sábado, 29 de noviembre de 2025
Detienen al presunto agresor de las dos activistas de Femen en un acto franquista
El hombre, que regentaba un puesto de merchandising ultra, persiguió y tocó el pecho a las mujeres en plena vía pública
ElPlural
29-11-25
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión sexual sufrida por dos activistas de Femen durante la protesta que realizaron el pasado 20 de noviembre frente a la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, coincidiendo con la misa en memoria del dictador Francisco Franco. La Delegación del Gobierno en Madrid confirmó este sábado el arresto, después de que ambas mujeres interpusieran una denuncia por lo ocurrido.
Según su relato, el hombre - que regentaba un pequeño puesto de venta de merchandising franquista junto al templo - las persiguió y les tocó el pecho en plena vía pública. Las activistas, que como es habitual en sus acciones estaban desnudas de cintura para arriba, participaban en una protesta pacífica y portaban una pancarta con los mensajes “Fascismo legal, vergüenza nacional” y “Al fascismo, ni honor ni gloria”, consignas que también corearon ante los medios de comunicación convocados a las puertas de la iglesia.
La agresión se produjo a la vista de los periodistas que cubrían la ceremonia religiosa dedicada al exjefe de Estado y a José Antonio Primo de Rivera. La escena, según testigos, generó un momento de tensión entre el público congregado y las activistas, que denunciaron inmediatamente los hechos.
“Señor, que no toque, que no toque”, le reprocharon las activistas. Las jóvenes denunciaron haber recibido empujones, insultos y tocamientos. Femen difundió un comunicado en el que dejó claro que las protestas continuarán: “No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática. Mientras se sigan honrando símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz. Un año más, así lo hemos demostrado”.
En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Madrid reiteró su “firme compromiso contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones”. Las autoridades subrayan que cualquier ataque de este tipo, especialmente en un contexto de protesta pacífica, será perseguido y puesto a disposición judicial. El 21 de noviembre, un día después de la agresión, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se pronunció al respecto: “¿Cómo de impune se tiene que sentir para agredir a dos mujeres delante de las cámaras?”. Además, reclamó que “caiga todo el peso de la ley” sobre el agresor.
| EL EMÉRITO EN MODO ‘YO NO FUI’: LA RECTA FINAL DEL CINISMO REAL
Juan Carlos I reapareció en la televisión francesa con la misma actitud de siempre: la del señor que nunca pagó una factura, nunca firmó un recibo y nunca dio explicaciones porque “España soy yo”. Y claro, cuando le preguntan por sus escándalos, suelta lo que viene siendo su filosofía vital:
“No
hay razón para tener remordimientos”.
Traducción: me pillaron, pero no me pasa nada. El hombre que convirtió una monarquía en un cajero automático personal asegura que no tiene motivos para arrepentirse. Normal: jamás tuvo que enfrentarse a la justicia. Para eso están otros.
“Espero
que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho”.
Otra vez el chantaje emocional de siempre: él “hizo cosas”. Cosas como cuentas opacas, comisiones saudíes, cacerías vergonzosas, amantes con silenciador y un exilio dorado en Abu Dabi. “Comprender”, dice. Comprender que mientras tú no llegabas a fin de mes, él vivía como si fuese Jeff Bezos con bula papal.
“Todos
los hombres cometemos errores”.
Sí, todos cometemos errores. Pero no todos los errores generan 65 millones de euros en comisiones, ni todos los errores acaban en portadas internacionales, ni todos los errores implican que Hacienda mire hacia otro lado como si estuviera bizca.
Lo repite con calma, con sonrisa de anuncio dental, como si fuese un abuelo entrañable y no el protagonista de uno de los mayores escándalos institucionales del país. Y aún así, sigue ahí: blindado, protegido, intocable.
Mientras tanto, en España, los que denuncian corrupción acaban perseguidos; los que la protagonizan terminan en yates.
Lo del emérito no es una entrevista.
