El
ministro Jorge
Fernández Díaz
recibía
personalmente
las notas de
distintas
unidades
policiales donde
se fabricaban
pruebas falsas
para atacar a los
líderes catalanes
Las
notas, muchas
con información
falsa, se
filtraban a la
prensa y en
una
de ellas se
reconoce que el
banco andorrano
que entregó las
cuentas de los
Pujol lo hizo
coaccionado
para
que no le
retirasen
la
licencia para
operar en
España
15-1-24
elDiario.es
José
Precedo
No
fue solo Villarejo. El Gobierno de Mariano Rajoy investigó al margen
de la ley y orquestó campañas contra los partidos independentistas
durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de
diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con
acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales
corruptos, pero también con información confidencial que
suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Todo ese
material acababa en las portadas de determinados periódicos
madrileños como paso previo a que algunos fiscales o incluso
denunciantes anónimos lo presentasen en los juzgados para alimentar
seriales mediáticos contra los adversarios del PP.
La
guerra sucia se inauguró pocos meses después de instalarse Mariano
Rajoy en la Moncloa y se dirigió contra políticos y partidos
nacionalistas catalanes tras la primera Diada multitudinaria, en
2012, cinco años antes del referéndum convocado por Carles
Puigdemont.
Todas
aquellas prácticas han dejado huellas en el Ministerio del Interior
y algunos testigos. Una investigación conjunta de elDiario.es y La
Vanguardia revela a partir de documentos
que llegaron al despacho de Jorge Fernández Díaz y
testimonios inéditos la forma de actuar de un Gobierno que dilapidó
recursos públicos para hacer frente a los adversarios del PP: medios
humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para
pagar a confidentes por informaciones muchas veces contaminadas o
directamente falsas con las que intentar destruir a sus rivales, a
través de campañas que se intensificaban a las puertas de los
procesos electorales. Todo con el objetivo de manipular a la opinión
pública.
En
esta primera entrega, elDiario.es y La Vanguardia revelan documentos
que elaboraron diferentes unidades policiales y que llegaron a la
cúpula del Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Jorge
Fernández Díaz, pese a que este negó airadamente en el Congreso
haber tenido acceso a esa documentación. Según fuentes involucradas
en el caso, algunas de esas notas informativas que elaboraron
diferentes unidades policiales habrían acabado en el despacho de
Mariano Rajoy. Esas mismas fuentes explicaron que el procedimiento
para entregar documentación delicada al presidente del Gobierno de
entonces pasaba por enviar un sobre blanco cerrado, sin asunto ni
remitente ni destinatario que llegaba a Moncloa a través de los
escoltas.
Esta
investigación pone a disposición de los lectores los
documentos íntegros con la información en bruto que
llegaba al despacho del ministro del Interior y que después acababa
publicada en distintos medios de comunicación.
Esas
“notas informativas” arrancaron en 2012 y se alargaron durante
varios años a través de distintos equipos policiales que remitían
de forma periódica al ministro Jorge Fernández Díaz con los
avances de sus investigaciones prospectivas, realizadas al margen de
la ley, sin que existiese un control judicial y sin que figurasen en
los planes de trabajo de las diferentes unidades operativas de la
Policía.
A
pesar de que varios testigos, entre ellos dos ministros relevantes de
su gabinete, el propio Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal
admitieron en conversaciones privadas (sin saber que estaban siendo
grabados) que Mariano Rajoy estaba al tanto de estas prácticas, el
expresidente nunca fue llamado a declarar en ninguna de las
investigaciones abiertas en los tribunales españoles sobre la
policía política. Tampoco por las gestiones
que realizó su entonces jefe de gabinete,
Jorge Moragas, para poner en contacto a su amiga Victoria Álvarez,
antigua amante de un hijo de Pujol, y que acabó siendo clave para la
elaboración de dosieres contra la familia del expresident tras
cobrar decenas de miles de euros de los fondos reservados. Esas
informaciones, a veces ciertas con datos confidenciales que se
lograban al margen del control de los jueces, y a veces directamente
falsas, acabaron publicadas en las portadas de varios medios de
comunicación.
Los
únicos cargos políticos camino del banquillo (y solo en el caso de
la destrucción de pruebas sobre la corrupción del PP) son su
ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fue primero su
jefe de gabinete y a partir de 2013 secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez. Para cada uno de ellos la Fiscalía
Anticorrupción pide 15 años de cárcel en la Operación
Kitchen,
que indaga sobre las maniobras de aquel gobierno para tratar de
borrar las pruebas de la financiación irregular del PP y de los
pagos de empresarios al partido a cambio de adjudicaciones en el
Gobierno de Aznar. Ambos han remitido escritos a la Audiencia
Nacional para que se juzgue también al PP, principal beneficiario de
las maniobras para ocultar su corrupción.
Por
la publicación de noticias falsas sobre supuestas cuentas en
paraísos fiscales, hipotéticos fraudes a Hacienda o mordidas
millonarias que algunas unidades policiales atribuyeron en informes
trampa a dirigentes como Artur Mas, al exalcalde de Barcelona Xavier
Trias y a otros políticos nacionalistas, nadie ha sido imputado. Ni
siquiera ha habido dimisiones relacionadas con estos escándalos pese
a las evidencias que apuntan a que de esas prácticas tenía
conocimiento, cuando no las auspiciaba directamente, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, amigo íntimo del entonces
presidente, Mariano Rajoy.
La
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese a
situarse en el epicentro de muchas de esas maniobras con sus
continuos encargos a Villarejo contra el independentismo y para hacer
desaparecer pruebas contra el PP también ha salido ilesa. Manuel
García Castellón, un controvertido magistrado de la Audiencia
Nacional que debe a gobiernos del PP sus años de juez de enlace en
París y Roma,
dos de las plazas más codiciadas y con mejores sueldos en la
judicatura, decidió exonerarla de cualquier responsabilidad, pese a
las grabaciones que ha escuchado todo el país en las que Cospedal
pedía al comisario hacer desaparecer “la libretita” de Luis
Bárcenas donde el tesorero fue registrando a mano durante años la
contabilidad en negro del partido. Cuando
esas grabaciones se hicieron públicas a través de El País,
la fiscalía anticorrupción reprochó al juez en el recurso donde
pedía investigar a Cospedal, que hubiese establecido “una
”infranqueable línea roja“ para proteger a la dirección del
partido.
Las
operaciones de las cloacas del Estado se intensificaron a partir de
una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2012 en el Ministerio
del Interior y desvelada
hace unos meses por La Vanguardia en
la que Jorge Fernández Díaz, con las portadas de la marcha
multitudinaria del día anterior todavía frescas, manifiesta su
preocupación por la situación en Catalunya y da a entender que
combatir al independentismo debe ser una prioridad también para la
policía.
Es
ahí donde emerge el comisario Villarejo, un tenebroso e hiperactivo
agente que llevaba años mezclando su actividad profesional y sus
contactos fruto de varias décadas en el cuerpo para construir un
lucrativo negocio de venta de información y encargos mafiosos que le
realizaban empresarios en dificultades. Por ellos el pasado julio ha
recibido una primera condena de 19 años de cárcel. Villarejo fue
siempre un policía oscuro, acostumbrado a manejarse en los márgenes
de la ley o directamente fuera de ella, entre supuestas operaciones
especiales. A comienzos de 2012 había empezado a tejer relación con
la cúpula del Ministerio del Interior en la primera época de Rajoy.
Lo introdujo Juan Cotino, exdirector de la policía en el Gobierno de
José María Aznar, un dirigente fallecido en 2020 que en aquellos
años era todavía influyente en el PP. Fue Cotino quien le recomendó
a Fernández Díaz tener de mano al comisario como informador, al
margen de la cadena de mando.
Informes
sin firma ni sello contra los independentistas
El
ministro encargó a su entonces jefe de gabinete, Francisco Martínez,
hacer de enlace con Villarejo para recopilar esa información, y
Martínez dio entonces la orden de que cualquier dato relevante se
entregase por escrito. Esa fue la vía de entrada de Villarejo con
los mandos más altos de Interior y el modo en que nacieron las
“notas informativas”, una especie de informes de inteligencia sin
firma ni sello, en los que Villarejo fue mezclando rumores,
información averiada y recortes de sumarios que investigaban algunos
juzgados, todo camuflado como revelaciones que le hacían llegar
supuestos agentes infiltrados durante años en el independentismo.
A
lo largo de esta investigación se ha tenido acceso a más de una
docena de notas que recibió Fernández Díaz en su despacho y que
hoy elDiario.es y La Vanguardia publican en exclusiva. Son escritos
con un lenguaje muy coloquial procedentes de distintas unidades
policiales en las que Villarejo llegó a colar también maledicencias
sobre otros personajes sin ninguna relación con la causa separatista
a los que involucraba en supuestas ilegalidades para cumplir con los
encargos que recibía de terceros que pagaban elevadas sumas de
dinero a Villarejo para destruir la reputación de sus enemigos.
Para
acceder a los despachos más altos del PP el comisario dispuso de
otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, viejo conocido
suyo, y marido de la número dos del partido, María Dolores de
Cospedal.
La primera
nota de la que hay constancia que
llegase al despacho de Fernández Díaz la hizo llegar Villarejo a
través de la secretaria del Director Adjunto Operativo de la
Policía, Eugenio Pino, otro miembro destacado de la brigada política
también imputado por las mismas prácticas. Bebía de apuntes
anteriores realizados por agentes de la UDEF y está fechada el 18 de
octubre de 2012, un mes y una semana después de la diada que
desbordó las calles de Catalunya y tres semanas más tarde de que
Artur Mas convocase elecciones en Catalunya, tras rechazar Rajoy su
propuesta de pacto fiscal. Se dirigía contra el propio Mas y estaba
escrita para dinamitar su campaña electoral. La elaboración de la
nota informativa, la publicación de sus conclusiones en la portada
de El Mundo a unas horas de las elecciones catalanas y la forma en
que todos los participantes se lavaron las manos cuando semejantes
conjeturas se desmoronaron revelan a la perfección la forma de
operar del entramado político-policial.
En
noviembre de 2012 se sucedían días frenéticos en la política
catalana, con el nacionalismo más movilizado que nunca en las calles
y los puentes de CiU y el Gobierno central completamente rotos.
Mientras Catalunya se preparaba para una nueva campaña electoral, en
Madrid un grupo de políticos y mandos de las fuerzas del orden
diseñaban una estrategia parapolicial con el objetivo de desactivar
al nacionalismo catalán. Un plan al margen de la ley orquestado en
las entrañas del Ministerio del Interior pero que ha dejado mucho
rastro.
Se
sabe, porque así lo escribió Villarejo en sus agendas, que el 10 de
octubre de 2012 Eugenio Pino, al frente de la Dirección Adjunta
Operativa de la policía, había encargado al comisario investigar
asuntos turbios de Convergència para filtrarlos a la prensa. Y que
ese mismo lunes, el jefe de gabinete del
ministro, Francisco Martínez, habla también con Villarejo, según
figura en las agendas de este, acerca del mismo tema.
Ocho
días después, el 18 de octubre de 2012, llega
la primera información por escrito de Villarejo a la cúpula del
Ministerio del Interior:
un documento de dos folios y medio, sin sello ni firma, muy alejado
del estilo y el lenguaje de los atestados policiales, donde el
comisario se escuda en “fuentes de toda solvencia con las que se
mantienen relaciones desde hace más de 15 años”, para lanzar una
serie de acusaciones sobre corrupción de Convergència y supuestas
cuentas en Liechtensetein de Artur Mas, entonces presidente de la
Generalitat, de su propio padre, y de Pujol. La “nota informativa”
relacionaba con supuestas mordidas del 4% para Convergencia en la
adjudicación de obras del Palau de la Música. La publicación del
atestado en El Mundo acabó resultando una bomba en la precampaña
pero meses después se volvió contra el propio Ministerio del
Interior.
En
su introducción Villarejo señalaba “la dificultad extrema” para
investigar en Catalunya, “toda vez que casi todo el mundo se
resiste a colaborar y actúan con un código de silencio, similar al
que puede imperar en sociedades de complicidad mafiosa como Sicilia”
(sic).
Y
en el último apartado el comisario se dedicaba a señalar supuestos
temores que habría detectado en Convergència: “Todo el staff de
CDC teme un ataque en pleno proceso electoral en medios de
comunicación donde se hagan públicas las graves corrupciones que
afectan a sus dirigentes. Ahora han conseguido usar la mordaza en los
medios locales aunque no pueden garantizar lo mismo a los medios
nacionales”.
Once
días después, el 29 de octubre, los fiscales que investigaban el
caso Palau, sobre las adjudicaciones irregulares de obras, reciben
una visita insólita en Barcelona. El comisario de Asuntos Internos
de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el director del Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado, José Luis Olivera, se
presentan en sus despachos para reclamar un registro de la sede de
Convergència Democràtica de Catalunya. Lo hacen pese a no tener
ninguna jurisdicción sobre el caso, sin mandato judicial, y apelando
a supuestas revelaciones de confidentes anónimos que apuntaban a la
financiación irregular del partido y el desvío de fondos a algunos
dirigentes. Comparecen sin aportar más pruebas que unos cuantos
corta-pega de sumarios judiciales. Los fiscales consideraron la
visita una injerencia y no solo descartaron la entrada y registro en
la sede del partido, sino que comunicaron esa intromisión al juez
del caso.
