CRISTINA ALMEIDA Y LA DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA: LA ALERTA QUE NADIE QUIERE ESCUCHAR

La intervención de Cristina Almeida en laSexta Xplica dejó algo más que una reflexión jurídica. Dejó un aviso. Un aviso que pone en duda la salud democrática del país. La abogada afirmó haber perdido parte de su confianza en la justicia, y no lo dijo por desencanto personal. Lo dijo porque el JUICIO AL FISCAL GENERAL, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en un caso que condensa todos los síntomas del LAWFARE EN ESPAÑA.

Lo que está ocurriendo no es solo grave. Es inédito. Y es estructural.

UNA CAUSA SIN PRUEBAS Y CON ORIGEN POLÍTICO

La causa contra García Ortiz llega al TRIBUNAL SUPREMO sin pruebas materiales de revelación de secretos.

Ni filtraciones acreditadas. Ni comunicaciones incriminatorias.

Nada.

Lo único sólido es su origen: una investigación legítima sobre el presunto fraude de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, transformada en arma política contra el fiscal general. Todo lo demás es ruido, maniobra y cálculo.

Cristina Almeida lo resumió sin adjetivos superfluos: "Lo peor sería que le condenaran porque no tienen ni el más mínimo destino de la prueba".

EL SUPREMO ROTO: UNA FRACTURA SIN PRECEDENTES

El magistrado Joaquim Bosch explicó que este caso está lleno de “singularidades”.

Pero llamarlo singularidad es quedarse corto.

Primera vez en la historia que un fiscal general se sienta en el banquillo por una filtración.

Primera vez que un auto del Supremo para decidir si debe haber juicio se vota dividido, con voto particular.

Primera vez que una causa tan débil se eleva al máximo tribunal con este nivel de presión política.

Estos tres hechos no describen un procedimiento. Describen una tensión interna feroz en el poder judicial.

Si el Supremo se rompe por dentro, la democracia se resiente por fuera.

CUANDO LA POLÍTICA ENTRA EN LOS JUZGADOS

Bosch dejó caer la frase que resume la década:

“Si la política se judicializa, la justicia se politiza”.

Hoy en España es más rentable presentar una querella que una enmienda.

Más rentable hacer política desde un juzgado que desde un Parlamento.

Más rentable filtrar un sumario que defender una ley en un pleno.

Este modelo no garantiza justicia. Garantiza propaganda.

Y cuando el derecho deja de ser un contrapeso para convertirse en un arma, el país entero retrocede.

LA ALERTA DE ALMEIDA ES MÁS QUE UN AVISO

Cuando una jurista como Cristina Almeida dice que ya no confía tanto en la justicia, no está opinando. Está certificando una fractura institucional.

Una fractura que castiga no solo al fiscal general, sino a todas las personas que dependen de un sistema judicial limpio, independiente y libre de presiones partidistas.

Aquí no se juzga una filtración.

Aquí se está probando el calibre del Estado de derecho.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

No se trata de García Ortiz.

No se trata de Almeida.

No se trata de un caso más.

Se trata de si aceptamos que la justicia pueda utilizarse contra quienes investigan a los poderosos.

Se trata de si estamos dispuestas y dispuestos a mirar hacia otro lado mientras una parte del poder judicial se convierte en actor político de pleno derecho.

Se trata de si queremos un país donde las decisiones se tomen en los tribunales o en las urnas.

No es un juicio. Es una advertencia. Y la estamos dejando pasar.

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