Es un recordatorio: la impunidad también envejece, pero nunca se jubila.
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Estos son el resto de abogados, fiscales y jueces contratados por OkDiario con dinero del PP
Consulte la lista completa de participantes en estas ponencias del medio conservador subvencionadas por el Partido Popular
ElPlural
29-11-25
El PP fue el encargado de financiar las II Jornadas Jurídicas de OkDiario celebradas los días 20 y 21 de noviembre, en el Hotel Don Carlos de Marbella. Magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de la Audiencia Nacional, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), académicos y juristas se reunieron en el citado lugar, y llaman especialmente la atención algunas de las contrataciones, como las de Carlos Bautista, abogado del exministro José Luis Ábalos, y Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García Izaguirre. Pero no son las únicas, sino que estos son solo dos nombres de la larga lista de participantes en estas ponencias del medio conservador en las que el PP se ha encargado de poner el dinero.
Según explicaba el propio medio, los temas a tratar se centraron en "las reformas legales en marcha, el impacto de la inteligencia artificial en el Derecho y las claves de los casos más mediáticos del año". Cabe centrarse en la conexión entre Ábalos, Koldo y OkDiario si se tiene en cuenta quiénes fueron los patrocinadores del evento. El propio Inda, en su discurso de agradecimientos, dejó clara la conexión del debate jurídico con el PP a través del ayuntamiento de Marbella, liderado por la alcaldesa Ángeles Muñoz (relacionada familiarmente con el narcotráfico imputado a su hijastro), y la Diputación de Málaga. "Gracias a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Marbella, a la Mancomunidad de Municipios, al Hotel Don Carlos y a Martínez-Echevarría", señalaba el director.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con Carlos Bautista y Letizia de la Hoz para conocer cuál fue la remuneración por formar parte de estas jornadas jurídicas, pero, en el momento de publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta. Esta fue la programación completa del acto:
Jueves 20 de noviembre
09:30 horas. Registro y acceso de asistentes.
10:00 horas. Bienvenida de Eduardo Inda, director de OkDiario.
10:10 horas. Apertura institucional a cargo de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella.
10:20 horas. Intervención de Ana María Corredera Quintana, viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía
10:30 horas. Conferencia Magistral por Fidel Cadena, fiscal de Sala del Tribunal Supremo. El futuro del Ministerio Fiscal en las proyectadas reformas de la LECR y de su Estatuto Orgánico.
11:15 horas. Pausa para tomar café.
11:45 horas. Mesa redonda Las reformas judiciales pendientes con Manuel Ruiz Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, José María Páez Martínez-Virel, vocal del CGPJ y ex decano de los Juzgados de Málaga, y María Ángeles Carmona, ex vocal del CGPJ y letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Sevilla.
12:30 horas. Mesa redonda El futuro de la justicia penal en España con Pedro Agudo, comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de Málaga, Adolfo Prego, exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y socio fundador de Adolfo Prego Abogados y Francisco Espinosa, presidente de la Nueva Asociación de Abogados del Estado.
14:00 horas. Pausa para la comida.
15:50 horas. Apertura jornada de tarde.
16:00 horas. Mesa redonda El poder judicial y los juicios mediáticos con Beatriz Uriarte, socia del Departamento Penal en Ospina Abogados, Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, José Antonio Vázquez Taín, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 2 de La Coruña y Leticia de la Hoz, abogada y directora del Departamento Jurídico de IDBO Consultants.
17:00 horas. Cierre de la Jornada día 1.
Viernes 21 de noviembre
09:30 horas. Registro y acceso de asistentes.
10:00 horas. Bienvenida de Eduardo Inda, director de OkDiario.
10:10 horas. Mesa redonda El impacto de Europa en la Justicia en España con María Jesús Moro, diputada en el Congreso de los Diputados por Salamanca, María Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional español y europeo y Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y socia del área de Derecho Público en el despacho GC Legal y Juan Chapapria, socio director en Chapapría-Navarro Asociados y socio en Martínez-Echevarría.
11:10 horas. Pausa para el café.
11:30 horas. Mesa redonda La situación de la Fiscalía con Andrés Sánchez Magro, magistrado especialista en Derecho Mercantil, Vicente González Mota, fiscal y vicepresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Carlos Bautista, doctor en Derecho, abogado y fiscal en excedencia y Julio Muerza, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Navarra.
12:30 horas. Conferencia Magistral por D. Eligio Hernández, ex Fiscal General del Estado: La reforma Constitucional del Poder Judicial.
13:15 horas. Cierre institucional a cargo de José Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación de Málaga.
13:30 horas. Cierre Jornada día 2.
Angeles Alonso Rodríguez
España: país secuestrado por el franquismo emocional
España arrastra un problema que nadie quiere nombrar: el franquismo emocional. No es una ideología explícita, es un clima. Una educación sentimental hecha de silencios, tabúes y miedos heredados. Y sigue marcando nuestra conversación pública en 2025.
Ese clima nace de los consensos del 78. Una Transición que congeló el conflicto en vez de resolverlo. Se negoció con el ejército aún caliente, con jueces franquistas en sus tribunales y con torturadores ocupando despachos. Se cambió la superficie, pero no el subsuelo.
Por eso el Rey sigue siendo el gran intocable. No solo jurídicamente: también culturalmente. Criticar a la monarquía se señala como ruptura del “clima institucional”, pero llamar rojos a los antifascistas es folclore político. España fue reformada, no refundada.
El franquismo emocional funciona como un cerrojo simbólico. Marca lo que se puede decir sin consecuencias. Señala lo “peligroso”, lo “exagerado”, lo “antisistema”. Es el poder vigilando la lengua: no hables demasiado, no molestes demasiado, no mires demasiado atrás.
Ejemplo: hablar de memoria democrática es “abrir heridas”. Pero permitir fundaciones franquistas, no. Perseguir a raperos por sus letras, sí. Investigar los negocios del emérito, cuidado. Censurar un mural feminista, adelante. La asimetría siempre cae hacia el mismo lado.
Mientras tanto, los medios que repiten la liturgia del 78 marcan los límites del debate. Cuando alguien cuestiona el marco, se le tacha de radical. Pero los radicales de verdad —los que blanquean dictaduras, los que reivindican 1939— siguen ocupando platós.
La justicia no es ajena a esta atmósfera. No hablamos de conspiraciones, hablamos de cultura institucional: jueces formados en un país que nunca depuró su franquismo, policías que arrastran protocolos heredados, partidos que aún celebran “la Transición modélica”.
¿Resultado? Un país donde la ultraderecha puede desfilar sin consecuencias, mientras la protesta antifascista es criminalizada. Un país donde la nostalgia franquista es “opinión”, pero el antifascismo es “extremismo”.
El franquismo emocional no se ve: se respira. En cada redacción donde se evita publicar algo para no molestar. En cada universidad donde no se nombra lo evidente. En cada tertulia donde se habla de convivencia mientras se oculta la impunidad estructural del Estado.
Cuando señalas este clima, te dicen que exageras. Que España ya es moderna. Que el pasado es pasado. Pero el pasado solo es pasado cuando se repara. Y aquí no se reparó: se archivó. Como si la democracia fuese un trámite administrativo.
Si España quiere ser una democracia adulta, tiene que atravesar su trauma, no esconderlo. El franquismo emocional seguirá gobernando nuestros silencios hasta que aprendamos a decir en voz alta todo lo que aún nos prohíben sentir.
No es solo política. Es cultura democrática. Es libertad. Es dignidad.
Y es, sobre todo, la pregunta que define a este país:
¿Hasta cuándo vamos a permitir que el franquismo siga decidiendo por nosotras y nosotros?