El
14 de noviembre, la Unidad Contra la Delincuencia Fiscal y Económica
de la Policía tramita un informe con otra denuncia
anónima de un supuesto empresario retirado
que sin ofrecer ninguna pista concreta afirmaba haber hecho
donaciones a la fundación que se investigaba y que en realidad eran
mordidas para lograr contratos del Palau. El
escrito volvía a vincular a Artur Mas con sobornos y comisiones
ilegales.
Y elevaba el porcentaje de las comisiones al doble de lo que decía
la nota de Villarejo.
El
16 de noviembre de 2012, cuando faltaba poco más de una semana para
las elecciones catalanas, el contenido de aquella primera nota
informativa de Villarejo redactada apenas un mes antes, llega a la
prensa nacional. El diario El Mundo titula en portada: La policía
vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU. La
exclusiva se trataba de sustentar en un hipotético informe de la
Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera, pero el documento
pese a llevar un sello de la UDEF, no tenía firma. Mas compareció
ese mismo día para denunciar que había sido víctima de un montaje.
Durante
unos días se especuló con que se podía haber publicado “un
borrador”. Cuando la información se reveló falsa, el responsable
de la UDEF testificó en un juzgado de Barcelona que no era un
trabajo de su equipo. El ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, salió a la palestra para anunciar una investigación interna
destinada a “evitar que se produzcan este tipo de filtraciones”.
Meses más tarde ese expediente interno se cerró en falso. Cuando el
entonces portavoz de CiU Jordi Jané preguntó en marzo de 2013 a
Fernández Díaz si conoció la existencia del informe falso antes de
su publicación en El Mundo, el ministro contestó airado en el
Congreso: “Eso me ofende, me ofende la pregunta. Es como decir que
consentí o propicié su publicación y eso es una ofensa. Le ruego
que lo retire”.
“Hay
que informar solo al número 1”
Los
apuntes en las agendas de Villarejo de aquella época y los
testimonios recabados a lo largo de esta investigación evidencian
sin embargo que la estrategia de buscar basura de los contrincantes
del PP para embarrar la campaña venía de muy arriba. Durante
aquellas semanas, apunta en sus diarios el comisario, el DAO de la
Policía, Eugenio Pino le pidió buscar cuentas en el extranjero para
filtrar a la prensa (el 22 de octubre). El comisario escribe: “Hay
que informar de los hallazgos solo al número 1”. Se refiere al
ministro Jorge Fernández Díaz.
Otro
apunte del día siguiente (23 de octubre de 2012) refleja una
conversación con Francisco Martínez donde el comisario le dice que
el marido de Cospedal hará de intermediario para una cita con la
'número dos' del PP. Debajo Villarejo escribe: “campaña a muerte
contra C”. Alude a Convergència.
¿Qué
hacía la secretaria general del partido dando instrucciones a un
comisario para perseguir a rivales políticos? Es una pregunta que
ningún juez se ha atrevido a hacer a quien era la 'número dos' del
PP.
En
cualquier caso, el plan es seguido a rajatabla en las semanas
posteriores. El 26 de octubre se produce la reunión de Villarejo con
Cospedal, donde se prepara el primer encuentro del comisario con
Alicia Sánchez Camacho, donde la entonces líder del PP catalán da
una lista al comisario de los dirigentes que debía investigar y
donde incluye junto a los Pujol, a la familia Sumarroca, al exjefe de
policía de Catalunya, o al entonces directivo de La Caixa, Jaume
Giró, que años más tarde acabaría como conseller de Economía por
Junts en el Govern de Pere Aragonès. En esa mesa se habla ya de
Victoria Álvarez, la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, una amiga
de Jorge Moragas, entonces jefe de gabinete de Rajoy, que pasaría a
cobrar dinero de los fondos reservados a cambio de delatar al hijo
del expresident, a quien acusó de viajar a Andorra cargado de sacas
de dinero para blanquearlo. Hoy Jordi Pujol junior se encuentra a la
espera de juicio: la fiscalía le acusa de asociación ilícita,
blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil y delito
contra la Hacienda Pública.
