Los delitos que la jueza atribuye a Casado por
su máster
La magistrada considera que hay
“indicios de responsabilidad penal” y que el líder del PP habría cometido
prevaricación administrativa y cohecho impropio
Miércoles, 12 de septiembre de 2018
ElPlural
Quedan
probados “indicios de delito", o lo que es lo mismo, “indicios de responsabilidad
penal” en el máster
de Pablo Casado. Esto es lo que escribió la jueza encargada
del caso máster con respecto al líder del PP, que consideraba que se podía
probar que Casado había incurrido en un delito de prevaricación
administrativa y otro de cohecho impropio a la hora de
supuestamente cursar su máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos.
El auto que escribió la jueza el
pasado mes de agosto es contundente. Tanto que, tal y como defienden
expertos juristas y la oposición política, si a día de hoy Casado no está
imputado, es simplemente por su condición de aforado. Por ello, la juez elevó el caso al
Tribunal Supremo, el único que puede imputar a un aforado a nivel
nacional, como es el caso del líder del PP.
El
futuro de Casado está en manos del Supremo y, si la comisión de un delito
cualquiera es de por sí grave, de tener que enfrentarse a una imputación por prevaricación administrativa y por cohecho
impropio, Casado podría enfrentarse al fin de su carrera.
La condena llevaría
ligada una inhabilitación para cargo
público que oscilaría entre los tres años y medio, hasta los siete años.
Para
entender mejor a lo que se podría enfrentar Casado ahora que sus rivales políticos vuelven a
clamar por su dimisión tras la renuncia de
la ya exministra de Sanidad Carmen Montón por su máster, es
conveniente entender en qué consiste cada uno de los dos delitos que la
jueza le atribuye a Casado.
Prevaricación administrativa
La jueza
titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Mede,
cree que con su máster Casado fue
"cooperador necesario" de la presunta prevaricación cometida
por el ahora exdirector del Instituto de
Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Es
decir, considera que Álvarez Conde tomó
una decisión aun sabiendo que dicha opción era injusta o ilegal.
Dentro de esta toma de decisión, la jueza considera que Casado fue con
“cooperador necesario”. En concreto, señala a la "calificación
arbitraria" de las cuatro asignaturas que no le convalidaron a
Casado a lo largo del máster (le convalidaron 18 de las 22), cuatro materias
que el popular aprobó no con un examen
ni asistiendo a clase; sino con la presentación de cuatro trabajos que no
sumaban más de 92 folios.
Y es aquí donde se habría cometido el delito de
prevaricación administrativa, en el momento que el director del máster le
permite a Casado evaluarse de una forma diferente a la mayoría de los alumnos y
a sabiendas que no era conforme a la norma estipulada.
Es
más, la propia jueza cita la jurisprudencia del Supremo para manifestar que calificar una asignatura sin mérito académico es
un delito imputable también a quien no es funcionario público, en este
caso, a los alumnos.
¿Qué es prevaricación?
El
delito de prevaricación administrativa se recoge en el Título XIX del Código Penal dentro de los
“Delitos contra la Administración Pública”. Ahí podemos ver que se puede
cometer de varias acciones: por dictado
de resolución, por nombramiento de cargo público o por aceptación de cargo
público.
En
el caso del máster de Casado estaríamos hablando de prevaricación
administrativa por dictado de resolución. El Código Penal vigente en
el momento que Casado hizo supuestamente máster habla de penas de entre 7 y 10
años de inhabilitación en su artículo 404. Pero esta pena sería en el caso de
que el acusado fuera funcionario.
Al
no ser Casado funcionario público, el artículo 65.3 del Código Penal señala que
los jueces o tribunales tendrían que imponerle una pena inferior que
estarías de entre los 3,5 y
los 7 años.
Para
la jueza, la conducta del líder del PP puede ser calificada de cooperación
necesaria en el delito de prevaricación administrativa, porque se matricula en
el máster y paga las tasas académicas, aporta su expediente académico íntegro,
solicita el reconocimiento de créditos y acepta el título, que usa en su
currículo.
Cohecho
impropio
El
segundo presunto delito cometido sería el de cohecho
impropio. La jueza se lo atribuye por su condición de diputado en la Asamblea de Madrid mientras
cursaba el máster en la Rey Juan Carlos.
Y
es que, la magistrada define como “un regalo” el máster de Casado. Dice
literalmente en su auto: "recibir
como regalo una titulación de máster".
"Lo
importante, a los efectos que aquí nos ocupan, es que la propia naturaleza del regalo (una titulación
académica) exige una participación activa del sujeto que lo recibe
y que esta participación sea anterior a obtener la dádiva". "Se trata
de matricularse en un máster, pagar el importe de la matrícula, aportar el
expediente académico previo y solicitar el reconocimiento de créditos, todo
ello para posibilitar dar una apariencia de legitimidad a la obtención del
título académico que se recibe como regalo", añadió de forma contundente.
Los indicios que han llevado a la jueza del
‘caso Máster’ a pedir la imputación de Casado
Las razones por las que la jueza
instructora Carmen Rodríguez-Medel Nieto cree que al presidente del PP podrían
haberle regalado el curso de Derecho Público
Lunes, 6 de agosto de 2018
La jueza Carmen
Rodríguez-Medel Nieto, del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha visto indicios delictivos en el máster de
Derecho Público de Pablo Casado
y ha pedido al Tribunal Supremo
que lo investigue dado que está aforado al ver acreditados
indicios de que podría formar parte del “grupo escogido de alumnos” a los que
el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos habría
regalado el título.
La reacción del presidente del PP, además de insinuar una presunta conspiración contra
él, ha sido refugiarse en que ha dado “cumplidas explicaciones” y ha
aportado suficiente documentación para demostrar que cursó el controvertido
máster de Derecho Público, la instructora del caso considera que debe
comparecer ante la Justicia para aportar pruebas y demostrarlo.
Reclama su ordenador portátil
En
la exposición razonada que ha elevado a la sala segunda del Tribunal Supremo
reclama que se practiquen una serie de diligencias que no ha podido realizar,
precisamente debido a su aforamiento. Entre ellas, oírle como investigado y
pedirle toda la documentación que conserva del máster y el ordenador portátil
en el que habría encontrado los trabajos que presentó ante los medios de
comunicación para defender la legitimidad de su título. La magistrada se apoya
en sus declaraciones del 10 de abril de 2018 para subrayar que, según dijo
Casado, todavía lo conserva y que la policía judicial podrá determinar “la
antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si
han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018”.
Contradicciones en sus entrevistas
Las
intervenciones públicas de Pablo Casado para defenderse después de que
estallara el caso Máster, lejos de
alejar las sospechas sobre él, han servido a la jueza para argumentar su
exposición. “El sr. C. [Pablo Casado] ha reconocido en sus explicaciones
públicas que no fue a clase” mientras que en el folleto que también dijo que
conservaba, “consta con claridad, en el apartado denominado ficha técnica, que
la modalidad era presencial”, explica la jueza.
La
instructora incluye varias entrevistas protagonizadas
por Casado y destaca cómo, en una de ellas, el líder del PP dijo que
"era coherente con la oferta pública que se hacía de ese
postgrado" cuando “la mera lectura del folleto”, que él tenía, dejaba
claro que era presencial.
Otro
punto que cuestiona de sus declaraciones públicas, se presenta como un
“estudiante anónimo, veinteañero o que era muy poco” cuando en aquel momento
“ya era diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones
del PP, partido que ostentaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid en esos
momentos”.
Añade
que en una entrevista en la SER el pasado 9 de abril reconoció haber entregado
los trabajos “en mano, a puerta fría (literalmente) en el Instituto de Derecho
Público”. “Parece sorprendente que, no acudiendo nunca a clase, así lo hiciera,
de modo que -por pura lógica- no haya hoy día prueba documental que evidencia
su remisión en aquel año académico, a diferencia de lo que ocurre con muchos
alumnos que sí acudían a clase y, sin embargo, entregaban por mail los
trabajos”, cuestiona Rodríguez-Medel Nieto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario