Del juez Peinado a Vito Quiles: los nombres propios tras el retroceso
de España en libertad de prensa
RSF sitúa a España en el puesto 29 de su
Clasificación Mundial y alerta del impacto del ‘lawfare’, la
precariedad, la politización de los medios y el acoso a periodistas
7-5-26
ElPlural
España vuelve a perder terreno en materia de libertad de
prensa. La
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, elaborada
por Reporteros Sin Fronteras, sitúa a nuestro país en el puesto
29, seis posiciones por debajo del año anterior. El
retroceso no responde a un único factor, sino a un deterioro
transversal de las condiciones para ejercer el
periodismo: precariedad laboral, presión judicial,
politización de los medios y aumento del acoso contra profesionales
de la información, especialmente contra las mujeres
periodistas.
El informe de RSF dibuja una fotografía preocupante
del ecosistema mediático español. España obtiene 75,42
puntos, frente a los 77,35 del año anterior, y empeora en
todos los indicadores analizados. La organización atribuye la caída
al agravamiento de la situación económica del sector, al avance del
llamado ‘lawfare’ contra periodistas, a la
politización de medios públicos y privados y a un clima de
hostilidad cada vez más visible contra quienes informan.
Cuando informar empieza a salir caro
Uno de los puntos más delicados del diagnóstico de RSF es el
referido al marco legal. Aunque España
mantiene todavía una posición relativamente favorable en este
apartado, la organización advierte de un empeoramiento notable por
el aumento de acciones judiciales abusivas contra periodistas,
conocidas como SLAPPs. Estas demandas o querellas no siempre buscan
ganar en los tribunales, sino intimidar, agotar
recursos, provocar autocensura y elevar el coste personal y económico
de publicar determinadas informaciones.
En este contexto aparece uno de los nombres propios que más ha
marcado el debate público en los últimos meses: el del juez
Juan Carlos Peinado. Según
ha recogido elDiario.es a partir del informe y de las
explicaciones de RSF, la organización sitúa las actuaciones del
magistrado dentro de un clima
de acciones “intimidatorias” contra la prensa, junto al
entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. RSF advierte
de que las tensiones políticas se han trasladado también al ámbito
judicial, con procedimientos que afectan directamente al trabajo de
los medios.
La referencia a Peinado no es menor. El señalamiento de RSF
introduce una cuestión de fondo: qué ocurre cuando el
poder judicial se convierte, de forma directa o indirecta, en un
actor que condiciona la labor periodística. Para una
democracia, la libertad de información no depende solo de que no
exista censura formal. También se ve erosionada cuando los
periodistas deben trabajar bajo la amenaza constante de denuncias,
citaciones, filtraciones interesadas o campañas de descrédito.
La caída española también tiene una raíz económica evidente.
El indicador económico es, según RSF, uno de los grandes lastres
estructurales del país. La organización alerta de una precariedad
cronificada, salarios insuficientes, dificultades para
sostener modelos de negocio independientes y una dependencia
creciente de fuentes de financiación externas, incluida la
publicidad institucional. Todo ello debilita la independencia
editorial y convierte a muchos profesionales en trabajadores
vulnerables dentro de redacciones cada vez más tensionadas.
El acoso ultra como método de desgaste
El otro gran foco del informe está en la seguridad
de los periodistas. Aunque sigue siendo el indicador mejor
valorado, también retrocede. RSF advierte del aumento del acoso, la
violencia digital y la hostilidad contra profesionales de los medios.
En ese escenario se sitúan los llamados agitadores de extrema
derecha que, bajo apariencia de actividad informativa, irrumpen en
coberturas, increpan a periodistas y trasladan la presión desde los
espacios públicos hasta el terreno personal.
Ahí emerge otro nombre propio: Vito
Quiles. Su figura se ha convertido en símbolo de una
forma de hostigamiento que mezcla activismo político, exposición en
redes sociales y persecución de adversarios ideológicos o
profesionales de la información. En las últimas semanas, Quiles ha
vuelto a ocupar titulares tras ser denunciado
por Begoña Gómez por un incidente en un restaurante de Madrid,
en un episodio que él difundió parcialmente en redes y que ha
reabierto el debate sobre los límites entre preguntar, acosar y
generar intimidación.
El problema, según alerta RSF, no se limita a casos individuales.
La organización describe una tendencia más amplia: la
normalización del acoso a periodistas como herramienta política,
amplificada por redes sociales y por determinados entornos
mediáticos. Este clima afecta al conjunto de la profesión, pero
golpea con especial dureza a las mujeres periodistas, que sufren
ataques más intensos, personalizados y, en ocasiones, de carácter
sexualizado o misógino.
La politización de los medios completa el cuadro. RSF señala que
la frontera entre información y opinión se difumina, que los medios
públicos también se ven afectados por sesgos partidistas y que la
dinámica de bloques está dañando la credibilidad del periodismo.
La consecuencia es doble: por un lado, crece la
desconfianza ciudadana hacia los medios; por otro, esa misma
desconfianza alimenta nuevas campañas de hostilidad contra
periodistas, en un círculo cada vez más difícil de romper.
El deterioro del contexto sociocultural refleja precisamente ese
cambio de clima. La sociedad española, tradicionalmente situada en
un entorno relativamente abierto para la prensa, muestra
ahora mayores niveles de crispación y rechazo hacia la
profesión periodística. La polarización política no solo
contamina el debate público, sino que convierte a los periodistas en
blanco recurrente de ataques cuando sus informaciones incomodan a
determinados actores políticos, judiciales o mediáticos.
La advertencia de Reporteros Sin Fronteras llega, además, en un
momento en el que España tiene pendiente adaptar plenamente sus
compromisos al Reglamento Europeo sobre la Libertad de
los Medios de Comunicación, conocido como EMFA. RSF
considera insuficientes los avances en materias como la transparencia
en la propiedad de los medios, la regulación de la publicidad
institucional, la protección frente a demandas abusivas y la
independencia de los medios públicos.
La caída al puesto 29 no supone que España haya dejado de ser
una democracia con garantías formales para el ejercicio del
periodismo, pero sí evidencia una tendencia inquietante. La
libertad de prensa no se deteriora de golpe: se desgasta por
acumulación. Una querella intimidatoria aquí, una campaña
de acoso allá, una redacción precarizada, una televisión pública
sometida a presiones partidistas, una periodista insultada en redes o
perseguida en la calle.