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Archivan el caso del hostelero de Vigo propalestino: cuando la justicia reconoce que criticar a un Estado no es odiar a un pueblo
EL USO DEL DELITO DE ODIO COMO ARMA POLÍTICA
La historia es conocida: verano de 2025, un vídeo circula por redes, un hostelero libanés afincado en Vigo, Samir Slim, expulsa a un grupo de turistas israelíes y grita “Viva Palestina libre”. Una llamada desde Madrid activa a la Policía Nacional. El atestado llega al juzgado de instrucción número 4. No hay denuncia, no hay querella. Corre por vía de oficio, porque el artículo 510 del Código Penal permite investigar delitos de odio incluso sin víctimas reclamándolos.
Pero cuando el juez empieza a tirar del hilo, todo empieza a desmontarse. La embajada de Israel en España no colabora. No responde a los requerimientos. No identifica a los supuestos perjudicados. Ni un nombre, ni un teléfono, ni un correo. Nada. Para un caso que dependía precisamente de localizar a esas personas, la falta de cooperación lo dejó todo en un limbo.
Y es entonces cuando el juez va más lejos. Mira el vídeo. Escucha al hostelero. Toma declaración al único testigo presencial. Concluye que lo único verificable es un cruce verbal de dos minutos, una escena confusa, un rifirrafe que podría haber tenido que ver con el servicio, con una mala respuesta, con un malentendido o con cualquier otra discusión cotidiana que estalla entre clientela y hostelería.
Ahí entra la parte crucial. El magistrado señala que criticar al Gobierno de Israel, sus políticas o incluso el genocidio en Gaza, está amparado por la libertad de expresión. No es antisemitismo. No es odio al pueblo judío. No es delito. Y lo dice con una claridad que no suele escucharse en los juzgados españoles.
“No se puede utilizar la acusación de antisemitismo para silenciar la crítica legítima a las políticas de Israel”, recuerda el auto, citando expresamente la Recomendación nº 9 revisada de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que advierte del uso abusivo de este concepto para reprimir voces críticas en el marco de la ocupación de Palestina.
Esa frase del auto es una bofetada política revestida de lenguaje jurídico.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CONTEXTO Y UN SOBRESEIMIENTO QUE EXPLICA MUCHO MÁS
El juez no solo archiva por falta de perjudicados localizables. Archiva porque no ve odio donde algunos querían verlo. Porque la acción, para ser delito, debía dirigirse a personas concretas por su pertenencia al colectivo judío. Y nada de eso queda acreditado.
No hay indicios de antisemitismo. No hay incitación a la violencia. No hay animadversión estructural contra un grupo. Solo un vídeo parcial, grabado fuera de contexto, amplificado después en redes y convertido, como tantas veces, en munición política para quienes llevan años intentando criminalizar cualquier gesto de solidaridad con Palestina.
El magistrado lo expresa con firmeza:
“No consta suficientemente acreditado el ánimo de animadversión hacia el colectivo unificado por su religión u origen.”
Y añade algo todavía más importante: incluso si el incidente fue desagradable, incluso si hubo tensión, el contexto es determinante. Y el contexto, en este caso, es un conflicto en torno al servicio de hostelería, no la promoción pública del odio.
El sobreseimiento es provisional, sí, como casi todos en fase de instrucción. Puede recurrirse. Pero lo que encierra esta resolución es una advertencia en voz baja: no todo puede convertirse en delito solo porque atraviesa la palabra “Israel”.
Ahí está la clave. En un año marcado por detenciones selectivas, por criminalización de manifestaciones propalestinas y por intentos de equiparar antisionismo con antisemitismo, un juzgado de Vigo recuerda algo básico:
defender a Palestina no es odiar a nadie; es exigir que el derecho internacional se cumpla.
Y eso, en 2025, ya parece un acto de resistencia.
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Pérez Llorca, el ‘mazonista’ que paga el peaje de Vox a la valenciana: de sus polémicas inmobiliarias al “gasofa” amigo de Zaplana
El recientemente elegido president, que se ha plegado a los intereses de la ultraderecha, generó controversia con sus viviendas y regó de dinero público a un empresario del ‘caso Erial’
Rubén Rozas
29-11-25
ElPlural
Juanfran Pérez Llorca (1976) ha confirmado su sucesión al frente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox, a cuyas políticas, dejaba clara en la sesión que lo aupó definitivamente, dará carta blanca.
