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razones por las que el PP amenaza nuestra democracia
De los ‘lobbies’ del Gobierno, a
los ‘lobbies’ del Gobierno
ElPlural
ANDRÉS
VILLENA
Sáb, 3 Jun 2017
El Partido Popular, cercado por la corrupción y definido en más de una ocasión
como una “organización criminal”, continúa liderando las encuestas de intención
de voto. Sus votantes potenciales admiran el orden, la estabilidad económica y
la creación de empleo como prioridad absoluta. No obstante estos deberían tener
en cuenta que el ejercicio del voto es una responsabilidad que exige hacerse
cargo de las consecuencias que produce. Entre estas consecuencias cabe citar
las siguientes:
- Votar al
PP ha permitido que en el 2012 Pedro Morenés, empresario de
armamento (MDBA) y de seguridad privada, entre otras industrias,
presidiera el Ministerio de Defensa acompañado por su número dos, el
oligarca industrial Pedro Argüelles Salaverría (Boeing, Banco
Alcalá).
- Ha
facilitado que durante mucho tiempo, los dos dirigentes más importantes
del Ministerio de Economía, Luis de Guindos (Logista, Nomura, 'El
Mundo'…) e Íñigo Fernández de Mesa (Barclays), provinieran de la
banca de inversión quebrada Lehman Brothers que, además, había
incurrido en la venta de hipotecas basura a clientes españoles.
- Que la
directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia
Rodríguez Ponga -con su hermano en el consejo de Bankia-,
proviniera precisamente de una mutua de seguros, Mutua Madrileña.
- Que Ángela
López, ex directiva de Coca-Cola, presidiese la Agencia Española
Alimentaria, dependiente del Ministerio de Sanidad.
- Que Fernando
Benzo, director en el 2007 de la Oficina del imputado Santiago
Calatrava, fuera designado en el 2012 como número tres de Jorge
Fernández Díaz en Interior.
- Que Miguel
Arias Cañete, multimillonario empresario petrolífero, constructor y
financiero, además de esposo de Micaela Domecq, aristócrata agraria
investigada por los Papeles de Panamá, haya sido ministro de Agricultura y
sea ahora el comisario europeo encargado de la lucha contra el cambio
climático.
- Que la
actual ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, provenga de
Fertiberia, empresa de fertilizantes perteneciente al consorcio OHL,
propiedad del Marqués de Villar Mir, generoso contribuyente a las finanzas
más privadas y menos transparentes del Partido Popular.
- Que
nuestro actual ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, hombre de
Rajoy, de Pastor y de Montoro, provenga de la patronal de las empresas del
juego on-line y esté dando cobijo a una élite judicial que contiene a toda
costa la explosión definitiva de los escándalos del PP.
- Que el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de resolver la
crisis fiscal del Estado, crease en el 2006 una asesoría para la
‘optimización fiscal’, “Montoro y Asociados” (ahora, “Equipo Económico”),
en compañía de su hermano Ricardo, del antiguo director de la Agencia
Tributaria y de otros altos cargos del ministerio de Hacienda, como Pilar
Platero, a la que ha vuelto a integrar en la misma cartera ministerial.
- Que el
número dos de Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Jaime Pérez
Renovales, haya introducido en el Gobierno de la nación a una trama de
Abogados del Estado que van y vienen de empresas privadas, importando un
modus operandi profundamente ideologizado a los asuntos de la
Administración pública.
Estos ejemplos de lobbies incrustados en un Ejecutivo que toma decisiones
que nos afectan de manera clara deberían ser suficientes para hacernos una idea
de la gravedad del problema. Pensar que todos estos altos cargos van a ser
sensibles con las necesidades de unos ciudadanos que pasan frío en invierno por
falta de calefacción, que esperan horas en unos ambulatorios colapsados y que
no llegan a fin de mes por ingresar solo 700 euros es del todo absurdo. Por
eso, los votantes del PP –y, por extensión, de todos aquellos que favorezcan
electoralmente gobiernos de este tipo–, deberían ser conscientes de la
responsabilidad de su voto y de su connivencia con este tipo de agresores
sociales. Esta última afirmación no es gratuita: en febrero del 2012, el
ministro Luis de Guindos comunicó en voz baja al comisario de Asuntos
Económicos de la UE que la reforma laboral del PP había sido “extremadamente
agresiva”. Nuestra democracia está en riesgo: los privatizadores del Estado del
bienestar la tienen bajo su mando y si el apoyo popular continúa, no tardarán
en garantizarse que sea suya para siempre. De todos depende.
Andrés Villena es economista, periodista, doctor en Sociología y acaba de
públicar '¿Cómo se gobierna España?' (Editorial
Comares).
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