El
periodista que hace campaña con el informe falso contra Podemos admite que le
marcaron fecha de publicación
El director de 'OKdiario', Eduardo Inda, contó a
'Público' que tuvo acceso al dossier PISA contra Pablo Iglesias -encargado por
Interior a la cúpula policial para perjudicar a su partido- varios meses antes,
pero que su fuente le dijo cuándo debía empezar a difundirlo.
Público
7-4-16
PATRICIA
LÓPEZ
MADRID.- Primero algunos medios de comunicación afines a la cúpula policial,
dirigida por el comisario Eugenio Pino, comenzaron a publicar filtraciones
sobre la presunta financiación ilegal de Podemos por los gobiernos de Venezuela
e Irán. Pero fue el pasado 12 de enero cuando se desveló el ya famoso
"Informe PISA" (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima),
supuestamente atribuido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional y que, como desveló Público seis días después, en
realidad se trata de un encargo de la
secretaría de Estado de Interior a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del citado cuerpo.
La fecha no fue casual, pues su difusión fue cuidadosamente orquestada por
la misma fuente que filtró el también conocido como "informe
fantasma". Las fechas de publicación de las informaciones contra
Podemos, tal y como están reconociendo ya organizaciones judiciales e incluso
otros partidos, coinciden con momentos claves de una obvia estrategia política: los resultados de las elecciones,
los pactos, las reuniones para formar Gobierno.
Inda reconoció que no había ninguna investigación
oficial abierta
Según
reconoció a Público el periodista Eduardo Inda, uno de los receptores de
esta información, “yo los papeles estos [refiriéndose al informe) los tengo
desde hace muchísimo tiempo y cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo”.
Es más, insistió cuando fue preguntado por este medio en el mes de enero que
“el informe yo lo tengo desde hace bastantes meses, tres, no me acuerdo”.
Además el
periodista reconoció que aunque no había ninguna investigación oficial abierta,
él mismo había solicitado en un editorial una semana después de comenzar a
publicar que la Fiscalía actuara en base a las noticias publicadas, “el informe
lo tengo muchísimo antes de las elecciones, lo que pasa es que a mí mis fuentes
me piden que 'por favor no lo publiques' y cuando me dicen 'publícalo', pues
lo publico, nada más”.
El informe
PISA este carece de logo del Cuerpo Nacional de Policía, de firma de sello
oficial e incluso de fecha de elaboración
Esta
información y otras desveladas por Público en el mes de enero fueron
desmentidas por la Dirección General de la Policía, incluso el número dos del
cuerpo, el comisario Eugenio Pino, ha interpuesto una querella por calumnias
contra la periodista de este medio. Sin embargo, como se ha demostrado una vez
desvelado el informe PISA este carece de logo del Cuerpo Nacional
de Policía, de firma (ningún funcionario de la UDEF ni de otra unidad ratifica
con su número de placa o identidad dicho informe), de sello oficial e incluso
de fecha de elaboración. Algo que es completamente irregular en una unidad policial que depende
directamente de los órganos judiciales, juzgados o fiscalía por ejemplo.
A mediados de 2015, diferentes querellas puestas contra la organización de Pablo Iglesias por empresarios y el sindicato ultra Manos Limpias fueron desestimadas sin que ningún órgano judicial solicitase ningún informe ni diligencia a la policía.
A mediados de 2015, diferentes querellas puestas contra la organización de Pablo Iglesias por empresarios y el sindicato ultra Manos Limpias fueron desestimadas sin que ningún órgano judicial solicitase ningún informe ni diligencia a la policía.
Sin embargo, a partir de los sondeos electorales que avanzaban la imposibilidad
de formar Gobierno por parte del PP, el ministerio que dirige Jorge Fernández
Díaz ordenó a la cúpula policial que iniciara esta investigación no
judicializada sobre Podemos, Pablo Iglesias y la formación morada. Tras las
elecciones, el 12 de enero, y viendo la posibilidad de que este partido y el
PSOE pudiesen gobernar, el informe fue filtrado, presuntamente, por las únicas
personas que lo tenían en su poder: la cúpula policial y unos pocos en la
Secretaría de Estado de Interior.
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