La migración, el cambio climático -Pacto Verde Europeo-, el valenciano o el reparto desigualitario de la riqueza marcarán la hoja de ruta en la Comunidad Valenciana si se cumple en la práctica la teoría puesta sobre la tribuna por parte de la persona que sucede a Carlos Mazón en la Autonomía.
Número dos del líder del PP en la región y alcalde de Finestrat, una pequeña localidad protegida en la comarca de Marina Baixa (Alicante), Pérez Llorca vive en un inmueble propiedad de sus padres que no está declarado. A menos así lo cuentan las últimas informaciones al respecto, de elDiario.es, que escasos días antes de la DANA explicaban que la vivienda no había seguido los pasos necesarios ante el parlamento valenciano.
El domicilio se sitúa en una parcela rústica no urbanizable -en consecuencia, es ilegal edificar-, de 800 metros cuadrados y que dispone también de un campo de cultivo sobre el que se erige un parking levantado sobre una placa de hormigón con jardín. Asimismo, el terreno cuenta con una piscina, un cenador -espacio dedicado a acoger comidas- y el aparcamiento, que se encuentra fuera de la ordenación.
Ladrillo y turismo
El chalet, dado de alto a principios de la década de los 90, era propiedad de su abuela, aunque la casa es anterior a 1987 y fue reformada en 2017. Cabe destacar que Finestrat se encuentra a escasos kilómetros de Terra Mítica, en una zona en la que suelen verse grúas y que históricamente ha vivido del ladrillo y el turismo, por lo que es tierra fértil para la especulación inmobiliaria.
Siguiendo con el tema de la Vivienda, lo que sí declaró el ahora president por aquel entonces fueron participaciones en dos empresas que comparte con sus hermanos y cuyas acciones estaban valoradas en menos de 100.000 euros. Sin embargo, los activos son de 4,3 millones de euros y gestionaba en el momento de publicación de las noticias, ocho viviendas entre las que aparecen un dúplex, tres plazas de aparcamiento, cinco trasteros o seis campos de cultivo.
Esta información la ocultó, haciendo gala del habitual oscurantismo en la Comunidad Valenciana, como habitual es el compadreo con la corrupción. Y ahí, que se sepa, Pérez Llorca tampoco escapa a la polémica después de favorecer al entorno del expresident Eduardo Zaplana.
Concretamente, el de Finestrat fue uno de los ayuntamientos gobernados por el PP que cerraron contratos con ‘El Gasofa’, amigo de Zaplana. El secretario general de los ‘populares’ valencianos dio 190.000 euros a la empresa de Francisco Pérez López, empresario acusado en el ‘caso Erial’ al que la Fiscalía Anticorrupción pedía siete años de prisión.
Pérez López fue alcalde de Benidorm y apareció, el 22 de octubre del año pasado, como “absuelto de los delitos por los que venían siendo acusados” junto a cuatro procesados más, pero “como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad” condenado a un año y seis meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación para sufragio pasivo y una multa de 12.000 euros por falsificar un documento de venta de la parte del barco Loix que correspondía a Gregorio Fideo, antiguo secretario de Zaplana.
Seguidismo de Mazón de la mano de la ultraderecha
Pérez Llorca es un perfil absolutamente continuista de Mazón -su número dos, mismas políticas y cuenta (esto a modo de curiosidad) con un cuadro con el predecesor- cuya función en términos estrictamente políticos parece clara: calmar los ánimos en el partido y en la Comunidad Valenciana.
Las víctimas de la DANA y la inmensa mayoría de la población valenciana exigían elecciones tras la dimisión del que fuera líder del Consell, pero PP y Vox han hecho caso omiso y dan rienda suelta a un decálogo escrito por la extrema derecha aunque sea Pérez Llorca quien le dio voz en el Palau.
