Todos los pactos de la 'vergüenza' entre PP y Vox que retratan a Feijóo

Los resultados electorales del 28 de

mayo y el beneplácito del PP han

permitido a Vox entrar en cientos de

instituciones españolas

Sergio Ramiro

16-7-23

ElPlural

Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo dejaron en España un panorama diferente al que imperaba hasta el momento. La derecha y la extrema derecha consiguieron un avance muy considerable en las urnas que les ha permitido establecer gobiernos en cientos de ayuntamientos y llegar a pactos, ya sea de gobierno o programáticos, en algunas comunidades autónomas. En este artículo, repasamos los acuerdos que han permitido a la extrema derecha entrar en las instituciones o sentar agenda sobre las mismas, pese a que en muchos de los lugares en los que se han sellado acuerdos entre PP y Vox la lista más votada fue el PSOE, retratando así a Alberto Núñez Feijóo por su insistente ofrecimiento al presidente del Gobierno para dejar gobernar a la lista más votada.

En cuanto al poder municipal, Vox ha conseguido responsabilidades de gobierno en 140 ayuntamientos de los casi 1.000 en los que logró representación en los últimos comicios. Destacan algunas capitales de provincia como Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo, Huelva o Ciudad Real, en las que gobernará con el PP. A ellas, se suman Móstoles, Alcalá de Henares (segunda y tercera ciudad más poblada de Madrid, respectivamente) y Níjar, en Almería. A su vez, de los 140 consistorios en los que ha irrumpido la ultraderecha, en 26 de ellos cuentan con mayoría absoluta, según datos aportados por el propio partido.

El poder autonómico, teñido de verde

A los 140 ayuntamientos en los que Vox ha adquirido poder, hay que sumar el plano autonómico, en el que los de Santiago Abascal se han sentado en cuatro comunidades y en el que otras dos más están en el aire. 

En primer lugar, se encuentra Castilla y León, región en la que PP y Vox formaron Ejecutivo tras las elecciones de febrero de 2022. Allí, Juan García Gallardo (Vox) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) han impulsado medidas con un fuerte carácter reaccionario, tales como un programa de medidas y protocolos para la desincentivación del aborto, del que diversos psicólogos llegaron a asegurar que "buscaba coaccionar a las mujeres", o su oposición frontal a la ciencia al aprobar una normativa autonómica que suavizaba los controles sanitarios para permitir que las vacas contagiadas de tuberculosis pudieran ser consumidas por el ser humano. Cabe destacar que la tuberculosis puede transmitirse a humanos al ser altamente infecciosa y, según denunciaron los expertos, se puso en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria y también suponía un problema de salud pública. A su vez, el Ministerio de Agricultura tuvo que elevar una medida que impedía el movimiento de estas reses para evitar la propagación de la enfermedad.

Igual de flagrante es el caso de la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón (PP) ha suscrito un acuerdo con Vox en uno de los territorios donde más patente ha quedado el machismo de esta formación. Inicialmente, el partido dirigido por Santiago Abascal presentaba como candidato a presidir esta región a Carlos Flores Juberías, político que fue condenado por violencia psíquica habitual y malos tratos a su expareja. La mencionada sentencia recogía amenazas como “te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo” e insultos como “ladrona, secuestradora de niños” o “dueña de calabozo”.

Mazón y el PP expresaron que el perfil del candidato sería "un problema" para pactar acuerdos de gobierno en la Comunitat, lo que provocó su renuncia. Sin embargo, lejos de ser castigado por el partido o apartado de la política por estos hechos, Vox premió a Flores entregándole la cabeza de lista por la provincia de Valencia al Congreso, en las elecciones del 23 de julio, y lejos de que el PP diera un paso atrás con la formación ultra, nada les impidió suscribir un acuerdo de gobierno en el que sucumben a sus marcos argumentativos. 

El caso de Baleares es ligeramente distinto, porque aunque no han entrado de manera directa al Govern, sí que lo han hecho en los Consells de Mallorca y Menorca y el cumplimiento de ciertos puntos programáticos fue una de las exigencias de Vox para apoyar la investidura de Marga Prohens. Tanto es así que se impulsó la creación de una Comisión de Seguimiento que se reunirá periódicamente para evaluar el grado de cumplimiento y ejecución de cada una de las medidas pactadas y revisará las acciones legislativas previstas por el Govern. Así, Baleares es otra autonomía que retrocede en materias como los derechos LGTBIQ o el trato a las personas migrantes. 

El caso más reciente es el de Extremadura, en el que María Guardiola (PP) ha terminado este viernes de consolidar una de las mentiras más sonadas de las últimas semanas. La dirigente 'popular' aseveró que "no pactaría con aquellos que niegan la violencia machista, que deshumanizan a los inmigrantes y que tiran a la papelera la bandera LGTBI". Palabras que quedaron en papel mojado después de que se proclamase presidenta con los votos a favor de aquellos que tanto criticó en su momento y de que les abriese la puerta de las instituciones, entregándoles la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y aceptando un acuerdo programático con más de 60 medidas. Cabe destacar, además, que en esta región la lista más votada fue la del PSOE, hecho que choca frontalmente con la propuesta de Feijóo para el Congreso de dejar gobernar a la lista más apoyada por los votantes.

Así las cosas, quedan en el aire Aragón, donde Vox ya preside las Cortes por medio de Marta Fernández, conocida por sus postulados abiertamente homófobos, machistas y xenófobos, y Murcia, donde López Miras (PP) no consiguió la suma necesaria para ser investido como presidente al romperse las negociaciones con Vox, y donde sobrevuela el fantasma de la repetición electoral.