ATOCHA
24 Ene 2017
Público
Manuel Garí
Economista. Miembro de Podemos y militante de Anticapitalistas
Economista. Miembro de Podemos y militante de Anticapitalistas
El día de hoy, 24 de enero, nos
exige más que cualquiera otro del año realizar tres acciones: recordar a las
víctimas de Atocha 55 y reivindicar su lucha, exigir toda la verdad sobre los
asesinos y sus mandantes, y reflexionar sobre las consecuencias políticas que
conllevó la respuesta al atentado.
Cuarenta años después de la matanza
fascista, la generación de militantes antifranquistas tenemos vivo el recuerdo
de nuestros compañeros (conocidos o no) tiroteados. Eran los nuestros.
Compartíamos mucho, empezando por un sentido del compromiso militante entendido
como, en expresión de Daniel Bensaïd, “lealtad y responsabilidad hacia los
desconocidos”. Eran gente que nos defendía desde el despacho laboralista, gente
que codo con codo con nosotros estaba construyendo una organización sindical
singular entonces por su combatividad y configuración, Comisiones Obreras
(CC.OO). Gente que soñaba con el socialismo aunque tuviéramos estrategias
distintas y estuviéramos en partidos diferentes. Nos unía la lucha y la
desgracia. También la esperanza.
Eran nuestra gente
Para nosotros eran Enrique, Luis,
Javier, Serafín y Ángel a los que ya no veríamos más. Y también eran Miguel,
Alejandro, Luis y Lola. Tiene razón Rosa Montero cuando afirma en primera
persona que aquella generación que vivió con ilusión y miedo el tardo
franquismo y el post franquismo quedó “marcada” por el brutal ataque a tiros de
las browning y las star.
Sin edulcorar el pasado, ni esconder
que también hubo personajes y grupos con trazas sectarias, cabe afirmar que la
mayor parte de esa generación política tenía un sentido de pertenencia común y
solidaridad. Cuestión esta que podría ser útil para la reflexión actual en el
asfixiante marco cultural neoliberal que entroniza el individualismo y la
competencia entre quienes solo son fuertes si actúan en grupo y cooperan.
Para esa generación no es retórico
ni ritual el repetido lema “Atocha, hermanos, no os olvidamos”. Nosotros no
olvidamos. ¿Rencor? ¡No!: Memoria y precaución. Máxime cuando, de nuevo, suenan
en Europa y en Estados Unidos discursos autoritarios, patrióticos, xenófobos,
excluyentes, oligárquicos, austeritarios y profundamente contrarios a los
intereses de las clases subalternas.
Atocha 55, caso no cerrado
Tuve la suerte y la honra de
compartir militancia con Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco y con Dolores
González Ruiz en nuestra etapa universitaria, ellos en Derecho y yo en
Económicas, ambos en el Frente de Liberación Popular (FLP), los tres nos unimos
aún más tras el asesinato a manos de la policía de Enrique Ruano y luego
tomamos opciones diferentes. Ellos el Partido Comunista (PCE), yo la Liga
Comunista Revolucionaria (LCR), pero la amistad y el afecto perduró. Años
después, concretamente en junio de 2014 en un largo viaje por Noruega Lola y yo
tuvimos ocasión de hablar sobre el pasado (auge y decadencia de los partidos
clásicos del movimiento obrero), el presente (irrupción del 15 M y el ascenso
imparable de Podemos en el seno de la izquierda) y el futuro (volvía la
esperanza, poco más se podía decir).
Ella no quería rememorar la tragedia
(“me desbarataron mis sueños por segunda vez”) pero sí hablar del contexto.
Ambos compartíamos dos conclusiones. En primer lugar que jamás se aclaró toda
la verdad de lo sucedido ese 24 de enero. Y queda pendiente hacerlo. Pese a las
dificultades en la investigación pudo sentarse en el banquillo de los acusados
por primera vez a matones fascistas. Pero como declaró el abogado de la
acusación Jaime Sartorius, no se pudo llegar a las cabezas pensantes. El juez
de la Audiencia Nacional Rafael Gómez Chaparro obstaculizó que se pudiera
establecer la relación entre los asesinos materiales y el aparato de estado,
los servicios de inteligencia y la policía en los tiempos que ya era Presidente
del gobierno Adolfo Suárez y era Ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa.
Relación que sirvió a algunos de los fascistas para fugarse de la cárcel años
después. El mismo aparato que gracias al “amnistía a cambio de amnesia” de
Santiago Carrillo, pasó a formar parte básica del nuevo estado, esta vez,
democrático. Atocha 55, caso no cerrado.