Su gestión en las altas esferas valencianas ha sido definida por el equilibrio entre la promoción turística y la estabilidad financiera, dos pilares que trasladó a su labor como secretario general del PPCV, cargó al que accedió en 2023 escogido personalmente por Mazón.
partido apuesta por alguien que, creen, es capaz de proyectar esa imagen de cohesión que en ocasiones es complicada de percibir, sobre todo entre Madrid -no era el favorito de Génova- y Valencia. Todo a la vez que se estrecha el cerco sobre el expresident y su paradero el día de la DANA.
El PP subvencionó las jornadas jurídicas de OkDiario en las que participaron los abogados de Koldo y Ábalos
Uno de los letrados admite a ElPlural.com que le sufragaron el viaje, aunque desconocía que fueran los conservadores quien lo patrocinaran
J. PARDO / N. CABALLERO / S. GASPARYAN
29-11-25
El PP financió las II Jornadas Jurídicas de OkDiario celebradas hace apenas una semana, los días 20 y 21 de noviembre, en el Hotel Don Carlos de Marbella. Dos fechas repletas de mesas de debate en las que formaron parte Carlos Bautista, abogado del exministro José Luis Ábalos, y Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García Izaguirre.
Dos contrataciones caprichosas que coinciden en tiempo con un cambio en la estrategia de defensa de los dos presuntos delincuentes, condenados a cárcel sin fianza este mismo jueves por su extensa participación en un entramado corrupto en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. De hecho, tanto Ábalos como Koldo han tratado de alejar la posibilidad de entrar en Soto del Real (como finalmente decidió el Tribunal Supremo) al estilo Víctor de Aldama, proponiendo una colaboración con la justicia entre ataques a Moncloa que han encontrado repercusión en la derecha mediática.
El propio OkDiario, medio organizador de las jornadas jurídicas, fue quien consiguió en exclusiva una entrevista con Koldo García publicada el mismo día en el que el Alto Tribunal decidió la entrada en prisión del asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
Una conexión que cobra más relevancia si tenemos en cuánto quiénes fueron los patrocinadores del evento. El propio Inda, en su discurso de agradecimientos, dejó clara la conexión del debate jurídico con el PP a través del ayuntamiento de Marbella, liderado por la alcaldesa Ángeles ‘Titi’ Muñoz -relacionada familiarmente con el narcotráfico imputado a su hijastro-, y la Diputación de Málaga. “Gracias a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Marbella, a la Mancomunidad de Municipios, al Hotel Don Carlos y a Martínez-Echevarría”, concluía el director del medio conservador.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con Carlos Bautista y Letizia de la Hoz para conocer cuál fue la remuneración por formar parte de estas jornadas jurídicas. Si bien el primero de ellos no ha respondido a la hora de la publicación, la letrada admite que le pagaron el viaje hasta Marbella, aunque reconoció su sorpresa al conocer que fue el Partido Popular quien subvencionó las charlas.
Cambio de estrategia
Con apenas dos días de diferencia, con la amenaza de prisión sobrevolando, Ábalos cambió su estrategia. El exministro inició la semana con un never, never, never como respuesta a la información que El Español publicaba sobre una presunta reunión de Sánchez, con Cerdán y Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero ese ‘no’ que trasladó a la Cadena SER cambió a escasas horas de que el Tribunal Supremo decidiera si lo mandaba o no a prisión – como al fin sucedió -.
48 horas después de la primera negativa, el exministro cambió su estrategia y por primera vez cargaba de manera pública contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ejecutivo del que, por cierto, formó parte hasta el año 2021. El miércoles por la mañana ya confirió cierta credibilidad – o lo intentó – a la información de El Español. Lo hizo en redes sociales, desde donde también atacaría a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la tarde. Aseguró entonces que a él le transmitieron algunos presentes que ese encuentro con el líder de EH Bildu sí existió, a pesar de que desde Ferraz lo nieguen por completo.