Solo
unas semanas más tarde de la cita con Victoria Álvarez, Villarejo
apunta en su diario que Cospedal le hizo un primer pago de 100.000
euros para premiar la declaración de otro personaje controvertido,
el empresario Javier De la Rosa, a cambio de que este acuse a Pujol
de manejar cuentas en el extranjero, cosa que hizo.
En
esos encuentros con el comisario, la líder del PP catalán incluye
en la lista por su cuenta otro objetivo al que investigar: Sandro
Rosell, presidente del Barça, al que se culpaba de haberse
posicionado del lado del nacionalismo.
Rosell
atribuye todo lo que le vino después a esa instrucción y denunció
en un juzgado de Madrid a los mismos cargos policiales que le
endosaron en un informe económico bienes ocultos, cuentas y sumarios
en el extranjero que no existían. Asegura haber sufrido más de 70
inspecciones de Hacienda, y visitas de los inspectores a la cárcel
de Soto del Real, donde pasó dos años en prisión preventiva, tras
una controvertida instrucción de la jueza Carmen Lamela. El pasado
septiembre la Audiencia de Barcelona ratificó la absolución en su
juicio por delito fiscal. Es la quinta causa judicial de la que sale
indemne.
Información
de Hacienda en manos de Villarejo
Pero
además de confidentes de reputación dudosa y de examantes con sed
de venganza, las notas informativas de ese cuerpo parapolicial que
trataba de combatir el independentismo bebían en otro tipo de
fuentes, como revela otro documento registrado en Interior, que lleva
en el encabezamiento la fecha de 30 de octubre de 2012 y que se
titula “Josep Pujol Ferrola. Europraxis”. Se trata de otra nota
informativa que especula sobre la venta de la consultora Europraxis
fundada por el hijo del expresident a Indra, y donde supuestamente se
embolsó seis millones de euros. En el segundo folio de ese dosier,
Villarejo escribe: “En noviembre 2012 JOSEP ha regularizado su
cuenta suiza”. Fuentes involucradas en aquellas maniobras atribuyen
el baile en la fecha que encabeza la hoja informativa a que el
informe pudo iniciarse ese día y concluirse varias semanas después.
Pero la pregunta clave es cómo podía saber Villarejo que Josep
Pujol Ferrusola se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de
Rajoy si esa información solo la tenía el Ministerio de Hacienda y
la unidad de antiblanqueo. Solo año y pico después la conoció la
opinión pública, cuando la publicó el diario El Mundo, tras otra
filtración, y afectaba a otro de los hijos del expresident: Oleguer.
Las
fuentes consultadas señalan que durante aquella época el
departamento de Cristóbal Montoro se mostró “muy activo” en
todo lo que tenía que ver con la investigación a dirigentes
nacionalistas y apuntan que algunas de las publicaciones de
información confidencial sobre contribuyentes catalanes salieron de
la cúpula de su ministerio.
Según
la documentación recabada en esta investigación conjunta de
elDiario.es y La Vanguardia, al despacho de Jorge Fernández Díaz
siguieron llegando esas notas informativas cuando ya había pruebas
de que varias de ellas eran falsas e incluso después de que el
ministro se mostrase indignado en el Congreso cuando se le preguntó
si conocía esos informes apócrifos. Fuentes involucradas en
aquellas maniobras han explicado cómo funcionaba el tráfico de
dosieres entre los implicados en la llamada Operación Cataluña.
Esos
informes apócrifos los facilitaba la Dirección Adjunta Operativa de
la Policía, con el hiperactivo Eugenio Pino al frente, pero también
llegaban directamente al ministro a través de su jefe de gabinete,
Francisco Martínez. Fueron decenas las “notas informativas”
elaboradas entre 2012 y 2016. En su elaboración participaron además
de Villarejo y su red, unidades policiales como la UDEF, que persigue
la delincuencia Fiscal y Financiera, la Comisaría General de
Información, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado y la Unidad Central de Apoyo Operativo de la
Policía, que entonces dirigía Enrique García Castaño,
colaborador, amigo de Villarejo y también imputado en Kitchen para
el que la Fiscalía pide 12 años de prisión. Sus causas están en
suspenso tras sufrir un ictus. La Brigada Provincial de Información
de Barcelona era la última pata del operativo que reportaba ese tipo
de informaciones al DAO y que acababan sobre la mesa de Fernández
Díaz. También hay informadores como el que fue director de la
Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se ofrece a
surtir de material a la cúpula de Interior para atacar a políticos
de Convergencia y de ERC. Muchos de sus datos se revelaron falsos.
