Los 31 casos con sus
835 imputados que acorralan al PP
Nueva entrega de la Wikipedia judicial genovesa más completa
30-5-16
Otra vez
aquí con todos vosotros para haceros entrega de la segunda parte de los 31
casos en los que los genoveses originales y genuinos están citados por los
tribunales por su presunta participación en todo tipo de delitos
contemplados en el Código Penal.
Ayer recordábamos las grandes
cifras que se dan cita en esta wikipedia judicial genovesa que se describen a
través de estos 31 casos. Por razones de espacio solo se pudieron incluir los
relativos a Gürtel y Púnica. Hoy tienen entrada los otros 29
restantes. Confiemos que sean de vuestro interés. Aquí os van sin más rodeos:
03. CASO IMELSA. Las siglas se corresponde con la
empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local
Sociedad Anónima” que está siendo investigada por el Juzgado de
Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Según el TSJCV hay 130 investigados (personas físicas
y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos,
los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación
con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de
la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de
responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de
adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta
organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a
cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat
—especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de
Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así
obtenido habría servido para financiar al partido.
04. PS
OPERACIÓN TAULA. En esta PS
del Caso Imelsa, según los datos facilitados por el TSJCV, el titular del
Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia está investigando por blanqueo de
capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la práctica
totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Su cabeza de lista y senadora, Rita Barberá,
está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo tras recibir
escrito motivado del juez instructor solicitando que sea investigada.
Asimismo el juez Víctor Gómez ha pedido al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana que impute por blanqueo al diputado
autonómico Miguel Domínguez que fue concejal de Seguridad de la
exalcaldesa Rita Barberá, y dejó el Consistorio para
presentarse a las elecciones autonómicas de 2015.
05. CASO
EMARSA. Este caso
está siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia. La fiscalía mantiene que sus
gestores vaciaron los fondos de la sociedad pública, liquidada en 2010 debido a
su situación patrimonial. El fraude alcanzó según el juez instructor 23,7
millones de euros. En el banquillo de los acusados se sientan 24 personas.
06. CASO
BRUGAL. Esta
operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario
Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se
ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del
concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la
mercantil de su propiedad, Colsur. El sumario está dividido en una
veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan
Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En la PS Orihuela hay
procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación
Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En la PS
PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesa Sonia
Castedo.
07. CASO
ALVIASA. Está
siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sagunto cuyo
titular es el juez Héctor Ignacio Santamaría. Se investigan los “indicios
racionales” de que Serafín Castellano, ex Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana y ex Consejero de los Gobiernos de Francisco Camps, formó parte de una “organización
criminal” dedicada al amaño de contratos de extinción de incendios con medios
aéreos en varias autonomías. Castellano fue detenido en mayo de 2015 en su casa
de Benissanó (Valencia). En esta causa hay una treintena de personas
investigadas.
08. CASO
FÓRMULA 1. Está siendo
instruido por el TSJCV al haber aforados entre los investigados. Tiene su origen en una querella de
la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos societarios,
malversación de caudales públicos prevaricación y falsedad documental en torno
al Gran Premio que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012. Están imputados 5 personas,
entre ellos, el ex Presidente de la Generalidad, Francisco Camps. La
querella se dirige igualmente contra la exconsejera Lola Johnson, a la
que se acusa además de delito societario, y contra el empresario y expiloto de
motociclismo Jorge Martínez Aspar. La Fiscalía considera que existen
"sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps". Y que éste
utilizó a la empresa Valmor Sports como fachada para acordar con el patrón de
la F-1, Bernie Ecclestone, la celebración del premio. El fiscal mantiene que el
expresidente decidió "interponer una sociedad privada cuando la organización
del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor,
dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública
la que iba a organizar el evento.
09. CASO
PALMA ARENA. Está siendo
investigado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca cuyo
titular es el juez José Castro. El sumario está formado 28 PS. Este caso se inicia en el 2007 por
un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”. En estos momentos hay 42
investigados.
En la PS
27, conocida como “Caso Over”, se investigan presuntas irregularidades en la
contratación de la empresa Over Marketing por parte de diversos departamentos
del Ejecutivo autonómico y una supuesta financiación ilegal del PP balear.
Estos hechos habrían tenido lugar en la legislatura 2003-2007, que fue la
segunda y última en que Jaume Matas presidió la Comunidad. Los delitos
que se podrían haber cometido en este caso serían los de prevaricación,
malversación, fraude y falsedad.
En la Pieza
28 se investiga una presunta financiación ilegal del Partido Popular de
Baleares así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de
empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante
la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
10. CASO
NOVO CARTHAGO. Está
siendo investigado por el Juzgado Nº 2 de Murcia cuyo titular es la juez Miriam
Marín. Se investigan varios delitos de
corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos
al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo
investigadas 18 personas. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y
Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de
Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico. Por parte del
Ayuntamiento de Cartagena se está pendiente que el Tribunal Supremo decida si
archiva o continúa la investigación a la ex alcaldesa y ex senadora Pilar Barreiro que no pudo ser imputada en un primer momento
por estar aforada por su cargo entonces de diputada nacional.
11. CASO
PUERTO LUMBRERAS. Está siendo
investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, cuyo titular es la
juez Consuelo Andreo. Su origen está en una querella de
la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude
contra Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde y actual Presidente de la
Comunidad y otras 20 personas. El motivo son las obras de
construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron
recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.
12. CASO
UMBRA. Está
siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de
Murcia. Se indaga la recalificación de los
terrenos afectados por los convenios de la zona norte del municipio de Murcia. Hay 16 investigados. Se les
acusa de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los
funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho.
13. CASO
NUEVA CONDOMINA. Se trata
de una PS del Caso Umbra. El titular del Juzgado de Instrucción número 8
de Murcia, David Castillejos ha dictado ya el auto por el que abre juicio oral
contra Miguel Ángel Cámara Botía, exalcalde de Murcia durante dos
décadas, y contra
dos ex altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, quien fue su director,
Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver. La
Fiscalía en su escrito de acusación atribuye a los tres procesados la comisión
de sendos delitos de prevaricación continuada. Se han investigado las presuntas
irregularidades urbanísticas en torno al estadio de fútbol "Nueva
Condomina" que favorecieron al promotor y presidente del Real Murcia,
Jesús Samper.
14. CASO
ESCOMBRERAS. Esta causa
está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de
Murcia, María del Mar Azuar. Se intenta esclarecer una supuesta
trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya
explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe
de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del
grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno
autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el
alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones. La investigación judicial
tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la
Fiscalía Superior de la Región. En su denuncia figura como cabeza de la
trama Antonio Cerdá, exconsejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel.
Además de Cerdá, la acusación se dirige contra una quincena de funcionarios
públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las
sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.
15. CASO
SERRALLO. Está siendo
investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que instruye las dos querellas presentadas, como
origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada. Están siendo investigadas 16
personas. Se les acusa de irregularidades urbanísticas junto al centro
comercial Serrallo Plaza, en el extremo sureste de la ciudad, donde el Plan de
Urbanismo preveía un parque y en su lugar se levantaron varias edificaciones
sin solicitar licencia hasta terminar con la construcción de una discoteca, con
sala de fiestas y pista de patinaje, a cargo de la constructora García Arrabal.
Entre los investigados están José
Hurtado, ex alcalde de Granada y la ex concejal de urbanismo, Isabel Nieto.
16. CASO
ÁTICO ESTEPONA. Está siendo
instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona cuyo titular es
la juez Isabel Conejo. Se investigan las circunstancias
que concurren en la venta de un ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en
2008 por la empresa offshore Coast Investors que fue comprado por Ignacio González,
el ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño. Además del propio González están investigados, entre
otros, su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo.
17. CASO
AMAT. Está
siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas del Mar. Se investigan las relaciones entre
Gabriel Amat Ayllón, Alcalde de Roquetas del Mar, Presidente de la Diputación
Provincial y Presidente del PP en Almería con una trama de empresas
beneficiadas por sus decisiones. La mayoría de estas empresas están
controladas por familiares y amigos del propio Amat.
18. CASO
EÓLICAS. El origen de
la investigación está en un informe realizado por un inspector de la Agencia
Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, en el que se afirma que Altos Cargos de la Junta de
Castilla y León en connivencia con algunas empresas de la comunidad cobraron
110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio
centenar de los 241 parques eólicos distribuidos por la comunidad en los diez
últimos años.
Entre los beneficiarios estarían:
"Autoridades públicas de Castilla y León"
"Autoridades públicas de Castilla y León"
“Las empresas eléctricas que iban a hacer la
instalación y explotación de los parques”
“Los
intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las
autorizaciones administrativas precisas”
“Las
sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos
válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones”
Este informe
dio pie a una investigación de la Fiscalía de Valladolid. Entre los
citados en el informe se encuentra el entonces Viceconsejero de Economía, Rafael
Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas y Alberto
Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de
la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los
más beneficiados por las operaciones. El responsable de la Consejería de
Economía era y es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003.
19. CASO
PUJALTE. Está siendo
investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid a raíz de la denuncia de la Fiscalía por
delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra, entre otros, el
exdiputado Vicente Martínez Pujalte, la exsenadora Ana Torme y el empresario
Alejandro Llorente Muñoz. El Juzgado ha acordado al mismo tiempo la inhibición de dichas diligencias
al juzgado decano de Madrid al entender que los hechos ocurrieron allí. Pujalte
y Torme están acusados de cobrar de Collosa, una constructora
vallisoletana especializada en obra pública y una de las beneficiadas por los
parques eólicos en Castilla y León. En la investigación sobre la
trama eólica de Castilla y León, la Agencia Tributaria encontró contratos y
facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI
Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por
Valladolid y exsenadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70
por ciento de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora
embajador de España en Londres.
20. CASO
PERLA NEGRA. Está siendo
investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid,
por supuesta malversación de fondos públicos en relación con las operaciones
urbanísticas del edificio sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda en
Arroyo de la Encomienda y el parque industrial de Portillo. Hay 27 investigados.
Una decena de ellos son o fueron altos cargos de la Consejería de Economía.
Entre estos están el que fuera
número dos de la Consejería de Economía Rafael Delgado, el ex consejero
delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, el ex gerente de
Gesturcal, Juan Carlos Sacristán o Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en
Valladolid y en su día alto cargo de la Consejería de Economía. La investigación ahonda no sólo en presuntas
irregularidades en torno a la «Perla Negra», sino también en la compra de los
terrenos del Parque Empresarial del Portillo (Valladolid), donde se estudia si
hubo pelotazo urbanístico tras trascender que las empresas a las que Gesturcal
se los compró por 35 millones los habrían adquirido por diez, según un informe
policial.
Por su
parte, la Fiscalía de Valladolid, en el marco de esta investigación, tras
analizar todas las facturas relacionadas con la construcción y dotación del
inmueble ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo
Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por
haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del
PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio
Perla Negra en 2007 y acabó en 2010 para la división interior y el
mobiliario del edificio que finalmente costaron 4,4 millones de euros. Es
decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y
para el PP de Castilla y León, como Administración. Por el momento, no aparece
el expediente de adjudicación que, al parecer, se realizó sin concurso.
21. CASO
SORIA. Tras la publicación
de los denominados “Papeles de Panamá”, José Manuel Soria dimitió el 24 de
abril como Ministro de Industria, Energía y Turismo, Diputado por Gran Canaria
y Presidente del PP en la C.A de Canarias. El motivo ha sido su relación en el pasado con
empresas en paraísos fiscales que le vinculaban con una sociedad radicada en
las islas Jersey.
22. CASO
GÓNDOLA. Está
siendo instruido por el Juzgado Número 1 de San Bartolomé de Tirajana. La investigación se inició en el
año 2006 y están siendo investigadas 14 personas, entre ellos el exalcalde,
Francisco González. Además de
numerosas irregularidades urbanísticas, se investigan empadronamientos
clandestinos, compra de votos, gestiones para quitar multas de tráfico a los
amigos , etc.
23. CASO
FAYCAN. Tras
decretar la apertura de juicio oral Francisco Javier García García-Sotoca,
titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, está siendo juzgado
por Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La investigación tiene su origen
en numerosas irregularidades en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato del
pacto entre el Partido Popular y AFV-Ciuca tras la denuncia de una empresaria a
la que se pidió dinero a cambio de agilizarle los pagos de los servicios
prestados por su empresa al ayuntamiento. Las investigaciones condujeron a
la detención de media docena de concejales del PP al detectarse el presunto
cobro y reparto de sobornos tanto en beneficio de los concejales como para
reformas en la sede de ese partido en la ciudad. En total hay 37 personas
acusadas entre concejales, funcionarios, asesores del grupo de gobierno y
empresarios que presuntamente colaboraban en la trama.