La segunda conclusión común no podía
ser otra que calificar como mistificador y mentiroso el discurso oficial sobre
la transición española, calificada por las élites políticas y económicas que
sostienen el régimen de la reforma como de “incruenta” y “modélica”. El
atentado del despacho laboralista, así como los asesinatos ocurridos los días
anteriores de Arturo Ruíz García a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey y
María Luz Nájera Julián por disparos de la policía son muestras, junto a tantas
otras tropelías anteriores y posteriores, que la oligarquía no estaba dispuesta
a ceder el poder ni a ser juzgada por sus desmanes. No existía una hoja de ruta
para la transición en la izquierda pero sí en el lado franquista: si el cambio
era imparable, al menos que lo gobiernen los de arriba.
De la ruptura democrática a la
reforma pactada
La reacción popular ante el
asesinato fue muy importante en las empresas de todos los sectores en los
principales núcleos fabriles dónde se realizaron numerosos paros, pero la
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) avalada por el prestigio y la
fuerza de uno de sus componentes, CC.OO. puso todo su empeño en que no
adquiriera la dinámica de huelga general ni saliera del recinto de trabajo:
nada de convocatorias en la calle. El día del sepelio, 26 de enero, tras el
homenaje multitudinario en el que el PCE demostró tanto su fuerza como su
voluntad de que la protesta estuviera perfectamente acotada, las fuerzas
procedentes del régimen franquista aceleraron sus planes y dos meses después
legalizaron al partido de Carrillo. Así y todo hubo importantes movilizaciones
en Madrid y en otras ciudades que hicieron caso omiso a esas directrices, pero
también se puso en evidencia la ausencia de fuerza suficiente a la izquierda
del PCE y en el seno de CC.OO. para poder orientar en otro sentido el
movimiento popular.
Paradójicamente el PCE comenzó a
deslizarse por la rampa del declive el día que mayor capacidad de movilización
y organización había demostrado. Su orientación “congeló” la correlación de
fuerzas existente, lo que para las fuerzas populares significó un retroceso.
Carrillo mencionó el riesgo de involución y de intervención de los militares de
haber lanzado una ofensiva política movilizadora por la ruptura democrática.
No sabemos qué habría ocurrido
porque no ocurrió, pero no parece probable que tras el 25 de abril portugués,
la caída de los coroneles griegos, la creciente movilización obrera,
estudiantil en todo el Estado y el resurgimiento de la cuestión nacional en
Cataluña y Euskadi acompañada de la creciente pérdida de legitimidad del
régimen posfranquista, y teniendo en cuenta la situación crítica de la economía
española desde 1973, la solución de los poderes económicos hubiera sido
auspiciar un auto golpe militar. Lo que es seguro es que se podían haber
adoptado otras decisiones y orientaciones por parte del movimiento popular. Ni
este caso ni en ninguno es verdad el mantra de que “lo que se hizo es lo único
que se podía hacer”. Esta es una visión determinista de la historia que sólo
sirve para justificar lo ya hecho.
La Ley 1/1977 de 4 de enero, para la
Reforma Política fue la gran ganadora desde el punto de vista político, por eso
la interpretación que hizo Jaime Sartorius de que la reacción al atentado
cambió la hoja de ruta de la transición porque supuso la legalización del PCE y
el avance del proceso democrático, cuanto menos es incompleta. Habría que
añadir: el PCE abandonó el proyecto de ruptura democrática y aceptó, no una
ruptura pactada como a veces se ha formulado, sino una reforma pactada.
El régimen salió limpio de polvo y
paja. Sus élites políticas y económicas configuraron las élites de la
democracia. La secuencia posterior es conocida: Ley de Amnistía, elecciones
generales de junio de 1977, Pactos de la Moncloa, Constitución de 1978… que si
con una mano dieron derechos y libertades (individuales, sociales, sindicales,
políticos), con la otra limitaron su extensión y cercenaron el desarrollo
posterior de los mismos tanto en las entonces llamadas nacionalidades como en
la dimensión socio-económica de los derechos. En lo que sí tiene razón
Sartorius es que el 24 y el 26 de enero de 1977 marcan un punto de inflexión,
un antes y un después en la lucha por las libertades.
El cierre de la crisis del tardo
franquismo fue satisfactorio para sus mentores, se desarrolló una suerte de
gran consenso “constitucionalista” que tiene como primera seña de identidad el
respeto por el régimen económico capitalista, que acepta la jefatura monárquica
y que ha subordinado sus políticas a las provenientes de Bruselas. Pero algún
hilo se dejó suelto y años después desde el 15 M y desde los procesos vasco y
catalán y particularmente, entre las nuevas generaciones políticas, ha vuelto a
plantearse la necesidad de otra Constitución. Así se las gasta el viejo topo de
la historia.
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