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jueves, 20 de noviembre de 2025

 

El ominoso negocio de la dictadura

Francisco Franco fue un corrupto que hizo crecer su patrimonio a través de mordidas, donaciones y un gran entramado empresarial

Javier Pardo

19-11-25

ElPlural



La fortuna de los Franco ha sido una de las grandes incógnitas de la democracia. Los negocios oscuros, los testaferros, las donaciones, el conglomerado de empresas y los inmuebles en herencia siempre han sido un interrogante para los historiadores que han tratado de aportar luz sobre el ominoso negocio de la dictadura. La horquilla en la que oscila el patrimonio total de la familia Franco, recién cumplidos los 50 años de la muerte del dictador, oscila entre los 400 y los 500 millones de euros.

Uno de los últimos en pormenorizar estas cifras ha sido el historiador y periodista David González en su libro La familia Franco 50 años después. Traiciones, secretos y una fortuna perdida (La esfera de los libros): “A lo largo de los años, periodistas como Jesús Ynfante, Mariano Sánchez Soler o Juan Luis Galiacho han seguido la evolución de la fortuna de los Franco. Ynfante hablaba en 1977 de 20.000 millones de pesetas (unos 120 millones de euros). Cuarenta años después, a la muerte de Carmen Franco, informaciones calculaban la fortuna familiar en 500 millones de euros”, explica el autor.

La imagen de Francisco Franco como una persona austera, de gustos sencillos y pocas inquietudes más allá de la causa nacional no es más que otra gran falacia de una historia mal contada. El dictador fue un corrupto. Un gran corrupto. Desde el principio de su eterno mandato no tardó en apoderarse de donaciones para la causa nacional La otra cara del caudillo (Crítica, 2015).

El estado era él, y eso le permitía recibir regalos tan ostentosos como un todoterreno Mercedes-Benz de manos de Adolf Hitler o el Pazo de Meirás, la gran joya de la corona en eterna disputa que Franco dejó en el testamento a su mujer junto a otras propiedades como la Casa Cornide, el Palacio Canto del Pico o la finca de Valdefuentes.

Que me digan dónde está”

No obstante, y pese a las evidentes pruebas del enriquecimiento del dictador y del montante disfrutado en herencia por sus familiares, ellos se han esforzado históricamente por desmentirlo. Una de las más silenciosas en este aspecto era la propia duquesa de Franco, quien, poco antes de morir, habló sobre su presunta fortuna con la periodista Nieves Herrero.

“Han buscado mucho nuestro dinero, por aquí y por allá, pero nunca lo han encontrado porque no teníamos una gran fortuna. Dinero, sí, pero no una cosa tan espectacular como la gente se creía. Al ser hija única, lógicamente, he sido la única heredera. Me he gastado mucho en conservar el Pazo de Meirás”, sostenía.

Meirás, el gran litigio

Mucho se ha resistido la familia del dictador a tratar de conservar el pazo de Meirás en sus propias manos. El litigio judicial sigue abierto. Tal es la polémica que los descendientes de Franco trataron, incluso, de venderlo por ocho millones de euros -tal y como salió publicado, para sorpresa de todos, en un anuncio de 2020 en el portal inmobiliario Mikeli Luxury Real Estate-.

La guerra judicial por recuperar este pazo, construcción de 1893 que fue propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán, comenzó en 2018. La Xunta de Galicia, el Gobierno y las asociaciones memorialistas gallegas han pleiteado insistentemente. Dos años más tarde, en septiembre de 2020, la justicia ordenó que la familia Franco debía abandonar el Pazo y dejar dentro todas sus posesiones. Dos meses después la sentencia se hizo efectiva y la familia tuvo que acatar lo mandatado por la justicia.

Pero ¿qué dice la ley? De forma cristalina, la ley de memoria democrática, en su artículo 49, regula como lugar de memoria “aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”. 


miércoles, 19 de noviembre de 2025

 



¿QUÉ SIGNIFICA PROHIBIR UNA MARCHA FASCISTA EN 2025?

