expertos han
apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo,
que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían
acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado
el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente.
"Nosotros no podemos hacerlo", apunta Jorge García, de Recuperando,
que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de
intentar hacerlo. "Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad
anterior" lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente
complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es
registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la
Iglesia perjudicó a terceros.
El
futuro de catedrales y santuarios
Lo que sí podría plantear el
futuro Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000
edificios reconocidos como 'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso
litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno
considera "bienes de dominio público" y, por lo tanto, falsas
inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la
propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba
que "3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la
Iglesia".
Entre ellos, 22 de los 44
bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que
se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya
adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto
Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como
sucede en Portugal o Francia.
¿Qué bienes podrían verse
afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los
templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros
templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo,
habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés
cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para
posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación.
Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde
Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o
Torreciudad).
