El Opus Dei asume una derrota en Torreciudad para intentar quedarse con los beneficios económicos del santuario

Un religioso ajeno al Opus es ya




 rector del lugar fetiche de Escrivá de




 Balaguer, mientras la Obra presenta




 una propuesta para declarar




 'santuario internacional' este




 enclave de Huesca, una categoría




 que lo equipararía a Fátima,




 Lourdes o Guadalupe (y a sus




 ingresos)

elDiario.es

Jesús Bustamante

4-9-23







José Mairal es, desde este 1 de septiembre, y de manera oficial, rector de Torreciudad. El “santuario” (la denominación del lugar es una de las claves del conflicto), uno de los sueños del fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer, es una de las muchas batallas que este annus horribilis está dando la Obra desde que el Papa Francisco aprobara el Motu Proprio Ad Charisma Tuendum, en el que recortaba el poder de la organización.

Un poder que se ha visto rebajado aún más con un nuevo movimiento del Papa Francisco contra la que es, al menos hasta ahora, la única prelatura personal de la Iglesia católica: desde el pasado 8 de agosto se ha asimilado a otras asociaciones clericales perdiendo, de facto, el poder omnímodo que le otorgó Juan Pablo II.
¿Por qué es importante este nombramiento? En primer lugar, porque Mairal es el primer rector de Torreciudad (Huesca) que no ha sido nombrado por el Opus Dei, y el primero que no pertenece a la prelatura. El vicario judicial de la diócesis de Barbastro-Monzón asumió este viernes las “responsabilidades pastorales” de Torreciudad, aunque la diócesis admitió haber recibido “en las últimas horas” una “propuesta de acuerdo sobre Torreciudad que el Obispado estudiará con diligencia y cariño” por parte del Opus Dei.

Y es que la Obra, inmersa en una profunda crisis interna y sin saber reaccionar a los últimos movimientos del Vaticano, apuesta ahora por aceptar –aunque sea a regañadientes– que sea la diócesis la que gestione todo lo relacionado con la pastoral del santuario mariano que cada año acoge a más de 200.000 peregrinos provenientes de todo el mundo, con el último objetivo de conservar su control económico.

El nombramiento de Mairal “no supone –y así consta en el decreto– injerencia alguna en la gestión interna, económica o civil de Torreciudad; se circunscribe a la dimensión pastoral y tendrá vigencia temporal, hasta que se regularice la situación canónica existente”, afirma la diócesis en su último comunicado, en el que reitera la “mano tendida” lanzada por el obispo, Ángel Pérez Pueyo, durante la última fiesta de Torreciudad, celebrada el pasado 20 de agosto y que contó con la presencia del vicario del Opus Dei en España, Ignacio Barrera, y donde, en un gesto de autoridad, el prelado cedió la homilía al que desde este viernes es el rector del santuario.

¿Supone esto el fin de la historia? Ni mucho menos. El gesto de aceptación del nombramiento de rector es tácito, pues formalmente la Obra mantiene los recursos planteados ante la Santa Sede para suspender cautelarmente el nombramiento de Mairal y para revocar cualquier decisión del obispo respecto al santuario. Tras él se se esconde la necesidad de conservar el control de todo lo que sucede en torno al complejo y sus alrededores, gestionados por una serie de empresas, propiedad de miembros del Opus Dei, que han ido cambiando en los últimos años. Estos entramados inclumplen, en opinión del Obispado de Barbastro-Monzón –que cuenta con el aval de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede– los términos del contrato firmado en 1962 en virtud del cual la Iglesia cedía la milenaria imagen de la Virgen de Torreciudad y la ermita a perpetuidad al Opus Dei. La condición era que se cumplieran ciertas cláusulas que, de acuerdo con la diócesis, no se cumplen.

Actualizar la situación canónica, jurídica y pastoral

Respecto a la polémica de la cesión de la ermita, la diócesis recuerda en su comunicado de este jueves que fue en 2020 cuando la prelatura “solicitó al Obispado de Barbastro-Monzón la novación del contrato de cesión de la ermita y la imagen de la Virgen de Torreciudad, propiedad ambas del Obispado”. Tras el análisis del contrato de 1962, así como de posteriores acciones en los últimos 60 años, “el equipo jurídico del Obispado convino en la imposibilidad de realizar la novación en los términos solicitados y en la necesidad de actualizar la situación jurídica, canónica y pastoral entre las partes”.