Por Javier F. Ferrero

Me preguntan si la prohibición de la marcha falangista hacia Ferraz es un triunfo democrático, una medida excepcional o un síntoma preocupante. Y quizá sea todo a la vez.

La cuestión central no es si Falange tiene derecho a manifestarse. La pregunta real es:

¿qué hacemos cuando una organización con pasado criminal intenta ocupar el espacio público con fines explícitamente antidemocráticos?

Las y los jueces hablan de riesgo real y acreditado. La Policía lo subraya. Quienes trabajamos analizando política lo vemos venir desde hace años: la ultraderecha española ha sofisticado su maquinaria simbólica. Ya no pretende gobernar. Antes necesita reconquistar la calle. Lo que llaman “20N” es un calendario de nostalgia reaccionaria pensado para activar emocionalmente a grupos ultras. No es memoria. Es un dispositivo.

Alguien podría decirme: “pero Javier, ¿no estamos cerrando un debate, no estamos prohibiendo una idea?”.

No.

Las democracias no tienen la obligación de permitir que se celebren dictaduras.

La libertad de expresión no incluye humillar a las víctimas de un régimen que asesinó, torturó y depuró a decenas de miles de personas. Este marco no es teórico. Está escrito en informes policiales que describen alteraciones del orden público, agresiones previas y un clima combustible.

Aquí surge otra pregunta:

¿por qué Ferraz?

Porque Ferraz no es un destino: es un símbolo.

El franquismo sociológico necesita ritualizar su narrativa, ocupar territorios emocionales, convertir avenidas en escenarios. No buscan una marcha. Buscan un plano televisivo. La política convertida en coreografía, el odio convertido en acontecimiento.

Y esto nos lleva a otra reflexión:

¿por qué ahora?

Porque este año se juntan tres vectores: el 50º aniversario de la muerte de Franco, la resignificación del Valle de Cuelgamuros y la extinción de fundaciones franquistas. Los ultras leen estos procesos como afrentas, como derrotas simbólicas. Reaccionan. Y lo hacen como siempre: en bloque, con ruido y con vocación de intimidación.

Lo relevante es lo que subyace: el franquismo organizado quiere reaparecer como actor político.

Desea provocar un episodio que fracture el clima social y les permita volver al relato del victimismo. Ese relato que PP y Vox alimentan cada día con sus discursos de “dictadura progre” y “libertad secuestrada”.

Prohibir esta marcha no desactiva el problema. Pero lo señala. Y obliga al Estado a reconocer lo que cuesta tanto admitir: que la ultraderecha española ya no es “residual”, sino una estructura activa, emocional y violenta cuando se siente legitimada.

La pregunta final, quizá la más incómoda, es otra:

¿qué hacemos mañana, cuando convoquen la siguiente?

Porque prohibir puede ser necesario, pero nunca suficiente.

La democracia no puede sostenerse solo en medidas de urgencia.

Necesita memoria, educación, valentía política y un compromiso real contra la impunidad franquista.

Hoy se ha frenado una marcha.

Lo difícil empieza ahora.

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Artículo completo:

Un poco de sentido común ante el enésimo pulso ultra en Madrid

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RUFIÁN DISPARA CONTRA EL LAWFARE

Un país exhausto ya no se sorprende. Hoy, en el Congreso, lo que estalló no fue un discurso: fue un inventario de miserias que demasiada gente prefiere fingir que no ve.

🔎 UNA DERECHA OBSESIONADA CON FABRICAR CULPABLES

Gabriel Rufián volvió a colocar el espejo en mitad del hemiciclo. Y el reflejo fue incómodo. La comparecencia de Pedro Sánchez sirvió de prólogo. El verdadero guion lo escribió el portavoz de ERC cuando desmontó, punto por punto, la industria del lawfare que PP y Vox llevan alimentando desde hace años.

