Ayuso, el “dictador” y el derecho al aborto convertido en arma partidista

Ayuso llama “dictador” a Sánchez mientras su Gobierno boicotea una ley básica que garantiza el acceso al aborto en la sanidad pública.

No hay imposición. No hay listas negras.

Solo un registro confidencial para organizar turnos médicos.

Lo que sí hay: un 99% de derivaciones a clínicas privadas.

El Gobierno le dio un mes para cumplir la ley.

Lo ignoró.

El 17 de noviembre de 2025, la Abogacía del Estado llevó a Madrid ante el TSJ.

No por capricho, sino porque un derecho sin mecanismos para aplicarlo es papel mojado.

Ayuso afirma que “solo un dictador” obligaría a médicas y médicos “a hacer lo que no quieren hacer”.

Es falso.

El registro no obliga a nadie a renunciar a la objeción.

Solo permite saber cuántas personas objetan para garantizar que las mujeres no sean expulsadas de la sanidad pública.

Madrid no está defendiendo libertades individuales.

Está defendiendo privilegios corporativos y negocio privado.

El propio Gobierno recordó que Ayuso deriva más del 99% de abortos a clínicas privadas.

Ese es el verdadero núcleo del conflicto.

Esto no va de moral.

Va de gestión.

Si en un hospital todos los profesionales objetan, ¿quién atiende?

Sin registro, no se puede garantizar disponibilidad.

Sin disponibilidad, no hay derecho.

Sin derecho, hay desigualdad territorial.

Y desigualdad territorial es discriminación institucional.

El PP se divide, Feijóo mira hacia otro lado, y Vox aprovecha para introducir bulos como el “síndrome postaborto”.

Mientras tanto, Baleares, Aragón y Asturias sí cumplen la ley.

La única rebeldía es la de Madrid.

Una rebeldía que convierte la ley en sugerencia y los derechos en mercancía.

Ayuso ya dijo: “Váyanse a otro lado a abortar”.

No fue un desliz.

Fue doctrina.

Fue programa.

Fue el anuncio explícito de que sus decisiones tienen dueño: la guerra cultural, no la sanidad pública.

Blindar el aborto en la Constitución sería un paso histórico.

Pero mientras una comunidad pueda sabotearlo desde dentro, la igualdad es ficción.

La pregunta es simple:

¿Puede una presidenta incumplir la ley como estrategia política?

Si la respuesta es sí, no estamos discutiendo aborto. Estamos discutiendo Estado de derecho.

Porque lo que está en juego no es una lista de objetores.

Es si una comunidad autónoma puede desmantelar un derecho y salir de rositas.

Lo que está en juego es si la mentira puede imponerse a los hechos.

Y lo que está en juego son vidas.

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