En el fallo del recurso presentado ante la misma diócesis contra el nombramiento de rector, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Obispado explica algunos de los problemas que, conscientemente, el Opus Dei ha tratado de orillar durante todos estos meses. Entre ellos, el hecho de que el templo de Torreciudad, erigido por la Obra en 1973, no tiene la categoría de santuario, sino de “oratorio” lo que le impediría, en virtud del Derecho Canónico, organizar o recibir peregrinaciones masivas, como lleva haciendo desde hace décadas.

Para ser reconocido como santuario, tendría que depender de la diócesis y no de una organización, que es lo que ha pretendido el Obispado con el cese del anterior rector, Ángel Lasheras (cuyo nombramiento es calificado por la diócesis en su fallo al recurso del Opus como “inválido”). En el caso de Torreciudad, además, el objetivo último sería su conversión en ‘santuario internacional', colocándolo al nivel de los grandes centros de peregrinación marianos del mundo, como Fátima, Lourdes o Guadalupe, con los posibles beneficios económicos y turísticos que vendría aparejado y que, según distintas fuentes, son el auténtico objetivo de la ofensiva del Opus Dei por el complejo (además del componente sentimental de ser el lugar señalado por Escrivá de Balaguer).

En su fallo, y echando mano de los dos últimos Motu Proprio del Papa, el obispo concluye que el Opus Dei “tiene el estatuto de estructura de carácter administrativo, no jerárquico”, lo cual impide a la Obra “de forma definitiva” postularse como autoridad pastoral del complejo.

Aunque el templo edificado por el Opus Dei en Torreciudad es propiedad de la Fundación canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, “la jurisdicción sobre el santuario mariano y sobre las actividades apostólicas desarrolladas en su entorno corresponden exclusivamente al Obispo, pues no hay que confundir propiedad privada (material) del oratorio del prelatura, con jurisdicción (canónica), que siempre es pública”, señala Pérez Pueyo, quien añade que “el Obispo, evidentemente, tiene también jurisdicción sobre los clérigos de la prelatura en tanto que ejercen el ministerio en la diócesis y en un santuario diocesano”.

¿Quién es el propietario de Torreciudad?

El otro gran conflicto está en el contrato de cesión de la imagen y la ermita-santuario de Torreciudad (que es lo que, jurídicamente, permite que se puedan hacer peregrinaciones porque, recordemos, el complejo construido por el Opus es canónicamente un oratorio). Un contrato que, como insiste la diócesis en su fallo a la cautelar presentada por el Opus, “es necesario y urgente aclarar y actualizar”.

“Al no haberse realizado la erección del nuevo templo como iglesia (...) ni haberse aprobado como santuario diocesano”, y al no existir estatutos aprobados por la diócesis, Torreciudad se encuentra “en un verdadero vacío legal”

¿Por qué? Porque el ‘oratorio’ propiedad del Opus no cumple con la función para la que fue construido, que era la de tener una iglesia abierta a todos los fieles (no sólo los de la Obra) y destinada a convertirse en un gran santuario, “cuya edificación precisaba el permiso expreso y por escrito del Obispo diocesano, y que tenía que ser dedicada o bendecida por él, normativa que no ha sido cambiada sustancialmente en el Código vigente”.

“Al no haberse realizado la erección del nuevo templo como iglesia según derecho, ni haberse aprobado como santuario diocesano, y conservar la condición de oratorio”, insiste el Obispado, y al no existir unos estatutos aprobados por el organismo competente (la diócesis) Torreciudad (y los clérigos del Opus Dei que viven allí) se encuentra “en un verdadero vacío legal”.

19,32 euros al año a perpetuidad

En cuanto al contrato suscrito en 1962, que preveía una cantidad ínfima (al cambio actual, 19,32 euros anuales) que el Opus Dei pagaba como cesión a la diócesis por el uso de la ermita-santuario y la imagen de la Virgen, la sentencia canónica recalca que el acuerdo sobre la ermita y “los terrenos adyacentes” (donde, según algunas fuentes, podría estarse planeando la construcción de complejos turísticos, sin el permiso del obispo) “no se estableció directamente” con el Opus Dei, “sino con una empresa inmobiliaria interpuesta (Inmobiliaria General Castellana, SA) y que posteriormente fue subrogado sin la autorización del Obispo a otra empresa distinta (Desarrollo Social, SA)”. Esto es: un cambio de propiedad, para que nada cambie, pues ambas empresas están vinculadas a miembros del Opus Dei.

Con todo, tras la nota de este jueves, y la última “propuesta de acuerdo” planteada por el Opus Dei, la diócesis “espera recibir en breve esa propuesta de estatutos” para cerrar el ‘caso Torreciudad’, al menos desde el punto de vista pastoral. En tanto, la Obra ha preferido, en esta ocasión, no emitir comunicado alguno, remitiéndose al enviado a mediados de julio, en el que amenazaba al obispo con emprender acciones legales que, al menos en el campo eclesiástico, permanecen. Tras perder el recurso en la instancia diocesana, la Obra ha planteado dos recursos ante la Santa Sede: uno de suspensión cautelar del nombramiento de nuevo rector –que no ha sido respondido, pues Mairal ya ejerce como tal- y otro de recusación de las decisiones del obispo, que deberá determinar la Signatura Apostólica. El mismo tribunal por cierto que, hace un mes, echó por tierra las pretensiones del mismo equipo jurídico para recusar al obispo de Teruel, José Antonio Satué, nombrado por el Papa Francisco juez del ‘caso Gaztelueta’, un caso de abusos por el que fue condenado un profesor miembro del Opus Dei en uno de los colegios emblema de la Obra en España.

Poder, dinero y engaños en el nombre de Dios: la batalla entre la Iglesia y el Opus Dei por el santuario de Torreciudad

El santuario mariano, una de las joyas de

 la corona del Opus, es el centro de una

 disputa por el control de la 'casa madre'

 de Escrivá de Balaguer, que genera más

 de un millón de euros al año por las

 visitas de los fieles






elDiario.es

20-7-23

Jesús Bustamante

Poder, dinero y engaños en el nombre de Dios… o del Opus Dei. La guerra abierta planteada entre el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, y la Obra por la autoridad en el santuario de Torreciudad ha destapado una pugna entre dos entidades eclesiásticas por el control de la ‘casa madre’ de Escrivá de Balaguer, que cada año recibe más de 190.000 fieles y que aspiraba a convertirse en el Lourdes o Fátima español.

Este martes, después de meses de negociaciones infructuosas, el obispo oscense decretaba el nombramiento de un rector para el santuario mariano, gestionado desde siempre por el Opus Dei. Por primera vez no era el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, quien hacía esta designación. La decisión de Pérez Pueyo llegaba después de un fallido encuentro, producido hace dos semanas, entre el obispo y Ocáriz, y en el que, según fuentes conocedoras del proceso, el titular de la diócesis comprobó que la prelatura no iba a ceder ni un ápice en el control del santuario, que genera unos ingresos anuales superiores, con mucho, al millón de euros.

Pérez Pueyo nombró a José Mairal Vilellas nuevo rector (tomará posesión, si no hay cambios, a partir del 1 de septiembre) y, en una decisión insólita, el Opus Dei contestaba al obispo, negando su legitimidad para dicho nombramiento y reservándose el derecho a acudir a los tribunales para frenar esta decisión.

Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué hay detrás de la guerra entre el Opus Dei y el Obispado?

Desde hacía meses, tanto la prelatura como el Obispado habían iniciado conversaciones para modificar los estatutos del santuario. La negociación, compleja, avanzaba con acuerdos y desacuerdos hasta que la diócesis descubrió que se estaban llevando a cabo algunas maniobras extrañas en el entorno de Torreciudad. “El obispo se sintió engañado y no le gustó nada”, sostiene a elDiario.es una fuente implicada directamente en la polémica. 

El engaño

La diócesis se encontró con que la aportación simbólica que hacía el Opus Dei por este santuario –acordada a perpetuidad en un convenio suscrito en 1962– no se correspondía, ni de cerca, con los ingresos obtenidos únicamente por la presencia de peregrinos (190.000 en 2022, según datos de la Memoria, que habla de 1,2 millones de euros de recaudación). A ello se sumaron informaciones sobre que la fundación que gestionaba el recinto había adquirido terrenos colindantes con la intención de construir un macrocomplejo que pondría al santuario al nivel de los grandes santuarios europeos. Algo que desconocía la diócesis.

A partir de ese momento, las negociaciones cobraron otro cariz y la diócesis llegó a pedir un canon por peregrino –las fuentes lo sitúan entre 5 y 25 euros, lo que daría una cifra entre el medio millón y los cinco millones de euros al año– además de solicitar al Opus Dei una terna para designar al nuevo rector del santuario que actuara “en equipo” con un grupo de sacerdotes de la diócesis.

La Obra se negó en redondo a lo primero, y fue dilatando la respuesta a la segunda petición, hasta que hace unos días, y “al no recibir esa terna, tras varios requerimientos”, tal y como apunta la diócesis, el obispo consultó a Roma y, con el aval del Vaticano, procedió al nombramiento, contestado con dureza por el Opus Dei.

El encuentro fallido entre Pueyo y Ocáriz no sirvió para solucionar un conflicto que podría agravarse si la Obra, como sugiere en su nota, acude a los tribunales para defender la ilegitimidad del nombramiento de nuevo rector y la propiedad del recinto.

Trifulca entre canonistas

Lo cierto es que, con la ley (canónica) en la mano, la razón asistiría al obispo, en virtud del canon 557, que afirma que “el Obispo diocesano nombra libremente al rector de una iglesia, sin perjuicio del derecho de elección o de presentación, cuando éste competa legítimamente a alguien; en este caso, corresponde al Obispo diocesano confirmar o instituir al rector”.

En el párrafo siguiente, añade que “aunque la iglesia pertenezca a un instituto religioso clerical de derecho pontificio, corresponde al Obispo diocesano conferir la institución al rector presentado por el Superior”, algo que podría aplicarse al Opus Dei. La Obra, en cambio, acude a los cánones que se refieren a la prelatura personal, como el 297, que insiste en que serán los estatutos los que “determinarán las relaciones de la prelatura personal con los Ordinarios locales de aquellas Iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea ejercer sus obras pastorales o misionales”. Lo que obvia –o solo tiene en cuenta para el primer permiso, obtenido en los años 60– que debe hacerse “previo consentimiento del Obispo diocesano”.

En todo caso, más allá de la trifulca entre canonistas, lo cierto es que la polémica en torno a Torreciudad hunde sus raíces en una difícil relación entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei, que siempre se ha considerado propietario no solo de los edificios sino de toda la actividad pastoral, turística y económica del recinto, demostrando su viabilidad económica (sólo el año pasado, como apunta su Memoria de 2022, ingresó 1.230.957 euros).

Una fundación misteriosa

Otra de las cuestiones sin resolver está en la propiedad del recinto, que según la nota del Opus Dei pertenece a la fundación canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, una institución de la que no hay registros actualizados y que, según algunas fuentes, está extinta. Y de la antigua ermita con su imagen, que fueron cedidas en 1962 por el obispo a la Obra, en un contrato a perpetuidad que, en opinión de la diócesis, no se está cumpliendo en todos sus extremos. ¿Quién tiene, entonces, la potestad para decidir sobre el santuario? 

Según la propia web de Torreciudad, la gestión corre a cargo del Patronato de Torreciudad, “una asociación civil sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública mediante Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 2002 (BOE 2 de octubre de 2002), que incluye entre sus fines el sostenimiento del santuario de Torreciudad y la promoción de peregrinaciones. Además, tiene por objeto la realización de actividades que persigan fines de interés general, culturales, formativas, asistenciales, de promoción del voluntariado social, de defensa del medio ambiente y otros de naturaleza análoga, en el entorno del santuario de Torreciudad”.

