EL DÍA EN EL QUE SÁNCHEZ EXPUSO UNA DURA REALIDAD AL PP: recortan derechos para pagar favores
La
imagen que dejó el 12 de noviembre en el Congreso fue clara: Sánchez
acusando al PP y a Vox de destruir lo público para alimentar
favores. No es solo un ataque político. Es una descripción de un
modelo. Uno que lleva años avanzando mientras miramos hacia otro
lado.
El presidente reveló la cifra que desmonta la narrativa de la derecha: 300.000 millones extra, un 47% más de financiación autonómica desde que está en Moncloa. Si el dinero ha llegado, ¿por qué las listas de espera crecen? ¿Por qué aumentan los conciertos? ¿Por qué lo privado engorda mientras lo público agoniza?
Porque en Madrid, Andalucía y otras comunidades gobernadas por PP y Vox se está aplicando una estrategia: convertir derechos fundamentales en un negocio seguro. Sanidad, educación, dependencia. Todo colocado en bandeja para empresas amigas que nunca pierden.
Madrid es el laboratorio:
– 130.000 millones más para sanidad
– 5.000 millones a empresas privadas en 6 años
– 1 de cada 3 euros del gasto sanitario privatizado
– Citas a las 3 y 4 de la madrugada
– 360.000 madrileños obligados a hacerse un seguro privado
Esto no es gestión. Es desmantelamiento.
En Andalucía, otro espejo roto:
– 70% más para conciertos privados
– 848.787 personas esperando diagnóstico
– 200.000 esperando operación
– Y un gobierno que exige paciencia a quien no puede permitírsela
La espera deja de ser un trámite y se convierte en el filtro social que separa a quienes pagan de quienes resisten.
Sánchez lo dijo con crudeza: la privatización es otra forma de corrupción. No necesita sobres, ni comisiones, ni audios filtrados. Solo necesita una decisión política: desviar dinero público hacia manos privadas que luego devuelven favores con campañas, titulares y apoyos silenciosos.
Junts respondió rompiendo la baraja, pero el fondo de la cuestión sigue ahí: mientras discuten en el Congreso, millones de personas sufren las consecuencias de un modelo de país donde el negocio sanitario pesa más que la salud, donde la educación pública retrocede ante la presión privatizadora y donde la dependencia es una ruleta burocrática.
El choque no es entre partidos. Es entre dos proyectos de país:
– Uno que defiende derechos colectivos
– Otro que los subasta
Y la derecha lo tiene claro: quieren que lo público sea un residuo, que sobrevivamos a base de seguros, cheques y milagros de mercado.
El Gobierno anunció que exigirá datos reales a las Comunidades Autónomas: listas de espera, inversión, cumplimiento de cribados. Es un gesto pequeño ante un problema enorme, pero revela algo: la derecha no quiere transparencia porque la transparencia revela el negocio.
Y mientras unos venden derechos y otros los defienden a tientas, el país avanza hacia un precipicio silencioso: ese donde los servicios públicos colapsan y a la ciudadanía solo se le ofrece resignación, deuda y espera interminable.
Por eso es urgente contarlo. Por eso es urgente combatirlo.
Únete a nuestro proyecto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario