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‘Somos el
único país donde robar bebés era legal’
Tras la petición de las familias al Congreso para que
abra una investigación, el estudioso de la trama José Luis Gordillo alerta de
la pasividad institucional ante los 30.000 niños "legalmente
adoptados" entre 1940 y 1954
¿Debería el Congreso investigar el oscuro drama de los bebés
robados? La Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones
Infantiles en todo el Ámbito Nacional (AVIDNA) piensa que sí y la semana pasada
solicitaba a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados la
constitución de una comisión de investigación que examine el estado de los
casos de ‘bebés robados’ durante la próxima legislatura. Además, el Parlamento
canario ha tipificado estos delitos, cometidos entre 1940 y 1990,
como crímenes de lesa humanidad.Pero si la política no acaba de dar respuestas, la justicia tampoco lo hace. Euskadi, Galicia, Andalucía, Aragón… juzgados de diferentes puntos de España han ido archivando sucesivamente las denuncias con el argumento de que los indicios incriminatorios eran insuficientes.
UNA ORDEN GUBERNAMENTAL DE 1940
El periodista José Luis Gordillo, investigador del caso y autor del libro ‘Los Hombres del Saco’, en conversación con andalucesdiario.es, pone en énfasis en un hecho insuficientemente difundido: “La trama de los bebés robados se inicia en los años 40 con la aprobación de una ley. Somos el único país donde robar bebés era legal, ya que en Argentina los robos se realizaban de forma secreta”. La orden del Ministerio de Justicia del 30 de marzo de 1940 establecía que las reclusas podían quedarse con sus hijos hasta los tres años. ¿Por qué esta edad? Gordillo señala que se fijó el tope de los tres años porque suponían que era el límite de edad para que “los más pequeños no tuvieran recuerdos de su madre biológica”, afirma.
Posteriormente, la ley definitiva del 4 de diciembre de 1941 redondeaba la legalidad de todo el proceso al permitir que el niño adoptado pudiera ser inscrito en el Registro Civil con nuevos apellidos. “De esta forma, el niño quedaba registrado sin figurar en su inscripción ningún antecedente sobre su origen biológico. Se borraban las huellas y la posibilidad de que se realizara una investigación posterior”, apunta Gordillo.
TODO EMPIEZA CON VALLEJO NÁJERA
A pesar de que, según las investigaciones, el ‘boom’ de la trama se remontaría a los año 50 y 60, ¿en qué fecha comienza en España la verdadera trama de los niños robados? El también periodista Antonio Ramos Espejo sitúa los inicios de estas prácticas “en las investigaciones de ‘limpieza ideológica’ realizadas por Vallejo Nájera con la Gestapo, un procedimiento diabólico para forzar la separación de las familias, arrebatándoles a sus hijos”.
Lo que el régimen franquista tipificaba como retirada forzosa de menores tenía una presa fácil en las mujeres republicanas encarceladas. La paranoia científico-política que desencadenó la búsqueda del supuesto gen rojo condujo al entonces afamado psiquiatra Vallejo Nájera hasta la prisión provincial de Málaga para someter a sus experimentos a medio centenar de presas republicanas, seleccionadas de entre todos los grupos de edad. Sus investigaciones en la cárcel le permitieron degradar hasta extremos escalofriantes la figura de aquella mujer republicana, a la que calificaba como un “ser degenerado, lleno de ferocidad y de rasgos criminales
‘PROHIBIDO MAMAR LA LECHE COMUNISTA’
El investigador Ricardo Vinyes destacaba en su día que “la inmensa mayoría de niños acompañaban a sus madres en un largo periplo, de cárcel en cárcel, hasta que a esa edad eran separados de éstas, ingresando en instituciones de beneficencia tuteladas por el Estado o dados en adopción sin previo consentimiento de sus progenitores o representantes legales”. La principal institución a la que llevaban estos bebés era el conocido Auxilio Social.
En Madrid, la cifra de ejecuciones diarias era de aproximadamente 200, aunque para proteger a las presas que se encontraban embarazadas llegaron a crear una prisión conocida como cárcel de ‘las madres lactantes’. María Topete era la directora de esta prisión, que tenía como objetivo reducir al máximo el contacto entre madres e hijos e “impedir que los niños mamaran la leche comunista”. Era tal la obsesión en contra de la ideología “de los rojos” que muchos de estos niños pasaban gran parte del tiempo en el patio para así tenerlos alejados aún más de sus madres, a pesar de que pasaran hambre y frío.
30.000 NIÑOS ROBADOS HASTA 1954
Aproximadamente, 30.000 niños fueron robados en el período de 1940 a 1954. “Fue sin duda la época más oscura, porque fue la más sangrienta al estar dominada por la ideología nazi, muy presente en toda España”, sostiene el autor de ‘El Hombre del Saco’. En esta primera etapa del franquismo también eran robados menores pertenecientes a españoles en el exilio. Gordillo precisa “que el Servicio Exterior de Falange robaba a las familias de exiliados a muchos de estos menores, que eran de nuevo traídos a España para ser dados en adopción a familias de alto nivel económico”.
La Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores fue el primer organismo encargado de esta tarea. A partir de 1941, los menores exiliados serían raptados bajo la tutela del Servicio Exterior de Falange en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos.
El caso de las hermanas María y Florencia Calvo es uno de los más significativos. Ambas fueron evacuadas por su familia a Francia y tras la finalización de la guerra fueron capturadas en el país por el Servicio Exterior de Falange. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.
Las mujeres maquis eran otro sector potencial para llevar a cabo los saqueos. La mujer no opinaba directamente sobre la tutela de su hijo al no ser considerada, en ningún momento, sujeto de derecho. María Girón, hermana de un maqui, daba a luz a su hijo en 1950 en León, teniéndolo que entregar a los pocos días de nacer a las autoridades, las cuales “daban en adopción a los hijos de comunistas para hacer desaparecer esta ideología”.
LA COMISIÓN DEL CONGRESO
En cuanto a la petición al Congreso de la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (AVIDNA), fue registrada el pasado 5 de mayo en la Cámara Baja con el deseo de que los grupos parlamentarios aborden esta cuestión con “el mayor consenso posible” al tratarse de una “grave cuestión de derechos humanos” por encima de “siglas o ideologías concretas”.
Los afectados solicitan que un grupo de expertos en genética, bioética o derechos humanos comparezca en una ‘Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las desapariciones forzadas y la compra-venta de seres humanos en España’ y que los partidos oigan a las víctimas antes de tomar una decisión final sobre su reclamación.
Se trataría de una Comisión de Investigación inédita en España cuyo “plan de trabajo” incluiría el testimonio directo de las víctimas y el análisis de las identificaciones mediante pruebas de ADN, las exhumaciones, la cadena de custodia de las pruebas o el acceso a los archivos públicos, eclesiásticos y privados.
AVIDNA ya consiguió que el Parlamento Europeo requiriera al Vaticano facilitar el acceso a sus archivos y se unió con otros grupos, como los Colectivos Sin Identidad de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, para que todos los partidos del Parlamento canario aprobaran esa proposición no de ley reconociendo el ‘robo de niños’ como un crimen contra la humanidad.
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