Tras ello, como reprimenda a unas declaraciones contra su persona, le colocó una diana a quien fuera su compañera en el Consejo de Ministros al insinuar que la vicepresidenta segunda utiliza la vivienda pública para alojar a terceras personas que no tienen derecho a ello. Un ataque furibundo que clarificó un cambio en la estrategia de defensa de Ábalos, que ahora opta por morir matando y que constata con sus últimas palabras y actos antes de ingresar en la prisión de Soto del Real.
Al igual que el que fuera su asesor durante su etapa en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos concedió una entrevista antes de su ingreso en la cárcel. Lo hizo precisamente a OkDiario; medio que también ha publicado un reportaje con Koldo García Izaguirre preparándose para personarse en el centro penitenciario. El ex secretario de Organización socialista, además de sugerir la existencia de la reunión con Otegi y de cargar con dureza contra Díaz, señala ahora al presidente del Gobierno y le acusa haberle filtrado la investigación secreta de la Fiscalía hacia su excolaborador.
Los avisos tanto de Koldo como de Ábalos han generado cierta inquietud entre las filas socialistas; siendo plenamente conscientes del poder que supone la imagen de ambos entrando en prisión. No obstante, rebajan los niveles de tensión y reivindican que el partido actuó en su momento en consecuencia con lo sucedido; convencidos de que ni el exministro ni su asesor tienen nada que pueda comprometerles.
La polémica de los cursos
Sin embargo, este hecho no se trata ni mucho menos de un caso aislado en el que los límites (si es que existen) entre justicia y política se traspasan. Y es que, este mismo martes se conocía que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), primera entidad en presentar querella contra la Fiscalía en el caso de García Ortíz, contrató a tres jueces Tribunal Supremo para impartir un curso remunerado. Unas jornadas que comenzaron apenas 24 horas después de finalizar el juicio al ya ex fiscal general del Estado.
Para ser más precisos, los jueces involucrados son Andrés Martínez Arrieta, quien presidió el tribunal encargado de juzgar a García Ortiz; Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, este último director de la formación y protagonista de una reciente polémica tras ser grabado incitando a incumplir la ley y vulnerar el secreto de sumario.
El curso, titulado Casación y turno especial, arrancó el pasado 14 de noviembre, justo un día después de que el juicio quedara visto para sentencia, y se prolongó hasta el día 25. Las sesiones impartidas por los magistrados del Supremo tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con las deliberaciones internas que concluyeron con la condena al fiscal general - inhabilitado temporalmente de sus funciones y sancionado con una multa de 7.200 euros -. Conviene recordar que fue el propio ICAM quien encabezó la acusación popular y la primera querella presentada contra la Fiscalía en este procedimiento.
El citado curso, necesario para acceder al turno de oficio especializado en casación, incluía ponencias a cargo de miembros del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional y de profesionales de la abogacía. Sus organizadores fijaron una remuneración de 90 euros por hora lectiva. Según las cifras disponibles, Andrés Martínez Arrieta impartió dos horas de docencia, con un pago total de 180 euros; mientras que Berdugo y Del Moral ofrecieron cuatro horas cada uno, recibiendo 360 euros. Además, Del Moral percibió 270 euros adicionales por la coordinación del curso, alcanzando un total de 630 euros.
El reparto de sesiones también resulta significativo. Del Moral abrió las ponencias el 17 de noviembre con dos intervenciones de dos horas. Al día siguiente, fue el turno de Martínez Arrieta, ponente de la futura sentencia contra García Ortiz, tras imponerse su criterio frente a la propuesta absolutoria de la magistrada Susana Polo. Finalmente, el 19 de noviembre intervino Berdugo, autor de una sentencia del Constitucional que subraya la necesidad de garantizar la imparcialidad judicial y evitar relaciones indebidas entre jueces y partes implicadas.
viernes, 28 de noviembre de 2025
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