“El
Estado español está en guerra”
El
21 de noviembre de 2012 esa factoría de informes contra los rivales
políticos del PP invocó el hombre de Hervé Falciani, el empleado
del banco HSBC que hizo pública una lista de más de 130.000 cuentas
bancarias secretas de defraudadores fiscales, para dar credibilidad a
sus atestados. La
nota informativa encabezada con el sello de “secreto” concluía
que Pujol figuraba en la lista Falciani, que había llegado a las
autoridades españolas gracias a Francia. El dato se publicó en la
prensa pero también era falso.
En
el Ministerio del Interior también quedaron huellas de la
utilización de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que
entonces dirigía Marcelino Martín Blas para perseguir a políticos
y partidos nacionalistas catalanes. Martín Blas, que acabó muy
enfrentado a Villarejo por rencillas entre comisarios, fue el mismo
mando policial que advirtió en una cita celebrada en junio de 2014
en el hotel Villa Magna de Madrid al consejero delegado de la Banca
Privada de Andorra, Joan Pau Miquel: “El Estado español está en
guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo
catalán”.
Se
trata de uno de los episodios más escandalosos de la Operación
Cataluña. El
1 de julio de 2014 una nueva nota informativa llega
al despacho del ministro del Interior. No es un documento más, como
demuestra el encabezamiento: DINERO OFFSHORE FAMILIA PUJOL. El
documento establece que la fiabilidad de la información es muy alta
y contiene “datos recogidos de fuentes fiables y solventes”. El
escrito no lleva esta vez las iniciales F/V con las que firma
Villarejo ni acaba con el clásico “fin de la cita” con el que
acostumbraba a cerrar el comisario sus informes. Son seis páginas,
sin membrete ni firma, en las que figuran pantallazos sobre supuestos
movimientos de cientos de miles de euros de la pareja del expresident
Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia, Pere y
Oleguer, a quienes se presenta como titulares de cuentas en la
entidad andorrana en la que figuraban ingresos por valor de 3,4
millones de euros.
La
nota informativa señala que la familia del expresident podría estar
blanqueando “ingentes cantidades de dinero en efectivo procedentes
de todo tipo de acciones presumiblemente delictivas”. Pero añade
algo más. Admite que “parte de estas informaciones” las habrían
facilitado los propios responsables de la Banca Privada de Andorra,
“de manera forzada y obligados por los las circunstancias ante el
temor de poder perder la licencia de banca para ejercer en España
como banca privada, a través de la marca Banca Madrid”. El escrito
policial concluye que los responsables del banco “han optado por
aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o
fiscales españolas”.
Solo
seis días más tarde de que ese documento se reciba en el despacho
del ministro del Interior, el diario El Mundo publica los mismos
pantallazos con los movimientos de cuenta de la familia Pujol. El 25
de julio el expresident realiza una
histórica confesión en la que admitió haber ocultado patrimonio
que atribuyó a una herencia de su padre fallecido
en 1980, el mismo año que asumió la presidencia de la Generalitat,
que ostentaría hasta 2003. El escándalo sacude la política
catalana y la de todo el país. El matrimonio que gobernó la
autonomía durante más de dos décadas todavía está a la espera de
juicio.
Pero
la relevancia de esa nota informativa del 1 de julio de 2014
trasciende a la trayectoria del político más importante de
Catalunya en las últimas décadas. Porque deja por escrito indicios
de que autoridades españolas amenazaron a los responsables del banco
andorrano si no facilitaban información confidencial sobre los
Pujol.
Esa
denuncia es la que instruye la juez de Andorra Stephanie García,
quien ya ha comunicado al presidente Mariano Rajoy su condición de
investigado, junto al entonces secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez y a quien fue director de la Policía Ignacio
Cosidó. El DAO de aquella época Eugenio Pino y el inspector
Bonifacio Díez también también fueron citados por la juez
andorrana pero no se presentaron. En esa causa los responsables del
Banco de Andorra acusan al Gobierno de Rajoy de extorsionarlos para
lograr información comprometedora de los Pujol, de remitir
información falsa a la oficina de control de delitos financieros de
Estados Unidos hasta lograr la clausura del banco y de “intimidar”
al Gobierno andorrano y a sus ministros durante una visita
presidencial al Principado en 2015 para precipitar el cierre del
banco.
La
de Andorra es la única causa en la que un juez ha asociado el nombre
de Mariano Rajoy a la Operación Cataluña, algo que no ha sucedido
en ningún tribunal español. El futuro de esa investigación es
incierto.