Una denuncia internacional acusa por primera vez al Opus Dei ante el Vaticano por su “doctrina mesiánica” secreta

elDiario.es accede al texto íntegro

 presentado ante la Nunciatura en España

 que habla de “las verdaderas normas por

 las que se rige” la Obra, ocultas tanto

 para el Vaticano como para sus propios

 miembros, que “viven en una

 dependencia psicológica total”, con sus

 “libertades e intimidad suprimidas”

elDiario.es

7-7-23

Jesús Bustamante

El Opus Dei “está cohesionado por una doctrina que se transmite de manera ‘mesiánica’ y es liderado por una figura carismática que se considera poseedora de la Verdad Absoluta”. Esta es una de las ‘perlas’ de la denuncia internacional que un nutrido grupo de exmiembros de la Obra han presentado ante la Nunciatura en España (y, posteriormente, enviada a los dicasterios del Clero y Doctrina de la Fe, y a más de 600 obispos de todo el mundo), y en la que reclaman “la supresión del Opus Dei” y su “refundación”.

La denuncia, adelantada por Religión Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, contiene también una tarjeta de memoria con más de 700 documentos adjuntos, entre los que se incluyen “46 libros y documentos” que, señala el cuerpo del escrito, “conocían parte de los miembros del Opus Dei y que fueron ocultados a la Santa Sede” y que suponen, afirman, “las verdaderas normas por las que se rigió y se rige el Opus Dei”. Algo verdaderamente relevante en este momento en el que la Santa Sede tiene que definir los nuevos estatutos de la Obra después de que el Papa interviniera a la Prelatura y esta convocase un congreso extraordinario, cuyos resultados tampoco se conocen.

La demanda se plantea como una ‘Denuncia internacional contra el Opus Dei por Fraude Normativo a la Santa Sede y a los propios Miembros’. En ella se sostiene que los estatutos de la Obra son una especie de “fraude institucional” ante la Santa Sede, “una simple referencia jurídica”. Asegura la demanda que el estatuto depositado en el Vaticano no es el que realmente rige el funcionamiento de la Obra, y que la mayoría de sus miembros ni siquiera lo conocen: “Ante los miembros del Opus Dei, directamente fueron inexistentes de facto mientras se pudo. Los Estatutos no fueron traducidos, ni informados jamás a los miembros del Opus Dei”.

Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una dependencia psicológica total del grupo, en el que se suprimen las libertades individuales y la intimidad de los adeptos, y se controla la información que les llega

Antonio Moya Somolinos y Carmen del Rosario Pérez San Román fueron los encargados de presentar la denuncia ante la sede del Papa en España. Tuvieron que hacerlo en la calle, pues no se les recibió. Pero quedó registro de la entrega. También, del envío de la denuncia y sus anexos de manera telemática (con verificación certificada de contenido) a los dicasterios del Clero y de Doctrina de la Fe.

“Los denunciantes queremos llevar a cabo la mayor transparencia posible y evitar protagonismos personales. En consecuencia, no haremos, en principio, declaraciones o manifestaciones relativas a la denuncia”, señalan en una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Un decálogo de malas prácticas

La denuncia recoge una suerte de decálogo de malas prácticas en el Opus Dei, entre las que destacan, además del liderazgo “mesiánico” de sus responsables, la estructura de la Obra, que definen como “teocrática, vertical y totalitaria”, en la que “se exige una adhesión total al grupo, lo que implica distanciamiento de relaciones sociales, lazos afectivos y actividades previas”.

Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la recaudación de dinero: bajo coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero 

“Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una dependencia psicológica total del grupo”, recalca el escrito, que añade que en el interior del Opus “se suprimen las libertades individuales y la intimidad de los adeptos”, “se controla la información que llega a los miembros del grupo”, “se emplea un conjunto de técnicas de manipulación y persuasión coercitiva, como la meditación o el renacimiento espiritual” y “se fomenta un rechazo más o menos fuerte hacia el resto de la sociedad, considerándolos enemigos o al menos sospechosos”.

“Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la recaudación de dinero”, añade la demanda, que precisa cómo, “bajo coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero”.

En conclusión, los denunciantes exigen, por un lado, “la intervención de la Santa Sede” para “proteger a los católicos que han sido miembros, que son miembros y que podrían serlo en el futuro, con la supresión del Opus Dei en el modo en que se desarrolla actualmente”. En segundo lugar, reclaman a Roma la “refundación de la institución por parte de la jerarquía de la Iglesia con nuevas normas y nuevos gobernantes”. Finalmente, “solicitamos penas canónicas para los principales responsables de las actuaciones ilícitas recogidas en esta denuncia”.