Recordó que el caso contra el fiscal general está construido con los mismos ladrillos con los que un juez —quince años después— sigue sin saber quién era “M. Rajoy”. Recordó también que quien firma hoy exposiciones de motivos contra Begoña Gómez es la misma fiscal que se negó a investigar las 7.000 muertes de las residencias madrileñas en 2020, una cifra que sigue siendo un agujero moral imposible de tapar con propaganda.

Y ahí Rufián dio el golpe: la acusación contra la esposa del presidente se sostiene en un correo enviado por una asesora, una debilidad jurídica que en cualquier país serio no habría pasado de anécdota administrativa. Pero aquí sirve para abrir telediarios.

Entonces llegó la pregunta que nadie en la bancada azul quiso escuchar: si usar un teléfono de tu despacho para algo personal es malversación, ¿cómo llamamos a que Rajoy cargara los cuidados de su padre a los Presupuestos Generales del Estado? No hubo respuesta. No podía haberla.

Porque basta tirar un poco del hilo para que asome lo que se oculta bajo la alfombra: una derecha instalada en la impunidad, ofendida cuando le recuerdan sus privilegios y encantada de ver a jueces militantes construir causas políticas a medida.

Las enfermeras y enfermeros lo saben. Las y los jueces independientes también.

El país entero lo sospecha.

En paralelo, Rufián introdujo otro elemento: el trato privilegiado al entorno de Ayuso. La salida por la puerta del hombre que dijo que prefería huir o quitarse la vida antes que afrontar la justicia dejó un olor a doble vara que sobrevoló todo el debate. Es imposible no hablar de riesgo de fuga cuando el propio implicado lo verbaliza. Pero la derecha ha decidido no verlo.

No tenemos una foto del presidente en un prostíbulo, pero sí una del líder de la oposición abrazado a un narcotraficante. Otro silencio en el hemiciclo.

Después llegó el capítulo sanitario. Rufián no jugó con eufemismos. Llamó a las cosas por su nombre: corrupción es que Andalucía y Madrid tengan cribados colapsados y mujeres esperando durante años un diagnóstico básico. Corrupción es sostener a personas como Carlos Mazón, a quien el portavoz definió sin rodeos como alguien con 229 muertes a su espalda, porque eligió estar en otro sitio mientras se ahogaba una comunidad entera. Lo dijo sin elevar el tono. No hacía falta.

Y lanzó un aviso claro a quienes hoy aplauden a Mazón, del mismo modo que ayer se aplaudió a quienes atacaron a Pilar Manjón o a las familias del metro de València. No se atrevan a repetir ese patrón con las víctimas de la DANA.

La advertencia quedó flotando.

🚪 JUNTS, NEGOCIO ANTES QUE PAÍS

Pero Rufián no reservó su munición solo para la derecha.

También dedicó un bloque final a Junts, su competidor directo en Catalunya, esta vez en catalán. Y fue igual de contundente.

Catalunya no es vuestra patria, es vuestro negocio”.

La frase cortó el aire.

Rufián afirmó que los de Puigdemont comparten intereses —y amos— con la derecha española. Y que, cuando llegue el momento, no dudarán en entregar el Gobierno a Feijóo, porque así funciona el mercadeo político cuando las prioridades no son los derechos sociales, sino las cuotas de poder.

Recordó las 25 leyes que Junts promete tumbar. Todas afectan a familias, jóvenes, personas con adicciones, universidades y sanidad. Decir que nada de eso afecta a Catalunya es vender humo tóxico, advirtió. Les exigió una disculpa por llevar años acusando a ERC de vender el país mientras, en paralelo, negociaban en silencio con el PP. Y remató con un dardo directo al corazón de la corrupción del pasado:

Es como si yo dijera que votan a cambio del 3%. O del 4%. Ya no recuerdo cuánto era.”

La ironía no ocultaba el mensaje.

Mientras tanto, Feijóo seguía ausente. Y Rufián, con su mezcla habitual de sarcasmo y fatalismo político, dejó una pregunta que resume el clima actual:

si todo está tan mal y ya hay mayoría de derechas, ¿para cuándo su moción de censura?

La bancada popular bajó la mirada. No conviene hablar de mociones cuando el liderazgo no se sostiene ni dentro de casa.

Porque aquí nadie quiere gobernar. Quieren heredar los escombros.

Si puedes, apóyanos con un par de euros al mes:

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¿CUÁNTO VALE UNA CIUDAD?

Por Javier F. Ferrero

Siempre me hago la misma pregunta cuando leo los presupuestos municipales: ¿qué se entiende por ciudad?

¿Un espacio común? ¿Un proyecto colectivo? ¿Una suma de vidas entrelazadas?

O, como parece entender el Ayuntamiento de Madrid, ¿una lista de activos liquidables?

La venta —y rebaja— de suelo público no es un desliz administrativo. Es un síntoma. El síntoma de una lógica política que ha trasladado el centro de gravedad de la ciudad hacia el mercado. Una ciudad no es un bien raíz, pero su gobierno actúa como si lo fuera.

Planteemos la cuestión de forma directa:

¿Por qué rebajar parcelas cuando la vivienda sube un 51%?

Porque no se busca corregir un desequilibrio, sino alimentarlo. Rebajar precios en plena burbuja no responde a criterios técnicos. Responde a intereses. Cuando la operación beneficia a una promotora, el mercado se convierte en “inefable”. Cuando beneficia al común, se convierte en “imposible”.

¿Por qué vender 50 parcelas en plena crisis de vivienda?

Porque el Ayuntamiento no quiere gestionar un parque público robusto. Prefiere externalizar, privatizar, ceder, transferir. Un parque público fuerte es una herramienta de poder urbano. Un parque público débil es un negocio.

¿Por qué no construir las casi 700 viviendas que podrían hacerse?

Porque construir vivienda pública es una declaración de intenciones. Es afirmar que la ciudad es de quienes la viven, no de quienes especulan con ella. Y esa idea no es compatible con la arquitectura ideológica que gobierna Madrid.

La ciudad se está rediseñando a través de operaciones aparentemente técnicas. Precios de salida. Concursos. Parcelas desiertas. Rebajas. Incrementos. Pero detrás de cada cifra hay un desplazamiento. No solo físico —quien no puede pagar se va— sino simbólico: quien no puede pagar deja de pertenecer a la ciudad.

Madrid está rompiendo su propio pacto social. Y lo hace como se rompen las cosas importantes: sin ruido, sin titulares, sin ser consciente de que lo perdido no vuelve.

La pregunta que queda es otra:

¿Qué dejará de ser Madrid cuando no quede suelo público que proteger?

Quizá entonces descubramos que lo que se vendía no eran parcelas.

Era el derecho a vivir aquí.

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Artículo completo:

El Black Friday de Almeida con el suelo público

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Rebajar parcelas municipales en plena crisis habitacional es más que una venta: es un modelo de ciudad al servicio del ladrillo.


 


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Uno de los forenses que embalsamó a Franco da un dato que cambia la historia: el dictador no murió el 20 de noviembre

Antonio Piga asegura en una entrevista a El País que el generalísimo murió antes de esa fecha. 

19-11-25




Este jueves, 20 de noviembre, se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. O no. Uno de los forenses que embalsamó su cuerpo después de morir ha arrojado en una entrevista para El País un dato que obligaría a cambiar los libros de historia. 

Según Antonio Piga, el generalísimo habría fallecido un día antes de lo anunciado, el 19 de noviembre de 1975. Y lo explica así: el equipo de médicos forenses entró alrededor de las 23.30 de ese día en el Hospital de La Paz. “Cuando nosotros llegamos el caudillo llevaba muerto varias horas. Nos hicieron firmar un papel al final de la intervención y ahí sí que pusimos la hora exacta”, asegura.

Por tanto, pese a lo que se ha sostenido durante medio siglo, Franco murió a lo largo del día 19 de noviembre y se anunció horas después a través de aquella histórica interlocución de Carlos Arias Navarro. El primer medio, sin embargo, que publicó la muerte del dictador fue Europa Press en un teletipo para sus abonados enviado a las 04.58h. de la madrugada. 

En la entrevista, Piga también da otros detalles muy interesantes alrededor de la muerte del dictador. Como que, por ejemplo, le obligaron a cargar durante un mes con dos maletas negras donde llevaba todo el material necesario para embalsamar el cuerpo. “Las guardé en el maletero de mi coche durante todo ese tiempo. Mi gran preocupación era que me robaran el coche con todo lo que había dentro”, cuenta. Este detalle deja constancia de que el régimen llevaba ya meses preparándose para la muerte del dictador.

Antonio también estuvo pendiente del cadáver de Franco los días en los que estuvo expuesto para que los ciudadanos pudieran despedirse de él. Un día, requirieron de sus servicios porque le salió una gota en la cara. "Los focos de la capilla ardiente estaban calentando el cadáver y, en combinación con el frío exterior, se produjo una evaporación y posterior condensación. Con un algodón retiré la gotita y no volvió a aparecer”, cuenta. Además, el forense se sorprendió por el cuerpo "anciano y desgastado" del dictador. "La muerte acaba equiparando a todo el mundo", reflexiona. 

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EL DÍA EN EL QUE SÁNCHEZ EXPUSO UNA DURA REALIDAD AL PP: recortan derechos para pagar favores

1️⃣ La imagen que dejó el 12 de noviembre en el Congreso fue clara: Sánchez acusando al PP y a Vox de destruir lo público para alimentar favores. No es solo un ataque político. Es una descripción de un modelo. Uno que lleva años avanzando mientras miramos hacia otro lado.

2️⃣

El presidente reveló la cifra que desmonta la narrativa de la derecha: 300.000 millones extra, un 47% más de financiación autonómica desde que está en Moncloa. Si el dinero ha llegado, ¿por qué las listas de espera crecen? ¿Por qué aumentan los conciertos? ¿Por qué lo privado engorda mientras lo público agoniza?

3️⃣

Porque en Madrid, Andalucía y otras comunidades gobernadas por PP y Vox se está aplicando una estrategia: convertir derechos fundamentales en un negocio seguro. Sanidad, educación, dependencia. Todo colocado en bandeja para empresas amigas que nunca pierden.

4️⃣

Madrid es el laboratorio:

130.000 millones más para sanidad

5.000 millones a empresas privadas en 6 años

1 de cada 3 euros del gasto sanitario privatizado

Citas a las 3 y 4 de la madrugada

360.000 madrileños obligados a hacerse un seguro privado

Esto no es gestión. Es desmantelamiento.

5️⃣

En Andalucía, otro espejo roto:

70% más para conciertos privados

848.787 personas esperando diagnóstico

200.000 esperando operación

Y un gobierno que exige paciencia a quien no puede permitírsela

La espera deja de ser un trámite y se convierte en el filtro social que separa a quienes pagan de quienes resisten.

6️⃣

Sánchez lo dijo con crudeza: la privatización es otra forma de corrupción. No necesita sobres, ni comisiones, ni audios filtrados. Solo necesita una decisión política: desviar dinero público hacia manos privadas que luego devuelven favores con campañas, titulares y apoyos silenciosos.

7️⃣

Junts respondió rompiendo la baraja, pero el fondo de la cuestión sigue ahí: mientras discuten en el Congreso, millones de personas sufren las consecuencias de un modelo de país donde el negocio sanitario pesa más que la salud, donde la educación pública retrocede ante la presión privatizadora y donde la dependencia es una ruleta burocrática.

8️⃣

El choque no es entre partidos. Es entre dos proyectos de país:

Uno que defiende derechos colectivos

Otro que los subasta

Y la derecha lo tiene claro: quieren que lo público sea un residuo, que sobrevivamos a base de seguros, cheques y milagros de mercado.

9️⃣

El Gobierno anunció que exigirá datos reales a las Comunidades Autónomas: listas de espera, inversión, cumplimiento de cribados. Es un gesto pequeño ante un problema enorme, pero revela algo: la derecha no quiere transparencia porque la transparencia revela el negocio.

🔟

Y mientras unos venden derechos y otros los defienden a tientas, el país avanza hacia un precipicio silencioso: ese donde los servicios públicos colapsan y a la ciudadanía solo se le ofrece resignación, deuda y espera interminable.

Por eso es urgente contarlo. Por eso es urgente combatirlo.

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CRISTINA ALMEIDA Y LA DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA: LA ALERTA QUE NADIE QUIERE ESCUCHAR

La intervención de Cristina Almeida en laSexta Xplica dejó algo más que una reflexión jurídica. Dejó un aviso. Un aviso que pone en duda la salud democrática del país. La abogada afirmó haber perdido parte de su confianza en la justicia, y no lo dijo por desencanto personal. Lo dijo porque el JUICIO AL FISCAL GENERAL, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en un caso que condensa todos los síntomas del LAWFARE EN ESPAÑA.

Lo que está ocurriendo no es solo grave. Es inédito. Y es estructural.

⚖️ UNA CAUSA SIN PRUEBAS Y CON ORIGEN POLÍTICO

La causa contra García Ortiz llega al TRIBUNAL SUPREMO sin pruebas materiales de revelación de secretos.

Ni filtraciones acreditadas. Ni comunicaciones incriminatorias.

Nada.

Lo único sólido es su origen: una investigación legítima sobre el presunto fraude de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, transformada en arma política contra el fiscal general. Todo lo demás es ruido, maniobra y cálculo.

Cristina Almeida lo resumió sin adjetivos superfluos: "Lo peor sería que le condenaran porque no tienen ni el más mínimo destino de la prueba".

🧩 EL SUPREMO ROTO: UNA FRACTURA SIN PRECEDENTES

El magistrado Joaquim Bosch explicó que este caso está lleno de “singularidades”.

Pero llamarlo singularidad es quedarse corto.

Primera vez en la historia que un fiscal general se sienta en el banquillo por una filtración.

Primera vez que un auto del Supremo para decidir si debe haber juicio se vota dividido, con voto particular.

Primera vez que una causa tan débil se eleva al máximo tribunal con este nivel de presión política.

Estos tres hechos no describen un procedimiento. Describen una tensión interna feroz en el poder judicial.

Si el Supremo se rompe por dentro, la democracia se resiente por fuera.

🧨 CUANDO LA POLÍTICA ENTRA EN LOS JUZGADOS

Bosch dejó caer la frase que resume la década:

Si la política se judicializa, la justicia se politiza”.

Hoy en España es más rentable presentar una querella que una enmienda.

Más rentable hacer política desde un juzgado que desde un Parlamento.

Más rentable filtrar un sumario que defender una ley en un pleno.

Este modelo no garantiza justicia. Garantiza propaganda.

Y cuando el derecho deja de ser un contrapeso para convertirse en un arma, el país entero retrocede.

🛑 LA ALERTA DE ALMEIDA ES MÁS QUE UN AVISO

Cuando una jurista como Cristina Almeida dice que ya no confía tanto en la justicia, no está opinando. Está certificando una fractura institucional.

Una fractura que castiga no solo al fiscal general, sino a todas las personas que dependen de un sistema judicial limpio, independiente y libre de presiones partidistas.

Aquí no se juzga una filtración.

Aquí se está probando el calibre del Estado de derecho.

💥 LO QUE ESTÁ EN JUEGO

No se trata de García Ortiz.

No se trata de Almeida.

No se trata de un caso más.

Se trata de si aceptamos que la justicia pueda utilizarse contra quienes investigan a los poderosos.

Se trata de si estamos dispuestas y dispuestos a mirar hacia otro lado mientras una parte del poder judicial se convierte en actor político de pleno derecho.

Se trata de si queremos un país donde las decisiones se tomen en los tribunales o en las urnas.

No es un juicio. Es una advertencia. Y la estamos dejando pasar.

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