Quién es el detenido David Herrera y qué tiene que ver con la rama sevillana del caso del novio de Ayuso

Fue denunciado en 2024 por la Fiscalía Provincial de Madrid tras conocerse que habría redactado facturas falsas por valor de 117.200 euros

Rubén Rozas

22-1-26

ElPlural

La Policía Nacional detenía el pasado martes a David Herrera Lobato, investigado por participar en un fraude de fondos europeos y acusado de elaborar facturar falsas para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su empresa Maxwell Cremona, compañía a través de la cual la pareja de la presidenta se dedujo decenas de miles de euros para evitar pagar el impuesto de sociedades.

Lobato, detenido esta semana en la localidad sevillana de Arahal, tiene al menos 18 sociedades en este municipio de la capital andaluza, aunque ha llegado a tener 30 en los últimos años, de muy distinta índole, desde paneles fotovoltaicos hasta limpieza pasando por comercio al por menor, si bien todo el mundo le conoce en el pueblo por se propietario de una gestoría.

Ya en 2024, la persona protagonista de estas líneas, de unos 50 años, fue denunciada por la Fiscalía Provincial de Madrid por fraude fiscal y falsedad documental tras conocerse que habría redactado facturas falsas por valor de 117.200 euros. Con todo, siempre negó tan solo conocer a González Amador.

Sevilla y México

El de Herrera no es el único nombre que está acusado -además del propio novio de la lideresa regional- de colaborar en la emisión de facturas fraudulentas para las empresas del empresario, sino que a él se suman los de Maximiliano Eduardo Nieder González (alias Max), Agustín Carrillo Saborido y su hermano José Miguel Carrillo Saborido.

El primero conecta a González Amador con México, mientras que el resto lo mantienen vinculado con la capital hispalense, más concretamente con Arahal. De hecho, Agustín Carrillo era miembro del PP en el municipio; en su caso se habría deducido de forma “indebida” facturas por valor de 41.200 euros por servicios no prestados por Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL

La petición del fiscal pasaba porque se tomara declaración a todos ellos en calidad de investigados y que testifiquen como peritos los inspectores de Hacienda que redactaron el informe de la Agencia Tributaria después de acusar a las cinco personas de dos delitos de defraudación tributaria relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la mencionada entidad y un presunto delito de falsedad en documental mercantil.

El Ministerio Fiscal procedía a imponer a los presuntos implicados una condena de dos años y un día de cárcel, así como la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa superior a los 390.000 euros de la cantidad defraudada “con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses” atendiendo al artículo 53.1 del Código Penal. También la pérdida de la posibilidad a recibir subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social en un plazo de cuatro años.

Con todo, la detención de los últimos días guarda relación con que Herrera había sido citado hasta en cuatro ocasiones para la celebración de juicio que tenía lugar este miércoles y no había acudido a ninguna de las citaciones. Su abogado defendió que la ausencia se debía a un mal estado de salud, pero pasó la noche del martes en el calabozo después de que los agentes se lo llevaran en furgón destino a San Fernando de Henares y mantiene que la investigación no tiene nada que ver con la causa de González Amador.

La Fiscalía Europea solo interviene cuando se ven afectados los intereses financieros de la Unión Europea (UE) en los casos de fraude, corrupción, blanqueo de capitales y fraude transfronterizo en materia de IVA.

El juicio a González Amador, para después de las elecciones

En otro orden de cosas, el juicio contra González Amador, acusado de dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal, para mediados de 2027. No hay un día concreto, pero sí que la jornada se celebrará después de las elecciones generales y de la Comunidad de Madrid.

El Poder Judicial tiende a ser muy estricto ante la posibilidad de que sus decisiones interfieran en elecciones o procesos democráticos de otro tipo, y esta vez, aunque González Amador no tiene un puesto en la Comunidad de Madrid y no existen pruebas de que la presidenta madrileña haya favorecido a su fortuna a través acciones ilegítimas, es más que evidente la trascendencia del asunto mediática y de qué manera afecta a Ayuso.

Sea como fuere, el juicio va a tener lugar tres años después de que vieran la luz las primeras informaciones mientras la condena al fiscal general del Estado tardó en llegar apenas unos días después de las testificales. Los órganos judiciales indican que la demora se corresponde con la carga de trabajo derivada de la conocida como reforma Bolaños, la ley de eficiencia de la Justicia que transforma estos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, lo que impide fijar una fecha de la vista oral en 2026.