24. CASO
EOLO. Tras
decretar la apertura de juicio oral el Juzgado de Instrucción nº 7 de Las
Palmas de Gran Canaria está siendo juzgado por la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Las Palmas. Se juzga la adjudicación hace ya
diez años de un concurso de la Consejería de Industria dirigida por el hermano
de José Manuel Soria, Luis Soria López, y al que se presentó el empresario José
Ignacio Esquivel, hermano del propietario de un chalet donde vivió gratis total
durante 19 meses el ex ministro y entonces presidente del Cabido de Gran
Canaria, mientras terminaba su nueva mansión en el barrio capitalino de Tafira. El Cabildo grancanario desistió de
presentarse, a su vez, al concurso eólico con la empresa pública Megaturbinas
de Arinaga. Hay 6 procesados a los que la fiscalía pide siete años de cárcel
contra Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno canario
(2003-2005) por delitos de violación de secretos, cohecho y malversación; tres
años y medio de cárcel para su novia, Mónica Quintana, por malversación y
cohecho; dos años de cárcel para el funcionario Honorato López; y un año y
medio de cárcel para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José
Ignacio Esquivel por cohecho.
25.
OPERACIÓN TOSCA. La
investigación se inició en el año 2012 por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Melilla por presuntas irregularidades en la
adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma. Están siendo investigados Altos
Cargos del Gobierno que preside Juan José Imbroda así como empresarios
adjudicatarios. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
La investigación se centra en cinco consejerías del ejecutivo y otros
organismos públicos, así como en varias empresas privadas. Las primeras son las
de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento,
además de la viceconsejería de Festejos. Entre las empresas, Eulen e Hinosa.
26.
OPERACIÓN OPER
27. CASO SAN
ANTONIO. El
Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad
en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP,
Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al
firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato
público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.
Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y
Maroto el delegado de Hacienda.
28. CASO
BALTAR BLANCO. Esta
investigación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y
acoso sexual está siendo instruida por la titular del juzgado número 3 de
Ourense, Eva Armesto. El principal investigado es José
Manuel Baltar Blanco, Presidente del PP y de la Diputación de Ourense, por
supuestamente ofrecer a una mujer un empleo en la institución pública que
preside a cambio de sexo.
29. CASO
RATO. El ex
Vicepresidente del Gobierno, ex Ministro de Economía y ex Gerente del FMI tiene
abiertas las siguientes causas:
- Bankia.
La instrucción la dirige el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central
de Instrucción nº 4 de la AN. Tras presidir Caja Madrid gracias al apoyo de
Rajoy, pasó a dirigir Bankia, la nueva entidad resultado de la fusión de varias
Cajas de Ahorro. Su gestión dio como resultado la
presentación de 3 querellas ante la Audiencia Nacional por las que está
imputado junto a la cúpula directiva de Bankia. En estas querellas de UPyD y
15MpaRato e IU están acusados de presuntos delitos de estafa, apropiación
indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos
societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de
las cosas. Entre los imputados se encuentra el ex Ministro de Aznar y
Secretario general del PP, Ángel Acebes.
- Tarjetas
opacas. Esta PS del Caso Bankia se abrió en el 2014. El juez Andreu ha decretado la
apertura de juicio oral que se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal de la
Audiencia Nacional en una fecha aún por determinar. Hay 66 procesados, entre los que se
encuentran los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Todos
ellos cargaron a Bankia 15,5 millones de euros en gastos personales entre los
años 1999 y 2012. La fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Rato y
seis años para Blesa por apropiación indebida. El ministerio público reclama
que el exvicepresidente del Gobierno reintegre a la entidad los 2,69 millones
de euros que los responsables de Caja Madrid y Bankia cargaron a las tarjetas
opacas durante su mandato.
- Patrimonio
y negocios privados. La
instrucción la dirige el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio
Serrano-Artal. Tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía, al hilo de una
investigación realizada por la AEAT. Está imputado por cuatro
delitos: fraude fiscal, alzamiento de bienes,
30. CASO
ACUAMED. Está
siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia
Nacional cuyo titular es el juez Eloy Velasco. Se investiga la presunta
adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y
medioambientales entre 2007 y 2014. El número de investigados suman
48, entre ellos varios Altos Cargos de la Administración General del Estado,
incluido Federico Ramos de Armas, ex Secretario de Estado de Medio
Ambiente, ex Presidente de Acuamed y ex Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia. En el sumario aparece citado reiteradamente el entonces Ministro
de Agricultura y hoy Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete.
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