Comienzan los trabajos de exhumación en el Valle de de los Caídos tras años
de bloqueos
Llegan al Valle de los Caídos los
peritos para los trabajos previos de las exhumaciones, en los comprobarán la
viabilidad técnica de éstas
Carlos Hidalgo
ElPlural
Lun, 23 Abr
2018
Tras dos años de bloqueos y negativas del prior-administrador del Valle de
los Caídos, Santiago Cantera, hoy comienzan los trabajos preliminares
para que se cumpla la sentencia judicial que ordena la exhumación de los
hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, cuyos restos están en el
monumento franquista.
Comprobación técnica
Los peritos que inician hoy los
trabajos previos a la exhumación de los restos de cuatro personas en el
Valle de los Caídos han llegado a las 9.30 horas en medio de una gran
expectación y un dispositivo de seguridad estricto. Escoltados por
patrullas de la Guardia Civil, los técnicos han entrado en una decena de
coches, y a la entrada de las instalaciones del conjunto monumental -hoy
cerrado al público- permanece una gran cantidad de periodistas, fotógrafos y
cámaras de televisión.
Los peritos pertenecen al Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja -adscrito al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- comienzan así el trabajo
preliminar para la exhumación de los restos de cuatro personas, como lo
han solicitado sus familias. Éste consistirá en comprobar el estado de los
restos y si es técnicamente posible acceder a ellos sin dañar o alterar el
monumento, como aseguraba el prior, que a la vez habías negado reiteradamente el acceso a los técnicos para poder
comprobarlo.
Víctimas de ambos bandos
Manuel y Antonio Ramiro Lapeña fueron fusilados en Calatayud en
1936 y trasladados al Valle de los Caídos, sin permiso de sus familiares
y sin posibilidad de recuperar los restos. Hace dos años el juez José Manuel
Delgado Seoane admitió la petición de Purificación Lapeña para que
su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña fueran
exhumados y entregados a sus familias. La sentencia judicial permite la
exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña (Villarroya de la
Sierra, Zaragoza), de Pedro Gil Calonge (Castrejón del Campo, Soria) y Juan
González Moreno (Arriate, Málaga), siendo los dos últimos fallecidos del
llamado "bando nacional".
Dos años de opacidad, bloqueos y desobediencia
Si los
trabajos no comenzaron antes, fue debido a que el prior-administrador de la
abadía benedectina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se negó a
cumplir las sentencias judiciales y las órdenes de Patrimonio Nacional,
que es la entidad dueña del monumento. Cantera llegó a ser convocado por la comisión de justicia del Senado
para dar explicaciones por su actitud, convocatoria que también decidió desobedecer. Hasta que Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal, le desautorizó en un desayuno informativo. Hasta ese
momento, Cantera había mantenido una actitud desafiante ante
jueces, legisladores y Gobierno (llegó a acusar de prevaricar a la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría).
La actitud de Cantera tiene
precedentes en los 59 años de gestión benedectina del Valle de
los Caídos, donde se les han cedido las instalaciones, reciben
los beneficios de su hospedería y restaurante y, además, perciben 340.000€ anuales del Estado.
Encuentro con las familias en el aire
La senadora del PP Esther Muñoz,
que afirma querer mediar entre el prior Cantera y las familias, ha
anunciado que éste podría mantener un encuentro con los familiares de
los Lapeña, de Gil y de González Moreno. Eduardo Ranz, abogado de
la familia Lapeña, desconoce que exista tal voluntad del prior de verse
con las familias. "Ese encuentro ni está ni se le espera, nadie nos ha
invitado a tener ese encuentro", ha explicado a Europa Press.
Señala que desde que conocieron que
Santiago Cantera retiraba el contencioso que impedía los trabajos de
Patrimonio Nacional en Cuelgamuros nadie les ha invitado a
entrevistarse con el prior. "No se ha aceptado rechazado nada, porque se
ha notificado nada", reitera Ranz, quien echa en falta una propuesta
oficial.
Sus clientes también forman parte de
la asociación de víctimas, y, según el letrado, el colectivo tendrá que reflexionar
sobre la propuesta de reunión con Cantera, si es que la recibe. "La
idea es que sea una decisión única de todas las familias, pero todavía no
hay criterio a favor o en contra porque la oferta no se ha traducido en
nada concreto", resume el abogado de la familia Lapeña.
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