¿Qué democracia puede tolerar esto?
¿Qué clase de Estado mira a otro lado mientras una organización fascista, encabezada por la bisnieta de Mussolini, desfila tranquilamente desde Génova hasta Ferraz, escoltada por las y los mismos agentes que identifican, multan y golpean a quienes protestan contra la extrema derecha?
No es una anécdota. Es una radiografía.
El 21 de noviembre, Falange Española de las JONS tiene vía libre para recorrer el centro político de Madrid. Sale del número 26 de la calle Génova, cuna de Primo de Rivera. Pasa por la sede del PP, el partido que pacta con quienes blanquean el franquismo. Y termina frente a la sede del PSOE, el partido que presume de memoria democrática mientras permite que le canten el Cara al sol en la puerta. No es una provocación aislada. Es una procesión política cuidadosamente diseñada.
Y nada de esto sería posible sin el aval de una parte del poder judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió en 2024 que la Delegación del Gobierno se había excedido al intentar desviar la marcha. La resolución declaró “no conforme a derecho” la limitación del recorrido. Hoy esa sentencia es el salvoconducto. El documento que permite a los ultras plantarse en Ferraz con toda tranquilidad mientras la Delegación del Gobierno se encoge de hombros y dice que no tiene “ningún argumento jurídico” para impedirlo.
Pero la pregunta incómoda es otra.
¿Cómo hemos llegado a un punto en el que el derecho de manifestación se interpreta de forma generosa para quienes exaltan el fascismo y de forma restrictiva para quienes lo denuncian?
En esta democracia, una manifestación antifascista se convierte enseguida en “riesgo para el orden público” y una concentración por la vivienda en un problema de “seguridad ciudadana”. En cambio, una marcha falangista con bengalas, saludos fascistas y cánticos franquistas se presenta como simple ejercicio de libertades.
Ya pasó en 2024.
Manuel Andrino, condenado por el asalto a la librería Blanquerna en 2013, encabezó el Cara al sol frente a la sede del PSOE. Saludo fascista. Logo del PSOE de fondo. Estado democrático de atrezo.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática anunció que estudiaría si aquello vulneraba la ley de memoria. Hubo ruido mediático. Hubo indignación. Hubo promesas.
¿Resultado? Ninguna sanción. Ninguna consecuencia real.
En 2022 sí se impuso a Falange una multa de 10.001 euros por vulnerar la ley de memoria. Está recurrida. Tres años después, todavía sin resolución firme. El mensaje es cristalino: la apología del franquismo sale barata. Sale lenta. Sale casi gratis.
Esta es la asimetría que define nuestra democracia.
El fascismo heredero del franquismo juega en casa. Conoce las reglas. Las y los jueces que lo juzgan se formaron en instituciones que nunca fueron depuradas del todo. El aparato del Estado trata al franquismo como una incomodidad histórica, no como un crimen de masas. Por eso la extrema derecha se siente tan cómoda usando la legalidad como escudo y no como límite.
En paralelo, la llamada ley de memoria se ha convertido en un decorado.
Se cita en discursos. Se usa para hacerse fotos. Pero cuando Falange convierte Ferraz en un plató de nostalgia franquista, el Estado se vuelve ciego. No se trata solo de una ley mal diseñada. Es un problema de voluntad política. De proyecto.
¿Quién se beneficia cuando el fascismo puede exhibirse como si fuera una opción política más, respetable y protegida?
¿Quién gana cuando se normaliza el 20N como folclore y no como una fecha de duelo y vergüenza?
Se nos dice que prohibir estas manifestaciones sería “autoritaria” y “censora”.
Lo curioso es que esa misma preocupación por las libertades no aparece cuando se trata de censurar exposiciones de memoria histórica, vetar charlas feministas o perseguir al movimiento antifascista. Ahí la mano del Estado se vuelve firme. Ahí no hay dudas jurídicas ni laberintos legales.
La democracia se muestra fuerte contra quien cuestiona sus injusticias y amable con quienes añoran una dictadura.
Conviene recordar algo básico.
Los derechos fundamentales no son neutros. Se interpretan. Se ponderan. Se contextualizan.
Un Estado que ha condenado el franquismo en sus leyes pero permite que sus herederos desfilen cada año, escoltados y protegidos, está enviando un mensaje muy claro: la ruptura con el fascismo es parcial, simbólica, reversible.
La línea roja no está donde nos dicen.
No es la pintada en una sede ni la performance de un colectivo antifascista.
La verdadera línea roja es que el fascismo se organice, se exhiba, se arrope en resoluciones judiciales y se plante frente a la sede del partido de gobierno para celebrar la muerte de la democracia que nunca llegó a odiar del todo.
Una democracia que se deja gritar el Cara al sol en su puerta, año tras año, no está demostrando tolerancia. Está explicando quién manda de verdad.
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